Dos momentos recientes pueden sintetizar lo que hasta el momento ha sido la justicia en este país. El primero fue un anzuelo mediático largamente anunciado: la extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, inicialmente acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude; quien después de ser localizado y detenido tuvo que permanecer preso en […]
Dos momentos recientes pueden sintetizar lo que hasta el momento ha sido la justicia en este país. El primero fue un anzuelo mediático largamente anunciado: la extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, inicialmente acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude; quien después de ser localizado y detenido tuvo que permanecer preso en la cárcel española de la ciudad de Málaga, apenas pisó territorio mexicano, y como es habitual en los excéntricos políticos indiciados, en lugar de ir del hangar del aeropuerto al reclusorio, hace escala en un lujoso hospital privado para después pasar a prisión domiciliaria en alguna de sus mansiones, sin siquiera pisar momentáneamente la cárcel para firmar (ni para la foto), como lo haría cualquier que enfrenta un proceso en condiciones similares.
El otro momento se viralizó a través de “las benditas redes sociales” (como le gustaba decir al presidente), un malogrado asaltante aborda una combi de la ruta Texcoco-México para despojar a sus ocupantes de sus escasas pertenencias, gracias a la habilidad del conductor que reaccionó pisando a fondo el acelerador, el cómplice armado no logra, para fortuna de los pasajeros y la justicia, subir al transporte colectivo, dejando a su acompañante no únicamente en soledad sino, lo que es peor, desarmado; todo transcurre en cuestión de segundos: el miedo deviene en furia traducida en todo tipo de golpes y puntapiés, las víctimas en verdugos y el agresor en agredido que apelará inútilmente a la piedad y la clemencia que, seguramente, él mismo habría ignorado en habituales circunstancias. El suceso brinda una excelente oportunidad para que los ahora míticos pasajeros apliquen una extraña especie de “justicia preventiva”, que cuenta con todas las características consagradas en la constitución mexicana: rápida, expedita y gratuita pero que difícilmente se aplica, incluso en estos tiempos de supuestas transformaciones.
Gracias a la magia de las redes en cada reproducción del vídeo no son sólo los protagonistas quienes se permiten por unos instantes desahogar sus frustraciones ante tanta injusticia e inseguridad acumuladas; también lo hacen los espectadores quienes efímeramente celebran una violencia que en casos excepcionales logra beneficiar a los usuarios del transporte público que con lo único que cuentan es con su fuerza de trabajo, que muy pocas veces les alcanza para defenderse. A diferencia de los Lozoyas, cuyos médicos y abogados a su servicio pueden diagnosticarles astenia (depresión). Tal diagnóstico es suficiente para evadir la cárcel. Por su parte el malogrado asaltante también terminó en un hospital pero por razones muy distintas a la del delincuente de cuello blanco educado en Harvard. El daño hecho a la sociedad en uno y otro caso es a su vez abismalmente diferente. La opacidad del juicio al exdirector de PEMEX contrasta con la difusión del vídeo de la combi.
Si las revelaciones de Emilio Lozoya Austin no terminan con los expresidentes mexicanos involucrados en prisión, como ha ocurrido en todos los países en los que la empresa Odebrecht sobornó funcionarios, y no menos importante con el mecanismo “para devolver al pueblo lo robado” (como tanto lo ha cacaraqueado el presidente), el interés superior de la justicia habrá sido burlado y reducido a un show mediático con fines electoreros. Si no se castiga a los funcionarios y aliados políticos que también recibieron sobornos y que aún persisten en la actual administración, la 4T se evidenciará como la continuidad del régimen que pudo y no quiso cambiar.
Los casos de Lozoya y el frustrado bandido de la combi representan los extremos de la (in)justicia en México. Sus similitudes y diferencias son una radiografía de la sociedad mexicana y sus actuales instituciones.