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¿Querrá la derecha postergar elecciones y el gobierno secundarla en el intento?

La «institucionalidad» cruceña acorralada

Fuentes: Rebelión

Mientras se desenreda la tenebrosa urdimbre que recurrió a grupos paramilitares para facilitar los planes secesionistas de ultraderecha, la sobresaltada «institucionalidad cruceña» busca una salida a su inicial desconcierto, aunque sobran las convocatorias a la solidaridad entre facciones oligárquicas, se niega más de tres veces haber conspirado con los mercenarios y se tienta una negociación […]

Mientras se desenreda la tenebrosa urdimbre que recurrió a grupos paramilitares para facilitar los planes secesionistas de ultraderecha, la sobresaltada «institucionalidad cruceña» busca una salida a su inicial desconcierto, aunque sobran las convocatorias a la solidaridad entre facciones oligárquicas, se niega más de tres veces haber conspirado con los mercenarios y se tienta una negociación para postergar las elecciones de diciembre, en momentos en que, más soberbio que nunca, el gobierno parece estar a un tris de su tercera victoria electoral en menos de 14 meses, pero no de los dos tercios de la futura Asamblea Plurinacional.

«Veinte instituciones y una sola voz» claman entre otras consignas atribulados voceros televisivos entre sus patrones del oriente, tirando línea por «la reacción de una Santa Cruz Unida».

El slogan no alcanza sin embargo a ocultar las diferencias entre el cuestionado prefecto Rubén Costas y cabecillas más exaltados como Pablo Klinsky y Branko Marinkovic, finalmente involucrado el lunes 4 por la prensa progubernamental, primero, y por declaraciones de «testigos clave», después, con la milicia de Eduardo Rozsa, el abatido jefe del «escuadrón de la muerte» desarticulado hace tres semanas.

«En Santa Cruz, el terror paraliza ahora a la corriente cívico-regional, así como a la oposición político-partidaria», dice este martes 5 en El Deber su columnista Mario Rueda Peña, lamentando como otros la toma de entidades estatales que a título de una incendiaria «departamentalización» de las oficinas públicas alentó la dirigencia regional en septiembre pasado, durante la contraofensiva derechista por la ratificación nacional del Presidente.

Simultáneamente, el gobierno busca no sólo al resto del grupo terrorista y sus financiadores sino a los autores intelectuales. Falta conocer a los ideólogos, asegura, en tanto que el que el presidente Evo Morales reveló, antes que los medios oficialistas y la Fiscalía involucraran a Marinkovic y Costas, la conformación de un «Consejo Supremo de Resistencia» conformado por autoridades prefecturales, el comité cívico y «algunos» empresarios.

En medio de los temores, la postergación de las elecciones no podía plantearse de manera tan oportuna para la derecha, aturdida como quedó después de las implicaciones con el terrorismo fascista, pero también para el gobierno del presidente Evo Morales, harto necesitado -precisamente por el voto cautivo pero limitado de las masas− del apoyo de las clases medias y sus fracciones desencantadas para controlar la futura Asamblea Plurinacional.

Es como para preguntarse, dice un observador en La Paz, si alguien, empeñado en que se desmorone el caso por la precariedad de los últimos testimonios que involucran al «establishment» grigotano, estuviera construyendo, acaso desde la plaza Murillo, una vía de escape a los acorralados…

¿LAS HORAS CONTADAS?

En paralelo, los peligros a que está expuesto el mandatario no parecían circunscribirse a las alertas del vicepresidente Alvaro García.

A su preocupación por todas las armas con mira telescópica que no fueron habidas aún (aunque se supone que una de las miras es la que se halló en el tumbado de la habitación 334 del hotel Buganvilias, frecuentado por un de los supuestos financiadores del grupo) y la paranoia policial que arrestó en La Paz un estudiante que observaba con un tubo de papel el paso de la caravana presidencial, se sumaba también la no descartada eventualidad de que un par de bohemios seguidores de Rozsa, quien habló de eliminar a dos prefectos anti masistas para generar animadversión al gobierno, quiera vengar su muerte tomando la vida del Presidente.

Fustigando el apoyo de EEUU a la derecha fascista, el mandatario ensayó el pasado domingo: «posiblemente tengo los días contados».

«No importa que maten a Evo, ustedes no pueden permitir el descuartizamiento del territorio nacional» les dijo a los militares en un improvisado testamento

Más allá de las dramatizaciones, con o sin Morales el gobierno de los movimientos sociales corría a largo plazo el riesgo ser desplazado a causa de sus yerros y nepotismo, dando a la derecha la oportunidad de reflotar el sanbenito de que la izquierda en el gobierno es un fracaso y que la oligarquía, pese a sus errores sabe administrar el Estado, aunque sea privatizando las ganancias y socializando las pérdidas.

COSTAS Y LOS TRAPOS SUCIOS

Llamado «traidor» por algunos de sus ex compañeros de andanzas y sindicado de facilitar los negocios de su familia con el tesoro departamental y aún los de su entorno con el gobierno central, el prefecto Costas se ha convertido en la figura más cuestionada por los extremistas cruceños.

En los últimos dos meses, Mauricio Iturri y Sara Landau, una pareja de activistas del consejo de «Resistencia» lo acusaron en dos cartas públicas emitidas en su refugio de Miami de haber transado con los masistas y traicionado a Marinkovic, además de haber alentado el despilfarro de cien mil dólares mensualmente aportados por el empresariado para el funcionamiento del grupo de apoyo logístico «la Torre», que según Landau operaba desde un lujoso barrio coordinando las acciones de la prefectura y la «institucionalidad».

Fragmentos de las cartas de Iturri, no difundidos por la prensa cruceña, pero que circulan por internet, acusan a Costas de regularizar su fortuna acumulada con su hermano Alberto en el Deutsche Bank en España, mediante un reciente viaje pagado por el municipio junto a su colega tarijeño Mario Cossío.

También de proteger a su entorno constituido por el secretario Roly Aguilera Gasser (sindicado a su vez de acaparar las obras mediante su constructora Guayacán, y de entrar en negocios con el viceministerio de Vivienda), Norah Soruco, Tito Víctor Cuéllar, Luis Orlando Justiniano (el «aprovechado» de «la Torre»), Ana Lía Mansilla, la auditora Georgina Nieme y su esposo Jorge Sanquiz, un ex mirista que fue director de sustancias controladas y «que se encarga de desestabilizar a los adversario y dirigentes regionales para que no se rebelen».

«El que Ud. vaya a la cárcel es indefectible, se lo buscó, no trate de cambiar su libertad por la libertad de todo el pueblo: No tenemos la culpa de que Ud. se hubiera dejado seducir por el poder y el dinero», le dice Iturri en otros de los videos colgados en YouTube.

GENTE «DE CONFIANZA»

Iturri fue entrevistado por el periódico paceño La Prensa, del Grupo Líder, y sus declaraciones aparecieron el sábado 25 de abril. El viernes 31, este medio consignó también las de su esposa, Eva Landau, pero ambas entrevistas no fueron difundidas por cruceño El Deber, diario mayor del grupo periodístico, que sin embargo insertó en su edición del jueves 30 un contacto en EEUU con otro de los tres involucrados en la trama de financiamiento terrorista: el abogado Hugo Achá, cabeza de la Human Rights Fundation, HRF-Bolivia, y esposo de la diputada suplente Roxana Gentile.

«Denuncio la corrupción que maneja Costas» dijo Landau al referir la existencia de «la Torre», al mando de Orlando Justiniano en el barrio Equipetrol, aunque confirmó también que fue cerrada después de las denuncias «porque las mismas instituciones dejaron de aportar».

«Se le dio la confianza a Luis Orlando y lamentablemente lucraba de todas las instituciones que aportaban para el movimiento autonómico …es una persona de muchísima confianza de Costas …culpable de todas las tonteras que ha venido cometiendo Rubén. Todas las chambonadas eran por tenerlo como asesor …ha lucrado con el dinero que gente particular e instituciones han aportado para el movimiento autonómico».

«A la gente no le gustó lo que estaba haciendo Justiniano -prosiguió Landau – y le cortaron la mamadera …era un grupo de élite, es gente de la confianza del Prefecto …nos reunimos en Equipetrol, en la calle 4, donde se reunían; también estaba Jorge Sanquiz», agregó Sara quien aseguró que la orden de «departamentalizar» las instituciones a sangre y fuego salió de la Prefectura

Las sindicaciones de la pareja fueron tibiamente minimizadas en marzo por el Prefecto, quien adujo, según El Deber, que «su detractor jamás hizo nada por el país» y que nunca tuvo relación con él.

La última semana, Carlos Dabdoub, otro de los jerarcas prefecturales, aseguró que las «tomas no se planificaron en la Prefectura», admitiendo empero conocer el activismo y las denuncia de los populares Iturri-Landau, a cuyas denuncias descartó respuesta oficial.

LA FORTUNA DE RUBEN

Iturri y Landau, no eran sin embargo hermanitos de los ancianos desamparados: a través de la anticastrista «Solidaridad sin Fronteras», la pareja estuvo allegada a los cubano-«gusanos» que pululan en Santa Cruz, y durante los disturbios de septiembre fue denunciada por graves agresiones racistas a los migrantes de occidente.

«Intrépidos» y «admirados», los esposos se caracterizaron desde el 2007, cuando volvieron de EEUU, por golpear «collas a troche y moche» junto a los grupos de choque fascistas, según el reporte de Mauricio Rengel de la Agencia Santa Cruz-Noticias (ASC), asumir defensa del cubano disidente Amauri Sanmartino y encabezar los ataques al Seduca local para desalojar a masistas, encargándose igualmente de la deserción de médicos cubanos y su traslado a EEUU con visas norteamericanas.

Afortunadamente para Costas, al parecer cuánto más se precipiten los ultras, más gana en su gobierno departamental, pese a las acusaciones oficiales que lo colocan, junto a Marinkovic a la cabeza del plan separatista.

«La institucionalidad cruceña es parte de la columna vertebral de nuestro modo de vida» dijo a modo de defensa anticipada al comenzar mayo, cuando se conmemoró un año de la aprobación de los estatutos autonómicos regionales, no aplicados aún.

«Por eso siempre la estrategia andinocentrista es la de debilitar la institucionalidad y la unidad de Santa Cruz» agregó también al celebrar la «renovación de liderazgos (Eduardo paz en la Cainco, Roly Aguilera en la Prefectura, dijo)» con miras a las elecciones de diciembre, cuando «se definirá la suerte del país por muchas décadas».

«Si el Gobierno logra detener un proyecto hegemónico y copar la Asamblea Plurinacional, olvídese de las autonomías y de los recursos», previno también, reconociendo sin embargo que «esta lucha por el poder también se extrapola a una lucha interna» en la misma región.

» Yo nunca fui parte del establishment», agregó curándose en salud y lamentando «el cariño» del pueblo. «Eso también crea anticuerpos, amenazas. Mucha gente busca espacios y otros tienen la angurria de querer llegar» sostuvo en referencia a las recientes discrepancias entre fracciones de la «institucionalidad»

«Muchos quieren ser gobernadores y alcaldes, pero no han podido ser bastante hombres», dijo en la entrevista que le hizo El Deber.

Menos condescendiente tras las acusaciones del gobierno y seguro de ampliar su influencia en el terreno abandonado por los extremistas, Costas advirtió en las últimas horas: «están separando a nuestras instituciones de nuestro pueblo» agregando, para la anécdota: «gracias a Dios que tenemos la guardia municipal».

En tanto, sus adversarios lo miran con insistente sorna, lo tachan de «incapaz» y de que ya cumplió su ciclo; le recuerdan que su postulación como prefecto fue un «accidente» (por ejemplo Pablo Klinsky) y no le perdonan sus ínfulas de héroe-atribuyendo-a-los-demás que durante las tomas de septiembre pasado muchos «estaban mojados de miedo» y que él no viajó ni se escondió.

REAGRUPACION

No obstante el golpe, a duras penas el «stablishment» se va reagrupando y anuncia una defensa legal conjunta.

Algunos cívicos creen que la Asamblea de la Cruceñidad será la salvación si es que resuelven las discrepancias internas y los líderes reaccionan pronto. Otros caciques vecinales como Rodolfo Landívar claman por acciones para superar la confusión entre la base oligárquica tan hábilmente seducida.

Gabriel Dabdoub en la CEPB se escandaliza por el involucramiento de los empresarios, cómo «si nos dedicamos fundamentalmente a invertir y crear fuentes de empleo», asegura mientras la urgente encuesta de Equipos Mori establece que el 49 % de los encuestados desconfía de las investigaciones y la mitad piensa, igual que Marinkovic, que «es un montaje».

DOSIFICANDO LOS DATOS

Con la «institucionalidad» comprometida en los ajetreos de Rozsa y sus colaboradores, paulatinamente se va destejiendo la trama de enlaces no suficientemente encriptados, tanto que el gobierno los ha dosificado desde la pasada semana, proporcionado la información a gusto y goteo

Lo evidente es que el grupo paramilitar, semilla de los escuadrones de la muerte y anticipo de una milicia separatista liderizada por un jefe militar del triunfante ejercito secesionista que descuartizó a la ex Yugoslavia, estaba echando raíces en medio de un secreto a voces donde la dirigencia regional poco o nada hacía por detener los aprestos de violencia armada.

«Existió apoyo externo y también financiamiento interno … no sólo en términos de aportes económicos para la compra de armas, sino también para la protección asistencia y apoyo logístico para los extranjeros» , dijo el Ministerio de Gobierno en un último comunicado en torno a «los tíos» protectores y mentores de diverso nivel.

La lista de nombres crece de manera impresionante: del primer comando de Rozsa y sus dos secuaces acribillados, el húngaro-croata Arpád y el irlandés Michael Dwyer, permanecen detenidos los sobrevivientes Mario Tadic, boliviano con pasaporte croata, y el húngaro ElCod Tóásó, mientras son buscados otros dos de sus compatriotas, Daniel Gaspar y Gabor Dudog, además de un español y un sueco, sin que se sepa nada aún de los otros 16 irlandeses que ingresaron a Bolivia con Dwyer.

El ala civil, financiadora del escuadrón armado, de acuerdo al esquema de la Fiscalía comprendió sobre todo a tres personajes: Hugo «Supermán» Achá (el cabecilla de la HRF, actualmente en EEUU), el abogado conciliador de la Cainco, Alejandro «Lucas» Melgar (en Uruguay) e Ignacio «el Viejo» Villa (ex reo de Palmasola oriundo de Cotoca que coopera con la Fiscalía en La Paz).

Todos ellos colaborados por Juan Carlos Gueder Bruno alias «comandante Bruno», el moxeño (no paraguayo aclara El Deber a la ABI) Alcides Mendoza, y el vicepresidente de Blooming, Carlos Alberto Guillén, que vendió un auto a Rosza y garantizó el hospedaje de la banda en el hotel Las Américas, además del pagador de las cuentas hoteleras, Luis Hurtado Vaca, confundido con una de las tres identidades falsas de Rozsa (Luis Hurtado Flores)

«Siempre decían: los tíos van a apoyar en todo, supuestamente eran una cúpula mayor …mi única relación para llegar a Rozsa era Alcides, fui con él a la reunión donde estaban ellos (los muertos) y el señor que está detenido (¿Tadic?) …sé por nombres del señor Rozsa que había otra persona arriba vinculada dentro del campo político que tampoco sé su nombre si supiera lo diría porque hay gente que debería estar dando la cara aquí, debería estar aquí el señor Achá también dando la cara …a Achá lo conocí en esa reunión cuando estaba con el señor Rosza», dijo el fornido «comandante Bruno».

Persuadidos por incentivos o por presiones, también Mendoza y Tadic no tardaron en implicar a buena parte de los personajes cruceños que deben comparecer ante las autoridades para efectuar sus descargos: entre otros Juan Kudelka, ejecutivo de Industrias IOL; Horacio D’Arruda, de Suma-Limpieza; Mario Bruno, ex director de Libertad y Democracia; Mundy Farah, Of. My. de Planificación, Héctor Laguna de Fundación Trópico Humedo, JL Quiroga de ITS-Cable y los unionistas Juan Gueder y Alejandro Mendoza.

Entre los jerarcas acompañan a Marinkovic Pedro Yovhió, de los empresarios locales; Guido Nayar, de los ganaderos; y Mauricio Roca de los agropecuarios arremolinados en la CAO, además de Francisco Cirbián Futchner, del alto mando de Costas, y el general Lucio Añez.

Del prefecto, el fiscal Marcelo Sosa dijo a última hora: «creo que se dio la vuelta» y abandonó el grupo, sin precisar si por ello sería excluido del proceso.

ELECCIONES Y ARROGANCIA ANTICIPADA

En su primera línea de defensa, los «patricios» y la «institucionalidad» cruceña prueban a equiparar las acusaciones de terrorismo como un ataque a la autonomía que demanda la región. La segunda, según los adversarios del gobierno, es una no descartada ola de violencia en Santa Cruz que obligue al estado de sitio y la cancelación de los comicios, si no hay acuerdo para aplazarlos.

«Lo que debería hacerse desde la Corte Electoral y desde el Gobierno, es restablecer un mínimo de confianza entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso para que ante la eventualidad de que no haya tiempo, puedan ponerse de acuerdo en buscar una salida …una decisión sensata, que es mejor postergar, para tener un nuevo padrón electoral que garantice a todo el mundo», planteó el ex vocal de la CNE, Jorge Lazarte respaldado por la oposición y su medios.

Pero la respuesta gubernamental ha sido en principio incompatible con la posibilidad de postergar las elecciones: «Ojalá la derecha, los separatistas …no inventen otro pretexto para decir que no vamos a ir a las elecciones de diciembre», dijo el Presidente el último lunes, quizá alentado por los votos que le retribuirán las versiones sobre el magnicidio.

«Lo único que quieren es perjudicar para que no haya elecciones», añadió mientras sus mandos medios prevén que los contratiempos electorales del MAS podrían ser agudizados por las organizaciones sociales y grupos disidentes que se han desmarcado del oficialismo, además de fracciones de la clase media desencantada.

El mandatario ha visto subir en abril su nivel de popularidad del 49 al 53 por ciento, pero mucho antes sus cercanos colaboradores, aplicando la lógica «con el MAS o contra el MAS» invitaron a los indigenistas de la CIDOB y otros descontentos como Román Loayza a pasar a filas de la oposición en una lógica polarizadora que crece, y que según las recientes declaraciones del vicepresidente García a propósito del acontecer cruceño consiste en que «el que se coloca al medio es un encubridor».