Las investigaciones llevadas a cabo sobre el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, y su posterior detención preventiva tratan de ser utilizadas por la oposición como un factor desmoralizante para aquellos que acompañan el proceso de cambio boliviano, sin embargo, toda lucha contra la corrupción termina siendo también una lucha contra […]
Las investigaciones llevadas a cabo sobre el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, y su posterior detención preventiva tratan de ser utilizadas por la oposición como un factor desmoralizante para aquellos que acompañan el proceso de cambio boliviano, sin embargo, toda lucha contra la corrupción termina siendo también una lucha contra las clases parasitarias del país. Lejos de probar cualquier debilidad en el Gobierno, las investigaciones por actos de corrupción sobre Ramírez son una amenaza de muerte para todos aquellos que han vivido a expensas de su pueblo hasta estos días, que son, en su gran mayoría, oligarcas y terratenientes.
Las declaraciones catastrofistas pronunciadas por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gastón Cornejo, de que la actual situación que envuelve a Ramírez es «una herida de muerte no sólo para el gobierno, sino para todos quienes lo acompañamos», no hacen más que brindarle falsas esperanzas a una oposición que hasta poco después del referendo Constitucional y dirimidor se encontraba asustada y derrotada y que encuentra en el caso Catler/ Uniservice un nuevo bastión de resistencia al cambio del país.
La herida de muerte en realidad la llevan los miembros de las clases dominantes del país que con la aprobación de la Ley de Lucha Contra la Corrupción «Marcelo Quiroga Santa Cruz», de carácter no prescriptible (ningún caso dejará de ser investigado por limite de tiempo), tendrán que demostrar ante el país la legitimidad de sus riquezas y caso contrario prepararse para la cárcel y la confiscación de sus bienes mal habidos.
Chitoimpune
Tal es el caso del ex prefecto de La Paz, Luís Alberto «Chito» Valle, quien es investigado por más de tres casos de corrupción cuyo costo para el país se calcula en 17 millones de dólares y que está a punto de quedar en la impunidad debido a que su caso se supone ya habría prescrito el pasado 8 de febrero. En caso de que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz sea aprobada y promulgada por el Congreso Nacional de la Republica el caso de «Chito» será investigado hasta conclusión debido a que cualquier daño económico al Estado es de carácter imprescriptible con la nueva constitución.
Así lo aclaró hace más de una semana el diputado oficialista Jorge Silva Trujillo cuando explicó que en la nueva Constitución, «se señala la imprescriptibilidad de los delitos que estén orientados a causar un daño económico al Estado…», refiriéndose a la indignante e inminente prescripción del caso de corrupción de «Chito».
Luís Alberto Valle fue prefecto de La Paz durante el gobierno del ex dictador Hugo Banzer Suárez, durante su administración se cometieron tres actos de corrupción con los que se ve directamente involucrado: el caso «Chitochatarra» en el cual el entonces prefecto habría vendido a precio de chatarra 16 vehículos del parque automotor de la Prefectura paceña, el caso del BANCO MINERO donde las dependencias de dicha institución fueron vendidas por un valor de 7 millones de dólares y el último donde se compraron sillas para la prefectura a la empresa de su concuñado con una serie de irregularidades en el pago.
La inminente prescripción de los delitos que se le imputan al ex prefecto de La Paz resultó lamentable para la entonces viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo quien afirmó que «lamentablemente es posible que este caso quede en la total impunidad debido fundamentalmente a una actitud demasiado permisiva de algunos ministros de Corte Suprema de Justicia».
Aprendamos de la historia
«El tercer hombre, (refiriéndose a Ramírez) hombre de confianza del presidente Evo Morales y del instrumento político de los movimientos sociales nos sale con la barbaridad como la que hemos apreciado» lamento dramáticamente Gastón Cornejo al señalar que la revolución democrática cultural también debía ser una revolución moral.
La detención de este «jerarca de Gobierno», como lo han llamado los medios de comunicación interesados en deslegitimar con este hecho al proceso de cambio, no significa nada más que la lucha contra la moral colonial, como llamó el presidente Evo Morales a la moral corrupta, es una lucha asumida por el pueblo boliviano.
Debemos recordar, una vez más, una de las valiosas lecciones que nos ha dado la revolución cubana, que en su lucha contra la corrupción también tuvo que enfrentarse a hechos similares que nunca pudieron desmoralizar al pueblo cubano ni mermar su capacidad combativa contra todo sistema injusto.
A mediados de la década de los 80 salió a la luz, de la boca del propio Fidel Castro, entonces presidente, un hecho de corrupción que involucraba a un funcionario con rango de ministro llamado Luís Orlando Domínguez, quien a pesar de gozar de un gran prestigio entre los cuadros formados por la revolución resultó culpable de los cargos por los que se lo imputaban y fue juzgado y sancionado.
Los actos de corrupción de Domínguez fueron reconocidos ante la opinión pública por el propio Fidel quien además admitió haber seleccionado a aquel hombre. Aquella franqueza con su pueblo no resultó jamás una debilidad de su Gobierno sino, al contrario, una muestra de honradez y transparencia que no hizo más que confirmar las razones por las que el pueblo cubano confiaba en su líder.
Los actos de corrupción por los que es investigado Santos Ramírez no son un argumento que deba darse a la oposición para que continúe tratando de deslegitimar este proceso y lo único que demuestran es la impostergable necesidad de poner en ejercicio, de una vez por todas, la Ley de Lucha Contra la Corrupción «Marcelo Quiroga Santa Cruz», que asegurará que casos como el de Chito Valle o el ex presidente de YPFB nunca sean olvidados por la justicia.