La derecha boliviana está manejando el tempo del conflicto en torno a la Asamblea Constituyente con una soltura que contrasta llamativamente con la torpeza que despliegan tanto el MAS como el ejecutivo en la gestión -ya no digamos en la iniciativa- del proceso constituyente.Desde la discusión del famoso artículo 71 del reglamento de la Constituyente, […]
La derecha boliviana está manejando el tempo del conflicto en torno a la Asamblea Constituyente con una soltura que contrasta llamativamente con la torpeza que despliegan tanto el MAS como el ejecutivo en la gestión -ya no digamos en la iniciativa- del proceso constituyente.
Desde la discusión del famoso artículo 71 del reglamento de la Constituyente, la oposición comprendió que cualquier negociación con el gobierno debía ser iniciada a partir de una propuesta tan maximalista que fuera inaceptable en sus términos pero que, de no ser atendida y discutida siquiera parcialmente, podría ser el hipotético detonante de un conflicto civil. La resultante era que la negociación se cerraba con resultados que beneficiaban siempre a la derecha y que, además, le hacían aparecer como flexible y transigente en sus posiciones ya que era la que acababa cediendo en su propuesta inicial.
Y, así, cuando llegó el momento de negociar la prórroga de la Asamblea Constituyente, la derecha salió diciendo que el texto que de aquélla naciera debía ser aprobado por mayoría absoluta en todos y cada uno de los departamentos del país. La discusión sobre la prórroga acabó, de nuevo, en la discusión sobre el mecanismo de aprobación del texto constitucional y, también de nuevo, el ejecutivo y el MAS resultaron derrotados.
La consecuencia fue que el acuerdo final -todos los artículos que no fueran aprobados por mayoría cualificada de dos tercios debían ser sometidos a referéndum popular previo- facilitaba sobremanera que la oposición sacara inmediatamente a la palestra el tema de la capitalía plena.
Un tema que, por otra parte, no podía estar mejor escogido porque si existe una alocución latina extendida y aplicada en el arte de la guerra con resultados inequívocamente exitosos es aquélla que reza como el título de esta columna: divide et impera.
Y eso es precisamente lo que ha conseguido la derecha con ese tema: dividir cada vez más al país, añadiendo ahora al conflicto étnico y de clase una nueva dimensión de naturaleza territorial.
Pero, además, ha golpeado en el seno del MAS fracturándolo en torno a una cuestión que no es en absoluto baladí y sobre la que no debería plantearse la más mínima disidencia a la luz de la experiencia reciente. Porque si de algo deberían ser conscientes quienes han apoyando este proyecto de transformación social es que la presión popular que puede ejercitarse sobre un gobierno radicado en La Paz difícilmente podría lograrse en Sucre. Y, si no, basta con recordar los intentos de los gobiernos neoliberales por trasladar la capital de La Paz a Santa Cruz. Si entonces hubo consenso en el seno de las fuerzas de oposición acerca de que esa decisión era inaceptable por qué, con absoluta carencia de visión estratégica, promueven ahora lo que antes combatieron.
No sé si será problema de miopía o de amnesia pero sí que es un problema para el que sólo existe un remedio: la unidad.
Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economía Política de la Universidad de Málaga y miembro de la Fundación CEPS.