México atraviesa por un periodo histórico de gran crispación social y de un malestar generalizado sin precedentes en los últimos años, producto de una crisis económica, política y social del patrón de acumulación de capital, la cual colapsa el nivel de vida de las clases trabajadoras. La gota que derramó el vaso fue el aumento […]
México atraviesa por un periodo histórico de gran crispación social y de un malestar generalizado sin precedentes en los últimos años, producto de una crisis económica, política y social del patrón de acumulación de capital, la cual colapsa el nivel de vida de las clases trabajadoras. La gota que derramó el vaso fue el aumento del 20% a las gasolinas en el primer día de este año 2017. Sin embargo, para arribar a este escenario, se condensan más de tres décadas de políticas neoliberales y de la instauración del actual patrón de acumulación.
La inconformidad social se sustenta en varios ejes: la monumental exclusión económica y social; la asimetría gigantesca entre el valor de la fuerza de trabajo y el salario real pagado al trabajador (superexplotación del trabajo); los procesos de precarización, informalidad laboral y desempleo; el despojo territorial y de recursos naturales; la violencia estatal exacerbada -que ha arrojado innumerables atrocidades como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de luchadores sociales y periodistas; la violencia social, los feminicidios y las desapariciones; el saqueo descarado y sin escrúpulos de los recursos del Estado en todos los niveles del gobierno; el salario que recibe la alta burocracia; el descredito de todas las reformas neoliberales y las promesas que anunciaron con ellas, que resultaron en un inmenso engaño, acentuando el deterioro de la calidad de vida de las mayorías.
En aparente paradoja, es en estas circunstancias que la acumulación de capital en México ha aumentado para los más ricos. Para estos acaudalados, la crisis social por la que atraviesa el país recae meramente en la «corrupción»i , y es natural que así lo difundan, ya que esta concepción corresponde con sus intereses, pues los desliga del metabolismo social y superexplotativo que ellos encabezan. Así, su gran preocupación es el agotamiento de la democracia mexicana y la «gobernabilidad» -que impusieron en conjunto con los grandes partidos políticos desde la década de los ochenta- pues esta puede poner en entredicho su dominación política, es decir, que se desmorone su hegemonía al mostrar que sus intereses de clase son lo que el Estado presenta como el interés «general» de la nación.
Y es que fueron las nuevas condiciones de la «democracia mexicana» controlada desde arriba, las que coadyuvaron a establecer su dominio político para que los gobiernos ad hoc en turno generaran las condiciones extraeconómicas para imponer los ejes estructurales del capitalismo dependiente mexicano en el estadio neoliberal.
Es en esta coyuntura histórica que el bloque en el poder en México, anclado estructuralmente a la economía imperialista de Estados Unidos, emprendió el viraje desde los años ochenta hacia el nuevo modelo de acumulación de capital, lo que lo llevó a lanzar una ofensiva contra el mundo del trabajo como premisa necesaria para acoplarlo a las nuevas exigencias del capitalismo mundializado. Las «ventajas comparativas» del país han sido: las garantías de superexplotación laboral, las preventas jurídicas que permiten invertir a las empresas trasnacionales, los vastos recursos naturales y la posibilidad de explotarlos, la cercanía al epicentro de la economía mundial.
Fueron las clases dominantes condensadas en el Estado quienes reorganizaron la acumulación del capital con centro en el motor externo y el enorme desprecio a las necesidades sociales ancladas en el mercado nacional. Se desmanteló el aparato productivo industrial (desindustrialización, incluido Petróleos Mexicanos) y se profundizó la radical separación del tejido productivo respecto a las necesidades de los trabajadores y de las masas populares. Se renunció a la producción de bienes de capital y a la diversificación productiva-industrial. Se volcaron procesos productivos hacia la especialización productiva basadas en recursos naturales (el caso de Sudamérica con mayor vigor), o de bienes manufactureros en maquiladoras de exportación (el caso de México y Centroamérica) sustentados ambas formas en las férreas leyes de superexplotación del trabajo. Así también, se asentó la mayor expulsión de fuerza de trabajo del país al mismo tiempo en que la constituyó en premisa del débil mercado interno vía consumo local (mediante remesas) de sus familias empobrecidas.ii
Las clases dominantes, ancladas en una enorme relación de inequidad a nivel nacional acelerada por la desigual distribución del ingreso y sustentada de modo estructural en los procesos de superexplotación laboral, impusieron a sangre y fuego la renuncia al fortalecimiento del mercado interno y de la articulación y diversificación industrial. Ante las contradicciones del capitalismo dependiente, los tratados de libre comercio fueron impuestos como la panacea para «sacar» al país del atraso e impulsarlo a la «modernización», no obstante, lo que continuó fue el desarrollo del subdesarrollo. Y hoy, la crisis de la economía mexicana ligada a su vez a la crisis estructural del capitalismo mundial, remueve las capas tectónicas de la sociedad y hacen saltar la corteza política institucional. Sustentado en la profundización de la superexplotación del trabajo, el actual patrón de acumulación, salvo años especiales, ha registrado bajas tasas de crecimiento económico. Más aún, los llamados ajustes económicos han sacrificado el nivel de vida de la población en general y los recursos se han dirigido al pago de la deuda, que han resultado en un brutal tributo de la periferia al centro y al capital financiero. Tan sólo con el actual presidente la deuda aumentó del 34.4 % del PIB en 2012 al 50.5% a finales de 2016, correspondiente a casi 10 billones de pesos.
Agotamiento de la democracia mexicana
La población (conformada en su mayoría por las clases trabajadoras), a lo largo de este período, ha logrado madurar que una «democracia» mexicana construida en las alturas del poder, atenta contra sus intereses. Y no es para menos, esta «democracia» lleva el estigma del fraude, la extorción, el robo descarado, el saqueo a la sociedad, la demagogia a niveles nunca imaginados, el racismo, el cinismo, la xenofobia, la exclusión, el conflicto de interés, la corrupción, el despotismo, la impunidad …, expresiones en su conjunto que apuntan a su agotamiento.
En este agotamiento también se han podido desnudar los nexos orgánicos entre las fracciones de las clases dominantes -nacionales y extranjeras (Telmex, Televisa, Peñoles, Altos Hornos, grupo HIGA, Cemex, ICA, grupo CARSO, las mineras canadienses, automotrices y manufacturas trasnacionales, etc.)- y el Estado en el cual permanecen agazapadas. Por esto es una locura creer que los lumpen-patrones confederados en Consejo Coordinador Empresarial (Coparmex, Concamin, Concanaco, etc.,) puedan jugar un papel «progresista» en el país, ya que estos organismos han consolidado el poder político cada vez más centralizado de estas fracciones de clase, del llamado bloque en el poder. Esto les ha permitido imponer toda una serie de intereses (económicos, políticos, jurídicos, culturales), y con ello hegemonizado las formas y modalidades de acumulación centradas en la dependencia y subordinación externa contraviniendo las necesidades, aspiraciones e intereses de las clases trabajadoras, franjas populares, territorios y comunidades enteras.
En México, no está ausente la continua y perenne herencia de las democracias capitalistas que sumergen hoy a la civilización burguesa: «broken promises» [promesas rotas] en la expresión de James Petrasiii. La caída del encanto fetichista de la «democracia» capitalista que envuelve de modo mistificado el carácter de la dominación, ha instalado un periodo histórico marcado por la mayor inestabilidad política que cobra fuerza aún más con la crisis de legitimidad, que sumada a los anteriores problemas de la democracia mexicana (crisis del consenso, de representación, de los partidos políticos,) impactan en el Estado provocándole nuevas morfologías.
Con la crisis de la democracia política se agudiza la crisis de legitimidad de una forma de Estado que se ha sustentado (ideológicamente) precisamente en un ideario jurídico y político democrático liberal, cuyos principales axiomas son la «apertura política», «pluralismo», «ciudadanización», «libertad e igualdad», «inclusión política», «Estado de derecho».
El agotamiento de la democracia y sus impactos en la tan salvaguardada «gobernabilidad democrática» lleva a la emergencia y rearticulación política de las fuerzas sociales, de las luchas sociales y de la mayor movilización y politización de las clases explotadas, lo que abre la vía hacia las mayores confrontaciones, mismas que amenazan la estabilidad del régimen económico-político del bloque en el poder, tal como lo muestran las protestas sociales que han surgido «espontáneamente», pero como una constante que le impone serios obstáculos a la acumulación capitalista. Así, por medio de esta compleja espiral de la crisis, el Estado se va encontrando cada vez más con la mayor presión popular, al punto de colocarse en callejones sin salida, tales como los episodios de impasse políticoiv al que ha llegado a arribar, por ejemplo, tal y como en su labor para extirpar la resistencia y el desafío popular es impedido de «soltar a los perros» de forma abierta al no contar con el consenso y legitimidad para llevarlo a cabo.
En estas coordenadas, se trata de un periodo histórico en el que las luchas sociales le imponen al Estado nuevas modificaciones. Así las cosas, para que las clases dominantes puedan salvar la bolsa exigen blindar la corona. Pocas cartas le quedan al bloque en el poder, y una de ellas es la que se abre con fuerza con la posibilidad de la constitución en México del Estado de excepciónv, una alternativa reaccionaria a la crisis que se despliega.
El revés al bloque en el poder y mecanismos de compensación
Los nuevos tiempos que se inauguran el próximo 20 de enero, día de la toma de posesión de Trump, abren la posibilidad de un revés para las clases dominantes del país por parte del nuevo gobierno norteamericano. Las fracciones predominantes del bloque en el poder en México buscarán la defensa y continuidad, esto es, la «modernización» y profundización del TLCAN, con enormes costos para los trabajadores.
En estos tiempos una de las cuestiones a rastrear se refiere a los conjuntos de intereses de las fracciones predominantes del capital que el Estado en México organiza, representa y por tal razón, buscará cimentar y «acordar» con las fracciones hegemónicas abanderadas por el gobierno de Trump.
En el marco de relaciones de dependencia histórico-estructural estas relaciones y negociaciones se desenvuelven bajo las relaciones de dominio y explotación internacional a las que históricamente las burguesías lumpen se han subordinado con singular carácter. Y es en esta línea en que se profundizan las pronunciadas relaciones asimétricas con cargo en transferencias de valor, intercambio desigual y procesos de despojo y desacumulación ahondando en el lacerante atraso de nuestra sociedad.
En su afán por salvar su bolsa, las clases dominantes en México van a sacrificar a los trabajadores, exponiéndolos aún más, a la pauperización, y estirando más los límites humanos de la fuerza de trabajo.
La defensa de los intereses de las fracciones dominantes del bloque en el poder en México se encuentra subordinada al ejercicio e imposición de los intereses de las fracciones hegemónicas abanderadas por el imperialismo trumpista. Por ejemplo, para fracciones empresariales dominantes en el país, evitar la cancelación del TLCAN, establecer su continuidad «modernizada», supone nuevas aperturas (negociaciones entreguistas) hacia los intereses (económicos, políticos, geoestratégicos, de seguridad, etcétera) del imperialismo estadounidense, a lo que subyace una profundización de su dependencia estructural, de su mayor subordinación, poniendo de rodillas la soberanía.
Los tiempos del llamado «nacionalismo revolucionario» no son más que humareda de chimenea para los nativos lumpen-poderosos fieles del dinero y la ganancia. En tiempos de crisis y decadencia, las clases dominantes reptan, coletean y se disponen a la mayor entrega. A la negociación entreguista de la soberanía vuelven a llamarla «modernización». No hay nada más apátrida que la oligarquía decadente de nuestros países latinoamericanos.
Como nos enseña la historia: las burguesías dependientes no impugnan, negocian; no cuestionan, se adecúan; no salvaguardan, conspiran. Los lumpen-empresarios no tienen ningún interés en erradicar contradicciones, desplazarlas con alcance a sus mayores beneficios es su divisa. Hoy como ayer, son los socios menores y subordinados del imperialismo.
La reproducción del capitalismo dependiente mexicano se sustenta sobre las premisas que el bloque en el poder en México ha hecho prevalecer desde el poder político del Estado: superexplotación del trabajo y disciplina salarial (como condición de competitividad), apertura externa, especialización productiva subordinada al exterior, desmantelamiento de estructuras industriales, nichos manufactureros y agro-industriales exportadores, endurecidas políticas neoliberales -monetarias, fiscales, cambiarias, presupuestales-, fortalecimiento de los capitales financieros, creciente endeudamiento, reformas promercado ad nausseam para capturar las inversiones externas de las que depende, cuyo autoritario «Pacto por México» lo ilustra.
Como la infraestructura energética liderada por el petróleo tiene (tuvo) la significación de asentare como riqueza social (alimentando una tercera parte de los ingresos del sector público), el bloque en el poder (local-trasnacional) en México, y los socios menores de los intereses imperialistas obligaron al Estado mexicano a entregarla al gran capital petrolero trasnacional, más aun, involucrándose en nuevas inversiones para su usufructo privado (Slim: Carso Oil & Gas; Bailleres: Petrobal; Mexichem, la lista es larga).vi
De la misma forma, las lumpenburguesías no ahorrarán medios con los cuales presionar al Estado mexicano para entregar y transferir riquezas, activos (biodiversidad, energía, infraestructura, etc.), mayores subvenciones al capital, concesiones de grandes contratos y asociaciones, con el objetivo de «negociar» la nueva ráfaga de agresivos intereses impuestos por el gobierno Trump y con ello lograr contrarrestar el deterioro de sus intereses y beneficios.
Un conjunto de mecanismos diferenciados, en sectores y escalas distintas de flujos de riqueza y de poder podrían ponerse en acción como factores de neutralización al deterioro de los intereses y ganancias de las fracciones dominantes nativas y trasnacionales ganadoras de la asociación subordinada en el TLCAN.
Los mecanismos y sectores clave evidentemente estarán marcados por los intereses de las fracciones dominantes a que representa el nuevo gobierno imperialista. Los intereses del capital financiero (Goldman Sachs), los intereses de la más poderosa trasnacional petrolera (ExxonMobil), los intereses de los grandes industriales a quienes representa Trump, se convierten en grandes y complejos campos con los cuales el Estado mexicano ofrecería como monedas de cambio un conjunto de activos, contratos multimillonarios e intereses de «seguridad nacional» afines al imperio. Sin embargo, sólo lo podrán negociar si de por medio se pueden constituir en el país mecanismos de dominación que puedan eliminar la resistencia del trabajo y del poder popular.
En estos tiempos, quizá asistamos a la mayor degradación del papel de las fracciones empresariales del país en la representación de los intereses de las fracciones imperialistas. Su principal divisa es «negociación» al costo que sea. En el pasado fue el populismo y la corrupción, ahora con un gobierno ad hoc a sus intereses y con personeros a modo en la administración del aparato de Estado, a los empresarios no les resta más que la corrupción.
En este sentido, es posible asistir a la envestida de fuertes golpes a los intereses de las fracciones dominantes asentadas en el país (nativas y trasnacionales), lo que colocaría en el centro del Estado, la otra cara de la ofensiva de los lumpen-empresarios para subordinar al Estado a la puesta al día de mecanismos de compensación sobre las «pérdidas» y transferencias de riqueza extorsionadas a los nuevos perdedores.
Aquí se ponen de manifiesto la profundización de reformas fiscales regresivas, profundización de grandes recortes presupuestales, subvenciones de todo tipo al capital, transferencias de riqueza pública para resarcir «pérdidas», nuevas reformas laborales antiobreras, nueva oleada de privatizaciones, apertura de nuevos circuitos mercantiles, mayor explotación intensiva y extensiva del trabajo, mayor pérdida de derechos laborales, expropiación y entrega de recursos naturales, expansión de nuevas asociaciones «público-privadas» en obras de infraestructura, etcétera.
En resumen, sea por factores de neutralización o mecanismos de compensación o por una objetivación paralela entre ambas estrategias del bloque en el poder, las clases trabajadoras y populares del México dependiente experimentan escenarios sombríos. Se trata de una ofensiva agresiva de las clases dominantes locales e imperialistas que acentúan hasta el límite la mayor centralización del poder político y desafían las condiciones de vida de las clases populares, capas medias y clases trabajadoras.
El salto cualitativo del Estado Derecho al Estado de Excepción
En el curso de la crisis económica que viene azotando a la sociedad, de la crisis de legitimidad que envuelve al Estado mexicano y al conjunto de su cuerpo institucional, y de la fuerte inestabilidad política evidenciada por el profundo cuestionamiento popular, llevan a cualquier trabajador a sentir la crisis orgánica de la sociedad mexicana.
Aunado a la nueva etapa de luchas y confrontación social frente al Estado y los intereses del bloque en el poder que en este nuevo periodo histórico se registra en nuestro país, el ejercicio del poder se encamina por la vía del Estado de Derecho hacia la vía autoritaria, una peligrosa matriz de contención para apagar los estallidos del conflicto social.
Esta vía se refiere en los fundamentos de un refinamiento jurídico (y bárbaro) de los aparatos y dispositivos de fuerza y aniquilación del Estado al cuestionamiento popular. Se trata de una reconstrucción jurídico-política que salta de la fase de criminalización de la protesta social hacia la militarización -en diferentes espacios, escalas y temporalidades- del cuestionamiento popular.
Dentro del Estado y las fracciones hegemónicas del bloque en el poder, el Estado de Derecho se presenta como el establecimiento del «orden» y de la «paz social» (los «derechos de terceros»), no obstante, en esencia es la garantía mediada por la «fuerza pública» de la reproducción del capital y de los intereses prevalecientes mediante la violencia de clase.
Dada la crisis de representación, del consenso y de legitimidad que corroe al cuerpo político estatal, para los personeros del capital, sucede que el Estado de Derecho encierra «vacíos», «huecos», por lo que para el Estado es cada vez más imperativo dotar de energía a la corroída legitimidad del uso de la «fuerza pública» y su negligente y represiva usurpación de funciones (el ejército en labores civiles) que cumple ya más de diez años.
En este contexto se presentan en el congreso las propuestas y formulaciones de una «Ley de Seguridad Interior»vii que establezca un cuerpo jurídico (de protección) a las mismas fuerzas armadas, y la elaboración de una «Ley Reglamentaria» que habilite «en apego» a la Constitución el «Estado de excepción» en México, con lo cual, de modo perenne se busca colmar para las clases dominantes una pieza «ausente» y decisiva para aniquilar toda fuerza social, razón e impugnación al «orden» establecido, ello bajo el manto de la «seguridad» ante el «narcotráfico» y el «crimen organizado». Son las jugadas del poder.
A todas luces se trata de la nueva arma jurídica-política-ideológica-militar del orden del capital en México. En tanto las instituciones de la estrecha democracia-electoral se han precipitado en su crisis, las clases dominantes han agotado los recursos políticos para dotar de alma e insuflar vida al desgastado patrón de legitimidad del control y del dominio. Una supuesta reconstrucción del Estado de Derecho -figura superior del alma del capital-, bajo una Ley de Seguridad Interior y una nueva regulación jurídica que establece el Estado de excepción en México, es indisociable de la pretensión de las clases dominantes de lograr la legitimidad perdida, aunque esta vez no del orden social en sí, sino de la propia violencia dirigida a garantizar el «orden».
Con una Ley de Seguridad Interna y el nuevo Estado de Excepción que le subyace, el capitalismo dependiente mexicano se auto-impone objetivamente el derecho de aniquilar el cuestionamiento popular al modelo de acumulación de capital, militarizar la movilización de los pueblos y fuerzas sociales, socavar los derechos políticos básicos (de organización, tránsito, inviolabilidad del domicilio, etc.), así como de modo subjetivo pretende levantar un halo de legitimidad a esta nueva barbarie. Sin duda asistimos a un componente que viene a redefinir una nueva morfología del Estado en México: la estatalidad excepcional, que si bien de modo permanente ha venido desplegándose de facto, ésta tiende a metamorfosearse cualitativamente hacia el mantenimiento continuo y permanente de una excepcionalidad de jure, esto es, jurídico-política, al normativizar, juridificar y normalizar los instrumentos institucionales de muerte y aniquilación (desaparición) de la violencia del Estado esparcidos plenamente en la esfera social.
El establecimiento de un Estado de excepción suena muy escandaloso, sin embargo, para el régimen es más «natural» de lo que pudiera parecer. Por ejemplo, sin ir muy lejos, es menester señalar que la vía maestra del Estado de excepción en apelo al Estado de Derecho fue abierta en Perú por el régimen neoliberal del ex presidente Ollanta Humala, quien en distintas ocasiones decretó con bombo y platillo el Estado de excepción contra la protesta social y popular en defensa de los recursos naturales, territorios y comunidades que veían peligrar sus condiciones de existencia ante la ofensiva furiosa del capital y los proyectos de despojo territorial auspiciados por la especialización productiva exportadora fincadas en la minería y el agronegocio. Así, es bajo los emblemas del «orden», «paz» y «Estado de derecho» que se militarizaba «con base» en la Constitución el cuestionamiento socialpopular saltando de las etapas de criminalización de la protesta social hacia su militarización, desorganización y extirpación al tiempo en que se aceleraba la dinámica de reproducción del capital sobre sus ejes predominantes.
Qué burguesía en estos tiempos de convulsión social no exigiría auxiliarse en la «Constitución» apelando a un «Estado de excepción» amparado y legitimado por el Estado de Derecho y la nueva Ley de Seguridad Interior. Ante una creciente crisis económica, política y social, de qué modo el Estado no apelaría al mantenimiento de la estatalidad excepcional (en sus distintas escalas, espacios y dimensiones) y apagar con ello las expresiones más espinosas de las contradicciones estructurales que la sociedad entraña. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, y vastas zonas, territorios, poblaciones, junto con movilizaciones colectivas (paralización de vías de comunicación, bloqueos carreteros, toma de casetas de peaje) y fuerzas sociales (autodefensas, comunidades) y un sinfín de movilizaciones en resistencia, existentes en el territorio mexicano frente al despojo territorial, destrucción ambiental y degradación de derechos laborales y sociales, ven amenazados y en riesgo con esta nueva Ley de Seguridad Interior sus propias condiciones de vida, de lucha y de resistencia.
Conclusión
¿Quiénes son los responsables de la actual crisis económica, política y social en México? La respuesta a esta pregunta nos conduce a quienes realmente detentan el poder político en México. No solo basta con culpar a los personeros de clase o administradores del aparato de Estado, desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto, a lo mucho ellos son los operadores. No basta con decir que es el patrón de acumulación de capital, que es ya decir mucho, pues no se personifica y se desresponsabiliza a un proceso de clase. Ni mucho menos, se puede decir, como lo hace el CCE que es la corrupción, ya que esto desvía de su responsabilidad a la lumpenburguesía que domina en México. Por tanto, los responsables de lo que ocurre en México, son el llamado bloque en el poder en México. Sus formas de acumular capital, sobre las que se levantan todas sus formas de vida social, son las causas de la crisis actual.
Hoy más que nunca debe acelerarse la mayor articulación política entre las fuerzas obrero-campesino-populares que desafíen de modo radical las estructuras depredadoras del capitalismo mexicano y la nueva vía reaccionaria adoptada ante la crisis.
Notas
i El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propaga esta versión. Véase: «Protestas por el gasolinazo, impulsadas por los escándalos de corrupción». Julio Reyna Quiroz, La Jornada, Martes 17 de enero de 2017, p. 9.
ii Las medidas de apoyo a los inmigrantes deportados que hasta ahora ofrece el gobierno de México así como el nuevo Pacto para el «Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar» descansan en un círculo reducido de políticas asistenciales, esto es, no van ni pueden ir más allá del mismo patrón de reproducción del capital con el que el gobierno de México de modo estructural desterró a millones de trabajadores y deterioró la calidad de vida de la población.
iii James Petras. «Promesas rotas: el legado estructural de las democracias capitalistas.» www.lahaine.org 1712-2016.
iv Este impasse es un síntoma de su crisis, como sucedió en 2016 (en el marco de la lucha contra la privatización pública y la precarización laboral de los trabajadores de la educación) con las movilizaciones de la CNTE, que a pesar de las presiones de los organismos patronales, el Estado no logró operar el golpe definitivo (represión abierta) cuando éstos se lo exigieron. Véase nuestro ensayo: Iván Montero, José Luis Ríos Vera, «Reforma educativa y reproducción del capital: El impasse del Estado mexicano». www.Lahaine.org 13-7-2016.
v John Saxe-Fernández. «Ley de Seguridad Interior: ´sería un golpe de Estado´». La jornada, 22 de diciembre de 2016.
vi «Funcionarios presentaron la Ronda Uno al empresariado mexicano», La Jornada, 25 de octubre de 2014; «Son demasiado grandes los lotes no convencionales para firmas nacionales» señala Coparmex: La Jornada, 26 de octubre de 2014.
vii Jorge Carrasco Araizaga, «Un golpe silencioso». Revista Proceso, No. 2094. 18 de diciembre de 2016.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.