Más allá de las ventajas económicas del control público sobre las telecomunicaciones y cuatro empresas petroleras, «capitalizadas» y privatizadas por el neoliberalismo, los decretos del primero de mayo pasado implican la esperanzadora recuperación del Estado nacional. Las oligarquías de la «media luna» (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) habían vetado, en la práctica, el ingreso […]
Más allá de las ventajas económicas del control público sobre las telecomunicaciones y cuatro empresas petroleras, «capitalizadas» y privatizadas por el neoliberalismo, los decretos del primero de mayo pasado implican la esperanzadora recuperación del Estado nacional. Las oligarquías de la «media luna» (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) habían vetado, en la práctica, el ingreso del Jefe de Estado y sus ministros a las capitales de sus departamentos. El despliegue de efectivos policiales y militares en dependencias de la italiana Euro Telecom Internacional (ETI) y de compañías del sector hidrocarburos, a lo largo y ancho de la geografía patria, es un balón de oxígeno en manos de un país asfixiado por el separatismo y el indigenismo a ultranza.
Después del derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), en octubre de 2003, Mike Falcoff, asesor del vicepresidente de EEUU, Dick Cheney, vaticinó la pronta desaparición de Bolivia del mapa sudamericano. Su predicción estaba basada en la demencial liquidación de empresas estratégicas que hizo el «gonismo», lo que provocó la desmoralización ciudadana. El holgado triunfo electoral de Evo Morales en diciembre de 2005 y la nacionalización de los hidrocarburos en mayo de 2006, revirtieron lo anterior por pocos meses, ya que el proyecto de Constitución Política del MAS, con el reconocimiento de 36 naciones originarias, y la respuesta de la cúpula cruceña, que aprobó un proyecto de estatuto autonómico disgregador, hicieron que las palabras de Falcoff volvieran a resonar en todas las regiones.
Lo anterior se vio agravado por el incumplimiento del Decreto de Nacionalización, la no aplicación de las auditorias a las transnacionales del petróleo y la suscripción de contratos tan lesivos como los existentes antes del gobierno del MAS, a los que el régimen vigente les dio el respaldo legal del que carecían anteriormente. En este contexto, al lograr que YPFB controle el 50 % mas uno del paquete accionario de «Andina» (Repsol, de España), de «Chaco» (Pan American Energy de Argentina y British Petróleum de Inglaterra) y de Transredes (de la anglo-nortreamericana Enron-Shell, ahora Ashmore), así con el 100 % de las acciones de la peruano-alemana Compañía Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB), Evo ha colocado a los autonomistas de Santa Cruz en la disyuntiva de apoyar con su voto a las transnacionales afectadas por la decisión de recuperar el patrimonio nacional o defender los intereses históricos de la nación oprimida.
La recuperación de soberanía asumida por el gobierno tiene limitaciones. Se trata, en realidad, de una compra obligatoria de acciones, la que, en la mayoría de los casos, determina que el precio de las mismas esté sujeto a futuras negociaciones. Ha trascendido que las empresas foráneas tendrán una cuota decisiva en los cargos ejecutivos, que equivaldrá a un veto en el futuro manejo empresarial. Por otra parte, es innegable que el gobierno ha reiterado su sensibilidad social al fortalecer el fuero sindical y disponer la solución de controversias laborales de manera expeditiva.
Al ganar un tiempo precioso, el régimen vigente debería comprender, sin embargo, que los excedentes procedentes de los altos precios del gas y del petróleo no pueden destinarse sólo al pago de bonos de beneficencias y, lo que es peor, a préstamos a Bancos como el Lloyds de Londres y el Santander Hispano, además de Transredes, a un interés del 3 % anual, mientras el país se presta al 8 % de la CAF. Bolivia debería comenzar a ser gobernada con metas estratégicas y no pensando, como hacen hasta ahora oficialistas y opositores, de manera mezquina, en el próximo referéndum o en las siguientes elecciones, en momentos en que el Estado norteamericano, por ejemplo, ha invertido 300 mil millones de dólares en salvar al Banco de la Reserva Federal, lo que demuestra que el neoliberalismo se ha convertido en una prédica vacía.
Las señales de recuperación del casi agónico Estado nacional deben transformase en una tendencia sostenida, en la que se rescaten los postulados de la Nacionalización de los Hidrocarburos de 2006, cuya aplicación fue frenada por posiciones fundamentalistas a ultranza. Esos postulados deben volver a aglutinar a los sectores productivos del país, alrededor de empresas estratégicas estatales manejadas con eficiencia y transparencia, que garanticen la vigencia de autonomías regionales en el marco de la unidad nacional y erradiquen las exclusiones que sufren las culturas originarias, a fin de contar con un Estado nacional sólido, único instrumento que tiene Bolivia para defenderse del imperialismo y sus agentes internos.
Reiteramos que la recuperación mayoritaria y la compra de acciones en empresas estatales estratégicas, así como los decretos que favorecen a los trabajadores, como el fortalecimiento del fuero sindical y la solución de controversias laborales de manera expeditiva muestran que el gobierno , son señales positivas Pese a las limitaciones citadas, lo ocurrido demuestra que dentro del gobierno de Evo existen tendencias que comprenden la imposibilidad de defender al país con posturas separatistas y etnico-racistas que niegan la existencia de la nación boliviana.