La fuerzas del pueblo deben estar concentradas en puntos constructivos que permitan la refundación de Bolivia y reduzcan las oportunidades de la derecha para seguir beneficiándose de un sistema que fue inicialmente construido para protegerla, la aprobación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz es uno de esos puntos, al igual que la implementación […]
La fuerzas del pueblo deben estar concentradas en puntos constructivos que permitan la refundación de Bolivia y reduzcan las oportunidades de la derecha para seguir beneficiándose de un sistema que fue inicialmente construido para protegerla, la aprobación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz es uno de esos puntos, al igual que la implementación de autonomías que protejan a los recursos naturales bolivianos de toda posible alineación. No se debe perder el tiempo tratando de tapar los pequeños agujeros que la oposición abre en el bote tratando de distraernos, se debe atacar donde les duele, las riquezas del país.
La intensidad con la que los medios de comunicación bolivianos cubrían el caso YPFB/ Santos Ramírez no fue el resultado de ninguna coyuntura política sino una distracción planificada destinada a desconcentrar las fuerzas del sujeto social de temas que requerían más atención, tal como el saneamiento y recuperación de las tierras improductivas o con servidumbre al Estado, la conformación de un Consejo Nacional de Autonomías y el tema las elecciones generales para fines de este año. La jugada de la oposición de desconcentrar las fuerzas del pueblo ya comenzó a engendrar los efectos deseados, sea por la desmoralización interna dentro de la izquierda o por la diversión de nuestros verdaderos objetivos.
Consejo Nacional de Autonomías en segundo plano
Ante la convocatoria del Gobierno del presidente Evo Morales Ayma a los prefectos opositores de la Media Luna para la conformación de un Consejo Nacional de Autonomías el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, contesto: «El Gobierno trata de aprovechar la coyuntura para tapar sus escándalos de corrupción».
Aquella respuesta de uno de los representantes del pensamiento oligarca tomo provecho de la coyuntura creada por los medios de comunicación para distraer la concentración del pueblo boliviano de un tema muy importante, la aplicación de las autonomías a la nueva Constitución Política del Estado que permitan una descentralización del poder administrativo sin que con ello las clases dominantes puedan disponer de los imprescindibles recursos naturales que se disponen en aquella región.
Constancia de ello se puede encontrar en una publicación del diario cruceño El Deber fechada el 13/02/2009 donde el periodista José Pomacusi sostuvo que, «el Gobierno intentará aplicar el modelo autonómico que introdujo en la Constitución y para lograrlo convocarán a los gobernadores las veces que considere necesario, porque forma parte de la campaña electoral que inició Evo Morales, desde el 25 de enero»
El comentario del periodista Pomacusi no hace más que confirmar la verdadera intención de los prefectos opositores que tratan de evitar a toda costa la aplicación de aquellas autonomías que cuentan con el respaldo de más del 61% de la población boliviana que voto por un cambio el 25 de enero.
A pesar de que el prefecto de Tarija, Mario Cossio, ya se había mostrado dispuesto a la aplicación de las autonomías en su departamento con la adecuación de los estatutos autonómicos dentro de lo permitido en la nueva Carta Magna, luego afirmó que la posibilidad de un acercamiento con el Gobierno dependería del consenso con los líderes de su departamento, de esta manera poniendo nuevamente en peligro la formación de un Consejo Nacional de Autonomías.
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, confirmó el pasado jueves la reversión de diez predios que corresponden a cinco unidades productivas en la región de Alto Parapetí, provincia Cordillera de Santa Cruz, tras haber encontrado, según un informe oficial, evidencias de que en las propiedades se entablaron relaciones de servidumbre.
Terratenientes
Luego de haber encontrado evidencia de que en ciertas propiedades de algunos terratenientes se entablaron relaciones de servidumbre, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, informó la reversión al Estado de diez predios de tierras, esto debido a que en la nueva constitución, en el articulo 398 se sostiene que, «se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país (…) la tierra que no cumpla la FES; la explotación de la tierra con un sistema de servidumbre, o esclavitud en la relación laboral…».
Ante ello los ganaderos y propietarios de tierras afectados por la nueva constitución decidieron presentar resistencia por medio del Comité Interinstitucional para la Defensa de la Tierra, las prefecturas de sus departamentos y la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol).
Las acusaciones que estos individuos lanzaron contra el Gobierno trataron de desviar la atención de las acusaciones de esclavización a la que sometieron a algunas comunidades alegando que el interés del Gobierno sobre esas tierras era en realidad por supuestos recursos naturales que existen en las zonas que serán revertidas al Estado.
Nuevamente las declaraciones del prefecto cruceño, Rubén Costas, desenmascararon las razones por las cuales estos terratenientes presentan tanta resistencia ante lo dispuesto por la ley, afirmando que la defensa de aquellas tierras es también la defensa, «por sobre todo los recursos naturales defendiendo el estado de derecho y manifestando la unidad del pueblo cruceño», como manifestó.
Aunque las afirmaciones de estos terratenientes fueran ciertas se debería considerar el articulo 349 de la nueva Constitución que aclara que, «Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo».
Las 36 mil hectáreas que serán devueltas al Estado pertenecen a acaudaladas familias hacendadas como los Duston Larsen (estadounidense), Chávez-Aguilera, Mario Malpartida, Aniceto Curcuy, Chávez-Montes. Se ha encontrado pruebas de relaciones de servidumbre en todas estas tierras, donde en algunos casos la remuneración de los trabajadores de la tierra era en especia y en otros absolutamente nada.
En este caso, nuevamente, los medios de comunicación han pasado esta información a segundo plano, centrándose principalmente en el caso Santos Ramírez para influir sobre la opinión publica.
Guiteras: «Pero que no las mande con el componente de amenazas»
La aprobación del proyecto de Ley para el nuevo régimen electoral presentado por el presidente Morales ante el Congreso Nacional de la Republica es resistido por los senadores de la oposición que se niegan a acatar lo dispuesto en la disposición transitoria de la nueva Constitución y argumentan que van a, «utilizar el tiempo que sea necesario para aprobar las leyes que mande el Ejecutivo, pero que no las mande con el componente de amenazas», de acuerdo a lo expresado por el senador de Podemos, Walter Guiteras.
Las declaraciones de Guiteras son una respuesta al recordatorio del presidente sobre el plazo fijado de 60 días para que la instancia Legislativa apruebe un proyecto de ley, perdiendo competencia sobre ella en caso de exceder ese tiempo, esto de acuerdo a las disposiciones transitorias de la nueva Constitución.
La terquedad con la que los senadores opositores dentro del Congreso Nacional se resisten a aprobar esta ley ya ha sido vista durante los días más intensos del caso Ramírez, cuando ante las acusaciones de la oposición de que la lucha contra la corrupción del Gobierno no era más que un show político, el Ejecutivo demando al Congreso la aprobación de la Ley de Lucha contra la Corrupción «Marcelo Quiroga Santa Cruz» para demostrar el grado de compromiso de la oposición contra todo acto ilícito dentro de la administración publica. La ley anticorrupción no ha sido aprobada hasta el momento.
La disposición transitoria de la nueva Constitución dice: «La primera disposición transitoria de la nueva CPE establece: el Congreso de la República en un plazo de 60 días desde la promulgación de la presente constitución sancionará el nuevo Régimen Electoral para la elección de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente, Vicepresidente de la República prevista para el domingo 6 de diciembre».
Sin embargo, la inevitable aprobación del nuevo régimen electoral es inevitable, no solamente porque es lo dispuesto por la nueva Ley de leyes, como vagamente lo reconoce guiteras cuando afirma que, «si del análisis tenemos los tiempos es probable contar con la Ley en menos de los 60 días, eso es lo que vale», sino también porque es de interés de la oposición la aprobación de una ley que le permitirá ir a elecciones generales.
No es el mismo caso el de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que despojaría a muchos corruptos que hicieron sus riquezas durante gobiernos neoliberales, entre ello, Walter Guiteras, ex ministro del ex dictador, Hugo Banzer Suárez y acusado de ser la cabecilla del narcotráfico en Beni, San Borja.
Concentración
La fuerzas del pueblo deben estar concentradas en puntos constructivos que permitan la refundación de Bolivia y reduzcan las oportunidades de la derecha para seguir beneficiándose de un sistema que fue inicialmente construido para protegerla, la aprobación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz es uno de esos puntos, al igual que la implementación de autonomías que protejan a los recursos naturales bolivianos de toda posible alineación. No se debe perder el tiempo tratando de tapar los pequeños agujeros que la oposición abre en el bote tratando de distraernos, se debe atacar donde les duele, las riquezas del país.