En México, distintas cámaras patronales tales como la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), firmas del Grupo Monterrey (tales como Cemex, Grupo Alfa, Vitro, Frisa y Grupo Proeza), las cuales forman parte nuclear de la lumpen-oligarquía dependiente en este país, presionan al Estado para que éste proclame distintos sectores económicos como “esenciales” y con ello puedan reabrir sus actividades productivas y de servicios.
Ello a razón del decreto del Ejecutivo (publicado el 27 de marzo en el Diario Oficial de la Federación) cuyo artículo primero ordena la “suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de las actividades no esenciales”, así como de las nuevas acciones extraordinarias que extienden la “Jornada Nacional de Sana Distancia” alargando la suspensión de “actividades no esenciales” hasta el 30 de mayo, ello, “con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional”.
Los empresarios de la CONCAMIN, que abarca a sectores de la industria textil, confección, calzado, automotriz, construcción, aeronáutico, químico, entre otros, han señalado que el 70% de la planta de la manufactura está parada, por lo que “si estas medidas siguen hasta el 15 de mayo”, “a menos que sean actividades esenciales”, “el PIB industrial será de -7.6% para el 2020, lo que implica una pérdida de 50 mil millones de pesos” (El Economista, 23/4/2020).
Esto sin duda se asemeja a diversas declaraciones a favor de la reapertura económica (con graves consecuencias en la práctica) que han ocurrido en distintas partes del mundo (EU, Brasil, Inglaterra, etc.). Por ejemplo, la del teniente gobernador de Texas, Dan Patrick, quien secundando las declaraciones de Trump respecto a la reapertura de la economía, afirmó en televisión -en medio de los derrumbes bursátiles de finales de marzo- que «muchos abuelos» están dispuestos a arriesgarse contra el COVID-19 para “salvar la economía”. Este llamado de Dan Patrick a sacrificar a los adultos mayores para “mantener la América que todo Estados Unidos ama” (en twitter fue tendencia el “Morir por el Dow Jones”), provocó fuertes reacciones.
Este mismo papel lo desempeña ahora el empresariado mexicano quienes llaman al gobierno y a los trabajadores a morir por “50 mil millones de pesos”.
Esto explica la negativa de las empresas a paralizar actividades (ver Tabla), por ejemplo, en las maquiladoras de Ciudad Juárez (Chihuahua). A pesar del decreto presidencial estos establecimientos obligan a más de 120 mil trabajadores a laborar, con consecuencias, hasta el momento, de brotes de infectados en las maquilas y la muerte de 13 trabajadores, lo que ha empujado las recientes manifestaciones de los trabajadores que llaman a trabajar desde casa, que no se recorten sus salarios y a no ser despedidos (El Heraldo de Juárez, 24/4/2020).
Los intereses del patrón exportador y sus “cadenas de valor regionales”
La salvaguarda de sus poderosos intereses de clase, lleva a la Concamin a exigirle al gobierno que la industria “automotriz, aeronáutica y electrónica” -un núcleo duro del TLCAN-, sean consideradas como “esenciales”, pues a la lumpenburguesía dependiente le alarma correr los “riesgos” de una “ruptura” de las cadenas de suministro y de valor en “América del Norte”.
El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y también representante en el “área de cadenas globales” de Concamin, Eduardo Solís, señaló que si México deja de ser “confiable” y no abasteciera al mercado, lo harían las empresas de Estados Unidos en la misma “industria de proveeduría” de aquél país. Ello significaría –señaló– una pérdida en las “exportaciones que estaban creciendo a doble dígito”, esto es, “perder todo lo que hemos ganado” (El Economista, 23/4/2020).
Más allá del alarmismo de esta lumpenburguesía que tiene sobradas razones para exigir la reapertura de la manufactura exportadora y su maquinaria de valorización, la pregunta es: ¿pueden los “proveedores estadounidenses” garantizar precios equivalentes a los que se producen en un régimen de superexplotación del trabajo como el que México presenta? Es claro que no.
Con el enorme diferencial salarial de las manufacturas de ambos países (ver Tabla), ni siquiera las promesas de “reindustrialización” de Trump y sus presiones a las automotrices estadounidenses para que retornen al país han podido funcionar, debido al papel que desempeña el régimen de superexplotación del trabajo mexicano en el corazón manufacturero industrial de “América del Norte”. Como señala Adrián Sotelo Valencia:
“… en la actual fase neoliberal del capitalismo mundial la persistencia de bajos salarios y altas cuotas de explotación del trabajo (superexplotación) y de precariedad laboral constituyen la condición sine qua non para mantener la rentabilidad de las empresas y las altas tasas de ganancia del gran capital. La política salarial de las compañías trasnacionales fundamentalmente norteamericanas no va a cambiar en el contexto del T-MEC porque significaría, para las que operen en México, grandes pérdidas expresadas en un aumento no sólo del pago por hora a los trabajadores mexicanos […] sino, además, en el total de los costos laborales que incluyen, entre otras, prestaciones y salarios indirectos, matando de este modo la gallina de los huevos de oro que ofrece todo país dependiente y subdesarrollado para dichas empresas” [1].
Es por esta razón que el imperialismo estadounidense tampoco ha hecho esperar su presión ejercida contra el gobierno mexicano.
En una carta dirigida al titular del Ejecutivo mexicano, la Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos (NAM), que agrupa a 14 mil fabricantes, y firmada por 327 directores ejecutivos que operan en México, manifestaron su preocupación “por los decretos de emergencia sanitaria” de las autoridades gubernamentales, y reclamaron al gobierno de México “a corresponder” con la redefinición de sectores económicos “esenciales” con base “en la clasificación de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos” (Reforma, 23/4/2020). ¡La NAM demandando al gobierno mexicano la redefinición de sectores “esenciales” sobre la base de documentos elaborados fuera de la soberanía nacional!
Por otro lado, un grupo de senadores hizo pública una carta enviada al secretario de Estado, Mike Pompeo, instándole a “presionar” al gobierno mexicano para que redefina las “actividades esenciales”, ello con el objeto de impedir interrupciones en la cadena de suministro de las empresas estadunidenses, fundamentalmente en los “sectores de alimentos, medicina, transporte, infraestructura, aeroespacial, automotor y de defensa” (El Universal, 29/4/2020).
Al destacar que Estados Unidos realizó importaciones provenidas de México por un valor de 346 mil 100 millones de dólares en 2018, los senadores argumentaron: “México cumple una función integral en Estados Unidos, la cadena de suministro es crucial para el funcionamiento de las empresas estadunidenses esenciales…”.
A estos ataques contra la soberanía de México, se sumó la Cámara de Comercio de Estados Unidos, quienes señalaron que “la homologación con las actividades esenciales de Estados Unidos es necesaria para proteger las cadenas de valor y la integración económica de ambos países”. (El Economista, 23/4/2020). Del mismo modo, Christopher Landau, embajador estadounidense en México, señaló: “Estoy haciendo todo lo que puedo para salvar las cadenas de suministro, que se crearon a través de las últimas décadas. La integración económica de Norteamérica exige coordinación” (El Economista, 23/4/2020).
La ofensiva sobre el trabajo
En tiempos de pandemia, la ofensiva del capital sobre el trabajo se pone de manifiesto en la práctica.
Como señala Enoch Castellanos, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (CANACINTRA): “Ante la negativa del gobierno federal de otorgar prórrogas al sector privado para pagos de impuestos o cuotas de los trabajadores [ante el Seguro Social], los empresarios están considerando usar las vías legales y presionar con cifras de desempleo” (El Financiero, 20/4/2020).
El capital extorsiona al gobierno con la amenaza y al mismo tiempo la consecución real del desempleo. Ello, a pesar de las declaraciones de la Secretaría del Trabajo respecto a que no hay condiciones legales para suspender las relaciones laborales, así también, a pesar de sus señalamientos en el sentido de que el“resguardo domiciliario” supone el pago del salario al trabajador (Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el Covid-19, STPS).
En México, la mayor parte de empleos perdidos entre marzo y abril se sitúan en la mediana y gran empresa (gráfico). Para el mes de abril, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos estima una pérdida de más de 740 mil empleos.
Total de empleos perdidos entre el 13 de marzo y 6 de abril de 2020: 346 mil 878
Este argumento legal (que impide la suspensión de la relación laboral) de la Secretaría del Trabajose basa en el hecho de que elConsejo de Salubridad declaró a la pandemia del Covid-19 como “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” y no bajo la figura de “contingencia sanitaria”, la cual sí está contemplada en la Ley Federal del Trabajo y a través de la cual sí podrían suspenderse las relaciones laborales de manera temporal y las empresas podrían cubrir una indemnización a los trabajadores con hasta “un salario mínimo durante un mes”.
Sin duda, estos y otros elementos llevaron al empresariado mexicano a adoptar una nueva ofensiva contra el gobierno para que éste aportara parte de los recursos para el pago de salarios, y aceptara –en medio de la pandemia– diferir contribuciones patronales a la seguridad social, entre otras demandas.
En desplegado del 20 de abril publicado en diarios de los 32 estados del país, Coparmex convocó a los propios trabajadores a: 1) “unirse con las empresas”; 2) a que los trabajadores “ayuden a convencer al gobierno de aceptar el salario solidario”, que implica financiarlo con “recursos extraordinarios” (con deuda ante el FMI) de alrededor de 96 mil millones de pesos mensuales y en su caso hasta por tres meses; 3) a que los trabajadores manifiesten su “exigencia para regresar a trabajar cuanto antes”, “y así conservar los empleos” (Coparmex, 20/4/2020).
Además de la amenaza real del desempleo, el capital dispone del enorme ejército de reserva existente, para presionar a los trabajadores. A ello hay que añadir las medidas de reducción salarial, de reajuste de prestaciones, de horas laborales, etc., así como el papel que desempeña el sindicalismo corporativo corrupto. En conjunto, estos mecanismos favorecen a los sectores empresariales en su objetivo de disciplinar –no sin resistencia– al trabajador colectivo para que acepte subordinarse a la continuidad de las actividades productivas (muchas fábricas no han cerrado) y a la reapertura general de la economía.
Así lo ponen de manifiesto una serie de acuerdos construidos entre sindicatos y empresas en las últimas semanas. Según informa la prensa, empresas y sindicatos del sector automotriz y de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, están estableciendo “convenios modificatorios” ante la Junta Federal del Trabajo para “modificar las condiciones generales de trabajo” respecto al salario, jornadas de trabajo, tipo de contratación (trabajo temporal, parcial, etc.), días de descanso, vacaciones, con el objeto de impedir el cierre de empresas por la crisis sanitaria (La Crónica, 23/4/2020).
Según
refirió el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, en México hay
una “buena relación” entre los sectores sindical y patronal, lo
cual está permitiendo estos “nuevos convenios”. Así exclamó:
“La información que tengo es que lo están haciendo con éxito, es
decir, de común acuerdo y sin que se generen fricciones, salvo en un
caso que ha resultado excepcional”.
Dichos “convenios”,
establecen de
facto
un “pacto obrero-patronal”, que hace a un lado lo
legislado
en materia laboral para establecer el predominio de lo “acordado”
entre las partes, con consecuencias desfavorables para los
trabajadores.
Como vemos, ante las medidas de confinamiento, sindicatos subordinados “charros” y empresarios asumen estos nuevos “pactos” como “alternativa” ante el cierre de empresas y fábricas durante la pandemia. En realidad, lo “acordado” sobre lo “legislado” es una tendencia dominante en la “nueva cultura laboral” de las economías, esta vez precipitada por las medidas que la pandemia ha exigido en el país.
Para el capital lo “esencial” es la valorización del valor
Lo esencial para el capital es la incesante reproducción de la explotación del trabajo, sin el cual el capital dejaría de existir. El hambre de plusvalor domina al organismo capitalista dependiente de estrujar fuerza de trabajo para producirlo (el plusvalor) y arrojarlo en forma de mercancía a los circuitos de la circulación mercantil para transformarlo en dinero y ganancia. De ahí el punto de vista del capital, en el sentido en que asume que una economía capitalista paralizada atenta contra su propia existencia, de ahí sus imperativos de “reapertura económica” completamente antisociales y su definición de “sectores económicos esenciales” invertidos a cualquier racionalidad.
Cuando la oligarquía mexicana increpa al Estado para que declare como “esenciales” las actividades económicas propias del patrón exportador –que domina al aparato productivo del país– además de reflejar sus principales intereses, se muestra ella misma en su plena desnudez, tal y como es. Convoca a la puesta en acción de sus empresas en medio de la mayor crisis sanitaria, con decenas de miles de contagios, más de mil muertos, y sin aun entrar en el grado más duro de la propagación del virus, que se espera a mediados del mes de mayo y con una duración que puede alcanzar hasta tres semanas.
Lo realmente esencial para el capital es la explotación de la clase productora. En México, son las relaciones de superexplotación del trabajo, un régimen económico y político que lleva a poner en tela de juicio la vida del trabajador, lo que hace que la cuestión de la salud de los trabajadores sea llevada a segundo término. Bajo este régimen, el capital despoja de las condiciones “normales” de reproducción a los trabajadores, tanto en lo físico, como en lo subjetivo.
Con el salario más bajo de América Latina, en México, como en otros tantos países dependientes, se remunera a la fuerza de trabajo por debajo de su valor, lo que obliga al trabajador colectivo a una insuficiente participación en la esfera del consumo (fundamentalmente de sus necesidades básicas), con lo que son deterioradas estas condiciones de reproducción, poniendo en entredicho permanentemente sus fundamentos de existencia.
Condiciones como el agotamiento prematuro, mayor predisposición y aumento de enfermedades crónicas (diabetes, obesidad), accidentes laborales, deterioro de la salud pública, tienen sus nexos con los vehículos por medio de los cuales se superexplota al trabajador (alargamiento y mayor intensidad de la jornada de trabajo, salarios por abajo del mínimo necesario), y con los distintos procedimientos por los que el capital se apropia de partes importantes del fondo de consumo obrero transformándolo en fondo de acumulación.
Las violaciones que sistemáticamente el capital ejerce sobre el fondo de consumo necesario de los trabajadores afectan directamente a su salud. Por ejemplo, recientemente se dio a conocer que entre 6 y 8 millones de trabajadores laboran bajo condiciones de outsourcing, mecanismo que agrava la precarización del trabajo, y con ello, la eliminación del derecho al trabajo estable y a la seguridad social. Parte de las empresas en general y de las empresas de outsourcing en particular “subregistran” a los trabajadores en el Seguro Social, esto es, reportan los empleos con menores niveles salariales con el único fin de disminuir o burlar las cuotas al IMSS, Infonavit, Afore.
Según fue informado, el IMSS sufrió una merma de 21 mil millones de pesos en el año de 2019, precisamente por estos procedimientos. En contraste, días atrás el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) junto con el IMSS, demandaron a la secretaría de Hacienda nada menos que 17 mil millones de pesos para compra de “insumos” médicos (ventiladores, monitores de signos vitales, camas de terapia intensiva, etc.), para hacer frente a la pandemia (El Sol de México, 27/4/2020). Sólo una compra del IMSS de 2 mil 500 ventiladores cubrió un costo de alrededor de 2 mil 700 millones de pesos en el mes de marzo.
Como se ha expuesto en las últimas semanas, las instituciones de salud están profundamente deterioradas. Si bien esto es explicado por la “austeridad” vinculada a las transferencias de riqueza (vía endeudamiento) de una economía subordinada a la reproducción de asimetrías entre países centrales/dependientes, también desempeña un papel sustantivo en este deterioro la violencia que el capital despliega para apropiarse de partes importantes del fondo de consumo obrero en un régimen de superexplotación del trabajo. De hecho, es en este régimen en donde reposan las continuas transferencias de riqueza vía deuda.
Lo “esencial” del patrón exportador versus la “esencia” de las necesidades sociales
En los últimos 15 años, el porcentaje de la población con ingreso laboral por debajo del costo de la “canasta alimentaria”, que Coneval denomina en situación de “pobreza laboral”, se ha movido entre el 38 y 40% de los trabajadores (ver gráfico). ¿Cuál es la razón? Un régimen de acumulación basado en el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor o superexplotación.
Si bien este indicador (pobreza laboral) de Coneval sólo toma en cuenta la “canasta alimentaria” para definirlo, además de ser discutibles sus criterios de medición que lo llevan a presentar un porcentaje de “pobreza laboral” que sin duda es mucho más alto, nos permite entender de un modo más simplificado la participación del trabajador mexicano en el consumo. El dato fuerte es que alrededor del 40% de la población trabajadora no puede acceder al consumo de la “canasta alimentaria”.
Cuando el grueso de los trabajadores prescinde de un modo estructural de las más significativas relaciones de consumo, y no puede acceder al consumo de sus bienes necesarios para su mantenimiento (y no solamente de la canasta básica), lo que ocurre entonces es la configuración y desdoblamiento de un aparato productivo y de sus bienes elaborados (autos, electrodomésticos, computadores, electrónicos) hacia esferas de la sociedad que sí disponen de poder adquisitivo para su consumo.
Al ser consumido sólo una parte del arsenal de mercancías por aquellas reducidas franjas de la sociedad con alto poder de consumo, las condiciones de existencia del capitalista dependen de volcar la mayor parte de sus mercancías hacia las economías del exterior para poderlas realizar y/o vender. Como señala Ruy Mauro Marini en Dialéctica de la Dependencia: “… el sacrificio del consumo individual de los trabajadores en aras de la exportación al mercado mundial deprime los niveles de demanda interna y erige al mercado mundial en única salida para la producción” [2].
De acuerdo con la teoría marxista de la dependencia, las economías latinoamericanas –y quizá la economía mexicana encierra aquí una condición emblemática–, reposan sobre un ciclo económico dependiente caracterizado por una fractura y/o divorcio entre el aparato de producción respecto de la esfera de la circulación. Es decir, lo que producimos “aquí y ahora” se rompe de un modo sistémico con la esfera de la circulación y consumo, las que son volcadas hacia los mercados externos. Esto explica en gran parte las decenas de acuerdos de libre comercio que los gobiernos de México han convenido en las últimas décadas.
Es de este modo que nuestras economías se han diseñado y construido con una regularidad estructural bajo la hegemonía de patrones exportadores, cuya insignia reside, por definición, en una profunda contradicción: producimos, pero no para nosotros.
El ejemplo típico de México, es la industria automotriz, que en 2019 exportó a Estados Unidos un valor de poco más de 136 mil millones de dólares (autos: 37mmd; camiones: 38.1mmd; autopartes: 61.7mmd). Como se observa en la siguiente gráfica, el grueso de la producción de vehículos ligeros está volcado al mercado exterior. De 3.75 millones de autos elaborados en territorio nacional, 3.33 millones se dirigieron al mercado externo en 2019, lo que, como puede apreciarse, es más o menos la tendencia en la última década. Y más aún, según observamos en el siguiente cuadro, Estados Unidos ocupa el principal destino de estas exportaciones con alrededor del 75 y 80 por ciento en los últimos dos años, que también representa la tendencia general.
Notas:
[1] Adrián Sotelo Valencia, “México: El T-MEC y la Dependencia Estructural”. 20/03/2020, http://lhblog.nuevaradio.org/b2-img/TMEC.pdf.
[2] R. M. Marini, Dialéctica de la Dependencia. México, ERA, 1974. p. 53.