¡Hay días que duran un siglo y siglos que duran un día! K. Marx Una serie de hechos aparentemente «aislados» como la represión, masacre y desaparición forzada de estudiantes normalistas en el Municipio de Iguala, Guerrero; detenciones arbitrarias sin orden judicial de estudiantes y ciudadanos a propósito de las protestas por Ayotzinapa; la irrupción, […]
¡Hay días que duran un siglo y siglos que duran un día! K. Marx
Una serie de hechos aparentemente «aislados» como la represión, masacre y desaparición forzada de estudiantes normalistas en el Municipio de Iguala, Guerrero; detenciones arbitrarias sin orden judicial de estudiantes y ciudadanos a propósito de las protestas por Ayotzinapa; la irrupción, el 15 de noviembre, de agentes judiciales de la ciudad de México en la UNAM que tirotearon e hirieron a un estudiante y, ese mismo día, la detención de estudiantes de la Escuela Nacional de Música; la represión generalizada del #20NovMx por 10,000 granaderos donde fueron detenidos, golpeados y enviados a penales de alta seguridad algunos manifestantes, junto a miles y miles de personas que protestaban en la Plaza de la Constitución por los hechos de Iguala y que también fueron rociados con gas lacrimógeno por agentes policiacos del DF y del gobierno federal; y el más reciente hecho represivo del secuestro de un estudiante activista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, realizado por agentes judiciales vestidos de civil en las inmediaciones de la Ciudad Universitaria, con lujo de violencia y sin orden de detención alguna el 28 de noviembre, el mismo día en que se denunció la irrupción de soldados del ejército a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila en busca de profesores y estudiantes solidarios con los desaparecidos de Ayotzinapa.
Todos estos acontecimientos, no son fortuitos como pretende el gobierno y los medios de comunicación: por el contrario representan esencialmente una estrategia de Estado perfectamente pensada y diseñada tendiente a frenar el ascenso popular de masas no sólo frente a los acontecimientos de Ayotzinapa, sino contra el conjunto de las políticas y acciones del Estado engarzadas en las llamadas reformas estructurales de corte neoliberal que la administración peñanietista, en conjunción con los partidos políticos aliados a él: PAN-PRI y PRD -y con la implícita anuencia del partido Morena- han impuesto mediante el Pacto por México (PPM) a la sociedad en poco más de un año, y cuyos resultados ya comienzan a sentirse con las acciones represivas que estamos viviendo en estos dos últimos meses de este 2014 que se extingue fatigosa y velozmente.
Ante este desgarrador panorama de crisis política y social, y en un afán por «resolverla-evadirla», el 27 de noviembre, desde un Palacio Nacional férreamente custodiado por fuerzas federales, el presidente anunció, con la misma retórica y formato de los informes presidenciales o de los vejestorios discursos de campaña, una especie de decálogo retórico basado en diez acciones encaminado a «…mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en el país» y que enumeramos a continuación:
1. Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales que establece que el gobierno federal tome el control de la seguridad en los municipios «donde haya indicios» (¡sic!) de que la autoridad municipal está coludida con el crimen organizado.
2. Iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito.
3. Creación obligatoria de policías únicas estatales «confiables, profesionales y eficaces» que sustituyan a alrededor de «mil 800 policías municipales débiles», con prioridad en Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.
4. Crear un número nacional para emergencias, el 911 «…por ser el más reconocido a nivel mundial», a nivel nacional para pedir auxilio (¡sic!) en casos de urgencia (¡!)
5. Establecer la Clave Única de Identidad para «acceder más fácilmente a trámites y servicios gubernamentales, así como al sistema bancario y financiero.
6. Operativo Especial en la región de Tierra Caliente, donde «habrá un despliegue de fuerzas federales en municipios de Guerrero y Michoacán; así como respaldo de las fuerzas federales para los municipios que lo requieran, en los estados de Jalisco y Tamaulipas».
7. Justicia cotidiana (¡sic!) que «exige el ejidatario que pierde su tierra sin razón, el propietario a quien no le pagan la renta, el consumidor que no recibe el producto por el que pagó, o el ciudadano que fue víctima de un abuso de autoridad».
8. Acciones en materia de derechos humanos que facultan «al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada».
9. Combate a la corrupción.
10. Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Siete de estas medidas son de orden policíaco-represivo y las restantes formalmente de «justicia y seguridad». Las tres primeras anulan las policías municipales en todo el país y le confieren el mando único a los Estados, en una acción que concentra, aún más, el poder represivo en los gobernadores, muchos de ellos coludidos con el narcotráfico, como se ha verificado en México en los últimos años.
Con estas medidas el presidente, la burocracia política que representa y sus asesores ingenuamente creen que se va a resolver la profunda crisis estructural del país puesta al descubierto de manera brutal en una sola exhibición a raíz de los terribles acontecimientos de Tlatlaya, primero, y de Ayotzinapa, después, que condujeron, en esta última, a la muerte de seis personas (entre ellas tres estudiantes) y a la desaparición forzada de otros 43 estudiantes normalistas que hasta la fecha se desconoce su paradero.
Tampoco la violencia organizada y el narcotráfico son un flagelo que se deba atribuir a uno que otro individuo, como sugiere el dirigente nacional del PRI, César Camacho, al achacarle las causas de la violencia y del crimen organizado al ex-presidente Calderón (Proceso#1987, 29 de noviembre de 2014), el cual, indudablemente tiene responsabilidad de más al haberle declarado la guerra en su sexenio al crimen organizado. Más bien hay que subrayar que este problema es sistémico y estructural y todos son responsables, en alguna medida, porque interactúan como autoridades en cualquier nivel de gobierno (federal, estatal o municipal) y, por tanto, es una cuestión de Estado que éste no debe -ni puede- evadir como pretende hacerlo el presidente con su decálogo de acciones inoperantes.
Lo grave de esta situación, que encierra sordera, desdén, prepotencia y represión por parte del gobierno federal y de las autoridades, es que parte de una premisa completamente falsa: la de que el problema derivado de los acontecimientos ocurridos en Iguala era un asunto de carácter local y que prácticamente estaba «resuelto» por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y que, debido a ello, se tomarían dichas acciones enunciadas por el presidente el mismo día en que los medios de comunicación daban la noticia de la aparición de 11 ejecutados en una carretera de la localidad de Ayahualulco perteneciente al Municipio de Chilapa, en el Estado de Guerrero, así como el hallazgo de un hombre decapitado en Acapulco en ese mismo Estado un día después con claros signos de brutalidad y de tortura.
Estas diez acciones que pretende el presidente enviar al Congreso de la Unión para su aprobación por parte de una domesticada partidocracia en el Congreso de la Unión, no son nuevas y de hecho, en general, están contenidas en la Constitución Política del país y en sus leyes y procedimientos reglamentarios. Por lo que resultan sólo una quimera y una cortina de humo que pretende apaciguar las manifestaciones de descontento y la subida deono de las demandas y acciones por parte de sectores cada vez más politizados y radicalizados de la sociedad y del pueblo para exigir la renuncia del presidente por incompetencia, corrupción y ante la infructuosa acción gubernamental para explicitar las causas, indicar el destino de los 43 normalistas desaparecidos y ejercer justicia contra los responsables intelectuales y materiales que hasta ahora prácticamente permanecen en el anonimato.
Ante un auditorio repleto de gobernadores, senadores, diputados y representantes de los partidos políticos registrados, el anuncio presidencial pareció ser recibido como uno más de los que acostumbra escuchar la clase política en los actos oficiales a sabiendas de que su cumplimiento será una mera formalidad sin consecuencias ejecutivas concretas, ni mucho menos para quienes verdaderamente son los responsables de la crisis política, social y económica del país; justamente porque son quienes verdaderamente la han generado mediante la aprobación de las llamadas reformas estructurales de corte neoliberal que originalmente se implementaron a través del Pacto por México (PpM), que fue una alianza estratégica de los principales partidos políticos del país: PRI-PAN-PRD y de los representantes de las empresas privadas y transnacionales. De dicho Pacto, como se sabe, emanaron 11 reformas estructurales, entre las que sobresalen la educativa, la laboral, la de telecomunicaciones y la energética que privatiza el petróleo y la electricidad; todas ellas ahora reglamentadas en sendas leyes secundarias que concretan los intereses de clase del gran capital a quien van a favorecer.
El hecho relevante que resulta de la actual coyuntura es la extrema y gran cohesión de la coalición gobernante con la burguesía dependiente mexicana y las empresas transnacionales que actúan como un sólido bloque contra las acciones del pueblo y las exigencias y demandas de los padres de familia de los normalistas secuestrados-desaparecidos por el Estado.
A diferencia de otros países y experiencias de América Latina, este sólido bloque de poder es el fortificado dique de contención de las luchas populares y del proletariado que constituyen la mayoría de la población, respaldado por el poder de los medios de comunicación públicos y privados encaminados a introyectar en la opinión pública nacional e internacional la falsa idea de que el problema es de carácter local y ya ha quedado resuelto con la aprensión de algunos responsables de rango menor como policías, miembros de bandas narcotraficantes y, en el caso más relevante, del presidente municipal del Municipio de Iguala involucrado en los crímenes de lesa humanidad y en dichos grupos delictivos. Por lo que respecta al gobernador perredista «con licencia» y a otros personeros seguramente involucrados del Estado (fuerzas armadas, funcionarios de alto nivel, secretarios de Estado, etcétera) brilla por su ausencia toda investigación que esclarezca su participación e involucramiento en las desapariciones forzadas que suman decenas no sólo en el Estado de Guerrero, sino en otros de la República y, en especial, en los acontecimientos de Ayotzinapa que han sacudido la conciencia nacional e internacional con la total inmutabilidad de los representantes del poder.
Esta característica del bloque histórico conformado inmediatamente después del término de la revolución mexicana es el eje del corporativismo y del presidencialismo autoritarios que cubre prácticamente el período de los gobiernos de la dictadura perfecta (1940-2000) y de la imperfecta (2000-2014) incluyendo, por supuesto, a las dos administraciones panistas (2000-2012) donde evidentemente no hubo, ni transición a la democracia, ni institucionalización de un «sistema democrático», similar al de otras experiencias emanadas de las dictaduras militares como en el caso de algunos países del Cono Sur (Argentina o Brasil).
En México, más bien, el Estado autoritario constituye la pieza maestra de un sólido rompecabezas cuyas piezas se mantienen ensambladas a través de la represión, la persuasión enajenante de los medios de comunicación, las alianzas interclasistas e interpartidarias encementadas por la corrupción, la componenda, la impunidad y el tráfico de influencias. Elementos que, hasta ahora, han impedido que se abra una fisura que provoque, sí no una ruptura, al menos, una crisis en el sistema de dominación burgués en cuya cúspide figura el Estado y sus aparatos ideológicos y de contrainsurgencia. Es muy difícil ponderar si le inédita coyuntura histórica, social y política abierta por Ayotzinapa, junto con la conflictividad irradiada a los espacios sociopolíticos nacionales e internacionales, conducida hasta ese resultado, deseable, para facilitar la lucha del pueblo trabajador y de la sociedad en aras de resolver, tanto el problema inmediato de la aparición con vida de los 43 estudiantes, normalistas desaparecidos, como la de los miles de desaparecidos en todo el territorio nacional para, finalmente, aterrizar en los graves problemas estructurales responsables de la crisis económica del patrón de reproducción capitalista dependiente vigente, de la extendida pobreza y pobreza extrema, de los bajos salarios que percibe más del 60% de la población, así como tareas esenciales que conduzca a superar las relaciones capitalistas de producción y sus instituciones fundamentales hoy fuertemente comprometidas con los intereses estratégicos del imperialismo y de las grandes empresas trasnacionales.
No creemos que ya estén dadas las condiciones para asumir estas luchas necesarias, puesto que existen diferencias al interior del movimiento popular y de las distintas fuerzas políticas de la izquierda no parlamentaria y anticapitalista comprometida con la lucha de los padres de familia de los normalistas. Además de que existe el grave riesgo de que fuerzas oportunistas de carácter electoral, particularmente los autoproclamados «partidos de izquierda» que están comprometidos en las elecciones del próximo año, traten de montarse en el movimiento para llevar agua a sus carcomidos molinos electoreros con el fin de ganar posiciones de poder dentro del sistema político mexicano. Es esta una realidad congénita a este sistema que mantiene su condición fundamentalmente mediante la adhesión y cooptación al partido dominante mediante la corrupción, la compra de votos, los privilegios otorgados a los partidos registrados y a sus miembros y, finalmente, al hecho de que en el fondo comparten la ideología y los intereses del neoliberalismo que impulsa no solamente el gobierno, sino fundamentalmente, el Estado al cual deben su existencia y permanencia.
Por lo pronto consideramos que en la coyuntura actual es correcto que la conducción del movimiento inicialmente esté bajo las riendas y designios de los padres de familia de los normalistas desaparecidos y del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), que dio inició a la constitución de Consejos Municipales Populares (CMP) que buscan sustituir a las autoridades electas por un poder ciudadano como nuevas formas de gobierno, de manera similar a lo que ocurrió en los municipios autónomos zapatistas, de Chiapas, y en Cherán, de Michoacán. Esto, en la práctica, implica proclamar y llevar a buen término la desaparición de poderes, inicialmente, en el Estado de Guerrero, y sustituiros por otros nuevos bajo control popular.
Al respecto, el asesor jurídico de la normal de Ayotzinapa, Manuel Olivares, dio a conocer que junto con los padres de los 43 normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, se acordó pasar a otras acciones de lucha como cambiar la base del poder público en los ayuntamientos mediante el establecimiento de los Consejos Populares Municipales que reemplazarán a las autoridades «… que hoy no garantizan el derecho a la vida, a la integridad física, ni al patrimonio de las personas».
Estos Consejos tendrán tres ejes centrales de lucha y de acción: a) presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa; b) que se garantice que hechos como los de Iguala no vuelvan a ocurrir y, c), que se ejerza el poder desde las bases mismas de la comunidad y de las organizaciones sociales. El MPG informó que realiza asambleas constitutivas en los municipios de Acapulco, Tlapa de Comonfort, Tecuanapa y San Luis Zacatlán, así como en 40 de los 81 municipios tomados por el Movimiento.
Estas acciones emanadas de las propias comunidades en conflicto, inicialmente de las iniciativas de los padres de familia de los desaparecidos y del MPG, así como otras fuerzas sociales que se han ido incorporando a la lucha, pueden constituir el punto de partida para una organización a nivel nacional que, por vez primera desde la época de la Revolución Mexicana, ponga en jaque al poder constituido sustentado en el régimen político del presidencialismo corporativo despótico-autoritario.
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