El jueves pasado se confirmó un nuevo y duro golpe al bolsillo obrero y popular. Según la información brindada por el Indec (Instituto de Estadísticas y Censos), la inflación correspondiente al mes de abril trepó al 4,1%.
Del análisis surge que los ítems con mayor incremento fueron el de Prendas de vestir y calzado (6,0%), junto a Transporte (5,7%). En este último rubro, tomando en cuenta CABA, hay que contabilizar la suba del boleto del subte.
Si se atiende al rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas -que implica una parte sustancial del gasto mensual de las familias más pobres- se registró un alza del 4,3%, con fuerte incidencia de productos esenciales como la leche, productos lácteos y huevos; aceites, grasas y manteca; café, té, yerba y cacao; pan y cereales. La carne registró también una nueva suba.
Bajo el mismo indicador, la cifra para todo el año alcanza un 17,6 % en solo cuatro meses. Esto derrumba por completo el pronóstico oficial del Gobierno establecido en el Presupuesto 2021. El ministro de Economía Martín Guzmán había establecido un porcentaje del 29 % para todo el año. Ese Presupuesto es el mismo que establecía un recorte de partidas sociales y de los fondos asignados a salud en función de la supuesta desaparición de la pandemia del coronavirus.
La variación interanual llega al 46,3 %. Si se extiende ese análisis a ciertos rubros se verifica que Prendas de vestir y calzado fue la división con mayor alza interanual (79,1%), escoltada por Transporte (52,6%).
YPF subió 5% el precio de la nafta desde el sábado. Se espera a su vez un nuevo aumento del pan a un valor de $170,00 por kilo.
Con el 4,7% de abril, el índice que mide el costo de los alimentos aumentó el 68,5% desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández.
Desde enero 2020 las frutas aumentaron un promedio del 91% y un 83% las verduras. La carne picada 109% y 120% el asado. El kilo de pollo, 74%; el sachet de leche, 50%; la yerba mate, 80% y el vino común, 107,5%.
También en cifras del INDEC, el 33% de los ingresos de los hogares se destina al consumo de alimentos, pero trepa al 45,2% del total cuando se va al consumo del escalón inferior de la pirámide social. En el escalón superior los alimentos solo representan en 26,6% del gasto familiar.
Se quemaron los manuales de los economistas neoliberales. Con un gasto en contracción, dólar oficial y emisión controlados, con salarios y jubilaciones con un 10% por detrás de la inflación, ésta sigue creciendo vertiginosamente en una economía donde los precios aumentan manejados por los grandes empresarios.
El milagro portugués
El relato idílico sobre el supuesto milagro portugués reapareció a propósito de la gira europea que llevó adelante el presidente, Alberto Fernández, junto a su ministro de Economía, Martín Guzmán.
¿De qué se trató?
El capítulo europeo de la crisis mundial desatada en 2008 obligó al país lusitano a entrar a un programa de asistencia financiera de la Troika en 2011. Fue durante el Gobierno de José Sócrates del Partido Socialista que comenzó la ofensiva del capital contra los trabajadores. El primer ministro renunció cuando el Parlamento rechazó su cuarto plan de ajuste en el medio de protestas que lo repudiaban. Fue entonces que accedió al poder Pedro Passos Coelho, del conservador Partido Social Demócrata, quien gobernó entre junio de 2011 y noviembre de 2015. Fue el encargado de acelerar el ajuste.
Durante los años de mayor austeridad se aplicaron las siguientes medidas: se realizó una reforma laboral para abaratar “costos”; se recortaron los salarios durante varios años por la suspensión de aguinaldos; en el caso de los empleados públicos, al recorte salarial se le agregó un aumento de la jornada; los docentes tuvieron una década de salarios congelados; el salario mínimo también estuvo congelado por mucho tiempo; se realizó una reforma previsional que elevó la edad jubilatoria; se llevaron adelante privatizaciones; el Impuesto al Valor Agregado (IVA) subió de 21 % a 23 %, e incluso en algunos servicios públicos, la suba partió desde el 7 % para elevarse hasta el 23 %.
Paritarias
Cientos de trabajadores y trabajadoras de la cosecha del limón, se organizaron contra la burocracia sindical de Remache Ferreyra y salieron a reclamar la reapertura de las paritarias, que dejó el jornal en $1.350, de bolsillo, valor miserable que como se denunció estas semanas ni siquiera está garantizado. En simultáneo decenas de piquetes se desarrollaron en toda la provincia de Tucumán, marcando un nuevo punto de organización y coordinación. El citrus nuclea a cerca de 35.000 trabajadores de manera directa en la provincia, una fuerza enorme.
Después de tres semanas de cortes de ruta, se resolvió levantar los piquetes para evitar el desgaste.
La lucha de la “Coordinación de trabajadores autoconvocados del citrus”, cortó las rutas del interior provincial, desde Burruyacú en el norte hasta El Molino en el sur pasando por 15 localidades como Santa Lucía, Famaillá, Taruca, Concepción y Macomita. Durante tres semanas se ganó el apoyo de amplios sectores de la población que conocen las condiciones terribles del trabajo en el campo. Se enfrentó a poderosos enemigos y adversarios, el frente cerrado entre patronales, gobierno y burocracia sindical se puso de manifiesto a lo largo de todo el conflicto. Operativos represivos en el norte y en el sur, detenciones ilegales por parte de la policía provincial de Manzur y amenazas de la burocracia sindical al activismo obrero.
Esta lucha que ganó repercusión nacional llevó a los empresarios a amenazar con un lock-out, cierre por diez días, para doblegar con el hambre a las familias. En medio del conflicto, la noticia de la apertura de exportaciones a la UE, fue un nuevo negocio redondo para las patronales.
En un comunicado el SATSAID (TV) sostuvo que «el ofrecimiento de un 36 % continúa muy lejos de los índices inflacionarios previstos para nuestro año paritario».
Representantes patronales de las Cámaras ATA y CAPIT, propusieron un incremento del 24 % que, sumado a un 12 % otorgado para el semestre octubre-marzo pasado, alcanzaría un 36 % anual. La suba sería en dos tramos, un 12 % a partir de abril y otro 12 % a partir de septiembre.
“A estos porcentajes pretenden agregar una suma fija de $12.500 por única vez, con su forma de pago a consensuar entre las partes”, sostiene un comunicado publicado por el sindicato en sus redes sociales en el que rechaza la oferta por insuficiente.
Asimismo, advirtió que la oferta patronal “hasta marzo representa un 18 % de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores”.
El Consejo Directivo Nacional del sindicato ratificó el pedido “del 51 % para el año paritario, que se traduce en un 39 % para el semestre abril-septiembre del 2021”.
Ante la falta de acuerdo, el ministerio fijó una nueva audiencia para el martes 18, a las 13:00, un día previo al vencimiento de la conciliación obligatoria vigente actualmente.
“Se solicita a las partes mantener el diálogo y la paz social y extremar los esfuerzos a fin de aunar posiciones y lograr un consenso”, dice el acta firmada ante el ministerio de Trabajo. Así la audiencia de la paritaria de la Unión Tranviaria Automotor quedó fijada para el 17 de mayo a las 16:00.
Se trata de 70.000 trabajadores que transportan a millones todos los días. Este año solo pudo lograr, como parte de la paritaria 2020, el pago de $15.000 en tres tramos.
Choferes autoconvocados de varias líneas realizaron cortes y movilizaciones por un básico de 100.000 pesos, plan de vacunación, protocolos y equiparación de salarios entre distintos sectores.
Finalmente, la UTA no escuchó, no llamó a asambleas y cerró las paritarias a espaldas de los trabajadores. Las empresas se comprometen a un aumento de salario (un 12% en concepto del retraso del año pasado y un 25% de este año) y a un bono en distintas cuotas de $60.000 no remunerativo, es decir, en negro, afectando aguinaldo y jubilaciones.
Este acuerdo no hubiese sido posible sin la lucha de los trabajadores del transporte, sin embargo, está muy por detrás de lo exigido por los choferes.
En otro orden, y pese a los impedimentos empresarios, que se niegan a incorporar mujeres a las líneas de colectivos, las trabajadoras del transporte consiguieron que se reconozca el cupo femenino. La resolución se vio reflejada y homologada en el marco de la paritaria, gracias a la lucha de las conductoras.
El artículo en el que figura el cupo femenino en el transporte posee la rúbrica del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En el mismo, se lee: “Igualdad de género: Las partes se comprometer a redoblar sus esfuerzos por asegurar el reconocimiento de la igualdad de género y garantizar su ejercicio en los ámbitos del trabajo, generando acciones positivas tendientes a lograr la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. Asumiendo el compromiso de brindar a los trabajadores y las trabajadoras iguales derechos en todo lo relativo al acceso al empleo, a su selección y contratación, a sus condiciones de prestación, a su desarrollo y evolución en la carrera dentro de la empresa”.
El jueves 13 de mayo, combatientes de incendios forestales realizaron movilizaciones en el Centro Cívico de Bariloche, Río Negro. Exigieron recomposición salarial, reconocimiento de estructura, planta permanente, basta de trabajo insalubre, régimen previsional diferencial, construcción de base de golondrinas SPMF y apertura de paritarias.
Desde la Conadu Histórica explicaron mediante una carta abierta los motivos por los que rechazan la paritaria salarial 2021 para la Docencia Universitaria y Preuniversitaria, al considerar que ofrece un incremento que los deja nuevamente por debajo de la inflación. La iniciativa, en tanto, sí fue apoyada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras representaciones sindicales nacionales como CONADU, FEDUN, CTERA, FAGDUT y UDA.
“El acuerdo se difunde como un incremento del 35% que superaría la previsión inflacionaria del 29% proyectada en el presupuesto por el gobierno nacional. A todas luces, pauta inflacionaria imposible de considerar seria o real. Por otro lado, el 35% en cuotas aparecería como comparable con paritarias de otros sectores que firmaron alrededor de ese valor, también con ese falso criterio de ‘ganarle a la inflación’ del 29%. Los incrementos salariales se reparten en 6 cuotas: 8% en abril, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero de 2022”, explican desde la Conadu Histórica en la carta abierta.
En este sentido, señalan que el acuerdo no cumple en absoluto el discurso del ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto a que en este año los salarios iban a estar varios puntos por arriba de la inflación y remarcan que en 2020 también tuvieron una importante pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos, de alrededor del 22%: “Porcentaje que irá creciendo con las proyecciones inflacionarias para el año en curso. Claramente es una afrenta a nuestro sector, que durante todo este período venimos sosteniendo, en virtualidad desde nuestros hogares y con nuestras propias herramientas tecnológicas, el vínculo pedagógico con más de 1,7 millones de estudiantes. Esfuerzo que incrementó la jornada laboral, en especial de las mujeres, por las tareas de cuidados”.
En cuanto al “bono por conectividad” de 1.000 pesos mensuales por docente, lo califican como una “suma irrisoria e indignante” después de más de un año que desde sus propios bolsillos han sostenido los costos de conectividad y demás para garantizar el dictado de las clases.
“Por ello continuamos con nuestro plan de acción gremial: Reclamando en defensa de los salarios y los derechos laborales de la docencia universitaria y preuniversitaria y en defensa de la Universidad y Educación públicas al servicio del Pueblo”, finalizan desde la Federación Nacional de Docentes, Investigadorxs y Creadorxs Universitarixs (Conadu Histórica).
El jueves 20 de mayo, a las 11:00, realizará una conferencia de prensa federal luego del rechazo al acta salarial acordada entre el ministerio de Educación y las restantes federaciones. Será a través de la plataforma zoom y se transmitirá vía YouTube.
El Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera (SATIF) cerró la negociación paritaria por un año, con una suba salarial del 42 % pero en tres cuotas y sin indexación a la inflación.
La primera cuota, de un 10 % empezará a regir en mayo, recién en el mes de septiembre la suba será del 18 %, lo que tampoco permitirá recuperar el poder adquisitivo perdido durante todos estos meses.
Recién el próximo año, en enero del 2022 el aumento será del 26 % hasta que se convoque a una nueva paritaria, lo que prometen será en abril.
Comenzó la marcha por salarios dignos en Jujuy. Se trata de una movilización a pie desde La Quiaca y desde El Talar hasta San Salvador de Jujuy de trabajadores y trabajadoras municipales agrupades en el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, que demandan el pase a planta permanente y salarios dignos.
La situación que padecen es insostenible y necesitan una respuesta urgente. La mayoría tienen más de 10 y 15 años de antigüedad de servicios ininterrumpidos como Jornalizados (trabajan a lo largo de todo el mes, pero les pagan 10, 12 o 17 días) que se suman a más de 5 años de trabajo en negro dentro de los municipios. Actualmente cobran sueldos mensuales de 8.000 a 17.000 pesos, es decir, que lo que cobran apenas les alcanza para comer. Dentro de los trabajadores estatales, los Jornalizados municipales son los más empobrecidos.
Hace tres meses el Gobernador Gerardo Morales anunció un pase a Planta Permanente que no se cumplió.
Desde el SEOM Jujuy expresaron que hace meses intentan que los escuchen a través de diferentes reclamos y, sin embargo, no consiguen respuestas o sólo se repiten las promesas incumplidas o mentiras.
La pandemia ha puesto a los municipales en una situación de mayor responsabilidad y exposición de la que tenían y, sin embargo, las condiciones de trabajo y salarios son los mismos desde hace años. Asimismo, las posibilidades de completar sus ingresos con trabajos temporales por fuera del municipio se han restringido. En paralelo, se han enfermado un gran número de municipales por COVID 19 y las autoridades hicieron y hacen muy poco para evitarlo.
Unidad piquetera
El miércoles 12, por primera vez desde que asumió como ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo recibió a los líderes de la Unidad Piquetera que agrupa a unas 35 organizaciones.
La reunión se produjo a horas de cortes de accesos en las principales ciudades y un acampe en Desarrollo Social.
El sector denunció que el gobierno había incumplido con el depósito de 50.000 programas Potenciar Trabajo que habían sido el resultado de un plan de acción que incluyó una movilización el 18 de febrero de 100.000 personas en todo el país.
Para los dirigentes, el encuentro resultó positivo en la medida que el ministro reconoció el reclamo y se comprometió a depositar los $ 11.500 de cada uno de los 50.000 afectados a partir de junio, incrementar las partidas para los comedores y fortalecer las acciones contempladas en el plan Acompañar para víctimas de violencia de género.
De tal modo que la acción prevista por las organizaciones quedó en suspenso a la espera del cumplimiento de los acuerdos.
Tarjeta Alimentaria o Ingreso Básico Universal
Difundimos el Informe elaborado por el Equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) fundado por Claudio Lozano y que coordina Ana Rameri.
Para Lozano, “la única manera de resolver de manera urgente la emergencia alimentaria es la implementación de un programa de carácter universal que garantice seguridad económica a la población en edades centrales. Una alternativa posible que superaría el propósito de la Tarjeta Alimentar es la conformación de un piso alimentario para toda la población conformada por la Asignación Universal por Hijo (AUH) para la población menor de 18 años y un ingreso básico universal (IBU) destinado a toda la población que no tenga garantizado un ingreso formal. En tanto el IBU equivaldría a la línea de indigencia para un adulto, una familia tipo tendría garantizado un ingreso mensual de $ 25.600.
“Sostenemos que resulta equivocada la visión (planteada por algunas organizaciones sociales) que confronta la universalización de los ingresos con la implementación de planes con contraprestación laboral. Es una mirada que parece no reconocer el proceso de intensificación de la pobreza (urgencia del hambre) en el contexto pandémico. Tampoco parece reconocer las discusiones contemporáneas (planteadas por el feminismo y el paradigma del conocimiento) respecto a qué es y qué no es trabajo, e incluso desconoce el proceso de precarización de las relaciones laborales que hace que hoy el 25% de quienes trabajan son pobres.
“Por último, parece no entender que un ingreso universal en un contexto de congelamiento de precios dinamizaría la demanda en el mercado interno coadyuvando a la utilización de la capacidad ociosa, el aumento de la producción y la generación de empleo.
La Argentina de hoy no debe discutir entre universalidad de ingresos o trabajo. Debe combinar la universalización de los ingresos sobre la población asalariada y desocupada con la puesta en marcha de un programa de empleo garantizado. El problema de la Tarjeta Alimentar no es que se podrían haber generado más planes Potenciar Trabajo. Es que no universaliza y no garantiza el piso alimentario que la Argentina necesita. Existen recursos fiscales y políticas que permitirían financiar los 3 puntos del PBI que requiere nuestra propuesta.
Por último, lo resuelto respecto a la Tarjeta Alimentar es una demostración más de la dificultad de los movimientos populares nacidos a mediados del siglo pasado en el marco de la industrialización, para avanzar en la universalización de los ingresos. Ese límite resultante de un contexto histórico que ya no existe, generó en gestiones pasadas que fuera necesaria una derrota electoral (2009) para que se impulsara la AUH. Instrumento este que terminó siendo la política social más efectiva. Insistimos que el cuadro social de incremento de la pobreza y aún más de la indigencia en el marco de la gestión del frente de todos exige que nos adelantemos a la coyuntura electoral recuperando la universalidad como criterio de política pública en la intervención sobre el tejido social.
Necesitamos ya garantizar un piso de ingresos que cubra las necesidades alimentarias de nuestro pueblo”.
En las fábricas hay contagios
Los trabajadores de Siderca de la planta de Campana del sector Laminador Continuo 1 (LaCo1) pararon la producción en el turno tarde para exigir el inmediato hisopado cuando se enteraron que un compañero había dado positivo estando en la fábrica. La empresa exigía una previa entrevista con los operarios para ver la necesidad de hisoparlos cuando la misma recién había desinfectado la cabina dos horas después de comenzado el turno. Posteriormente fueron sancionados con la figura del 8888, una medida ilegal interna que usa la empresa para descontar el día cuando los trabajadores toman alguna medida en defensa de su trabajo. Ante esta actitud de la patronal, los trabajadores pararon el turno durante el resto del día exigiendo la aplicación correcta del protocolo.
Los casos vienen en aumento en toda la industria y la planta Siderca del Grupo Techint de Paolo Rocca no parece ser la excepción. En las últimas semanas en todos los sectores hubo contagios. Los y las trabajadoras de la fábrica declararon que el alcohol y los elementos de higiene y prevención son insuficientes y que los espacios comunes y baños no están adecuados. La empresa no proporciona información sobre la cantidad de casos. Tampoco desde el gremio hay un seguimiento para controlar a la patronal.
La resolución del ministerio de Trabajo, dirigido por Claudio Moroni, habilita a las empresas a exigir la vuelta de los dispensados con una sola dosis de la vacuna. Esta medida no tiene otro objetivo que darles un manto legal a las empresas para continuar exponiendo a sus empleados al contagio y en los casos de los dispensados, el agravamiento de sus cuadros clínicos y hasta la muerte.
A continuación reproducimos la carta de un obrero de Volkswagen Pacheco:
Desde el comienzo de la pandemia (según datos oficiales) en Volkswagen se registraron más de 1.000 casos positivos de coronavirus. Está más que claro que la situación en las fábricas no escapa a la realidad que vive la sociedad en su conjunto.
Los trabajadores describen como un verdadero caos lo vivido en la fábrica alemana en este último trimestre. Lo que pasa afuera, pasa aquí adentro también, y por más que Alberto Fernández diga que en las fábricas no hay contagios, doy fe que es una absoluta mentira, los contagios suceden y mucho.
En las últimas semanas de marzo y primeros días de abril, los coordinadores médicos fueron a las plantas de producción a ver cómo trabajan los compañeros. Después de eso, muy a su pesar de Carlos Lafrenz, coordinador médico de Volkswagen, tuvieron que mandar a varios compañeros a la ART por contacto estrecho, que luego resultaron ser casos positivos.
Conclusión: la empresa reconoció que los trabajadores se contagiaron en las líneas de producción. Teléfono para el presidente, que no le mientan más. Hay evidencias claras.
Fueron muy notorios los contagios ya que casi la mitad de los casos fueron en este período. Actualmente hay 35 casos positivos, más de 50 compañeros aislados por contacto estrecho y 4 compañeros fallecidos, dos de ellos en estas últimas semanas.
A su vez, hay compañeros que estuvieron en terapia intensiva, intubados, que hoy por sus problemas de salud no están yendo a trabajar. ¿Les brindarán atención psicológica? Las empresas deben hacerlo ya que hay casos puntuales que se recuperaron después de pasar más de dos semanas en terapia y en gravísimo estado.
Los principales gremios marítimos y fluviales (representantes de los marinos mercantes y de la pesca) definieron un cese de tareas por 48 horas, con alcance nacional, frente a la falta de respuesta por parte del ministerio de Salud de la Nación por el pedido de ser considerados prioritarios en el proceso de vacunación.
La medida de fuerza, según indica el comunicado, se da «ante el exponencial incremento del nivel de contagios en todos los sectores de la actividad». Así también denuncian «la pérdida de cuatro compañeros» y en relación a su pedido «el fracaso de todas las gestiones que vienen realizando ante distintas autoridades nacionales».
El paro afecta a las actividades de importación, exportación, transporte y pesca.
Convocan y firman el comunicado:
- Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante,
- Sindicato de Obreros Marítimos Unidos,
- Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo,
- Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales,
- Asociación Profesional Capitanes y Baqueanos Fluviales,
- Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina,
- Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales,
- Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburiferos,
- Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca,
- Centro de Comisarios Navales,
- Centro de Jefes y Oficiales Navales de Radiocomunicaciones
La Corte desconoce el derecho a la salud y a la vida de las personas trabajadoras y de la sociedad
15 mayo, 2021 por Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL)
Declaración de AAL frente al fallo “GCBA c/ Estado Nacional – PEN s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Desde esta Asociación observamos con preocupación el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nro. 567/2021 “GCBA c/ Estado Nacional – PEN s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”.
En plena pandemia mundial declarada por la OMS, con una emergencia sanitaria nacional dispuesta por el Poder Ejecutivo y sancionada por ley del Congreso de la Nación, y con más de 65.000 muertos en la Argentina, el gobierno nacional decidió mediante el DNU N° 241/2021 dar prioridad a la problemática sanitaria y establecer medidas generales de prevención. Entre ellas (art. 2) dispuso sobre los territorios comprendidos en el AMBA -territorio que incluye dos jurisdicciones- y que encarna una unidad epidemiológica, la suspensión temporal de clases presenciales por el período comprendido entre el 19 y el 30 de abril de 2021.
En este escenario, el gobierno local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desobedeció la decisión de la autoridad nacional, incumpliendo lo ordenado por el Dr. Guillermo Scheibler – titular a cargo del Juzgado N°13 de la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad – quien ordenó que no se computasen las inasistencias a alumnos/as ni se realizaran descuentos a docentes que no concurriesen a trabajar, optando por acatar exclusivamente el fallo de la Sala IV de la Cámara de dicho fuero, la que frente a una presentación efectuada por la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas, dispuso la suspensión del art. 2 párrafo 3° del DNU 241/21, ordenando al Gobierno de la Ciudad que garantice la continuidad de las clases presenciales.
En este contexto, la Ciudad decide concurrir ante la Corte Suprema cuestionando la constitucionalidad del DNU precitado. Así pues, so pretexto del deber de garantizar el derecho a la educación, que conllevaría la necesidad de la presencialidad escolar, y entendiendo que el DNU cuestionado quebranta la autonomía de la Ciudad, la Corte convalidó la inconstitucionalidad del art 2 DNU 241/2021 mediante su fallo de fecha 04 de mayo de 2021.
Desde esta Asociación cuestionamos la decisión de la Corte, por cuanto no centró la discusión en la salud de los trabajadores docentes, sino en la importancia de la educación presencial y en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Con el voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el máximo tribunal desconoció que en caso de epidemia, o como sucede actualmente, en pandemia, que afecta a más de una provincia, el poder de policía sanitaria corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, echando por tierra toda construcción jurisprudencial constitucional en la materia (“Asociación Benghalensis y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Salud de la Nación s/ Amparo ley 16.986” A 186 XXXIV 1/6/2000).
Sin entrar a ponderar el estatus jurídico de la Ciudad Autónoma, el que amerita un mayor debate que excede el marco del presente documento, consideramos imprescindible señalar lo que la Corte omitió tratar, el derecho a la salud y a la vida de todas las personas y habitantes de nuestra nación, así como el derecho a condiciones y a un medio ambiente de trabajo digno y seguro para los/as docentes de la Ciudad Autónoma. Conforme a nuestros propósitos fundacionales, y a pesar de cualquier resistencia, es nuestro deber afianzar los principios del Derecho del Trabajo, bregando por la implementación efectiva de los derechos constitucionales y elevar los estándares internacionales alcanzados en materia de Derechos Humanos. La Constitución Nacional reconoce el derecho a la salud y la vida, respecto de los cuales los demás derechos individuales resultan interdependientes y secundarios, dado que es evidente que no puede haber educación sin vida humana.
El Derecho a la Salud en estricta relación con el Derecho a la Vida está consagrado en el artículo 14 bis y 42 de la Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional), entre ellos, el artículo 12 inc. c) del PIDESC; inc. 1 de los artículos 4 y 5 de la Convención sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, e inc. 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En idéntico sentido, nuestra Carta Magna expresamente garantiza el derecho de las personas a trabajar, y a hacerlo en condiciones dignas y equitativas de labor (Art. 14 y 14 bis), ambos, consagrados en el corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los que se encuentran en lo más alto del ordenamiento jurídico constitucional argentino conforme Art. 75 Inc. 22, tal como lo ha dicho la propia Corte en numerosos precedentes («Vizzoti», Fallos: 327:3677, 3689 y 3690, y «Aquino», Fallos: 327:3753, 3770 y 3797, “Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro” CSJN T. 205. XLIV Recurso de Hecho). Claro está que el Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona a educarse, por lo que en el caso se dispuso que tal derecho se ejerza en forma virtual por un plazo determinado (15 días), excepto cuando puede constituirse en una causa de daños a terceros (Art. 19 CN), siempre que ello no signifique una afectación esencial del derecho, lo que ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una profundización irrazonable de las restricciones que impidan el acceso a la educación.
Del fallo surge claramente que no hubo una restricción o limitación al derecho a la educación de quienes concurren a los establecimientos educativos en la CABA, sino la utilización de una modalidad menos riesgosa tanto para la población educativa y sus familias, como para quienes trabajan en dicho sistema educativo (docentes y auxiliares).
Es de destacar que también se desprende del fallo un requerimiento irrazonable impuesto por el GCBA – y ratificado por el tribunal – a los/as docentes y auxiliares de la educación de la Ciudad, quienes se ven obligados a concurrir a sus trabajos, a diferencia de lo que ocurre con la gran mayoría de las actividades, incluida la judicial, que prestan tareas en forma remota, siendo colocadas/os en situación de mayor exposición al agente de riesgo, sin ningún tipo de medidas que garanticen en forma real las condiciones de higiene y seguridad en las escuelas necesarias para evitar los contagios.
En este sentido, la resolución de la Corte, contradiciendo los derechos enunciados más arriba, velozmente y sin sustento científico resuelve sobre la inconstitucionalidad del DNU del Poder Ejecutivo Nacional, cuya oportunidad, mérito y conveniencia estaban justificados en la necesidad de contener la propagación del virus y preservar la salud de la población en su conjunto, dejando de lado a quienes son sujeto de preferente tutela, las personas trabajadoras de la educación y las infancias.
CONSEJO DIRECTIVO ASOCIACION DE ABOGADOS Y ABOGADAS LABORALISTAS
Andrés Snitcofsky, usuario de Twitter, realizó un posteo en esa red que plantea algunos interrogantes sobre los protocolos que el gobierno de la Ciudad diagramó para las clases presenciales. En el hilo, muestra de manera visual un experimento realizado por las familias de una burbuja que tuvo que ser aislada ante un caso positivo de coronavirus.
El caso es el siguiente: Una maestra de 5° grado dio positivo a mediados de abril. De acuerdo al protocolo, se aisló la burbuja, es decir, la maestra y los alumnos. Pero, las familias decidieron aislarse todos e hisoparse en su mayoría, algo que no prescribe el reglamento difundido por el gobierno de la Ciudad. El resultado fue que 10 estudiantes de los 14 que integran la burbuja y 13 familiares resultaron positivos. Una de las personas en cuestión se tomó el trabajo de registrar todos los datos y se los entregó a Andrés, quien los trasladó a una visualización.
Según el protocolo de Soledad Acuña y Manuel Vidal, jefe de Gabinete del ministerio de Educación, cuando un alumno es contacto estrecho debe aislarse en su casa 10 días. Si no presenta síntomas, no es testeado, y sus hermanos siguen yendo a sus respectivas burbujas. “¿Se imaginan si estes hermanes hubieran ido?”, pregunta Andrés, haciendo referencia al hecho de que 3 hermanos de distintas familias de los alumnos de la burbuja aislada dieron positivo y que según el protocolo estaban habilitados para seguir concurriendo a sus respectivas burbujas.
“En este caso, en el que la maestra dio positivo un viernes, probablemente la exposición se haya extendido en varios días de esa semana. De los 14 alumnos, 10 dieron positivo. De esos 10, solo 3 tuvieron síntomas. Si los padres no se hubieran organizado en el grupo de WhatsApp para aislarse y testearse todos, hay un montón de estos chicos que no hubieran sido testeados”, explicó.
Recientemente, se conoció el caso de un colegio en el barrio de Flores que tuvo que cerrar por 48 horas cuando se descubrió, azarosamente, que varios trabajadores no docentes eran positivos de covid-19. Los contagios se conocieron porque se realizó un operativo de testeo en la plaza frente al establecimiento y la dirección del mismo, solicitó a todo el personal que se controlara. De esta manera, se detectaron los positivos, todos asintomáticos.
Como aclara Andrés, estas experiencias no son evidencia ni son extrapolables a toda la población. Sin embargo, son algunas muestras de lo que el protocolo de la Ciudad oculta.
Concurrida movilización y caravana al ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires de trabajadores de la educación de varios distritos junto a Sutebas recuperados, listas Multicolores y Comisiones de docentes precarizados y desocupados. Le reclamaron al Gobierno provincial que destine presupuesto para conectividad y dispositivos, un plan de vacunación para todas y todos los trabajadores, y denunciaron la precarización que tiene su expresión en la sobrecarga laboral que recae sobra la docencia mientras hay más de 50.000 docentes sin trabajo o con pocas horas.
En su convocatoria la Lista Multicolor provincial señaló que “el aumento de la pobreza, que en niños y jóvenes alcanza al 60%, de la desocupación, la inflación y la carestía de vida hacen que muchos estudiantes vean vulnerado su derecho a la educación por falta de recursos. El cuidado de la salud y la vida no puede afectar el derecho a la educación, reclamamos equipos y conectividad gratuita para sostener la educación a distancia, la universalización del SAE y la restitución del IFE, con un monto igual a la canasta familiar, medidas de emergencia por las que luchamos junto a la comunidad”.
La lista Multicolor, que está al frente de Sutebas Matanza, Tigre, Ensenada, entre otros, plantearon que: “Ante el contundente paro que protagonizamos los docentes de CABA y Provincia de Buenos Aires y el aumento exponencial de los contagios, el presidente Fernández se vio obligado a suspender las clases presenciales en el AMBA y luego a extender la medida». Mientras es persistente la propuesta de vuelta a clases presenciales por parte de los gobiernos, los docentes concentrados en la DGCYE recordaron a los docentes fallecidos por Covid y exigieron que se declare de interés público el laboratorio Sigman.
También estuvieron presentes estudiantes secundarios y terciarios que reclaman conectividad urgente.
Secretarías de Centros de estudiantes, comités y asambleas llaman a realizar una jornada en defensa de la educación pública este 20 de mayo junto a la izquierda y otras organizaciones políticas. La jornada comenzará con cortes desde las 8:00 en el Obelisco y continuará a las 13:30 con una «radio abierta» en la puerta del Anses ubicada en Av. Córdoba al 1118.
Entre los principales reclamos se encuentran la exigencia contra el rechazo masivo para aquellos que se anotaron para recibir la beca Progresar y también por las insuficientes respuestas por parte del gobierno frente a la falta de internet y dispositivos para poder estudiar.
Neuquén: trabajadores autoconvocados de la Salud
Los trabajadores autoconvocados de la Salud abordaron a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, cuando arribó el domingo a Neuquén y le entregaron en mano un petitorio en el que dan cuenta de la situación sanitaria actual como de los sumarios de los que fueron sujetos por las medidas de fuerza que realizaron en los últimos dos meses.
Además de detallar la situación de las terapias por esta segunda ola de Covid-19, los autoconvocados le indicaron que entre las exigencias del sector está el pedido para que se destine una partida presupuestaria necesaria para la inversión en el sistema de salud; el pase a planta permanente de todo el personal eventual y contratado; la anulación de los sumarios, causas penales y devolución de los días descontados; y la renuncia de la ministra de Salud, Andrea Peve.
Lxs trabajadorxs del sistema público de salud, queremos manifestar nuestra preocupación ante el desmantelamiento y vaciamiento que viene afectando el sistema público de salud por parte del gobierno del MPN hoy representado por el Gobernador Omar Gutiérrez y la ministra Andrea Peve.
Lxs trabajadorxs autoconvocadxs de salud venimos denunciando hace más de 70 días la falta de inversión en la compra de equipamientos, aparatologías, condiciones edilicias y falta de recurso humano no solo para hacer frente a la segunda ola de pandemia sino para el desarrollo de la asistencia diaria a la población usuaria. La respuesta del gobierno ha sido el inicio de sumarios, causas penales y descuentos de días de paro para este sector de trabajadorxs.
Los trabajadorxs no hablamos en abstracto resultan innumerables la lista de situaciones que podemos mencionar, sin embargo, para ejemplificar esta situación mencionaremos algunos casos testigos de lo que está sucediendo: -25 personas esperan una cama de UTI en el Hospital Castro Rendón de mayor complejidad. -5 personas esperando camas en la guardia y 16 personas internadxs graves en el Hospital Bouquet Roldán.
-El sábado 15 de mayo el hospital de la localidad de Centenario no pudo recibir más pacientes con patología COVID por falta de insumos y personal. -En la localidad de Neuquén capital, el CAPS Progreso, único centro de salud con atención de guardia, en el cual se atienden enfermedades respiratorias y otras patologías, no cuenta con personal de limpieza las 24hs (quedando de 22 a 06hs descubierto) por lo que no se puede garantizar la desinfección correspondiente.
Exponiéndose de esta manera a situaciones de riesgo de contagio en el propio establecimiento de salud. -Insuficientes cantidad de médicxs para la atención en los Centros de Salud del primer Nivel de atención. -Renuncia de 5 médicxs de terapia intensiva y cinco médicxs de la guardia del Hospital Castro Rendón por condiciones laborales. Un apartado, merece la situación de los terapistas ya que presentaron un recurso de amparo ante la justicia por la situación que venían denunciado y no fueron escuchados, por lo que posteriormente se les realizó un peritaje el cual arrojó que manifestaban síntomas de burn out.
Una vez más el gobierno no cuida a quienes cuidan. -El alto porcentaje de personal eventual, sosteniendo las tareas del sistema de salud, en condiciones de precariedad laboral y de explotación. -En el año 2020 el sistema de salud contó con 56 camas COVID, hoy para enfrentar la segunda ola cuenta solo con 20. Esto se debe a la falta de personal para atender las mismas. Las medidas sanitarias anunciadas el día viernes en conferencia de prensa por parte de autoridades del gobierno, no hacen más que culpabilizar y responsabilizar a la comunidad por la alta incidencia de los contagios, por lo que proponen la aplicación de medidas punitivistas y nada de inversión en el sistema de salud.
El gobierno decide tener una actitud criminal hacia su propio pueblo, cuando hace oídos sordos a los reclamos de lxs trabajadorxs de salud, cuando hace esperar en el pasillo de un hospital a una persona que necesita un respirador para poder vivir, cuando los médicxs “deben decidir quién puede acceder a un respirador y quien no” por la falta de recursos.
Es por esto que exigimos:
-Se destine la partida presupuestaria necesaria para la inversión en el sistema de salud.
-La anulación de los sumarios causas penales, y devolución de los días descontados a lxs trabajadorxs de salud. ¡No a la criminalización de la protesta!
-La renuncia de la ministra de Salud Andrea Peve.
La salud es del pueblo la defendemos entre todxs!!!!
Trabajadorxs autoconvocadxs del sistema público de salud de Neuquén
Hospital Larcade y Modular V de Covid-19
En el marco del paro por 48 horas que lleva adelante la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) en el hospital Larcade de San Miguel, el jueves 13, se realizó una conferencia de prensa, un abrazo a la institución y se instaló una carpa. Reclaman salarios dignos y mejores condiciones laborales y denuncian despidos y persecución sindical.
Reproducimos
comunicado de CICOP:
CICOP CUMPLE CON UN PARO DE 48 HORAS EN EL HOSPITAL LARCADE DE SAN
MIGUEL LOS DÍAS MIÉRCOLES 12 Y JUEVES 13 DE MAYO Y REALIZARÁ UNA
CONFERENCIA DE PRENSA EL JUEVES A LAS 11:00 CON ATUHL, ATE, CTA Y CGT, Y
A LAS 13:30 HARÁN UN ABRAZO AL HOSPITAL
La
Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de
Buenos Aires
(CICOP) está de paro por 48 horas en el Hospital Larcade de San Miguel
los días miércoles 12 y jueves 13 de mayo, en reclamo de «salarios
dignos y mejores condiciones laborales para enfrentar la segunda ola de
covid», y al mismo tiempo denuncian «despidos
y persecución sindical por parte de las autoridades municipales,
encabezadas por el intendente de San Miguel, Jaime Méndez».
En tanto, el personal de salud del nuevo Hospital en Modular V de
COVID-19 desde enero de 2021 no cobra sus sueldos y están a la espera de
ingresar de forma estable al Estado, mientras dan una prestación
esencial todas las jornadas sin interrupciones.
Se trata de 120 trabajadores de la Unidad de Pronta Atención Nº 12 del Hospital Modular V de Covid de Moreno, que durante este tiempo realizaron distintas medidas de reclamo para visibilizar su situación y obtener soluciones. “Hicimos la presentación oficial del reclamo en el ministerio de Trabajo. En el transcurso de la mañana del martes, mientras estábamos en el ministerio, empezaron a aparecer los depósitos. A algunos les depositaron tres meses, a otros uno”, comentó Rafael Domínguez, médico de la institución.
Asignación especial de estímulo para trabajadores de la salud
Por otro lado, el Gobierno renovó la asignación especial de estímulo para trabajadores de la salud de establecimientos estatales y privados, que estableció en 6.500 pesos.
Se trata del monto que había sido adjudicado para el sector más abocado a la lucha contra la pandemia entre marzo y julio de 2020, en aquel momento en 5.000 pesos y alcanzó a 647.229 trabajadores de la salud de todo el país.
Por medio del decreto 332/2021 que fue publicado en el Boletín Oficial, se establece «el pago de la asignación estímulo a la efectiva prestación de servicios, otorgada por el artículo 1° del Decreto número 315 del 26 de marzo de 2020 y por el artículo 1º del Decreto número 787 del 4 de octubre de 2020, por tres períodos mensuales y consecutivos».
Se indica además que la asignación es «de carácter no remunerativo, alimentario y no podrá ser pasible de deducciones o retenciones, mientras que se encuentra sujeta a las características, alcances y condiciones que se establecieron en los decretos 315/20 y 787/20, además de sus normas complementarias.
En los considerandos de la medida, se recuerda que por el decreto 315/20 se otorgó una asignación «a los trabajadores y las trabajadoras profesionales, técnicos y técnicas, auxiliares y ayudantes en relación de dependencia que presten servicios, en forma presencial y efectiva, relacionados con la salud, en establecimientos de salud del sistema público, privado y de la seguridad social, abocados y abocadas al manejo de casos relacionados con la pandemia de COVID-19».
Se deja establecido además que los trabajadores que perciban remuneración de más de un empleador, solo percibirán el incentivo por uno de sus empleos.
En tanto, los trabajadores que desarrollen tareas discontinuas o a tiempo parcial o bajo el régimen de jornada reducida legal o convencional, el incentivo extraordinario resultante será proporcional a la jornada cumplida.
Mientras, se recuerda que entre otras circunstancias se suspendieron licencias para el personal de salud, se señala que «la situación epidemiológica actual exige nuevamente la aplicación de esta política de incentivo, con el objeto de estimular la labor que deben desarrollar los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los diferentes establecimientos de salud, tanto en el sector público como en el privado y de la seguridad social».
Vicentín anuncia la venta
La decisión de la empresa fue publicada a través de un comunicado en el que anuncia la venta de todo el paquete accionario. En el mismo adelanta que hay algunas firmas interesadas en hacerse con la empresa como son Asociación Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro y Viterra Argentina (perteneciente a la multinacional Glencore). De concretarse la transacción, el directorio quedaría compuesto por dos firmas nacionales y una tercera extranjera. Sin embargo, la empresa anuncia que los intereses aún no son vinculantes y que la transacción no está realizada.
El comité ad hoc de Vicentín, que reúne a seis instituciones financieras internacionales con acreencias por U$S 530 millones, consideró positivo el plan.
Esta decisión del grupo empresario atenta contra la continuidad de los puestos de trabajo. La empresa viene anunciando la inviabilidad de sus dependencias en Reconquista y Avellaneda. En la localidad de San Lorenzo la empresa emplea a más de 800 operarios. Esto podría ser aprovechado por las firmas interesadas avanzando en despidos masivos o el cierre de las fábricas.
Recordemos que Vicentín inició un concurso de acreedores, luego de que en 2019 estafara al Banco Nación por más de 100 millones de dólares. En junio del 2020 el presidente Alberto Fernández anunció la expropiación de la empresa, sin embargo, poco duraron las declaraciones. Movilizaciones de sectores concentrados de la economía mediante, el gobierno nacional definió dar marcha atrás al plan anunciado.
El cierre reciente de la aceitera Buyatti en el Cordón de San Lorenzo dejó a 70 familias en la calle, sin una lucha coordinada para defender los puestos de trabajo. Por eso es fundamental que la unidad mostrada en el 2020 por la Federación Aceitera y al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros -SOEA- se reedite para defender a las y los trabajadores de las plantas de San Lorenzo, Reconquista y Avellaneda.
ArreBeef despidió a 85 trabajadores
Desde el periódico Tribuna Villa María entrevistaron a Martín Toro, trabajador de la firma Vincenti, encargada de comprar producción a ArreBeef, que junto a otros compañeros/as acompañaron desde un principio la huelga y actualmente sostienen la olla en el lugar y distintas iniciativas para continuar la lucha.
¿En qué situación se encuentran actualmente?
Acá necesitamos un aumento, nos pagan miseria. Yo soy de una empresa tercerizada que le compra tripa a Arrebeef y me sumé porque estamos reclamando lo mismo que los compañeros, mejores condiciones laborales.
En la actualidad despidieron a 85 compañeros entre los cuales sólo a algunos les llegó el telegrama de despido, mientras que a otros, como en mi caso, directamente no nos dejan ingresar a la empresa a pesar de presentarnos a trabajar.
La empresa nos trata de delincuentes cuando en realidad estamos reclamando por algo básico, mejores condiciones de trabajo y salario digno.
La Federación de la Carne por su lado se encargó de denunciarnos al igual que la empresa, traicionó a los trabajadores en su causa y se desligó de sus reclamos. Son los mismos que nos trataron de inorgánicos frente al ministerio.
¿Ahora cómo siguen con el reclamo?
Estamos realizando ollas populares en la entrada de la empresa, donde la compañera Camila Becerra encabeza la organización y lleva adelante las iniciativas junto a otros compañeros.
Debemos aclarar que no se arregló el salario porque las paritarias fueron del 15%, donde cobramos con suerte 22/23.000 pesos por quincena, que ya no te alcanza para nada con los aumentos de los alquileres, la comida, etc.
Venimos pidiendo que Luis Pérez del sindicato se vaya porque se robó medicamentos y, junto a Miguel Tapia, de la Cámara de Frigoríficos, nos realizaron propuestas de salarios a la baja.
A algunos compañeros los han integrado al trabajo ya, pero somos cerca de 250 los que sostenemos las medidas, junto a otros compañeros que se encuentran trabajando que también han sido denunciados.
El jueves 13 convocaron a las organizaciones obreras a una nueva reunión de solidaridad con las y los trabajadores de Arrebeef que siguen luchando por la reincorporación, tanto en la vía judicial como con acciones e iniciativas de lucha y visibilización.
También exigen que dejen de perseguirlos judicialmente y utilizar eso para despedir a quienes reclaman por un salario mejor para todos.
Continúan luchando por la unidad de quienes están trabajando y quienes todavía no pudieron entrar, porque no es delito luchar por el salario, por las condiciones de trabajo o contra quienes los traicionaron, como Luis Pérez y la Federación.
“No permitamos este pisoteo de nuestros derechos”, concluyen.
Página 12
Compartimos el comunicado con el que trabajadores y trabajadoras de Página 12 le responden a Víctor Santa María luego de un mensaje publicado por el dueño del Grupo Octubre en la edición del diario del domingo: “(Santa María) sondea hoy a lxs lectorxs de Página/12 sobre su derecho como patrón a descontar los días de huelga a lxs trabajadorxs que no aceptamos la destrucción de nuestros salarios ni la negativa al diálogo por parte del Grupo Octubre”.
“Lo más significativo de su pirulo de tapa dominical no es lo que informa sino lo que tergiversa y, peor aún, lo que oculta ‘A los lectores’, a quienes no se cansa de subestimar.
Entre las omisiones se destaca la negativa por parte del Grupo Octubre a recibir a la Comisión Gremial Interna del SiPreBa y entablar un diálogo que permita destrabar el conflicto. La última vez que la empresa aceptó recibir a los representantes de lxs trabajadorxs fue el 26 de agosto de 2020, hace casi nueve meses.
El otro dato central que omite es la pérdida de poder adquisitivo durante el lustro de gestión Santa María. Un sueldo promedio que cinco años atrás estaba 42 puntos arriba de la canasta básica hoy está 18 puntos abajo. Traducido: quien araña un sueldo de 45.000 pesos (con la línea de pobreza en 60.800) debería cobrar 86.000 para recuperar el poder adquisitivo anterior a la era Santa María.
Que el Grupo Octubre generó nuevos puestos en Página/12 es una verdad de patas cortas. En el mejor de los escenarios compensa los que se perdieron por ‘retiros voluntarios’. Lo que Santa María omite es que la mayor parte de quienes se sumaron al diario fueron contratados por fuera del convenio de prensa y bajo otras razones sociales para no reconocerles los mismos derechos que a sus compañerxs, consagrados en el Estatuto del Periodista Profesional. Adicionalmente, estos compañerxs fueron afiliados compulsiva e inconsultamente al sindicato UTEDYC, que no pertenece al gremio de prensa.
Omite también que en las escasas excepciones en que un/a trabajador/a es tomado bajo la razón social de Página/12 se lo obliga a aceptar previamente, como condición innegociable para ser contratado, el compromiso a dar la espalda a la Asamblea de Trabajadorxs y a no adherir a las medidas de fuerza votadas por sus compañerxs.
Las presuntas grandes concesiones (herramientas de trabajo como silla y computadora, bono para compensar gastos, protocolo de violencia laboral y de género, etc.) fueron conquistas obtenidas por perseverar en la lucha; las “medidas sanitarias” puertas adentro, por ejemplo, se implementaron tras el anuncio de un paro por tiempo indeterminado ante la ausencia de protocolo sanitario.
Respecto del bono por teletrabajo al que hace referencia la empresa, lo empezamos a recibir hace dos meses y por un importe de 720 pesos brutos, que con los descuentos no alcanza a 600 pesos, cifra claramente insuficiente para compensar los gastos hogareños (electricidad, teléfono, internet) derivados del teletrabajo.
Respecto a que ‘se mantuvo el pago de refrigerio correspondientes al trabajo presencial’, Santa María omite informar que el adicional por ese rubro era un derecho adquirido hasta su llegada y que nunca aceptó negociarlo, por lo que se congeló en octubre de 2015 en 32,77 pesos diarios (¿Un tercio de café?) y nunca más se actualizó.
Las trabajadoras y trabajadores que hacemos el diario desde mucho antes del desembarco del Grupo Octubre en Página/12 seguiremos defendiendo nuestros derechos y luchando para recuperar el terreno perdido. Nos sobran los motivos”.
Garbarino suspende a 1.300 trabajadores y cierra sucursales
En los últimos meses Garbarino, que está ubicada dentro de las 100 empresas que más venden en el país, cerró 40 sucursales de los 240 locales que tiene a nivel nacional. De los 4.000 trabajadores y trabajadoras que tiene en su planta, hoy mantiene a 1.300 bajo suspensión. Además, cerró una sucursal en Río Gallegos (Santa Cruz) y otras cuatro en Rosario (Santa Fe).
A partir del año 2020 está al frente de la compañía Carlos Rosales, quien está avanzando en una política destinada a migrar a las ventas online. Para ello, implementó un ajuste que implica deudas salariales (la empresa debe el 50 % del sueldo de marzo y la totalidad del de abril), despidos que figuran como retiros voluntarios, incumplimiento de protocolos de Covid-19, el vaciamiento gradual y el abandono total de la compañía.
Ante esta situación, trabajadores y trabajadoras autoconvocadas organizan y realizan medidas para difundir su conflicto y luchar contra el vaciamiento ante la falta de respuesta del Sindicato de Comercio. Como muestra de esas medidas autoconvocadas, el pasado viernes 14 de mayo se manifestaron en la puerta de la sucursal de Cabildo y Juramento, en el barrio porteño de Belgrano. En ese marco, con la consigna hashtag #GarbarinoNoPaga, también se han sumado trabajadores y trabajadoras de “Garbarino Viajes”.
El Sindicato de Comercio de Rosario denunció el lock out empresarial. En esos locales peligran 56 puestos de trabajo. En Río Cuarto (Córdoba) fueron los trabajadores quienes enviaron telegramas a la empresa, intimando que aclare situación laboral. Ante la ausencia de respuestas, la mitad se consideró despedido», detalla el informe.
Fuentes: La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Anred, APU, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, Tiempo Argentino, Clarín, Infogremiales