Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete de ministros fueron acusados formalmente por genocidio –masacre sangrienta– de octubre de 2003, ante la Corte Suprema de Justicia, informó este miércoles el Fiscal General de la República, Mario Uribe. Los ex ministros acusados son José Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Joaquín Berindoague Alcocer, Yerko Andrés Kukoc Del Carpio, […]
Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete de ministros fueron acusados formalmente por genocidio –masacre sangrienta– de octubre de 2003, ante la Corte Suprema de Justicia, informó este miércoles el Fiscal General de la República, Mario Uribe.
Los ex ministros acusados son José Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Joaquín Berindoague Alcocer, Yerko Andrés Kukoc Del Carpio, Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic, Javier Torres Goitia Caballero, Guido Rodolfo Añez Moscoso y Hugo Arturo Carvajal Donoso. La imputación también recae sobre Jorge Ernesto Torres Obleas, Éric Reyes Villa Bacigalupi, Adalberto Kuajara Arandia y Dante Napoleón Pino Archondo.
Los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) acusados son Gral. Roberto Claros Flores, Gral. Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, Gral. Juan Veliz Herrera, Almte. Luís Alberto Aranda Granados y Gral. José Oswaldo Quiroga Mendoza.
A cuatro años de los hechos de octubre que dejó 68 muertos y más de 400 heridos, la acusación fue formalizada por delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio o sus dependencias. Además de vejaciones, torturas y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, estipuladas en el Código Penal.
Luego de que el Congreso autorizara el juicio de responsabilidades, el 14 de octubre de 2004, se afrontó una serie de obstáculos como la inexistencia de un procedimiento para llevar adelante el proceso, para lo cual el Poder Judicial emitió resoluciones y autos.
La segunda etapa fue la acumulación de diferentes procesos que se habían presentado en La Paz, abiertos por diferentes sectores que pedían justicia para los fallecidos, heridos, viudas y huérfanos de los caídos de la masacre de octubre de 2003.
Como tercera etapa se tomó declaraciones informativas de todos los presuntos involucrados y acusadores, para reconstruir los hechos luctuosos. En total se escucharon los testimonios de 2.500 personas. Asimismo, se recolectaron más de 10 mil documentos de prueba suficiente para respaldar la acusación del Ministerio Público, para convencer al Tribunal Supremo sobre la existencia de delitos como masacre sangrienta.
Entre otros obstáculos de este proceso está la negativa de los militares para coadyuvar con sus declaraciones que fue anulada por el levantamiento de Secreto Militar el año 2005. Otro escollo también fueron los incidentes planteados por varios imputados que fueron resueltos uno a uno por la Corte Suprema, dando siempre la razón al Ministerio Público, por haber cumplido estrictamente la ley. Se lamentó la falta de voluntad de tres imputados, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, que no apoyaron en las investigaciones por huir del país a Estados Unidos. Sobre ellos se inició un trámite de extradición.
El siguiente paso es la etapa de preparación de juicio, que dura entre 30 y 60 días, por la Sala Plena de la Corte Suprema que deberá notificar a las partes, las víctimas y los imputados. Ellos tienen el derecho de presentar su acusación particular. Una vez vencido el plazo, el máximo órgano de justicia en el país fijará fecha y hora para iniciar el juicio oral continuo, donde se presentarán las pruebas convenientes y finalizará con la sentencia como conclusión de este proceso.
Trabajadores, activistas defensores de los derechos humanos, familiares de los muertos y lisiados de la masacre de octubre abarrotaron este miércoles las calles de la sede de gobierno y demandaron en las puertas de la Embajada de Estados Unidos la expulsión de ese país de Sánchez de Lozada. Participaron dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las centrales obreras de El Alto y Oruro, junto a miembros del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades.
El hecho
El 20 de septiembre de 2003, fuerzas militares ingresaron a las localidades de Sorata y Warisata con el argumento de «liberar» a turistas retenidos en esa región. Encabezó el contingente el ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín. A consecuencia de la dura represión seis personas resultaron muertas, entre ellas la niña Marlene Rojas de sólo ocho años de edad, y un conscripto que, según versiones aún no confirmadas, se negó a disparar en contra de los comunarios. La movilización popular rápidamente se extendió a El Alto y La Paz, y luego a otras ciudades del interior del país.
La posición era clara: no a la venta de gas a Estados Unidos por un puerto chileno y la demanda de su industrialización en territorio boliviano, además de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.