«Busco, aunque sea un huesito»
Una madre buscadora de su hija desaparecida
A todos los familiares y colectivos buscadores de las víctimas de desaparición forzada
México está hundido en un fango de violencia social, propia de un capitalismo salvaje. Sigue siendo una fosa común y clandestina. Esta afirmación no es algo delirante producto de una invención de ciencia ficción política; lo de “ciencia ficción” es una frase que emplea la presidenta Claudia Sheinbaum cuando no está de acuerdo con ninguna crítica hacia su gobierno, es una cerrazón burocrática y autoritaria: Todo lo descalifica con una ligereza totalmente ajena a cualquier principio de autocrítica, inexistente en su vocabulario mañanero. Mantiene, al igual que su antecesor, el dogma de infabilidad papal o presidencial como principio de poder. Pero la realidad es que el País está inmerso en una profunda crisis de violencia que ciertamente no es solamente producto de ineptitud del régimen político de la 4T, esta hiperviolencia social es resultado de varias décadas, cuando menos en su forma más acendrada desde principios del siglo presente, pero el agravamiento de este problema social escaló con el gobierno de López Obrador y continúa con el actual.
Hay grandes problemas sociales que no se pueden ocultar tan fácilmente y meterlos bajo la tersa alfombra guinda de la llamada Cuarta Transformación que ha resultado un fiasco en todos los sentidos. Además de la desaparición forzada, están los homicidios (de octubre de 2024 hasta marzo de 2026, el acumulado asciende a 37,310 víctimas), y ahí entran los feminicidios (más de 8,500 feminicidios desde 2015 hasta marzo de 2025; cada año se registran entre 700 y 900 casos oficiales); también existe el problema de los derechos laborales y el sindicalismo charro putrefacto, la crisis educativa en general, la de la salud pública, el de la contaminación ambiental, la crisis del campo y la de las grandes ciudades, el problema habitacional, la carencia de agua potable, la enorme desigualdad clasista de ingresos familiares, etcétera… México no vive, al menos no la mayoría de la población del campo y las ciudades, en Claudia en el país de las maravillas.
Hace algunos días la presidenta aseveró que “Hoy la gente vive mejor… y desestimó las voces que llaman comunista a la 4T: es humanismo mexicano”. También afirmó que en el corto plazo la derecha difícilmente pueda regresar al poder en México: “muy difícilmente. Desde mi perspectiva, la probabilidad es muy baja. Lo vemos en las encuestas, no es solamente una percepción subjetiva; las encuestas lo dicen. La gente vive mejor hoy que lo que vivía antes” ¡Como si las encuestas mismas, al margen de su manipulación, hicieran un País que no corresponde a la cruenta realidad de un México bárbaro!
Por supuesto, este gobierno no tiene ni un solo gramo de comunista, todo lo contrario. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no tiene ningún principio anticapitalista en sus políticas “humanistas”. Seguramente no fue muy difícil para la derecha populista demagógica de la 4T llegar al poder bajo una apariencia progresista prometedora de ilusiones para un pueblo esperanzado en una vida mejor. La 4T es la «izquierda» (que es mucho decir) dentro de la derecha en la geometría política nacional ¿Cuál es la diferencia con los otros partidos burgueses? Si hay diferencias, desde luego, pero no son muy grandes.
El humanismo no es una característica ideológica–política que define propiamente a un régimen de gobierno o a una forma de Estado. Un régimen político se determina por sus estructuras de poder específicas y la forma en que establece su hegemonía con las clases dominadas, todo ello determinado por su naturaleza de clase y su relación con los conflictos clasistas. En el sentido más amplio: «El humanismo es un movimiento intelectual, filosófico y cultural que sitúa al ser humano, su razón y su dignidad en el centro del universo, promoviendo el libre pensamiento, la ética basada en la experiencia humana y el progreso científico, en lugar de la fe ciega o dogmas divinos (Véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo). Desde esta perspectiva, por ejemplo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador no reúne ninguna característica filosófica para considerarlo un pensador humanista ni tampoco la actual presidenta. Por supuesto, hay de humanismos a humanismos: existe el humanismo burgués con su ética liberal política monetarizada en oposición radical al humanismo proletario con su propia idea de solidaridad y de la libertad humana y justicia social.
El humanismo (las disciplinas humanísticas) es una cuestión totalmente distinta al humanitarismo: «El humanitarismo es la ideología y práctica basada en la convicción de que todas las vidas humanas tienen igual valor, impulsando acciones desinteresadas para aliviar el sufrimiento, proteger la dignidad y mejorar las condiciones de vida de las personas. Se fundamenta en principios como la humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia» (https://es.wikipedia.org/wiki/Humanitarismo). En este sentido, los intelectuales liberales de la 4T andan muy confusos y perdidos con los conceptos. Por lo demás, el humanismo es un campo de pensamiento filosófico de naturaleza universal y por eso no se puede ni se debe reducir a un pensamiento nacionalista ¿Dónde están y quienes son los pensadores humanistas morenistas? El humanismo de la 4T es un buen ejemplo de ciencia ficción política.
Si el “humanismo” de la 4T fuese realmente un humanitarismo, al menos como desiderátum ideológico –no un humanitarismo ficticio–, desde hace tiempo, al menos desde 2019, habría una política efectiva contra el flagelo social de las decenas de miles de desaparecidas y desaparecidos. El más reciente escándalo político del gobierno “humanista” es el grave problema de las desaparecidas y desaparecidos ¿Por qué el gobierno de Sheinbaum rechazó tajantemente el informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED)? Dicho Comité decidió solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. En su decisión, tomada el 19 de marzo y publicada el 2 de abril en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país.
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU es un órgano compuesto por expertos independientes encargado de supervisar que los Estados cumplan la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas: Supervisa la implementación de la Convención contra las desapariciones forzadas; Examina informes de países, emite recomendaciones, realiza acciones urgentes de búsqueda y examina quejas individuales; Es el mecanismo internacional que confirma que la desaparición forzada sistemática es un crimen de lesa humanidad. Su labor incluye recibir denuncias, realizar visitas a países y exigir la búsqueda urgente de personas desaparecidas. Todo lo anterior lo ha venido realizando en México desde el 2008 a la fecha. La decisión del Comité CED de remitir la situación de México a la Asamblea General de las Naciones Unidas está basada en muchos años de evaluación de este Comité en el país y particularmente por la solicitud expresa de familias afectadas, colectivos de madres y padres buscadores de desaparecidos y desaparecidas, y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos. El dictamen del Comité no es resultado de ninguna imaginación conspirativa delirante de “ciencia ficción” contra el Gobierno Federal mexicano.
El gobierno presidencial de Sheinbaum pública y categóricamente rechazó con aspavientos, igualmente los altos funcionarios acorde con la corifeo, este informe porque lo exhibe visiblemente ante el mundo como un gobierno neoliberal incapaz de poner freno a esta forma de (hiper)violencia social de las desapariciones forzadas. El colmo es que hasta la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), plagada de corrupción y servilismo al poder, también rechazó este informe, calificándolo de “sesgado”, “contradictorio” y sin perspectiva histórica. La CNDH respaldó al Gobierno federal, asegurando que el documento minimiza avances institucionales. Pero ¿Cuáles son los avances institucionales en la materia? En el 2023, el Comité de la ONU emitió un informe amplio donde propuso una serie de recomendaciones al gobierno mexicano, entre ellas la necesidad de una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones, pero dicha recomendación fue totalmente omitida y ninguneada por el gobierno de López Obrador. La Ley General en Materia de Desapariciones y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas emitida en noviembre del 2017 y reformada en junio del 2025 ha quedado solamente en retórica burocrática. Ante una persistente política oficial de total indolencia y desprecio hacia las víctimas, este año el Comité decidió llevar el Informe, por primera vez aplicando este procedimiento, ante la Asamblea General de la ONU.
Estamos hablando, según propias cifras oficiales de este año, de una terrible crisis con más de 132 mil a 134 mil personas desaparecidas y no localizadas registradas oficialmente al primer trimestre del año. El acumulado nacional sigue en aumento, con un incremento en la detección de fosas clandestinas y un agravamiento de la crisis forense, reportando cerca de 72 mil restos humanos sin identificar a inicios de 2026. En México existen más de 230 colectivos de búsqueda conformadas mayoritariamente por mujeres (madres, esposas e hijas) realizando labores de rastreo ante la crisis de desapariciones en el país. Amnistía Internacional documentó, con base en más de 600 testimonios y cuestionarios aplicados a mujeres buscadoras en 30 estados de México y en países de Centroamérica, que el 97% ha enfrentado al menos una forma de violencia. Estas agresiones incluyen amenazas, extorsión, acoso, tentativa de secuestro, y en casos extremos, asesinato o desaparición. Además, muchas han perdido su trabajo, sus bienes y su salud. Viven con insomnio, ansiedad, enfermedades crónicas y el aislamiento social que implica su lucha. Pese a ello, siguen buscando, enfrentando instituciones que no las protegen, no las escuchan y, muchas veces, ni siquiera las reconocen. https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/peticion-mujeres-buscadoras/#33
Este gobierno “humanista” no quiere reconocer nada de que vivimos desde hace años en una sociedad de barbarie en creciente y acelerada descomposición. México vive una profunda crisis humanitaria, una crisis de derechos humanos porque no hay ninguna garantía de seguridad para proteger a la población en general de secuestros, crímenes y delincuencia organizada de cárteles del narcotráfico. Los ciudadanos estamos expuestos al riesgo fatal permanente de inseguridad. Una pregunta pertinente: ¿Por qué la presidenta Sheinbaum nunca ha querido recibir a las y los representantes de los colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos? Pero entonces, ¿Por qué si se reúne con representantes empresarios capitalistas nacionales y de corporativos internacionales? El rechazo del gobierno de la 4T a llevar el problema de las desapariciones ante la Asamblea General de la ONU revela impunidad y complicidad, afirman familias y especialistas. La oposición gubernamental a la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de llevar el caso de México “con carácter urgente” ante la Asamblea General de la ONU es que existen “indicios fundados” de que las desapariciones forzadas en el país constituyen crímenes de lesa humanidad. https://hchr.org.mx/publicaciones/la-desaparicion-forzada-en-mexico-una-mirada-desde-los-organismos-del-sistema-onu-version-digital/
https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/ced
¿Dónde queda el operativo militar contra el capo di tutti i capi, Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dentro de los supuestos “avances institucionales” contra las desapariciones? Debemos reconocer que este operativo es un fuerte golpe político al cártel más poderoso de México, pero en realidad prácticamente es un hecho aislado frente a la tragedia nacional de las decenas de miles de desapariciones. Más aún, la decisión política de este operativo no provino directamente del gobierno federal sino de Washington. El poder económico y político de los cárteles del narcotráfico en los hechos se mantiene incólume, ante la ausencia de una política integral efectiva.
El gobierno de la 4T no ha avanzado casi nada para resolver la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ni tampoco ha esclarecido lo del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, identificado en marzo de 2025 como un centro de adiestramiento, reclutamiento forzado y exterminio operado por el crimen organizado. Colectivos de búsqueda encontraron en el predio 9 mil restos óseos calcinados, fosas comunes y más de mil objetos personales. Según el propio Gobierno Federal, el rancho nunca fue un campo de exterminio, tratando de minimizar u ocultar la verdad de estos campos de reclutamiento del CJNG.
El aumento de las y los desaparecidos y la estela de muertos en los recientes años tiene como causa la tolerancia y la complicidad del gobierno federal con los cárteles del narco, pues la política de “abrazos y no balazos” del expresidente López Obrador directa o indirectamente fue aquiescente con el crimen organizado, así lo dice en su informe el Comité de la ONU. El proceso de militarización iniciado desde principios de siglo fue aumentando con este expresidente y continúa con el actual. El poder de la delincuencia organizada creció como nunca antes por la complicidad con los políticos y autoridades de todos los niveles gubernamentales, también constituidas en mafias, articulados con las redes empresariales.
En las últimas décadas el poder y el dinero ha venido imponiendo un capitalismo salvaje neoliberal; no es una mera ocurrencia retórica o simple metáfora sino literalmente una cruenta realidad. Estamos viviendo una sociedad desgarrada cuya anomia y degradación social es producto de la absoluta impunidad de los criminales por una profunda corrupción del poder político. La inseguridad ciudadana va de la mano con la descomposición generada por un lumpendesarrollo social. Urge un cambio político profundo que empiece a construir un nuevo tejido social basado en la plena solidaridad humanitaria para una vida digna.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.