El controvertido futuro de Internet se decidirá en la capital de Túnez en los días previos a la reunión de jefes de Estado y de gobierno, que se realizará del 16 al 18 de noviembre. Otras cuestiones también pendientes, como la redacción de documento político y las disposiciones para la aplicación y el seguimiento del […]
El controvertido futuro de Internet se decidirá en la capital de Túnez en los días previos a la reunión de jefes de Estado y de gobierno, que se realizará del 16 al 18 de noviembre.
Otras cuestiones también pendientes, como la redacción de documento político y las disposiciones para la aplicación y el seguimiento del plan acción aprobado en la primera fase de la cumbre, efectuada en Ginebra en 2003, se discutirán en las próximas semanas en esta misma ciudad suiza.
Lo que se presenta más incierto es el curso que seguirá el desarrollo de la cumbre en materia de derechos humanos, pues desde que se anunció la sede de las sesiones en Túnez, buena parte de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia han expresado prevenciones.
La última declaración de la sociedad civil estimó que no están reunidas las condiciones mínimas para la celebración de esa cumbre.
Steve Buckley, presidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), opinó que está en juego la credibilidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), responsable de todos los arreglos para el evento.
En igual posición se encuentra la comunidad internacional, que no debe legitimar prácticas y políticas contrarias a sus compromisos internacionales, insistió el activista.
La gran mayoría de los países industrializados se ha hecho eco de ese problema, como reflejó Canadá en la sesión de clausura del comité preparatorio de la cumbre, que sesionó del 19 al 30 de septiembre en Ginebra.
Las expresiones del representante de Ottawa fueron refrendadas por los 25 Estados miembros de la Unión Europea y también por los candidatos a formar parte de ese bloque, Rumania, Bulgaria, Croacia, y Serbia y Montenegro.
Otros adherentes fueron Suiza, Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, Mónaco, Australia y Estados Unidos.
La delegación canadiense se sintió obligada a efectuar la declaración a causa de «varios incidentes ocurridos durante este comité preparatorio». Esos episodios crean preocupaciones en torno a la naturaleza participativa que tendrá la cumbre, dijo.
Los firmantes reclamaron el respeto de la declaración de principios, aprobada en la primera etapa de la cumbre, que reafirma los derechos de libertad de opinión y de expresión, incluido el derecho a sostener opiniones sin interferencias y a divulgar información e ideas a por cualquier medio y a través de las fronteras.
«Esperamos que Túnez sostenga y promueva firmemente esos derechos», se advierte en la declaración.
El texto de las naciones industrializadas recuerda a Túnez que la cumbre prevé un papel importante e inclusivo para el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, las instituciones de producción de conocimiento y los medios editoriales independientes.
Aguardamos que Túnez haga todo lo que pueda para eliminar los motivos de preocupación y para asegurar que los preparativos de la cumbre tomen en cuenta y aseguren la participación sin impedimentos de las organizaciones no gubernamentales y de sus miembros, concluyó.
La representación de Túnez ha negado las acusaciones de abusos a los derechos humanos y sostiene que garantiza la participación de todas las entidades de la sociedad civil.
En respuesta a la declaración de Canadá, varios gobiernos expresaron su apoyo a la organización de la cumbre en manos de Túnez. Entre otros hablaron representantes del grupo africano, de Arabia Saudita, en nombre de los árabes, y de Cuba que, aclaró, no lo hacía en nombre de América Latina y el Caribe.
Los incidentes del último comité preparatorio, aludidos por la declaración de Canadá, habían sido expuestos por Comunica-ch, una coalición de organizaciones no gubernamentales suizas unidas por una plataforma común sobre la sociedad de la información.
Los copresidentes de Comunica-ch, Chantal Peyer y Wolf Ludwig, denunciaron al promediar las sesiones del comité el empeoramiento de las condiciones de trabajo para los grupos de la sociedad civil y de las reuniones, al extremo que ya no están más garantizadas las bases razonables para el debate.
La mayoría de las reuniones fueron invadidas y casi paralizadas por «observadores especiales» del gobierno tunecino, que no permitieron el desarrollo de discusiones temáticas, dijeron los activistas.
Peyer y Ludwig expusieron sus quejas al director de la secretaría ejecutiva de la cumbre, Charles Geiger, funcionario de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la entidad que organiza el proceso de Ginebra y Túnez, por mandato de la ONU.
En el mensaje a Geiger, mencionaron que un funcionario de esa misma secretaría ejecutiva había interrumpido una reunión que Comunica-ch realizaba con representantes de la sociedad civil independiente de Túnez.
El funcionario irrumpió en la sesión, se declaró miembro «de la policía de la ONU» y sostuvo que esa reunión era ilegal y que no tenían derecho a realizarla. El agente no era policía sino miembro de la secretaría de la cumbre, «responsable de relaciones con la sociedad civil», refirieron los activistas.
Peyer dijo a IPS que Geiger aún no ha respondido al mensaje enviado la semana pasada.
La interferencia omnipresente e indeseable de observadores y reporteros tunecinos oficiales o semioficiales no promueve un diálogo constructivo de la sociedad civil en los recintos de la ONU, sostuvo Comunica-ch.
Por su parte, Buckley advirtió de que, si no se verifica una mejora significativa en la situación de los derechos humanos en Túnez antes del 16 de noviembre, nos veremos en la necesidad de reconsiderar las modalidades y los niveles de participación en la cumbre.