La situación boliviana es caótica. Las posibilidades de aplicar soluciones a los problemas estructurales no se avizoran. El país está otra vez convulsionado por bloqueos de caminos, huelgas de hambre y movilizaciones populares y empresariales. El gobierno ha retrocedido en el incremento de los precios de los carburantes, lo que ocasionará la ira del FMI. […]
La situación boliviana es caótica. Las posibilidades de aplicar soluciones a los problemas estructurales no se avizoran. El país está otra vez convulsionado por bloqueos de caminos, huelgas de hambre y movilizaciones populares y empresariales. El gobierno ha retrocedido en el incremento de los precios de los carburantes, lo que ocasionará la ira del FMI. Dirigentes cívicos de Santa Cruz están decididos a convocar a un referéndum autonómico, con consecuencias impredescibles para la unidad nacional. Si la convocatoria a una Asamblea Constituyente se veía como tabla de salvación ante el naufragio, ahora se tienen grandes dudas sobre su viabilidad. El adelanto de elecciones presidenciales podría permitir un respiro, en medio de una disgregación de los partidos políticos, con excepción del Movimiento Al Socialismo (MAS), de Evo Morales, el que, sin embargo disminuyó su caudal de votos, del 21 al 18 % en las elecciones municipales del 2004, con relación a las presidenciales del 2002. Las últimas movilizaciones en la ciudad de El Alto obligaron a Mesa a romper un contrato con la empresa «Aguas del Illimani», de la transnacional Suez, en tanto la embajada de EEUU exige que la Cámara de Diputados ratifique el tratado de impunidad en favor de sus «marines», el ingreso de Bolivia al ALCA y la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que no toque los privilegios de las transnacionales.
Cuando el entonces Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) ingresó, en 1996, al directorio del Instituto de las Américas, que busca debilitar al máximo a los Estados nacionales de la región y aplicar a ultranza las políticas neoliberales, estaba acelerando la desintegración de Bolivia. GSL comparte ese directorio con representantes de la ENRON, British Petróleum, Shell, Marathon Oil, Maxus y otras joyas parecidas. GSL integra, asimismo, el directorio del «American Council», organizado por David Rockefeller, en el que participan delegados del Chase Manhatan Bank, la ENRON, el City Group y prominentes miembros de la oligarquía chilena. GSL, previendo un juicio de responsabilidades en su contra, ha transferido a «palos blancos» sus acciones en la Compañía Minera del Sur (COMSUR), socia del Banco Mundial, de la inglesa Rio Tinto Zinc, la canadiense Orvana Minerals Corp., y de la también inglesa Allien Deals. El estudio jurídico de COMSUR pasó al servicio de la ENRON cuando esta empresa llegó a Bolivia y el City Bank, que presta servicios a la COMSUR, guarda las acciones de las empresas estatales que progresivamente están pasando al capital foráneo.
El ex presidente inició su colosal fortuna y su descomunal poder político en 1961, cuando alquiló al Estado la mina «Porco», en el Departamento de Potosí, por la que debía pagar un alquiler mensual de 700 dólares mensuales. Al cabo de 18 años, había obtenido ingresos por 54 millones de dólares y logrado la condonación del miserable alquiler fijado en el contrato. Con los beneficios de esa y otras concesiones mineras financió, desde 1978, las campañas presidenciales del MNR y se volvió el hombre más influyente del líder histórico de su partido, Víctor Paz Estensoro. Una vez más se cumplía este adagio mexicano: «El que paga los mariachis elige la música». Financió también los congresos del MNR que lo eligieron candidato presidencial en 1989, 1993 y 2002. En el primero de ellos, contrato al estudio jurídico norteamericano «Sorensen» para que redactara los nuevos estatutos del partido. Así convirtió al MNR en sucursal de sus empresas mineras. En su primer gobierno, 1993-1997, desmanteló el Estado nacional, entregó la propiedad de los hidrocarburos a las petroleras en boca de pozo y aplastó la autoestima de los bolivianos.
Después de la rebelión popular que lo derrocó el 17 de octubre de 2003, al precio de casi 60 muertos y 500 heridos, su sucesor constitucional prometió cambiar de rumbo. No cumplió lo prometido. Al continuar la misma política económica y mantener, salvo escasas variantes, a los mismos colaboradores de GSL, los problemas quedaron intactos. El país dio una tregua a Mesa que duró quince meses, la que está llegando a su fin. El dilema es el mismo que el planteado el 17 de octubre de 2003. O el país cambia al «gonismo» y los «gonistas» o seguirá precipitándose por la desintegración y el caos, que buscan el Instituto de las Américas y el «American Council».