Se hacen fuertes en el impasse de Moncloa y juegan a todas las manos: ya han soltado los ‘sables’ de los de los cortes a los usuarios de internet tras las huellas del modelo galo de la Ley Hadopi. La industria de contenidos y las gestoras de derechos se conforman por ahora con que se […]
Se hacen fuertes en el impasse de Moncloa y juegan a todas las manos: ya han soltado los ‘sables’ de los de los cortes a los usuarios de internet tras las huellas del modelo galo de la Ley Hadopi. La industria de contenidos y las gestoras de derechos se conforman por ahora con que se consume el modelo ‘antipirata’ esbozado en la Ley de Economía Sostenible y con pedir al Ministerio de Industria que les haga de oficio el trabajo sucio de ‘perseguir’ a 200 páginas web a las que consideran responsables del 70% de las descargas ‘ilegales’ en España y de beneficios de más de 300 millones de euros. Pero no pueden evitar, por si acaso, hacerle sitio ya a una ‘cuarta vía’, la última de sus esperanzas, más allá de la macroweb de contenidos propios a la que no acaban de meterle prisas. Con o sin ‘tijeretazo’ en la regulación que la Comisión Interministerial para regular los contenidos de Internet presente después de la polémica de la disposición final de la LES, la Coalición de Creadores y las organizaciones de defensa de los derechos de autor no renuncian a hacer realidad de este lado de los Pirineos una bitácora ‘antipirata’ gemela de la del Reino Unido. ETNO -la Organización Europea de Operadores de Telecomunicaciones- ha reactivado su propuesta de dejar atrás las tarifas planas de internet y comenzar a cobrar la banda ancha en función del volumen de las descargas. Una opción que le ha abierto de nuevo los ojos a la Industria de Contenidos de la UE. La española no iba a ser menos.
El canon a la banda ancha era- decía entonces la SGAE- la fórmula para ‘bendecir’ y legalizar todos los contenidos por la puerta del cobro. Y lo dejó caer. Pero hoy las grietas del pragmatismo dividen sus filas, ahora que la Coalición de Creadores sabe que el cierre o el bloqueo de webs topa con las líneas rojas de la tecnología y las reticencias de los hostings y las operadoras. Y que aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de las 200 webs de su ‘lista negra’, eso no mejoraría el mapa de sus ingresos. Por eso, itentarán, primero, hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año. Discrepan, pero sacan del ‘horno’ el debate sobre el canon al adsl. Lo ha hecho en público, de manera formal, DAMA (la Asociación de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), con una opción que no estaba en principio en el ‘menú’ digital de los Ministerios de Cultura y de Industria para regular los contenidos de internet y que no es del agrado de la CMT, que este trimestre rebajó el precio del adsl indirecto un 20% para que las operadoras lo trasladaran al precio final al consumidor.
Zapatero no sabe cómo resolver la ‘ecuación’ de las descargas ni ‘sacar la pata’ de la ministra Sinde con la regulación de los contenidos de internet de la Ley de Economía Sostenible. No lo intentará por ahora, a pesar de la que la Comisión Interministerial de Internet debía haber tenido listo sobre la mesa del Gabinete de Presidencia un informe final y un plan tentativo de reformas legislativas antes de fin de año. Promuscae, la patronal de la industria discográfica, se lo piensa y destapa el debate desde su sillón entre las 24 organizaciones escogidas por Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados para presentar sus sugerencias en dos sesiones parlamentarias a finales de enero y febrero. Juran tener a mano la ‘cuadratura’ del círculo, «el punto de equilibrio entre retribución razonable para los autores y libertad de acceso y uso privado de una herramienta disponible para los internautas».
La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos -que agrupa a asociaciones como SGAE o Promusicae suma y sigue en su bitácora para un mar en el que hasta ahora la industria de contenidos española rema ‘a dos manos’,convencidos de que, en palabras de Enrique Urbizu, Presidente de DAMA, «la gente se acostumbra a infravalorar el bien cultural» y «lo gratis se devalúa». Tratan de buscar la ‘ocasión’ en la propuesta de cobro por consumo de velocidad de descarga del adsl que las telecos -que siguen repudiando los cortes y el castigo a los usuarios y abogan por nuevas macrowebs de contenidos comerciales- empiezan a sopesar. Desempolvan la propuesta que el Reino Unido abandera desde enero: un canon, que se aplicará a las conexiones de banda ancha y que en el modelo original inglés podría ascender a 20 libras anuales (21,8 euros) y estaría gestionado por la agencia de telecomunicaciones, que lo cobraría directamente a los operadores de telefonía. Hacen suya la vieja reclamación de la SGAE de imponer el canon a las conexiones a internet, que en su momento abogaba por un impuesto a los accesos de banda ancha para crear un fondo con el que subvencionar la producción nacional y que lo dejó caer para no ‘legitimar’ a todo tipo de descargas.
A CONTRAPIÉ DE LAS TELECOS
El cierre o el bloqueo de webs topa con las líneas rojas de la tecnología, pero a la vista de que Sebastián y Zapatero sueltan -o al menos aparcan- la posibilidad de cortes a los usuarios, las asociaciones de derechos de la propiedad y la industria buscan la caja de las telecos, con la mano tendida a algún tipo de canon -fijo o progresivo- que grave las conexiones a internet. Miran más allá de los Pirineos, a los países que en los últimos meses han estrenado iniciativas para gravar al sector tecnológico: en Argentina, desde noviembre, hay una nueva legislación que grava con una tasa de hasta el 35% a los productos tecnológicos y de electrónica de consumo y duplica el IVA del 10,5% al 21% a un listado de dispositivos electrónicos que no se hayan fabricado o ensamblado en el país, pero sobre todo, suma un nuevo impuesto del 3% sobre el precio de las telecomunicaciones, para empezar las conexiones a Internet.
Pero ni la Coalición de Creadores ni el conjunto de la industria de contenidos española olvida que fue un movimiento ciudadano, impulsado a través de la red de microblogging Twitter, el que convenció a algunos políticos argentinos de que agrandaría la brecha digital y fomentaría de un mercado negro paralelo. Y rebajó sus aspiraciones. Nada diferente al precedente mexicano, donde el gravamen del 3% sobre las conexiones a la red también ha visto la luz, pero con condiciones: sólo se aplicará a los contratos que no tengan el servicio de Internet por separado.
No hay calendario, ni comisión de trabajo formal, nada que permita a la industria de contenidos certificar que han conseguido devolver a la mesa de las negociaciones por las descargas a las grandes operadoras de telefonía, pero no será por ganas. Se varán las caras entre los La Coalición de Creadores de Contenidos tiene prisa ahora que la Comisión Interministerial ultima la nueva regulación para «combatir las descargas no autorizadas en Internet» y ponerle coto a los intercambios de archivos. La industria de contenidos quiere sitio para las telecos en su ‘barco antipirata’. Las necesita. Serán el brazo ejecutor de la penalización -sea o no judicial- si pasa por cortes o frenazos al adsl, por más que Redtel -la asociación de Telefónica, Orange, Vodafone y Ono- sostenga el mismo rechazo que el primer día a la criminalización a los usuarios y las restricciones del servicio de internet.
Busca una posición común, sabe que no será la de los cortes administrativos a los usuarios, cara y desagradable para las telecos. Pero ya no le importa tanto: la Coalición ha renunciado a la vía francesa y centra sus esfuerzos durante los próximos meses en la persecución a las 200 webs más dinámicas en el P2P ‘ilegal’. Quiere que el Ministerio de Industria le haga el ‘trabajo sucio’ con denuncias de oficio. Nada nuevo a lo que hasta ahora las telecos agrupadas en Redtel no le hayan dado ya la espalda. No quieren ser ni los jueces ni siquiera los brazos ejecutores de un proceso técnicamente complejo y costoso para las operadoras: lo sabe O2, que en Reino Unido ha tenido que comenzar a ralentizar la velocidad del P2P entre las 20 y 23 horas gracias a la instalación de un hardware capaz de clasificar los paquetes IP.
Pero a menos de un mes de que Industria cierre la ventanilla de las sugerencias para la regulación de las descargas y el intercambio de archivos en internet, no hay mesa de diálogo. Las telecos no acatarán más que órdenes, si es que llegan de un juez o una nueva autoridad. Para la agrupación de las principales operadoras de telecomunicaciones, cualquier intento de solución que se limite a penalizar «será un fracaso», la demostración de que ante «ciudadanos que demandan cada vez más contenidos culturales a través de nuevos canales, la industria cultural se niega a canalizar su oferta a través de Internet de forma legal y con ofertas atractivas». Sólo están dispuestos a recibir instrucciones. «Como el caso de las escuchas telefónicas. Si un juez dictamina que se debe hacer una escucha, las operadoras corremos con todos los gastos y ponemos las inversiones necesarias para ello, pero nunca decidimos cuándo una línea debe ser intervenida», explicaba en ABC Francisco Román, que antes del ‘affaire Sinde’ por primera vez se desmarcaba de las huellas del sector y reconocía que estaría dispuesto a aceptar -al uso británico- una autoridad independiente -no judicial- que regulara las descargas.
Desde el primer día de sus desencuentros con la Coalición, Redtel pide contenidos atractivos a precios competitivos para frenar las descargas, un marco de colaboración entre los creadores de contenidos y los operadores de telecomunicaciones y campañas publicitarias de concienciación sobre el «respeto a la propiedad intelectual. Por eso los creadores y la industria de contenidos les tienden la mano de la tercera vía -la comercialización de contenidos digitales-. Sabe que a la vista de Pixbox y del proyecto de Telefónica para digitalizar la Biblioteca Nacional, ellas ya han conseguido despejar el acceso a esa opción. Pero sobre todo y busca sitio, de su mano, en una compensación como la que ya ha despejado Gran Bretaña: su cuota en un canon a la banda ancha, que si no es general, al menos llegue en función del volumen de descargas, ahora que las operadoras europeas barajan su cobro progresivo.
A pesar del descenso de uso del P2P- a favor del streaming y otras alternativas- y de que el 10% de los usuarios consumen el 60% del tráfico de la red de un ISP, el posible pago por volumen de datos representaría una excelente noticia para las sociedades de gestión de derechos de autor que podrían recibir un porcentaje. Les sabe a poco el canon por copia privada que grava en España a determinados productos electrónicos y soportes físicos, en función de su capacidad para albergar obra protegida por los derechos de autor. Las entidades de gestión recaudan un gravamen que no distingue, en lo que se refiere a ciertos productos como CD, DVD o discos duros, entre un uso como material de ocio y otros usos de carácter profesional en los que no hay motivos para albergar obras con derechos.
La ‘solución’ del canon digital tiene más de un valedor en Moncloa y en el Ministerio de Industria y la Setsi, más de un técnico coincide con la Coalición en que podría ser la cuadratura de todos los círculos: si no hay cortes, ni disminución de velocidad, no agrediría a la neutralidad de la red que España quiere abanderar como la que más en la UE, ahora que se ha convertido en parte del paquete telecom y la estrategia de Lisboa para la Unión. Pero Industria no quiere echarle más manchas al segundo adsl más caro de la UE, ni agitar las aguas del sector de internet, que -ahora que la batalla de las descargas ha calmado momentáneamente sus lanzas- le recuerda que ya es uno de los mercados con uno de los índices más bajos de penetración de banda ancha de los Veintisiete. Menos aún justo ahora que, a pesar de sus lagunas, las críticas de la CMT a la banda ancha española -a contrapié de los informes de la Setsi- reviven los desencuentros con la UE.
Cuanto la Comisaria Kroes asuma en enero las riendas del sector TIC, en menos de un mes, se encontrará, sobre su mesa, la guerra abierta entre Ros y la CMT, que acaba de sonrojar a España con el cuarto informe de precios de banda ancha y la ‘denuncia’ de que el adsl nacional es un 19% y un 70% más caro que el precio medio que ofrecen los operadores dominantes en el resto de países europeos. Un estudio externalizado -a la fuerza ahorcan para la CMT- cuestionado por las operadoras y la propia Setsi, porque tiene en cuenta las mejores ofertas en cada uno de los 27 países de la UE dentro del segmento residencial y los precios, ajustados al poder adquisitivo de cada país, no incluyen IVA, ni promociones o descuentos. Pero que sintoniza con las denuncias de la Asociación de Internautas: que enarbola sus cifras: el segundo ADSL más caro de la Zona Euro y el tercero de la UE. De acuerdo con el informe sobre precios de Banda Ancha del regulador de telecomunicaciones, en España la modalidad más demandada (el paquete de voz y datos con velocidades de entre 2 y 10 megas), es un 6,3% más cara que la media de las mejores ofertas de la Unión Europea. No olvidan que los hogares españoles que no disfrutan de conexión a Internet o de banda ancha alegan sobre todo «razones económicas», según el último informe de la Sociedad de la Información de la Fundación Telefónica.
EL ‘VIAJE A NINGUNA PARTE’
Moncloa no ha sentado a su mesa a los internautas, ni ha esperado por un pacto con las operadoras de telefonía. Ni por las sugerencias -contenidos alternativos y campañas educativas- que Redtel puso siempre sobre la mesa de las negociaciones con Industria y que las telecos estaban dispuestas a ayudar a ejecutar. Para detectar las web que vulneren la ley, podrá solicitar a las compañías de acceso a Internet (Telefónica, Jazztel, Vodafone, Orange y operadores de cable) los datos que considere oportuno para su identificación y estas operadoras estarán obligadas a ofrecérselos. Nada nuevo a lo que hasta ahora las telecos agrupadas en Redtel no le hayan dado ya la espalda. No quieren ser ni los jueces ni siquiera los brazos ejecutores de un proceso técnicamente complejo y costoso para las operadoras: lo sabe O2, que en Reino Unido ha tenido que comenzar a ralentizar la velocidad del P2P entre las 20 y 23 horas gracias a la instalación de un hardware capaz de clasificar los paquetes IP. Desde el primer día de sus desencuentros con la Coalición, Redtel pide contenidos atractivos a precios competitivos para frenar las descargas, un marco de colaboración entre los creadores de contenidos y los operadores de telecomunicaciones y campañas publicitarias de concienciación sobre el «respeto a la propiedad intelectual.
Si el paquete ‘antipiratería de la disposición final de la LES acaba por cristalizar, las firmas de hospedaje web se verán en una encrucijada. El sector ya ha levantado la voz. El texto obliga a los prestadores de servicios, ya sean telecos o proveedores, a «facilitar los datos de que dispongan», cientos de datos sensibles para sus clientes, además de que el caudal de páginas que tendrían que cerrar crecería exponencialmente sin compensación económica. Los alojadores tendrían que cortar el servicio si la Comisión (o el juez, como hasta ahora) lo deciden. Pero si el servidor no está bajo jurisdicción española -al menos el 30% de las webs incluidas en la ‘lista negra’ de la Coalición de Creadores- se recurriría a las operadoras para que bloquearan el acceso a la web -mediante el enrutado o a través de la resolución DNS-.
Según explican los responsables de CDmon y Arsys a Bandaancha.eu, puede ser «una chapuza desde el punto de vista técnico y una barrera fácilmente salvable por los que infringen la ley». En el caso de bloquear una IP, se dejaría fuera de servicio a todas las webs que la compartan. Y en el caso de las empresas proveedoras de ADSL deberán instalar filtros intermedios que podrían llegar afectar el rendimiento de la red en sus clientes. Las compañías de hosting se preguntan además que ocurrirá cuando el juez no respalde la decisión de la Comisión y el cliente desconectado exija responsabilidades. La jurisprudencia ha comenzado a marcar la pauta de su sintonía: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -alegando que se «vulneraría la Ley de Protección de Datos Personales» -acaba de denegar a la productora y distribuidora Private Media Group la petición para que las operadoras Telefónica, Orange y Jazztel entreguen los datos personales de usuarios que compartieron mediante P2P algunas de sus películas para iniciar una demanda contra los titulares de las IP por infracción de sus derechos de propiedad intelectual.
Hasta la industria de contenidos da por hecho su ‘ineficiencia’: exigen que, si en un año no se ha reducido el 70% de la piratería, los cortes lleguen también a los usuarios y lanzan su macroweb. Los derechos y las garantías de la UE le desvelan que cerrar las páginas españoas de descargas definitivamente no será tan fácil; los atajos tecnológicos le recuerdan que no servirá para cercenar las opciones de los contenidos que consideran piratas; y el perfil del mercado y el ‘efecto Spotify’ le advierten que, a lo peor, toda su guerra no sirve para nada: el mar de los contenidos digitales ya se rige sólo por la oferta, la calidad, la diversidad y el precio. Los técnicos y los analistas se lo han adelantado a Cultura y la Setsi: la nueva regulación sólo será el preludio del renacer de mecanismos de criptografía y redes privadas virtuales como los que ya inundan Suecia o Gran Bretaña, los internautas responderán pasándose a la Darknet, donde sistemas como Freenet hacen imposible saber quién tiene qué y bloquean cualquier intento de detener el flujo de la información.
Al día siguiente de que el plan contra las descargas sea aprobado por el Gobierno, el proveedor de alojamiento de la web podrá desalojarla. La mayoría ya está en los EEUU y por cada web que cierre se abren 20. La idea es que los ISP impidan el acceso a los usuarios. Pero si entre los españoles, igual que hacen ya los suecos, se ponen de moda las redes privadas virtuales, el proveedor de acceso sólo sabrá que su cliente se conecta a un servidor VPN, perdiendo su rastro. En el mejor de los casos, desembocará en la restricción o el corte de un puñado de páginas y el ‘escarmiento’ a los prestadores de estos servicios podría quitar los índices de descargas, pero no los contenidos. Arañan en la piel de un mercado que no deja de cambiar.
Aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de las 200 webs de su ‘lista negra’, saben que eso no mejoraría el mapa de sus ingresos. Por eso, intentarán, primero, hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año. La mano de la competencia comercial trata de hacerse sitio, para las multinacionales, en el mercado de los contenidos digitales. Ven cómo las naves del streaming y del P2P se llenan del respaldo del mercado y miran ya de reojo las sugerencias de Reding -sociedad digital y un mercado europeo-.
Le acaban de poner cifras los estudios europeos de Forrester Research e Ipsos MORI -nada sospechosos de apoyar a los ‘piratas’ de la red-: los autores de las descargas ‘ilegales’-uno de cada diez internautas- son también los que más gastan en compras audiovisuales, al menos 83 euros por encima del resto un 75% más. Y lo hacen tanto en tiendas convencionales como a través de comercio digital. Nada diferente al mercado nacional, donde según el último estudio de OcioNetwork, un 47,8% de los navegantes reconoce bajarse música, pero también la adquiere reglamentariamente y un 56% de los encuestados se descarga películas al mismo tiempo que va al cine habitualmente. Es verdad que, según el último estudio de Ocio Networks, en el mercado español un 70% de los usuarios «estaría dispuesto a pagar las descargas de música si las condiciones fuesen justas» y la SGAE se mantuviera al margen.
Pero las encuestas le desgranan su aviso para navegantes a la Coalición de Creadores y Moncloa: casi una tercera parte de los internautas consumen música exclusivamente a través de descargas (un 32%), mientras que sólo un 20% adquiere música sólo de forma legal. En el consumo de cine, la exclusividad de las descargas apenas la realiza un 15% de los internautas, mientras que un 30% únicamente va al cine, sin realizar ningún tipo de descarga. Y el rechazo al pago por consumo de televisión a través de la red casi unánime: el 77% no estaría dispuesto a pagar.
El corolario de Forrester: la forma natural de consumo de música ha cambiado y ahora los consumidores están demandando precios más bajos y un acceso más simple. Por eso la industria -al menos la española- destapa, velo a velo, la identidad de los ‘piratas’, rinde sus persecuciones y se enfunda los anzuelos de la atracción. Ahora que saben que son también los mejores clientes de los contenidos digitales, quieren ‘conversos’ para sus macrowebs ‘legales’. Y ‘navegantes’ dispuestos a pagar un nuevo canon. Miran a Spotify y -con ayuda y subvenciones de Cultura- le beben los vientos a su millón de clientes en España. Hasta Youtube se ha saltado las líneas rojas de todos los prejuicios de la red de redes: ya es rentable para Google desde hace 18 meses.
A la Coalición de Creadores le basta otear a Suecia -el mercado pionero en legalizar los cortes y el cierre de webs- para empezar a sospechar del mapa de los puntos de fuga que los internautas y los proveedores fabrican ya y que pasan por el P2P anónimo, el cifrado, las redes privadas, los sistemas de bloqueo de las IP de los perseguidores, la descentralización de las webs de descarga, o la ocultación del rastro del usuario. Tras la entrada en vigor de la legislación anti P2P en el mercado nórdico el intercambio de archivos bajó un tercio frente al mes anterior. Hoy, las cifras se han recuperado. La misma tendencia que apunta la red de redes en Francia y Gran Bretaña. Para humillación de la industria cultural, los internautas están dispuestos a paga por estos servicios entre 5 y 30 euros mensuales. Nada que no empiece a pasar ya en el resto de la UE: un 55% de los usuarios de internet en Europa confiesa que usaría herramientas para asegurarse el anonimato en la Red si se penaliza el P2P. Lo hacen ya en Francia, con el lanzamiento de Ipodah, o en el Reino Unido, donde el anuncio de un plan contra las descargas ha popularizado las VPN de ItsHidden o Cryptocloud. Los diferentes programas de intercambio de archivos lo saben. Algunos, como el español Omemo o Mute, nacieron ya con mecanismos de ocultación.
Son tecnologías baratas que por un máximo de 15 euros al mes ocultan los datos del usuario, con sistemas que hoy por hoy siguen siendo legales en España y que en principio sólo con un mandato judicial, la empresa de VPN está obligada a revelar la identidad oculta de su usuario. Nadie podrá ver si el internauta usa eMule o si entra a la página de The Pirate Bay [la mayor web de enlaces]». La operadora sólo será consciente del volumen de datos descargados, pero desconocerá el tipo al que pertenecen. Por eso, los analistas no descartan que, en el futuro, se solicite controlar «no el tipo de tráfico, sino la cantidad».