La premio Nobel de la Paz 1997 Jody Williams pidió hoy seguridad y derechos humanos para México, ya que tener al Ejército en las calles es muy peligroso; las y los mexicanos, dijo, deben tener y exigir ambas cosas, al tiempo que se comprometió a enviar una carta a Felipe Calderón para pedirle lo anterior. […]
La premio Nobel de la Paz 1997 Jody Williams pidió hoy seguridad y derechos humanos para México, ya que tener al Ejército en las calles es muy peligroso; las y los mexicanos, dijo, deben tener y exigir ambas cosas, al tiempo que se comprometió a enviar una carta a Felipe Calderón para pedirle lo anterior.
En conferencia de prensa realizada como parte de las acciones de la campaña nacional e internacional «Libertad y justicia para Atenco» celebrada esta mañana en San Salvador Atenco, donde mujeres integrantes de movimientos sociales de Atenco, Oaxaca, Guerrero, Guatemala y Ciudad Juárez expusieron ante la Nobel de la Paz la violencia de género que viven por defender sus derechos, la también presidenta de Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel (NWI por sus siglas en inglés) señaló que en la carta que enviará a Calderón también le exigirá la libertad de los 12 presos «de conciencia» que permanecen recluidos desde hace tres años en el penal de Molino de las Flores, en el Estado de México.
Al ser cuestionada por los medios sobre la militarización que actualmente se vive en México como parte de la «lucha contra el narcotráfico», Williams cuestionó ¿cómo puede un país aguantar un Ejército actuando en todo el país y esperar que se apliquen los derechos humanos?
Cuando el Ejército está en las calles se pueden observar secuestros y otras acciones que, en general, denotan la opresión de los derechos humanos; «el Ejército está haciendo lo que quiere en todo el país, cada día que pasa tienen más poder, lo que es algo muy peligroso», insistió la activista.
La violencia contra las mujeres
Como parte de jornada, se realizó un panel donde representantes de algunos movimientos sociales expusieron a Williams la violencia de género ejercida por parte de cuerpos policíacos y del Estado mexicano de la que han sido víctimas.
Martha Pérez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), acusó al gobierno federal y estatal de «arrebatarles las tierras», y las mujeres, dijo, por defenderlas, han vivido hostigamiento, represión, persecución y el estigma de ser «personas violentas».
Destacó la lucha de las mujeres de todas las edades, aunque eso ha significado poner en peligro su integridad física y psicológica y recordó los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, donde 26 mujeres fueron abusadas y violadas sexualmente por policías de los tres niveles de gobierno, sin que a la fecha haya sido encarcelado un solo responsable del operativo.
En su oportunidad, Martha Sánchez Néstor, de Guerrero, expuso a la Nobel de la Paz que «la impunidad crece con el cobijo del Estado mexicano» y le hizo un recuento de las mujeres indígenas que en su estado han sido violadas sexualmente por militares y que tampoco han obtenido justicia al no existir los medios jurídicos para ello.
Entre éstos, citó los casos de Delfina y Aurelia, tlapanecas violadas por militares en diciembre de 1997; el de Victoriana y Francisca, también violadas por soldados en la comunidad de Barrio Nuevo, en abril de 1999 y el de Valentina e Inés, violadas por militares en febrero y marzo de 2006, respectivamente.
Salvo estos dos últimos casos, que lograron llegar a la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, en los demás no hubo justicia, dijo Sánchez Néstor; sin embargo, resaltó el que las mujeres se hayan atrevido a denunciar, aunque por ello hayan sido hostigadas y perseguidas.
Otro caso emblemático de violencia contra las mujeres es el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, que desde 1993, cuando se documentaron los primeros casos, ha cobrado la vida de más de 470 mujeres y niñas.
Marilú Andrade, de la organización civil Nuestras Hijas de regreso a Casa, denunció ante Jody Willliams las amenazas de que en los últimos meses han sido objeto familiares y abogados de las víctimas por denunciar los asesinatos y desapariciones de mujeres.
Marilú Andrade, hermana de Lilia Alejandra, asesinada en 2001, denunció que la última amenaza la recibió hace una semana, cuando se encontraba en una reunión con el embajador de la ONU para los derechos humanos en México; la amenaza fue por correo electrónico y en mensaje celular, donde le pedían dejar de denunciar o iban a matar a su hija.
Por ello, ante Williams pidió al Estado mexicano garantías para la vida de las y los defensores de derechos humanos de las mujeres asesinadas en Juárez, así como de sus familiares y abogados.
Asimismo, hizo un llamado a nombre de la organización Nuestras Hijas de regreso a casa, a las autoridades correspondientes, para revisar el nombramiento del Procurador General de la República hecho ayer por Felipe Calderón, ya que, dijo, sus antecedentes en Chihuahua son fatales; él, dijo, negó la existencia del feminicidio en la entidad y fue señalado por las organizaciones como responsable por omisión, negligencia y abuso de autoridad, así como responsable de la impunidad en torno a los asesinatos de mujeres.
Patricia Ardón, activista de Guatemala, precisó que al igual que Ciudad Juárez, este país tiene el nada honroso primer lugar en feminicidios; tan sólo en 2008, dijo, más de 730 mujeres fueron asesinadas y en lo que va de este año la cifra ya es muy similar.
Señaló que el feminicidio y la violación a los derechos humanos de las mujeres se están incrementando y que los cuerpos de las mujeres continúan utilizándose como botín.
Los casos de Atenco, Ciudad Juárez, de las indígenas violadas por militares, entre las que también se recordó a Ernestina Ascencio y a las menores de edad de Nocupétaro, Michoacán, son emblemáticos, puntualizó Dolores González, de Servicios y asesoría para la paz (Serapaz), ya que son el fiel ejemplo de la violencia y represión ejercidas contra las mujeres por el Ejército en todo el territorio nacional.
En los casos de violación y tortura sexual, dijo González a Williams, los responsables se han escudado en el fuero militar y el gobierno está garantizando la impunidad para los soldados que están violando a las mujeres.
Por ello, la activista pidió «poner un alto a la militarización de las conciencias», ya que, dijo, no se puede permitir que estos actos empiecen a verse como «algo normal».
Atenta, Jody Williams escuchó todos y cada uno de los casos que le ofrecieron un panorama general de cómo se vive la violencia y represión contra las mujeres, por lo que se comprometió a enviar la carta a Felipe Calderón donde le pedirá, sostuvo, garantizar y respetar los derechos humanos, ya que criticó que hacia el exterior México tiene un buen discurso en la materia, pero no ha querido hacer nada para solucionar las cosas al interior.
La campaña nacional e internacional por la libertad y justicia para Atenco continuará de gira nacional e internacional por diversos estados de la República, donde artistas, académicos y otras personalidades están exigiendo la libertad inmediata de los presos políticos y el fin a la represión social.
http://www.cimacnoticias.com/site/09090807-La-impunidad-en-Mex.39276.0.html