«Que bueno sería, con la presencia de la comunidad internacional, de los organismos internacionales, de nuestros presidentes presentes y no presentes, realmente refundemos Bolivia, como en España ..eso buscamos mediante la Asamblea Constituyente.» «A los presidentes, son mis hermanos mayores, quiero decirles que no me abandonen en mi gobierno para cambiar mi Bolivia…» (Evo Morales, […]
«Que bueno sería, con la presencia de la comunidad internacional, de los organismos internacionales, de nuestros presidentes presentes y no presentes, realmente refundemos Bolivia, como en España ..eso buscamos mediante la Asamblea Constituyente.» «A los presidentes, son mis hermanos mayores, quiero decirles que no me abandonen en mi gobierno para cambiar mi Bolivia…» (Evo Morales, 22 de enero de 2006).
Ni con fraude: No llegaron ni a la mitad para su nueva república
Los votos por la autonomía en el referéndum del 4/5 en Santa Cruz alcanzaron a 461.173 (49,3 % del total del registro electoral). Fueron menos que en el 2006 (466.826=55,7%) por la inclusión del tema de la autonomía en la Asamblea Constituyente (AC), dándose una disminución en números absolutos y relativos. Ahora, según los propios separatistas, un 85% votó por la autonomía, pero esta cifra corresponde solo al total de los que votaron, no al total de la población habilitada. Decimos todo esto, suponiendo que el proceso del referéndum hubiera sido limpio. Pero, dado que fue conducido exclusivamente por la parte interesada, sin respetar la ley que garantiza la corrección del proceso y los derechos del electorado -y por tanto, su legitimidad-, no hay razón para suponer que lo fue, como no la habría para suponer que donde el acusador es también juez podría haber un juicio imparcial. Por ello, la cifra a favor de la autonomía es posiblemente menor que la publicada. Los resultados a favor de la autonomía en los referéndums de Beni (52,8%) y Pando (43,7%) pueden ser vistos bajo estos mismos criterios .
Las cifras «oficiales» a favor de la autonomía están muy lejos de los 2/3 que los separatistas demandaron en la AC para aprobar la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) y tratándose de formar una nueva república, de ninguna manera podrían ser menos que los 2/3 de toda la población implicada. A pesar de ello , los separatistas siguen adelante con el referéndum de Tarija y con su nueva república.
Pero, el gobierno sigue sin iniciativa
La posición del gobierno antes del 4/5 fue vacilante. No puede decirse que su objetivo hubiera sido convocar a la abstención. Es cierto que emitió este mensaje, pero también se emitieron otros con diferentes significados. El propio canciller declaró en Cuba para Telesur, que el referéndum era ilegal, pero legítimo. El gobierno nunca calificó el referéndum como fraude; lo llamaron «encuesta». Una actitud similar tuvieron el 2006; contra las autonomías primero, y volcándose a favor días antes de la votación.
Inmediatamente después del referéndum del 4/5, el gobierno proclamó que éste había fracasado, pero, a pesar de ello no ha retomado la iniciativa política y continúa actuando según lo que hagan los separatistas. Y estos siguen adelante con sus actividades ilegales, además utilizando dineros del Estado; como denunció, el mismo gobierno, días antes del referéndum de Pando: la redacción del estatuto autonómico fue pagada a 3 consultores con fondos del Estado (Bs 300 mil) (1). Pero inexplicablemente estos fondos siguen fluyendo y los separatistas siguen coleccionando antecedentes de la inocuidad gubernamental.
La posición del gobierno sobre el separatismo es candorosa. Ante la conformación del gobierno separatista de Santa Cruz, el ministro de la Presidencia, J. R. Quintana, declaró: «Las decisiones de naturaleza ilegal son volátiles, son castillos de arena que se pueden derrumbar fácilmente» (2), como si el país no estuviera en la peor crisis de su historia y no fueran ya, numerosas las víctimas de la violencia. Sobre los hechos de violencia que han venido ocurriendo en Sucre desde el año pasado, otro ministro, Rada (3), denunció: «…la absoluta parcialización de la Fiscalía de los casos de violencia registrados en la ciudad de Sucre,…». Además, dijo: «el Fiscal durante todo este tiempo se dedicó a perseguir a la directiva de la Asamblea Constituyente,…y en ningún momento ha movido un dedo para llevar adelante las investigaciones de esos hechos de violencia…». El 24 de mayo, la violencia llegó a escandalizar a la opinión pública nacional e internacional. Entonces, el ministro acusó a la Fiscalía de «culpabilidad por omisión de los hechos», y pese a la seriedad de todas estas acusaciones, dijo que iban: «…a continuar invocando al Ministerio Público y al Poder Judicial» (4) para que hagan justicia. El gobierno también emplazó a la Corte Suprema a pronunciarse sobre los hechos del 24, cosa que de darse sería loable pero, tratándose de un tribunal en última instancia, no es su función específica, lo que es importante si queremos justicia, y no solo pronunciamientos. El gobierno también pidió a la comunidad internacional asumir responsabilidades para acabar con la discriminación (5). En este marco de demandas a diestra y siniestra del gobierno, la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado expresó su preocupación por la libertad con la que actuaron los agresores en Sucre y la desprotección de las víctimas cuya violación de derechos no fue debidamente prevenida ni impedida por las fuerzas de seguridad en cumplimiento de su deber (6).
La situación actual es la de un golpe de estado en curso en forma de referéndums autonómicos que, según sus líderes, rematará en una confederación de estados autonómicos y, entonces sí «negociarán», y -agregamos- estarán en posesión de los campos de hidrocarburos, sin los cuales el resto del país colapsará en días. Paralelamente, podemos esperar alguna acción a su favor en los departamentos no autonómicos (recientemente los empresarios del país han amenazado con ir al paro). Pero a pesar de todo, el gobierno anunció, recién hace unos días, el descubrimiento de un plan de desestabilización.
Todo por la Nueva Constitución Política del Estado
La aprobación de la NCPE ha sido central en la estrategia del gobierno. La decisión de los prefectos separatistas de no negociar hasta después del 22 de junio, llevó al MAS a plantearse la rápida aprobación de los referéndums, dirimitorio de la extensión de la tierra y ratificatorio de la NCPE para contrarrestar los estatutos autonómicos (7). Ante esto, la oposición madrugó al gobierno aprobando el revocatorio, que pese a ser un proyecto del propio gobierno desató confusión en sus filas (no sólo en la derecha); sus parlamentarios se opusieron; el presidente la aprobó. Y, el referéndum que pretendía hacer aprobar el gobierno, quedó en nada, y con eso se acabó la ilusión de que retomara la iniciativa.
Hay otro problema muy serio: el gobierno se propone modificar la NCPE para conciliarla con los estatutos autonómicos, que no son respalda por la mayoría de la población, poniéndose de acuerdo con los separatistas (8), tomándose las atribuciones de la AC. Nótese que para que entre en vigencia, el pueblo debía aprobar en un referéndum la NCPE que elaboró la AC, no otra modificada.
Se había previsto que en las negociaciones sobre el tema participarían los partidos de derecha, curas y prefectos, inclusive juristas de la OEA , pero los miembros de la AC no fueron invitados. Al respecto, R. Aguilar, Vicepresidente de la AC dijo que es imprescindible que se considere la participación de los constituyentes en la compatibilización de la NCPE y los estatutos (9). Fíjense, esto: de ser constituyentes ahora serán apenas participantes. Con más amor propio, 75 constituyentes se reunieron al margen de su Directiva, y anticiparon que si ésta no los convoca se autoconvocarían para abrir el diálogo entre actores políticos y de las regiones del país. El vocero de la bancada del MAS, R. Navarro declaró «… no somos mamotretos de nadie, el poder constituyente se lo gana; convoquemos a prefectos, regiones y a otros a dar soluciones». Otro asambleísta, R. Muruchi, dijo: «…nos hemos subordinado a los poderes constituidos… el desafío es si asumimos la calidad de la AC reabriendo las plenarias…»(10). El problema es que sin financiamiento del Estado no podrán reunirse los 255 constituyentes. Además, su soberanía como constituyentes es limitada porque fueron elegidos en función de partidos políticos, no de sectores sociales o territoriales, y los partidos no tienen interés en que se reúnan (11). Así quedan los elegidos del pueblo para refundar el país.
Recientemente, una comisión congresal compuesta por el MAS y la derecha (UN y el MNR), acordó que los estatutos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija a la NCPE se haría en el Congreso. A tiempo de respaldar esto, el Vicepresidente García, selló el destino de la AC: «evidentemente tarde o temprano la Asamblea Constituyente será la que tenga que reunirse para poder viabilizar este tipo de acuerdos»(12). Días después, el ministro Quintana, propuso la aprobación de una Ley de Autonomías en el Congreso, con lo cual, el tema de las autonomías sería extirpado de la NCPE. Coincidiendo con el gobierno, el derechista Tuto Quiroga (PODEMOS) planteó un pacto político que autorice diseñar una nueva CPE (13). Paradójicamente, a pesar de esta coincidencia entre izquierda y derecha, el diálogo fracasó otra vez y se postergó hasta después del referéndum de Tarija, el 22/6, lo cual muestra que el asunto de la NCPE encubre otros problemas con los separatistas; y estos, le volvieron a imponer su propia agenda al gobierno.
Si comparamos la posición inicial del gobierno sobre la AC con la actual, vemos que inicialmente pretendía una AC para refundar Bolivia, ahora pretende modificar la NCPE con la derecha y llamar a la AC solo para que firme. E l gobierno, al meterse a negociar la NCPE a nombre de la AC, una instancia que tenía el potencial de eclipsar la vieja institucionalidad, la ha debilitado y, por otra parte, con la importancia suprema atribuida a dicha negociación, ha sustituido al pueblo por una banda de sediciosos.
Era posible hacer cambios radicales, aún sin la NCPE
Recordemos que el gobierno justificó la convocatoria a la AC argumentando que eran imposibles los cambios sin una nueva CPE. No obstante, medidas como la nacionalización de los hidrocarburos, fueron posibles con solo los recursos disponibles; -bastó un decreto supremo-. El gobierno pudo haber hecho cambios radicales, debilitando a la oligarquía, estableciendo una buena base para una posterior convocatoria de la AC. Decimos «pudo», porque medidas como la mencionada, no jugaron un rol estratégico. Por eso fueron deficientemente planteadas y peor aplicadas; l o prueba una nota de Yacimientos petrolíferos Fiscales Bolivianos, que dice: «Este 1º de mayo,…el Gobierno ha determinado… adquirir los bonos de Transredes, Chaco y Andina, con el que selló la mayoría accionaria que alcanza al 50 % más uno de las acciones»(14). YPFB se refiere al 1º de mayo del año actual (2008); a dos años de la nacionalización. ¡Y nosotros festejando el 2do aniversario! Pero las transnacionales ya tienen sus contratos petroleros hace más de un año.
Si medidas como la nacionalización hubieran sido consideradas estratégicas, se habrían orientado a cambiar la relación de fuerzas, pero esta nacionalización ha dado a las petroleras lo que antes no tenían: contratos legales, y por 30 años, olvidando que explotaron ilegalmente los hidrocarburos por una década. Esto fue muy apreciado por Petrobras ( «no perdimos nada con los nuevos contratos»(15)) y Repsol ( el nuevo contrato «tendrá poco impacto»… y, si tiene, «será positivo» (16)). Realmente, la NCPE tiene la importancia central; el resto fue utilitario.
El gobierno y el espíritu de unidad nacional del Chaco
Uno de los baluartes más destacados contra los separatistas ha sido Camiri, en el Chaco; una región que es parte de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija y que es la principal productora de hidrocarburos. Aquí, se desarrolló un movimiento por hacer del Chaco un solo departamento, que a más de su creación -a diferencia de los separatistas- no plantea ningún otro cambio en el orden legal vigente. Este movimiento se opone al separatismo, reivindica el carácter nacional de los hidrocarburos y el espíritu de unidad nacional nacido en la guerra del Chaco.
En esta región, y especialmente en Camiri, coinciden nada menos que los problemas de los terratenientes y las compañías petroleras; fuerzas esenciales del separatismo (Hay una tercera en «Mariscal Estigarribia», en Paraguay). Esta relación entre la cuestión de la tierra y los yacimientos de hidrocarburos ha sido ya advertida por los separatistas, para quienes el saneamiento de la tierra es una ocupación velada de los yacimientos por parte de los «andinos» (17). Los factores mencionados le dan al Chaco una importancia estratégica central en Bolivia y más allá de sus fronteras, en la «república soyera».
En abril, el gobierno y Camiri llegaron a un acuerdo que habla por sí mismo del carácter del movimiento; estableciendo que YPFB operará los campos de Camiri y Guayuy; que encarará la exploración profunda en el campo Camiri, recibiendo los recursos necesarios (Pto 3º); que se instalará una planta separadora de licuables del gas exportado al Brasil, que Petrobras se estuvo llevando gratis por una década, y que ahora pagar (Pto 4º). Una aclaración. Para llegar a este acuerdo, Camiri tuvo que declarar un paro indefinido el 26 de marzo. La respuesta inicial del gobierno estuvo lejos de su célebre tolerancia con la violencia de los separatistas; envió el ejército para reprimir al pueblo. Cayeron heridos, 30 civiles. Esto se sumó a anteriores actos de este tipo. Pero, el movimiento no se rindió y gracias a ello, YPFB tendrá sus primeros campos propios desde que fue descuartizado por el neoliberalismo. Ahora, a varios meses del acuerdo, Camiri tuvo que volver al bloqueo porque el gobierno no cumple el acuerdo.
¿Cuál es la estrategia del gobierno?
Ante los hechos arriba descritos, preguntamos: ¿Cuál es la estrategia -o «la lógica»- que guía al gobierno? Un discurso del Vicepresidente García (18), de fines del 2007, cuando ya era clara la crisis actual, nos pone al tanto del asunto.
García, caracteriza la crisis actual como la «contradicción entre la NCPE y los Estatutos y, la batalla -dice- se da en torno a la relación de lo nacional con lo regional» por definir la arquitectura estatal entre el nivel nacional y subnacional; y cómo se redistribuyen recursos entre regiones y se organiza el nivel institucional del Estado. A fines del 2007, las perspectivas de la crisis estaban dadas por el hecho de que el proyecto de referéndum de las autonomías debía ir al Parlamento: «…y si éste lo modifica o lo rechaza, -dice García, mostrando la gravedad de la situación- van a intentar hacer un referéndum por decisión de su asamblea autonómica regional y…, van a querer aplicar su Estatuto, y al querer aplicarlo sin la legalidad correspondiente, van a llegar a una confrontación con la estructura del Estado.» Ante esta crisis, el objetivo del gobierno es la aprobación de la NCPE, que reorganizará el Estado y, la inclusión de autonomías, del tipo que decida un referéndum. La estrategia es: que la crisis «…no se resuelva ni mediante insurrección…, ni por la exhibición de las fuerzas y la derrota política moral del adversario,» y que el sector más recalcitrante, los terratenientes, sea aislado, quitándole su base social. Los instrumentos son los referéndums y el diálogo.
En cuanto a la composición de fuerzas, el bloque rival se compone del empresariado y los grandes terratenientes. Respecto a las «fuerzas propias», nos orientamos por el análisis de García sobre la NCPE. Esta -dice- tiene un carácter de transición, porque «…deja un núcleo indígena popular pero también incorpora a otros sectores.» Según sale d el texto, la clase media es todo lo que no es indígena-campesino-originario ni empresario o gran terrateniente; incluye entonces un amplio espectro: desde trabajadores hasta pequeños empresarios.
Según el discurso, si el núcleo indígena no flexibilizaba la NCPE, esta hubiera sido solo de los indígenas pobres, y si los indígenas querían consolidarse como núcleo del Estado, tenían que mostrar su capacidad de llevar adelante también los intereses de la clase media, del empresariado boliviano, y «aislar a muy pocos» irreductibles, los terratenientes. Esto muestra la importancia política reconocida a los indígenas . Por eso, -continúa-, los indígenas estaban obligados a hablar con los adversarios.
¿Qué indígenas? Aclaramos: los indígenas, que antes eran mayoría en el país, han sido reducidos por la NCPE a solo un pequeño sector del campesinado; el «indígena-campesino-originario». Tratándose de este pequeño sector, preguntamos: ¿Cuándo y dónde dialogaron sobre cuestiones de gobierno con el adversario (los líderes de la oposición)?. Nunca. Es el gobierno que ha asumido su representación, después de reducirlos al mínimo. Y cuando un gigante representa a un chiquito puede terminar representándose a sí mismo (Dicho con refinamiento, eso es «significante usurpador»).
Entonces, la fidelidad del gobierno es con ese pequeño «núcleo del estado», que es su fuerza propia; los demás sectores son transitoriamente aceptados. Así se entiende la descuidada afirmación de García, de que las preocupaciones de la clase media para la Constitución eran: el derecho de ir a colegios privados, la libertad de religión y el derecho de herencia. Ni una palabra sobre los derechos laborales y la seguridad social que fueron duramente golpeados por el neoliberalismo, convirtiendo a los trabajadores en una masa de «empresas unipersonales» o «consultores»; problema que el gobierno no ha querido arreglar, pese a todas las demandas de las organizaciones de trabajadores.
El recurso del diálogo y las estructuras de coerción legítima
El uso del diálogo por el gobierno se ha caracterizado por una proverbial tolerancia, con resultados ya conocidos. Otra característica es que desde el inicio de su mandato, el gobierno fue al diálogo desprendiéndose del movimiento popular. El caso más conocido es la negociación de la AC con la derecha, resultando la limitación de las atribuciones «refundacionales» de la AC y el acuerdo de los 2/3 para aprobar la NCPE con lo que el MAS amarró voluntariamente su mayoría al capricho de cuatro gatos de derecha. No obstante, fue más lamentable que permitiera que la elección de asambleístas fuera por partidos políticos. Con esto revivió a la derecha despreciando las luchas del pueblo contra la «partidocracia». Así, el gobierno renunció al apoyo popular que lo llevó al poder, y de esta forma se convirtió en la parte débil del diálogo.
Respecto a los referéndums, el gobierno ha fracasado tratando de aplicar los que tenía previsto, -excepto el revocatorio, gracias a la oposición-. La derecha, en cambio, ha realizado los suyos y se apresta al cuarto. Ahora, estamos ante el referéndum revocatorio del 10 de agosto. Pero cuatro cortes electorales departamentales se rebelaron contra la Corte Nacional para realizar los ilegales referéndums autonomistas, y sería una aberración hacer el referéndum con estas cortes. Si el gobierno admite estas condiciones, habrá aceptado la institucionalidad de los separatistas.
Pasando al tema del uso de las estructuras de coerción; en una entrevista al Presidente de la República , «Amauta» de la Argentina (19), le preguntó si su gobierno tenía fuerza suficiente para enfrentar un posible intento de la derecha de dividir el país. El Presidente contestó : «…el poder es del pueblo, no del gobierno del MAS ni de Evo Morales… yo creo en las fuerzas sociales.» Entonces, preguntó Amauta, cómo operarían esas fuerzas sociales frente a la derecha. El presidente contestó: «Habría que preguntarle a ellas cómo operarían…». Amauta preguntó qué función cumplirían las Fuerzas Armadas en ese conflicto. El Presidente: «…todos los altos mandos militares son mis mayores… en la cultura indígena, un menor no puede dirigir a una persona mayor.». Igualmente elusivo fue el gobierno ante los hechos del 24 mayo, en Sucre, llamando a otros a que asuman sus responsabilidades. S in embargo, empleó la fuerza contra la «clase media» en varias oportunidades. Trataremos de entender esta actitud a través de lo ocurrido en Camiri.
La demanda planteada al gobierno en este caso afectaba a las transnacionales petroleras. ¿Cual es la posición del gobierno sobre estas? Según el Presidente: «Una cosa es que pase a propiedad de los bolivianos los hidrocarburos y el gas y otra cosa es la inversión privada,… Cualquier inversionista tiene todo el derecho de invertir, recuperar su inversión y…utilidades.» Bien, no se trata de «cualquier inversionista», sino de uno que, según el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, procedió a su explotación: «…mediante contratos ilegales y que la capitalización de YPFB -que también benefició a ese inversionista- había significado un grave daño económico al Estado y un acto de traición a la patria.»(20) Esto es que el respeto del gobierno por la inversión privada, ha llegado al punto de alejarle del dramático texto que estampó en su propio decreto.
La demanda de la derecha, por su parte, según García, es un asunto de distribución regional de recursos y la reorganización del estado en los niveles nacional y regional. En cuanto al respeto por inversión privada, es sabido que coincide con el gobierno, y si hay diferencia, es de grado. Esto quiere decir que las demandas que el gobierno no tolera son las que pueden hacer cambios que afecten el elemento central de la estructura económica social, el capital privado, específicamente, el monopólico.
Mientras tengamos fe, no tendremos esperanza (21)
Ahora, l a situación es muy grave, y como vimos en el discurso, no debería sorprendernos. Según éste los siguientes pasos del gobierno serían: «… articular la movilización social en torno a objetivos muy concretos (Preguntamos: ¿Cuáles?), como la nueva Constitución y otros (Insistimos: ¿Cuáles otros?), y… mantener el mando de las estructuras de coerción legítima que tiene el Estado… (¡Pero en la cultura indígena no se da órdenes a los mayores!).» Ya pasaron 6 meses de este discurso y no se ha visto ninguna movilización promovida por el gobierno en torno a esos «objetivos muy concretos». ¿Qué irá a pasar? El discurso : O bien la crisis «…se resuelve mediante el apego de la sociedad…a la votación y a los referéndums…, o bien, habrá algún tipo de confrontación y de prueba de fuerza para el cual ojalá, estemos preparados.» Eso es; se viene lo peor y nosotros, ahí estaremos, armados de un «ojalá».
El pueblo encomendó al gobierno la modesta Agenda de Octubre; pero, como si le hubieran pedido socialismo, el gobierno aclaró que no era su objetivo, sino solo una Revolución Democrático-Cultural. Y ¿eso que es? Si la estrategia es: ni la insurrección, ni la exhibición de las fuerzas, ni la derrota política moral del adversario; si la estrategia es no derrotar al adversario, ni siquiera moralmente, la Revolución democrático-cultural será lo que el adversario quiera; y eso es lo que está pasando.
NOTAS:
1) Bs 300 mil costó la redacción de estatuto autonómico de Pando y se pagó con IDH. 290508, ABI
2) La oligarquía da un paso atrás y tres adelante. 17-05-2008, Econoticiasbolivia.
3) Gobierno desecha Estado de Sitio. 27 de mayo de 2008, El Diario.
4) Gobierno desecha Estado de Sitio. 27 de mayo de 2008, El Diario.
5) Morales emplaza a Corte Suprema castigar discriminación. 27-05-2008, Los Tiempos.
6) Oficina de la ONU deplora el racismo en Sucre. 2008-05-26, Bolpress.
7) MAS apelará a consultas como estrategia política. 07 de mayo de 2008, El Diario.
8) Estatutos y nueva Constitución deben pasar por la Asamblea Constituyente, dice el MAS. 23/05/08, Bolpress.
9) Estatutos y nueva Constitución deben pasar por la Asamblea Constituyente, dice el MAS. 23/05/08, Bolpress.
10) Asambleístas demandan un reinicio de sus debates para solucionar la crisis política. 06/03/08, La Razón.
11) Amplían el diálogo a las regiones y otros sectores. 22/05/08, El Deber.
12) La Constituyente deberá reunirse para viabilizar acuerdos en la nueva CPE. 30/05/2008, ABI.
13) Diálogo, los escenarios para el arreglo a la crisis son reducidos. 08/06/08, El diario.
14) Bolivia recupera últimas petroleras capitalizadas. 02/05/08, TeleSUR.
15) Petrobras: Nuevo contrato mantiene alta rentabilidad para la petrolera. 01/11/06, Opinión.
16) Brufau dice que el contrato con Bolivia no afecta a Repsol. 31/10/06, La Prensa.
17) Nación Camba – El Conflicto Chaqueño. Disponible, 18/05/08
18) Álvaro García Linera: «Empate catastrófico y punto de bifurcación» Disertación en la Escuela de Pensamiento Comuna, 17/12/07.
19) Hemos llegado al gobierno pero no tenemos el poder todavía. Entrevista con Evo Morales. Néstor Kohan e Itai Hagman. 07/03/08, AMAUTA.
20) DS 28701, Considerando, párrafo 8º.
21) Arundhati Roy, 1988.