La incógnita Ostreicher y el descontrol ¿de los mandos medios?

Ya no es el escándalo de  las separadoras de YPFB y la planta de úrea en Bulo Bulo, tras un accidente de tránsito hace seis meses. O  el de Santos Ramírez y Catler Uniservice- hace cuatro años con un cadáver desangrándose en una vereda de La Paz. O el de las 16 barcazas chinas, entre otros de los descubiertos en siete años de gobierno, casi todos por casualidad:

Se trata del – y sólo hasta ahora- mayor escándalo de corrupción en la era del Estado Plurinacional; estremecedor a ratos y patético en general, pero sobre  todo ignominioso por la forma como se han corroído ciertas estructuras del «proceso de cambio» y ha quedado apaleada, la «nueva institucionalidad» que  el régimen promueve en su intento de construir un nuevo Estado y desmontar el anterior. 

El desfile de hechos muestra, igualmente, en cuasi despilfarro, el enorme costo de las elecciones judiciales del año pasado (15 millones de dólares) para empoderar la «otra justicia», lo mismo que las crecientes asignaciones anuales al Órgano Judicial y el Ministerio Público; y cómo han sido ridiculizadas la altas autoridades supuestamente  desinformadas a lo largo de  meses y quizá años sobre la próspera  «industria» de la coacción y la coerción que una red mafiosa de abogados oficialistas articuló desde enclaves en los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, tribunales  y  oficinas de fiscales, todos coludidos en el más temible consorcio del crimen descubierto en mucho tiempo.

El también llamado «cártel» de los ministerios -que sumó a sus cerebros una larga lista de diligencieros e intermediarios, autores materiales e intelectuales, cómplices y encubridores (e «infiltrados» según dijo el presidente Evo Morales) algunos de los cuales, ya presos, van camino a la imputación y la acusación formal- resultó encabezado, hasta donde llegan las indagaciones, por el ex director de Régimen Interior, Boris Villegas, y el  ex apoderado gubernamental, Fernando Rivera Tardío, una especie de  prototipo de funcionarios avispados  que aterrizaron de lleno en el Ejecutivo a partir del  2007, en pleno ascenso de la administración actual pronta a ingresar a su octavo año.

En un desafío colosal para el ajuste de tuercas en el gobierno de los movimiento sociales, la expectativa por conocer al jefe superior o los cabecillas de la organización criminal  precipitó entre Navidad y Año Nuevo, el anunciado auto alejamiento del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien dijo que se quedaría sólo hasta el 22 de enero, y la puesta en cuerda floja de la ministra anticorrupción, Nardi Suxo [ausente ella en días claves al estallido del escándalo y enredada en algún desliz como el planteamiento de sancionar por cohecho pasivo a las víctimas de los extorsionadores, o el presunto reclamo por uno de ellos, el ex fiscal de Distrito en Santa Cruz, Isabelino Gómez: «Tiene que renunciar porque ella ha sido quien ha sostenido a Isabelino y Edward Mollinedo, porque me vino a reclamar por los dos», acusó el senador Félix Martínez, en otro ramaje de la historieta].

Los hechos muestran asimismo, aparte de la pasarela de comparecencias, entre otros personajes, de los ex ministros de Gobierno, Alfredo Rada, Wilfredo Chávez y Sacha Llorenti -actual embajador en NNUU para quien  los principales inculpados eran «personas responsables y abogados competentes»-, un ilógico pero comprensible desplazamiento de la cartera de Transparencia en las investigaciones liderizadas en principio por el ministro Romero y ahora por el Fiscal General, Ramiro Guerrero.

Es ostensible también que pese a diversos pedidos, representantes de organismos internacionales, la Defensoría del Pueblo o la Asamblea de Derechos Humanos,  no han sido incorporados a una comisión investigadora plural, no oficialista, que impida escurrirse la eventual responsabilidad de autoridades de mayor nivel, quedándose en el cedazo sólo funcionarios «medios».

Tan sólo esta última posibilidad, mencionada por el presidenta de Diputados, Rebeca Delgado, desató la susceptibilidad presidencial y le está costando el puesto a la jefa parlamentaria que quería «… saber las verdaderas responsabilidades y los verdaderos autores mediatos e inmediatos», tras colegir que «esos mandos medios» no actuaron solos».

Con lo que los recaderos de Palacio se desgarraron las vestiduras porque tal vez sin quererlo, Delgado apuntaba mucho más arriba: «al decir ‘esferas superiores’ parece que se refiere directamente al Presidente y al Vicepresidente (Álvaro García)», declaró un diputado oficioso después de una reunión palaciega. «¿…a mí me llaman corrupto?» habría preguntado el mandatario, según el mismo emisario.

«Yo no acepto que alguna gente diga que están ahí metidos Presidente, Vicepresidente, altas autoridades, que solamente no estarían en nivel intermedio sino tiene que ver a las autoridades principales», dijo tajante Morales el 29 de diciembre.

Tras el destape de las exacciones al millonario judío norteamericano Jabob Ostreicher durante 18 meses, desde junio del 2011, luego que con su socio suizo invirtiera literalmente como si nada 25 millones de dólares en la industria del arroz, suman más de 80 las denuncias de extorsión del grupo mafioso enclavado en la estructura oficial que el gobierno dice haber extirpado.

Las exacciones se dieron especialmente en Santa Cruz, a partir de la persecución a los involucrados en «terrorismo separatista» y sus financiadores, entre el 2008 y el 2009; luego el chantaje a dueños de casas de juego otra serie de extorsiones que comenzaban con la acusación de los temibles fiscales y seguían con presiones de los procuradores para negociar la libertad de los imputados o apoderarse de sus bienes incautados.

No terminan de aparecer, así, diferentes ciudadanos inculpados de delitos para medrar a costa de su indefensión, en un modus operandi y modus vivendi que se muerden la cola en el círculo vicioso de la coerción aplicada con premeditación, alevosía y ventaja, pero especialmente con  lesa impunidad a partir de los poderes plenos concedidos por el gobierno para la defensa de la seguridad interior y otros ligados a las hostilidades con la oposición.

Para el gobierno, semejante revés con el que cierra el septenio pese a otros logros, es algo más que simplemente «separar la paja del trigo», según el criterio que urge distinguir entre militantes del proceso de cambio y aquellos que sólo se sirven de él (como los miembros de la red, desportillando,  acaso, los esfuerzos del «núcleo» dirigente del Estado constituido, además de Suxo y Quintana, por el influyente abogado Héctor Arce, el Presidente y su Vice, justo cuando Morales remontaba al 55 % de respaldo popular)

El saldo es el remezón que lleva al amago de crisis política y la intensificación de la pugna interna, y en lo táctico a modificaciones en el Gabinete o al eventual cambio de los ministros cuestionados, rechazado sin embargo por el Presidente que los estima de «mucha confianza»  y sólo se desprendería de ellos por corrupción o enfermedad.
Sobresaltos que no se reducen sólo al accionar de los disidentes y «resentidos» o a los malabares de los «infiltrados» en su administración, a los que el Presidente fustiga tras revelar que también se informa y decide  al influjo de los mensajes por celular, en un caso que si no lo denunciaba su ministro Romero, iba a ser publicitado por una de las Embajadas por sus canales en los medios, tendida como estaba ya la alfombra roja con la visita de los congresistas norteamericanos y la fama de Sam Penn el galardonado de Hollywood al que el régimen nombró embajador para el acullico, la demanda marítima y otras «causas nobles»   

Sintomático: a casi un mes de que el Presidente inaugure su octavo año de gestión -con el terrible peso de no haber cumplido por ejemplo con las 600 propuestas en diez ejes con 70 proyectos de ley planteados en  la Cumbre Social de enero pasado en Cochabamba-, el diputado masista Franklin Garvizu dijo que habiendo fallado los «niveles de control interno» se  confía que el 22 de enero, Morales  sopese la permanencia de los ministros que han «manchado» al gobierno. Fue una excepción. La masa dejaba todo en manos de su líder. O el líder encaminaba a la masa:

 La primera semana de enero, Morales posiblemente cayó en cuenta del eventual palito que alguien parecía haber hecho pisar a la frondosa inteligencia estatal, y contrarrestó con una nueva arremetida contra la Embajada de EEUU en Bolivia por usar a Ostreicher en el supuesto de seguir conspirando por frenar el proceso de cambio y aún liquidar el juicio por terrorismo que está pendiente desde el 2008

«…quiero que sepa el pueblo boliviano y el mundo entero, la Embajada de Estados Unidos usando a su compatriota detenido, pensando que con eso van a enfrentar a la justicia, van a dignificar a la justicia, pero usando con fines netamente políticos», dijo Morales. El  ministro Quintana remachó, para quien quiera entenderlo sin mayores vueltas en caso de reponer embajadores:

«Es un atributo del Estado, decirle a un embajador y su Gobierno, sabe qué señor: como se ha pasado de la raya hemos tomado la decisión de que vuelva a su país a reconsiderar sus acciones y nosotros también reconsideraremos esta relación».

A sólo días de ingresar al octavo año de gobierno,  la probabilidad de modificar el Gabinete y el anuncio de resultados sobre la Cumbre Social del año pasado, un aire rancio pesaba en torno a los preparativos: por un lado el aroma de los relevos desahuciados y el aval a ministros cuestionados; por otro, el recuerdo de que si acaso hay cambio de ministros, pesa sobre todo la recomendación presidencial de «que no cambien a sus técnicos en la parte técnica y en la parte jurídica», para no desacelerar, se dice, el trabajo.

Menos acre era el gusto que respiraba la judicatura cruceña, al menos por estos días, luego que el alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, logró antes de la Navidad que sus acosadores de la red extorsionista que le exigían 50 mil dólares, fueran puestos tras las rejas.

 También el empresario cruceño Marcelo Urbach, detenido preventivamente 16 meses en el penal de San Pedro de La Paz, logró trocar en detención domiciliaria la prisión desde la cual fue uno de los 40 primeros en proclamar que resultó víctima de la mafia extorsionadora a la cabeza, presuntamente, de Boris Villegas y Fernando Rivera, en un caso de 36 millones de dólares.

Antes de hundirse en el silencio de su celda, Villegas había dicho que sus actos respondieron a instrucciones de sus  superiores directos: y ministros y viceministros:

«Tenemos el derecho y la obligación de saber de dónde venían las órdenes que él obedecía… en el caso del Sr. Villegas las órdenes puede que vinieran de un personaje al que expresamente no se quiere investigar, probablemente porque nos está representando nada menos que ante las Naciones Unidas», reparó Rafael Puente, crítico desde adentro del proceso-, en una historieta que llena páginas y páginas para el que quiera seguirla, pero que no ha llegado a tragedia, aún, a tragedia conocida.

LOS HECHOS, LOS PERSONAJES

Para enero del nuevo año llegaban a la docena los detenidos, tras el arresto del ex fiscal Roberto Achá y su esposa, la contadora Cori Balcázar, recaudadora de la   Organización de Abogados para el Cambio, según su página web; sindicada por el alcalde Cronenbold, y supuesta administradora no legal de tierras y bienes de Ostreicher en Guarayos, en la Amazonia norte cruceña.

Las detenciones se habían extendido al ex fiscal distrital Isabelino Gómez y los ex directivos regionales de  Dircabi  Moisés Aguilera y Miguel Alberto Gutiérrez y su ex  directora nacional, Lumia Acho Pinto, y estaba prófugo el  presidente de Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Mario Ariel Rocha.

El presidente Evo Morales supo hace cinco meses, en agosto pasado, del caso de Mario Cronenbold -una de las decenas víctimas de la red, entre ellos el alemán Dirk Schmidt, también ya liberado- por denuncia del propio alcalde de Warnes realizada en una reunión de munícipes realizada en el hotel Casablanca. «El Presidente me dijo ‘yo aguanté 17 años de juicios, presiones y aquí me tienes de Presidente, aguanta’, entonces yo aguanté», dijo Cronenbold el 4 de diciembre.
Cinco días antes, el 29 de noviembre, La Estrella del Oriente publicó una foto de Cori Balcázar con su marido en medio del ex presidente de Diputados Héctor Arce, consignando sospechas  de que la contadora estaba a cargo de las tierras incautadas por tener relaciones con autoridades de alto nivel. Balcázar figuró en el puesto 15 de postulantes al Consejo de la magistratura en las pasadas elecciones judiciales. El 6 de diciembre anunció un juicio a La Estrella, por difamación, arguyendo que las fotos del sitio oapec.blogspot.com devienen de un diplomado el 2010, aunque los gráficos parecen ser  apenas la última hoja de la copa del árbol.

 «Si esto han hecho con un norteamericano [Ostreicher] que está bajo la lupa diaria de su consulado, vaya uno a saber qué ha sucedido con otros individuos vinculados a actividades criminales, la extorsión se ha convertido acá en una industria», dijo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a horas de la detención, el 27 de noviembre pasado, de Fernando Rivera y Dennis Rodas, apoderados jurídicos del gobierno hasta antes de su caída.

Un día antes había sido aprehendido José Manuel Antezana, quien fungía como Director de Gestión Pública en el ministerio de Quintana, y había despertado sospechas  por recibir casi 10 mil dólares por la millonaria venta de arroz incautado al inversor judío.

Antezana resultó, además, concuñado de Héctor Arce (ex presidente de Diputados y principal colaborador del Presidente); un registro mostró que había sido consultor del Ministerio de la Presidencia desde julio de 2007 y funcionario de planta desde abril de 2008, nombrado, según Arce por el entonces viceministro Chávez.

Quintana reveló que probablemente cuando maduraba la red extorsiva el ministro de Gobierno era Sacha Llorenti. Pero la suspicacia parlamentaria pidió la comparecencia de Romero y Quintana para precisar quiénes contrataron a Rivera, Rodas y Antezana y cómo tras haber trabajado más de cinco años no fueron descubiertos.

PODERES AMPLIOS, SUFICIENTES

El ex viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, negó que los acusados de formar la organización criminal hubieran sido parte de su equipo. Se les dio instrucción, adujo, porque «trabajaban con poder del Ministro, con Rada, con Sacha, con Wilfredo, con Romero; ellos trabajaban sobre la base de un poder».

Reaparecido el 3 de diciembre el ex director de Régimen Interior Boris Villegas, ya famoso por su rol represivo en la masacre de Chaparina a los indígenas del TIPNIS el 2011, refiriendo que Antezana, el concuñado de Arce, y Rivera nunca dependieron de él.

«Nunca he sido Director General de Asuntos Jurídicos como se maneja… he sido jefe de Gestión Jurídica; y Rivera ha sido jefe de Análisis Jurídico, Denis Rodas ha sido Coordinador de la Dirección de Gestiones Jurídicas, vale decir que sobre nosotros había una cabeza que es el Director», agregó el sindicado  Villegas.

Nueve días después, fue arrestado y durmió en una celda policial paceña antes de ser trasladado al penal de alta seguridad de Palmasola, el más hacinado y peligroso del país.

En cambio, Rivera Tardío, que había sido detenido junto con sus socios en La Paz y trasladado a Santa Cruz de inmediato, gozó cuatro días de las celdas de la FELCC cruceña (y de llamadas a sus allegados para neutralizar los efectos del desbande), librándose un tanto de los riesgos en Palmasola por indulgencia de un juez que accedió a su ruego. Allí «nos van a matar», le dijo Rivera, pero ante el reclamo oficial, fue finalmente ingresado a Palmasola

DAGNER Y FERNANDO

El mismo 1° de diciembre la fiscalía cruceña había allanado un domicilio del condominio Paraíso donde extraoficialmente vivía una mujer vinculada con Rivera; testigos refirieron la introducción de un cerrajero y la incautación de documentos. Otros abogados dijeron que era allí donde se planeaban las extorsiones y se festejaban los éxitos.

Media hora después fueron trasladados a Palmasola Gustavo Dagner Céspedes el ex «asistente fiscal» que se hacía pasar por funcionario del Ministerio de Gobierno, así como Antezana y Ramiro Ordoñez, ex funcionario de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi-La Paz).

Particularmente Dagner Céspedes, que según reportes policiales relevados en Santa Cruz, era abogado de confianza de Rivera y Rodas, admitió ser pariente y asistente de un fiscal para en el proceso investigativo contra el alemán Dirk Schmidt (ex colaborador gubernamental, acusado después de alzamiento armado y preso desde el 2010, pero liberado en diciembre pasado).

En su confesión de fines de noviembre, Céspedes citó al vocal cruceño Zenón Rodríguez cuando ejercía como juez, a sus colegas Fernando Orellana, Wilson Arévalo y Eneas Gentile (a cargo de la libertad de Ostreicher) de recibir instructivas para cambiar fallos; citó al fiscal José Parra de haber permanecido en la sección antidrogas tras recibir favores de Rivera y Rodas («escuché decir a Rodas que alguien le ofreció 100.000 dólares por la libertad del gringo») y sostuvo que el ex fiscal Isabelino Gómez actuó con ambos en el cambio de fiscales y la  presión a jueces para dirigir los fallos. Dijo que al teniente René Navía, detenido por un caso de narcotráfico y con una fortuna de diez millones de dólares, le pidieron  60.000 dólares para no trasladarlo al penal de Chonchocoro, en el altiplano.

Con rasgos de código cifrado, en su comparecencia inicial en La Paz, Rivera Tardío se declaró inocente, pidiendo a Morales «que por intermedio de su investidura se convoque a la comisión (parlamentaria) de justicia plural… al Procurador General, a la Ministra de Justicia y Ministra de Transparencia para que hagan una evaluación procesal de todos y cada uno de los procesos en lo que ha sido parte el Ministerio de Gobierno por intermedio de nuestras personas».

El ex apoderado dijo que aunque «tenía suficiente tiempo para huir», no fugó porque esperaba comprobar su inocencia. Quedaban atrás los tiempos de la libertad y el temible ejercicio de su cargo .como en mayo pasado, cuando con Boris Villegas y Rodas  fueron hallados en La Paz cenando junto al ex fiscal anticorrupción Harry Suaznábar, en «un local de Sopocachi; dijeron que fue un encuentro casual», reveló el viceministro Jorge Pérez considerado el artífice del desbaratamiento de la banda y también el que sufrió sus embates y trampas.

Un mes antes, el 9 de abril, el Nuevo Herald de Miami, destacaba que el Ostreicher estaba preso hacía 10 meses «en una de las cárceles más revoltosas de Bolivia sin haber sido instruido de cargos… ante la impotencia de no poder hacer nada mientras observa cómo lo despojan de un negocio de producción de arroz en el que invirtió millones de dólares»

EN RED

En junio, la Embajada norteamericana ya estaba oficialmente enterada de las investigaciones iniciales, dijo Romero. En agosto, dos abogados defensores del inversionista declararon ante una comisión del Congreso estadounidense, junto con el agente jubilado del FBI, Steve Moore, que investigó el caso en Bolivia.

De acuerdo con el ex viceministro Torrico, fue en la gestión de Sacha Llorenti, cuando se consolida el «grupo de amigos».

«Ellos dependían directamente del Ministro… cuando yo llegué ellos tenían su oficina al lado del Viceministro, pero Sacha se los llevó a trabajar en el mismo piso de su despacho»; ostentaban, recordó a Erbol, el respaldo de Llorenti y su objetivo era alejar a Edgardo Vásquez (ex director de Régimen Interior) y a él mismo porque obstaculizaban sus fines.

«Todo se hizo para cerrar la rosca con Marcos Farfán… vuelve Farfán al viceministerio después de que organizó ese falso operativo que hasta hoy es una vergüenza jurídica, sobre sedición y alzamiento armado que le atribuyen a Dirk Schmith… los informes los hace Rivera junto con Villegas y Rodas: Lo involucran a Edgardo, me involucran a mí, y  Farfán vuelve a ocupar el lugar de Viceministro… Villegas empieza a ser director de Régimen Interior y Rivera se convierte en el Director Jurídico, ahí se cierra el círculo».

El ministro Romero, que junto a Suxo fue llamado a comparecer por el Fiscal Guerrero, reveló por su parte a La Prensa el 9 de diciembre: «me sorprendió ver que Villegas y su grupo comenzaron a investigar a todas la personas que traje al Ministerio».

«Creo que la primera víctima de este grupo fue el viceministro Jorge Pérez a quien intentaron vincularlo con actos ilegales»; agrego Romero, el ex ministro Chávez, había insistido que Villegas le habló de sus relaciones con otros ministros y la función que cumplían en los dos casos y su apoyo a la lucha anticorrupción.

LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD, INFILTRADA

Según el recuento de Torrico, una vez que se les dio el  poder legal para afrontar los casos con los adversarios del gobierno,  comenzaron a abusar al darse cuenta que jueces y fiscales «les obedecían, primero en los casos de [Eduardo] Rosza y [Leopoldo, el ex prefecto] Fernández y después en los patrocinados por el ministerio de Transparencia».

De acuerdo con otras versiones, la banda comenzó a integrarse cuando se decidió conformar en el Ministerio de Gobierno un grupo de abogados de «elite», dotados de plenos poderes para contrarrestar a los enemigos. Boris Villegas había ingresado el 2007 con la ex ministra Alicia Muñoz próxima a renunciar. Fernando Rivera, que venía de la Contraloría, fue contratado por el entrante ex ministro Alfredo Rada. En junio de ese año llegó Dennis Rodas, transitando desde el ministerio de la Presidencia.

Para abril del 2009, tras el acribillamiento de Rosza con la disolución de los separatistas en Santa Cruz y el encarcelamiento del ex prefecto pandino en La Paz, ya constituían el «escudo del Estado», como se habían autocalificado.

El ex viceministro Torrico reveló el 16 de diciembre que los entonces fiscal Suaznábar y  juez Carlos Guerrero, eran los que atendían «por mucha coincidencia» y casi siempre, los casos en que se involucraba la banda y nueve de cada diez procesos gestionados por la pareja Ribera-Rodas llegaban  de la dupla Suaznábar- Guerrero, eludiendo los sorteos de rigor. «Todos los casos del Ministerio recaían en Suaznábar, y para ir a las cautelares, que es la primera instancia de un proceso, recaían en manos del Juzgado Primero de Instrucción Cautelar, que es del doctor Carlos Guerrero»; si eventualmente derivaban en otros jueces, éstos eran recusados y volvían a Guerrero, dijo Torrico.

«Rivera casi siempre asistía a las audiencias de sus víctimas y presionaba para detenerlas hasta que cedían a las extorsiones», reportó la agencia norteamericana Associated Press. El y sus cómplices, extorsionaban a través de esbirros y casi siempre una mujer cobraba las coimas, agregó.

JACOB, EL AGENTE, LA COMUNIDAD JUDIA

Un informe de Steven  Moore, agente retirado del FBI el 2008, que investigó el asunto Ostreicher hasta donde se sabe por encargo de su familia, fue presentado en junio pasado a una comisión parlamentaria estadounidense debido a las presiones de la comunidad judía norteamericana que clamó por la libertad del inversionista en páginas de la web como «freejacobnow.com».

El reporte de investigación «La encarcelación de Jacob Ostreicher por el Gobierno de Bolivia» aparece en la internet, donde el caso es consignado, por ejemplo en 4.100 noticias contenidas en 39 páginas sólo de Google News  

Ya el 25 de agosto del 2011, a dos meses de su detención, la AP había reportado sobre el caso destacando lo que todavía el 2009 se presentaba como una «excelente inversión» en un país donde «la tierra era una ganga, la mano de obra barata», con el inversionista y sus socios suizos imaginándose que podrían, a distancia, «duplicar sus 25 millones dólares en menos de cinco años», según dijo el enviado especial Frank Bajak.

El agente Moore refirió por su parte que a fin de no perder ahorros  los Ostreicher sobrevivientes de la guerra mundial trasladaron sus activos a Suiza y aunque la mayor parte de la familia emigró a EEUU, los dejaron en manos de André Zolty, su «asesor fiscal» desde décadas en Ginebra.

«En 2008, la economía estaba en una profunda recesión y el negocio del Sr. Ostreicher estaba experimentando una reducción drástica. Al hablar con el Sr. Zolty acerca de esto, Jacob se enteró de que Zolty había empezado a invertir en una empresa de cultivo de arroz en Bolivia», agrega el reporte del cual la edición de IN incluye extractos.

Moore resume que Zolty, había contratado a un estudiante colombiana  de derecho, Claudia Liliana Rodríguez Espitia. «Ella había viajado a Suiza para obtener el título de abogado, y cada día llegaban a la escuela en un vehículo con chófer. No está claro si la idea para el cultivo de arroz en Bolivia se originó con Zolty o Rodríguez, pero en última instancia, Zolty reunió a un grupo de inversionistas y contrató a Rodríguez para ir a Bolivia y gestionar el esfuerzo debido a su competencia general, su familiaridad con la cultura y la capacidad de hablar el idioma. Se le dio poder y comenzaron a comprar tierras»

EL DESASTRE, LA REVISTA «VEJA»

Decidida la inversión de 25 millones de dólares, comenzó también la contratación de trabajadores y la deforestación ilegal de tierra adquirida. Ostreicher, dice Moore era todavía «inversor de menor importancia en el proyecto» pero en poco tiempo adquiriría el poder para representarlos, luego que Rodríguez no rindió cuentas de sus gastos, con 20 millones de dólares adelantados por los inversionistas…sin mayor previsión.

A un año de las dificultades Zolty pidió que Ostreicher viaje a Bolivia para aclarar la situación y a su llegada, en diciembre del 2010, dijo haber encontrado «un desastre», con tierras a nombre de Rodríguez, silos inconsistentes, reses sin comprar y  ella misma desaparecida, igual  que la mayor parte del dinero.

Siguiendo el informe de Moore, hacia fines de marzo del 2011 Ostreicher pidió recompensa por el paradero de la colombiana, que a su vez había sido involucrada en pesquisas policiales desde el 29 de diciembre del 2010 cuando agentes antidroga  capturaron al brasileño Maximiliano Dorado Muñoz Filho, un narcotraficante que extraditado a Brasil, estableciendo transacciones comerciales con Liliana Rodríguez.

A la hora de mandarla a Palmasola (en julio del 2011) la  fiscal Jeanette Velarde (hoy detenida en Palmasola bajo acusación de integrar la red de extorsionadores) dijo que a «la colombiana»  se le habían incautado a 15 inmuebles (nueve rurales),  tres empresas agrícolas a su nombre y se pidió la anotación de 21vehículos livianos, pesados y maquinaria agrícola.

Destacaba entre las gestiones de Rodríguez el 2010 la compra de unas tierras en Guarayos, en una confusa transacción que  andando los meses involucraría a Ostreicher con «Ozzie» Dorado Muñoz Filho, actualmente prófugo y hermano de Maximiliano, con quien según Moore, la colombiana mantuvo romance. Según la fuerza antidroga, los Dorado Muñoz Filho son de madre beniana y padre brasileño, tienen  doble nacionalidad.

Coincidencia, azar, fortuna o previsión, tras su extradición por Guajaramirim, «Max» protagonizaría en julio pasado, hace cinco meses un reportaje de la revista «Veja», como el narcotraficante que el 18 de noviembre del 2010 recibió en su residencia de Santa Cruz al entonces director de ADEMAF y su directora departamental en el Beni, Juan Ramón Quintana y Jessica Jordan.

«Quintana y Jéssica entraron en la casa de Max con las manos vacías y salieron 20 minutos después con dos maletines», consignó el reportaje, desmentido e  impugnado por el gobierno y la pareja de altos  funcionarios que advirtieron con enjuiciar a la publicación. Veja dijo haber tenido acceso a informes producidos por una unidad de inteligencia de la Policía boliviana, que habría revelado entre otros hechos, la mencionada conexión directa.

Hace tres meses, en septiembre, cayó también en Santa Cruz Aníbal Ezequiel Dorado (26, piloto), acusado junto al prófugo Ozzie de enviar cocaína al Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más grande de la región, con base en Sao Paulo y Río de Janeiro.

Pero entre marzo y mayo del 2011, la situación de Ostreicher se agravó con los allanamientos a su nueva empresa «Coliagro», y aun cuando alcanzó a informar de sus preocupación a su Embajada en La Paz -sin despertar mucho la atención de sus diplomáticos, según relata Moore- e incluso a viajar a Nueva York, presuntamente para la fiesta de Pentecostés, una de las tres mayores del calendario judío.

INCOGNITAS Y CERTIDUMBRES

No obstante, al comienzo de sus actividades en Bolivia, Ostreicher contrató por seis meses la defensa legal del abogado y ex jefe policial, coronel Edgar Andrade, quien dijo haberle gestionado documentación de sus empresas para ordenarla aunque las relaciones «se fueron deteriorando porque Jacob no seguía los consejos legales que le recomendaba para avanzar en la demanda contra la colombiana», relata un reporte de El Deber.

 «Era amigo de Osi Dorado y de Maximiliano Dorado. Yo le recomendaba que no era bueno esa amistad, porque podría causarle problemas», dijo el coronel Andrade, quien agregó que concluyó sus servicios cuando supo que su cliente judío contrató a otros abogados que defendían a los hermanos Dorado. Precisó que su trabajo no incluyó seguridad, porque ya se había retirado de la Policía y que su cliente no le pagó el total de sus honorarios, acordados del uno por ciento de los 26 millones de dólares, aunque otras fuentes señalan que cobró más de 110 mil dólares.

Intrigante o no, el 11 de junio tras una de las decenas de audiencias suspendidas para considerar la libertad de Ostreicher el entonces todopoderoso asesor Fernando Rivera, «preguntó con qué fin el ciudadano norteamericano contrajo matrimonio con la empleada de su socia, Rodríguez, si Ostreicher tiene un matrimonio formal en EEUU, con Miriam Ungar», según consignó El Día el 12 de junio pasado.

A su retorno del Pentecostés en Nueva York, y luego de sus declaraciones del 31 de julio de ese año, el inversor judío fue remitido a Palmasola, hasta que casi 19 meses después, 565 días en total, recobró su libertad, condicional, una semana ante de la Navidad 2012.

¿MENSAJES CIFRADOS?

En medio de las revelaciones y detenciones que desde el 27 de noviembre pasado conmueven al país en el mayor escándalo del corrupción, no tanto por la danza de millones en juego sino por el gran  alcance intimidante de la mafia de abogados oficialistas fiscales y jueces, el ya «tristemente célebre» ex director de Régimen Interior, Boris Villegas aseguró en sus declaraciones del 13 de diciembre que sólo cumplía las instrucciones de ministros y viceministros.

 «Han sido casos de tema de seguridad de Estado y quienes tienen que dar la cara por esos casos de seguridad de Estado tienen que ser mis superiores, lo que si se tiene que averiguar y se tiene que convocar a las personas para que respondan por los casos de seguridad de Estado en los cuales yo he estado involucrado, pero yo no puedo hacerlo, tienen que hacerlo las personas; ministros y viceministros que vengan a decir que es lo que han indicado en esos casos», afirmó Villegas.

Un día antes de la liberación de Ostreicher, el ex viceministro Torrico descartó que Sacha Llorenti forme parte de la banda y sea corrupto. Nadie sin embargo, se preguntó acerca de las previsiones que una inversión de 25 millones de dólares debía tener en cuenta. Al parecer los inversionistas estaban más interesados en que el dinero pasara por el Banco Central certificando la legalidad de sus envíos, que asegurarse de que se ejecutaba en el proyecto arrocero o se arriesgaba, pese a las advertencias, en contacto con los Dorado Muñoz Filho.  «No estoy involucrando a los ministros sino a los mandos medios, a tipos abusivos que se están farreando un proceso que comenzó con la lucha contra las dictaduras hasta llegar a este proceso de cambio», dijo Torrico

El ex director de Régimen Penitenciario, Wilson Soria denunció también que uno de los asesores presos del ex ministro Llorenti le pidió «inventar pruebas» contra  Schmidt. «Hay que seguir preguntando a los mandos superiores de esos mandos medios… porque está en juego el proceso de cambio como tal, y la sociedad civil, que es también parte de él, no puede quedarse mirando», observó Rafael Puente.

(Actualizado con base en el reportaje de la Revista IN, N°30 http://360.com.bo/DigitalIN/in30/)
 
 

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