Los sectores más radicalizados del movimiento cívico empresarial que lideran a las fuerzas opositoras basan su estrategia de lucha en el desacato de los referéndums constitucional y dirimidor del latifundio del 4 de mayo y en el lobby diplomático para aislar a la administración de Evo Morales en el escenario internacional. Este domingo, la reacción […]
Los sectores más radicalizados del movimiento cívico empresarial que lideran a las fuerzas opositoras basan su estrategia de lucha en el desacato de los referéndums constitucional y dirimidor del latifundio del 4 de mayo y en el lobby diplomático para aislar a la administración de Evo Morales en el escenario internacional. Este domingo, la reacción reunida en una cumbre del Consejo Nacional Democrático (Conalde) definen en Santa Cruz un cronograma de acciones y lanzan oficialmente la campaña para la aprobación de sus estatutos autonómicos.
Los prefectos de Pando, Santa Cruz y Beni ya le han puesto fecha a los referéndums para validar los estatutos autonómicos de los tres departamentos, mientras que el gobernador de Tarija avanza firme por el mismo camino. Los prefectos de Pando Leopoldo Fernández y de Beni Ernesto Suárez, ambos militantes del opositor Podemos (ex ADN, del dictador derechista Hugo Banzer), convocaron a consultas autonómicas para el 1 de junio, siguiendo el ejemplo del prefecto de Santa Cruz Rubén Costas (representante directo de agroindustriales y latifundistas del oriente), que llamó a consulta para el 4 de mayo. El prefecto de Tarija Mario Cossío (ex MNR, ayudante del derrocado Gonzalo Sánchez de Lozada) espera que hasta el jueves la Corte Departamental Electoral (CDE) del departamento depure de las 40 mil firmas presentadas para convocar a una consulta autonómica.
Estos gobernadores se reúnen este domingo en Santa Cruz con líderes cívicos y parlamentarios de oposición de Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca para planificar acciones contra el gobierno del MAS. El lunes, la Asamblea de la Cruceñidad hará lo propio.
El Presidente Morales llamó a dos referendos para el 4 de mayo con el propósito de validar el proyecto de nueva Constitución (a través de la Ley 3837) y preguntarle al pueblo cuál debe ser el límite de la propiedad agraria, 5 mil o 10 mil hectáreas (Ley 3836).
Los prefectos concentrarán todos sus esfuerzos en la campaña por el Sí en el referéndum autonómico y han descartado hacer campaña por el No al referéndum dirimidor sobre tierra y aprobatorio del proyecto de Constitución porque eso significaría aceptar implícitamente ambas consultas.
Sedición
En el ámbito nacional la estrategia de la oposición es sabotear los referéndums convocados por el Presidente. En el plano internacional su consigna es ensuciar la imagen de «Evo dictador».
En una reunión con representantes de la Unión Europea y de la Nunciatura, los legisladores de Podemos Oscar Ortiz, Tito Hoz de Vila y Fernando Messmer acusaron al gobierno de «matar el estado de derecho» con la convocatoria a los referéndums.
Los opositores solicitaron a los diplomáticos que revisen sus relaciones con el gobierno boliviano, y les insinuaron estudiar una ruptura de nexos bilaterales. Los legisladores de Podemos reconocieron que renuncian a la vía del diálogo para resolver diferencias, aunque el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza pidió dialogar y respetar la institucionalidad democrática.
El canciller David Choquehuanca acusó a los parlamentarios de conspirar contra el gobierno, en estrecho vínculo con dos embajadas extranjeras, y desplegar una clara estrategia para boicotear la gestión del primer presidente indígena, dividir al país y quebrar el proceso democrático en Bolivia.
Choquehuanca convocó a todos los embajadores y representantes diplomáticos acreditados en La Paz para explicar en detalle el actual proceso de cambio el lunes 3 de marzo.
Según la abogada María Teresa Montaño, la conspiración de estos «politiqueros» no sólo apunta a aislar al Presidente Morales sino a toda Bolivia. «Esto va mucho más allá de la sedición. Lo que están tratando de hacer estos malos políticos es no solo aislar el contexto mundial al Primer Mandatario sino al pueblo boliviano. Los sectores de la oposición han ingresado en el campo penal delictivo». Moraño pidió al gobierno que inicie un proceso penal contra los parlamentarios y los prefectos de la «media luna».
Autonomía «chuta»
A los impulsores de la autonomía les resulta difícil defender la legalidad de los estatutos que se tramitan en las regiones de la «media luna». El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Gabriel Dabdoub critica sin reparos los referéndums gubernamentales «ilegales», pero prefiere no opinar sobre el estatuto autonómico cruceño, aunque reconoció días atrás que las autonomías departamentales y los estatutos no son aplicables sin el ordenamiento de una nueva Constitución.
El senador de Podemos Hoz de Vila admitió que «puede ser que el referéndum de Santa Cruz sea ilegal, pero lamentablemente el gobierno no tiene autoridad moral, tiene la voz embargada para reclamar la ilegalidad de un referéndum si sigue manteniendo la triple ilegalidad que tiene ese panfleto llamado Constitución que han aprobado los del MAS».
Según la diputada Elizabeth Salguero (MAS), el proceso de cambio en Bolivia se desarrolla en el marco de la democracia y el respeto a la Constitución y las leyes. Prueba de ello es que las y los representantes de la Asamblea Constituyente fueron elegidos por voto, garantizando que partidos políticos, asociaciones ciudadanas y pueblos indígenas tuvieran representantes por mayoría y minoría.
De ahí que la Constitución que tiene plena legalidad y legitimidad desde el momento en que ha sido redactada por representantes elegidos/as por voto universal, directo y secreto con un preciso fin, y ha considerado las propuestas emanadas de todos los sectores, e incluso ha recibido el reconocimiento de otros gobiernos y organismos internacionales. Además, la nueva Constitución reconoce las autonomías departamentales, incluyendo su facultad legislativa.
Sin embargo, el Estatuto Autonómico de Santa Cruz carece de legitimidad porque fue elaborado por una Junta Autonómica que no fue elegida por voto popular, ni tiene respaldo legal.
Según muchos analistas y expertos en derecho, varios aspectos de los Estatutos Autonómicos vulneran la Constitución y las leyes. El Referéndum Autonómico de Santa Cruz es inconstitucional ya que la Constitución vigente no reconoce ningún régimen autonómico.
El estatuto tampoco tiene el respaldo legal de la Ley 2769 de Referéndum del 2004 promulgada por el ex Presidente Carlos Mesa, donde se establece claramente en el Art. 6 concerniente a la Iniciativa Popular en su inciso III que «en tanto no exista un gobierno departamental electo por voto popular el Referéndum Departamental será convocado por el Congreso Nacional por mayoría de votos de los presentes».
El viceministro de Justicia Wilfredo Chávez admitió que la Ley que interpreta artículo seis, parágrafo III, de la Ley Marco de Referéndum autonómico que fue promulgada por el Presidente Morales el sábado no es retroactiva, lo que quiere decir que no abarca a los procesos autonómicos de Santa Cruz y Beni, pero sí a los de Tarija y Pando.
El Estatuto Autonómico de Santa Cruz se sitúa a sí mismo por encima de la Constitución Política del Estado (Art. 1), y atribuye al gobierno departamental competencias exclusivas respecto del régimen electoral, administración de justicia (otorgándole supremacía a la Corte Departamental), educación en todos los niveles, regímenes laboral, de tierras, aguas, bosques, áreas protegidas, biodiversidad, biocombustibles y ordenamiento territorial. Todo esto atenta contra la unidad nacional.
El Estatuto pretende que las disposiciones del gobierno departamental tengan preferencia respecto de las nacionales, que pasarían a ser subsidiarias o supletorias, incluyendo la potestad tributaria. Pretende el control de las instituciones del Estado en el departamento, obligando a la designación de sus autoridades de ternas presentadas por la Asamblea Departamental. También se arroga definiciones de política internacional en contraposición con las competencias nacionales.
Además, reduce a los pueblos originarios a la condición de pueblos oriundos del departamento, contrariando las declaraciones de la OIT y de la ONU, negando toda posibilidad de autonomías indígenas.
El trasfondo ¿Qué motiva a los opositores a aventurarse en la construcción de republiquetas de facto con competencias que exceden en mucho a las atribuciones de estados federales? Sin duda, la autonomía regional es un ideal arraigado en la sociedad cruceña, pero una de las razones principales de esta nueva emergencia derechista es la necesidad de proteger extensas propiedades agrarias.
Buena parte de la elite boliviana tiene su razón de ser en la tenencia de grandes extensiones de tierra. Y la concentración de la tierra es más notoria en el departamento de Santa Cruz, el más extenso del país, y ahora centro político del movimiento autonómico nacional.
En el referéndum dirimidor del 4 de mayo -que marca el inicio de una nueva era en la reforma agraria, según el director Nacional de Tierras Cliver Rocha- se restringirá la propiedad individual de la tierra a un máximo de 5 mil o 10 mil hectáreas, una restricción que afecta directamente al pequeño grupo de latifundistas.
La consulta es de enorme trascendencia política porque marca una nueva etapa de la Reforma Agraria, como ocurrió en México o Chile el 70 y el 73 durante el gobierno de Allende; y como ocurrió en Perú y Ecuador del 68 al 75, procesos que fijaron topes a la tenencia de la tierra, explica Rocha.
Lo llamativo es que cuando el Estado intenta repartir las tierras de manera más equitativa, los grupos de poder del oriente del país reaccionan violando las más elementales reglas democráticas y armando de facto gobiernos regionales independientes del Estado.
Los planes separatistas promovidos por el gobierno de Estados Unidos no son una novedad en América Latina. En Venezuela, el ex embajador estadounidense William Brownfield abogó públicamente por la «república independiente de Zulia», fronteriza con Colombia y el mar Caribe. La estrategia del separatismo es una de las técnicas favoritas de Washington para mantener su dominación.
Intolerancia
Casi a diario la prensa informa de ataques, agresiones e intimidación a los disidentes en las regiones de la «media luna». Los atentados dinamiteros y golpizas a dirigentes sociales son el pan de cada día en Santa Cruz, donde fuerzas civiles de choque mantienen un virtual estado de terror. Algunos cívicos opinaron que es mejor que se vayan de Santa Cruz quienes no comulgan con las ideas de los empresarios autonomistas.
El viernes, campesinas y campesinos tarijeños que festejaban por la convocatoria a los referendos dirimidor y constitucional fueron expulsados de la Plaza Luis de Fuentes de Tarija por gente vinculada a la Prefectura.
Pese a la monumental campaña mediática, al régimen cruceño le cuesta cada vez más mantener su imagen de movimiento con base popular. A riesgo de caer en el subjetivismo, vale recordar algunos detalles de episodios recientes no siempre valorados.
Las dirigencias autonomistas de Santa Cruz no han podido superar ese cabildo histórico de 2005 que los catapultó como actores políticos importantes. Desde entonces, su capacidad de convocatoria callejera ha ido en descenso. El día que llamaron por primera vez a defender su aeropuerto tomado por los «indios» del MAS concentraron en el Cristo a 20 personas. Hicieron de noche el último cabildo para presentar sus estatutos al pueblo, y por tanto no hay imágenes aéreas.
La semana pasada, hasta los medios de información del régimen cruceño tuvieron que cubrir una manifestación de cientos de ciudadanos disidentes (algunos usaron los estatutos como papel higiénico), y los posteriores ataques de unas cuantas decenas de soldados de la Unión Juvenil Cruceñista.
La Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Federación Sindical de Colonizadores y otros gremios de la capital oriental advirtieron que no permitirán más las represiones físicas-psicológicas a los dirigentes y anunciaron que defenderán el referéndum de la nueva Constitución. Convocaron a un ampliado de emergencia para el 7 de marzo, en donde planificarían a una movilización departamental dentro de 45 días. El objetivo ya no es ir a La Paz o a Sucre sino concentrarse en Santa Cruz.