Santiago Maldonado fue visto por última vez el primer día de agosto, durante un operativo represivo de Gendarmería Nacional en el territorio del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut. Pasaron casi dos meses y muchos intentos por correr el eje del caso, despegar a la fuerza represiva y velar la responsabilidad gubernamental. Sin […]
Santiago Maldonado fue visto por última vez el primer día de agosto, durante un operativo represivo de Gendarmería Nacional en el territorio del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut. Pasaron casi dos meses y muchos intentos por correr el eje del caso, despegar a la fuerza represiva y velar la responsabilidad gubernamental. Sin embargo, y pese a los obstinados esfuerzos estatales, hay una gran certeza que no pueden ocultar ni los grandes medios al servicio de la invisibilización y la justificación: se trató de una desaparición forzada de una persona en el marco de una feroz represión contra una comunidad mapuche en el sur argentino.
A partir de las primeras horas se detectaron irregularidades en el curso de la investigación: procedimientos viciados -desde vehículos que fueron lavados antes de ser peritados hasta la desaparición de pruebas de valor-, otros que nunca se realizaron -como los que podrían determinar la participación del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quien dirigió el operativo represivo, a partir de sus conversaciones telefónicas- y otros que fueron apuntados directamente para el lado contrario de la búsqueda de justicia -como el espionaje realizado sobre los familiares y cercanos a Maldonado o la criminalización y la continuidad de la represión contra las comunidades mapuches de la zona-. Toda una orquestación armada para el encubrimiento que no hizo más que desafinar y dejar más en evidencia a los responsables.
Finalmente, el cuestionado juez Guido Otranto fue recusado por su actuación en el caso y se designó a un nuevo magistrado. Liliana Alaniz es integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel) -organización de abogados de los trabajadores y de derechos humanos- y querellante en la causa por la desaparición forzada Maldonado. La letrada consideró como un triunfo de la movilización popular la salida de quien tuvo a cargo los expedientes durante casi dos meses.
«La designación de un nuevo juez viene de la mano de una victoria, que fue poder apartar al juez Otranto a partir de esta recusación que presentó la familia. Era muy importante que prospere porque Otranto no solamente había empantanado la causa, demorado investigaciones, en algún punto decidido no realizar medidas de prueba sobre las tierras de Benetton -en particular con la estancia Leleque- o incluso la limitación de pruebas pedidas por Fiscalía -sugeridas por la Procuvin- respecto de los autos particulares de los gendarmes implicados en el hecho», explicó Alaniz, y siguió: «Después, porque fue congruente todo su obrar desde el inicio de la causa, cuando la investigación la direccionó a hacer un ataque en regla de lo que era la comunidad mapuche. Subiéndose, de esta manera, en el mismo criterio que manejaban desde el Gobierno nacional».
La abogada criticó todo el desempeño de Otranto, recusado días atrás por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. El cuestionamiento del magistrado se profundizó luego de la entrevista que brindó al diario La Nación, donde hizo diversas apreciaciones y lecturas siendo él mismo el encargado de investigar, lo que evidenció una clara parcialidad respecto del caso y prejuzgamiento.
«Las últimas declaraciones, donde manifiesta que la versión más probable es que Santiago se haya muerto ahogado, tienen un sentido más grave porque es la hipótesis que fue descartada al inicio de la investigación», remarcó la abogada de Apel. Tras la recusación de Otranto, la Cámara dispuso la «inmediata intervención» del titular del Juzgado Federal Nº2 de Rawson, Gustavo Lleral, con «dedicación exclusiva» para investigar la desaparición del joven tras la irrupción de varias decenas de efectivos de Gendarmería en el territorio que figura como propiedad del magnate italiano Luciano Benetton y que fue recuperado por una comunidad mapuche en 2015.
Alaniz hizo hincapié en la importancia que tuvo la movilización popular «para desenmascarar el operativo de autoencubrimiento del gobierno, sus funcionarios y la Gendarmería». La abogada, referente de la lucha por los derechos humanos, invitó a la nueva movilización que se realizará en distintos puntos del país el próximo 1 de octubre, al cumplirse dos meses de la desaparición del joven.
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