Los voceros de las cámaras empresariales no escatiman su doble moral y su retórica si se trata de estigmatizar el descontento popular en Chiapas, labor soez secundada por los representantes del Estado en la entidad para justificar la represión y desacreditar la legitimidad de las demandas más sentidas del pueblo. La estigmatización desde el Estado […]
Los voceros de las cámaras empresariales no escatiman su doble moral y su retórica si se trata de estigmatizar el descontento popular en Chiapas, labor soez secundada por los representantes del Estado en la entidad para justificar la represión y desacreditar la legitimidad de las demandas más sentidas del pueblo.
La estigmatización desde el Estado y la oligarquía consiste en deslegitimar, devaluar o crear una falsa imagen hacia el descontento y la lucha de las masas trabajadoras, práctica dirigida contra quienes vivimos cotidianamente las consecuencias provocadas por la política del régimen con el objetivo de desacreditar la legitimidad de la protesta popular y las causas económico-filosóficas que la fundamentan.
Las muestras de descontento del sector estudiantil por ejemplo, fueron señaladas por los voceros oligarcas en la entidad como actos vandálicos o delincuenciales, su verborrea incurrió en otra expresión falaz, al espetar que en la entidad vive en «total anarquía» al permitir esas manifestaciones. Ninguna corresponde con la realidad.
Lo falaz de la afirmación que en la entidad se vive en completa anarquía se diluye cuando se compara los intereses empresariales con la realidad taladrante de miseria y pobreza que carcomen más del 70% de la población chiapaneca lo que orilla a las masas trabajadoras a organizarse y ejercer su derecho a protestar, por tanto, lo «caótico» es provocado por la clase dominante.
Cuando a fuerza de acciones políticas de masas combativas se exige justicia o las demandas del pueblo, la oligarquía las considera causa de «caos, anarquía», por esto sus dichos estigmatizan para justificar la represión, ejecución de medidas contrainsurgentes, crímenes de lesa humanidad.
Otro concepto recurrido por las cámaras empresariales es el de «tejido social» al referirse que es destruido o resquebrajado por el descontento popular. Este concepto pretende obviar que los responsables de atentar contra «el tejido social» es la oligarquía y el Estado, más no el pueblo; gobierno y empresarios privilegian sus intereses más no las de las masas oprimidas.
Desde los voceros del régimen al hablar de tejido social es un sofisma, porque las relaciones sociales basadas en la propiedad privada le es inherente la degradación humana, social a través de la explotación de la fuerza de trabajo, la represión, la violencia institucional y de un constante proceso de enajenación.
El descontento popular expresa hartazgo, indignación, es la respuesta de los sectores populares a la política represiva del gobierno chiapaneco ante su clara tendencia de privilegiar los intereses oligarcas.
Las acciones políticas de masas combativas como respuesta al mandato oligarca hacia el Estado para reprimirlas, arrojan logros políticos como la libertad de presos políticos y la denuncia por cada acto contrario a los derechos y libertades de las masas trabajadoras. Estos resultados no son obra de «acuerdos flexibles» del Estado como consideran algunos de sus ideólogos, sino de la combatividad y la creatividad de las masas.
Cada palabra de los voceros de la oligarquía que tenga el objetivo de desacreditar, señalar y criminalizar los esfuerzos organizativos de las masas para superar su condición de vida precaria, es necesario denunciar, de lo contrario, con el silencio únicamente facilitaremos la labor del Estado para silenciar la disposición de luchar de los sectores populares.
El acto represivo dirigido al MOCRI-EZ es usado como parapeto político en aras de justificar la represión contra el conjunto del movimiento popular. Cuando esta organización se plegó a las formas oficiales de hacer política y bajo esta lógica exigieron sus demandas, sin embargo, el gobierno chiapaneco arremete contra ellos.
El desalojo de padres de familia y trabajadores de la educación del crucero cuatro milpas en el municipio de Tapachula, las amenazas del gobierno estatal por desalojar a otras familias proletarias de la capital chiapaneca, así como de compañeros de comunidades organizadas en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en los municipios de Venustiano Carranza y Socoltenango bajo el mote estigmatizador de «invasores», hechos palpables que develan la contradicción de la expresión secundada por el gobierno chiapaneco al referirse que favorecerá a los desprotegidos.
En cada vituperio expresado por los políticos de oficio y oligarcas alberga una intención cuando se trata de la lucha del pueblo, entre sus efectos se cuenta el hostigamiento, como el allanamiento de morada de nuestra compañera Cecilia López Pérez, el intento de masacre del compañero…, son manifestaciones concretas cuando se señala con dolo la organización independiente y combativa del pueblo.
Estos acontecimientos contra el pueblo develan las consecuencias de los dichos perniciosos de las cámaras empresariales, aplauden cada acto criminal de los represores; en dichos escenarios deplorables para las masas movilizadas se objetiva lo inhumano de los grandes empresarios.
Los resultados de los vituperios esgrimidos por los hombres del régimen son palpables, cada uno es obra de lo mezquino y voraz de las motivaciones económicas que yacen en ellas. Cada acto de la violencia institucional tiene patente en el Estado, no hay nada fuera de la lógica gubernamental, en los hechos represivos se observan con precisión que el gobierno de la entidad satisface las necesidades de la propiedad privada más no los de las masas pauperizadas.
Salir a las calles y plazas públicas para exigir mejores condiciones materiales de vida, justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de Estado o denunciar cada arbitrariedad que se cometa contra los oprimidos no es un delito, es defender y ejercer los derechos y libertades políticas que tenemos los trabajadores.
La dignidad del pueblo entre sus manifestaciones está la voluntad, disposición y firmeza en la lucha contra sus explotadores. Ahí donde los políticos de oficio y empresarios denuesten la lucha del pueblo, debemos denunciar y exigir, detengan toda calumnia que incrimine y estigmatice la exigencia de mejores condiciones materiales de vida de los millones de pobres de la entidad y el resto del país.
Una necesidad apremiante es la organización popular independiente y combativa, cumplir con esta tarea será un paso indispensable en la actual coyuntura, ya que los flagelos de la pobreza, miseria, salarios miserables, crímenes de lesa humanidad, represión no desisten, son fenómenos que evidencian el desprecio de la clase que detenta el poder hacia el pueblo.
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.