Tener un «debido proceso» en juicios penales es un lujo para pocos en México. La gran mayoría de acusados y víctimas enfrentan un andamiaje institucional que viola sus derechos e invita a la corrupción.Tal conclusión se desprende del estudio titulado «Barómetro Local, una silueta del debido proceso penal», realizado en los estados de Chiapas, Durango, […]
Tener un «debido proceso» en juicios penales es un lujo para pocos en México. La gran mayoría de acusados y víctimas enfrentan un andamiaje institucional que viola sus derechos e invita a la corrupción.
Tal conclusión se desprende del estudio titulado «Barómetro Local, una silueta del debido proceso penal», realizado en los estados de Chiapas, Durango, Morelos y Nuevo León y la capital del país y presentado este jueves por la no gubernamental Asociación Mexicana para las Naciones Unidas.
Es una investigación rigurosa y con aportes importantes que revelan la situación de desamparo que afrontan acusados y víctimas, señaló en la presentación del documento, Amerigo Incalcaterra, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Según el documento, en este país existe un claro déficit en el derecho al debido proceso, palabras que remiten al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias judiciales procesales a efecto de que el acusado pueda defenderse adecuadamente. Lo que hay es un sistema inquisitivo donde no existe autonomía de los fiscales y los defensores de oficio son pocos y mal pagados. En los procesos se abusa de la prisión preventiva así como de la confesión escrita arrancada por coacción.
Además, los fiscales actúan con impunidad, la reclusión de los acusados se hace en cárceles hacinadas y es casi nula la reparación del daño a las víctimas de los delitos, apunta el estudio.
«La forma en que está organizado el sistema (penal) se inclina a favorecer al Estado y no a la víctima. Además, invita a la corrupción», dijo en respuesta a una pregunta de IPS Miguel Sarre, coordinar del estudio y catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
En el sistema penal mexicano no habría corrupción «sólo si todos (lo que allí actúan) fueran santos», ironizó.
Los señalamientos del estudio, realizados con apoyo financiero de la secretaría (ministerio) de Desarrollo Social de México y el gobierno de Suiza, se suman a otros de diverso calibre que hablan la difícil situación que vive la justicia en el país.
La mitad de los presos de México purgan condenas por robos menores cometidos sin violencia, 80 por ciento nunca conoció al juez que lo sentenció y 70 por ciento no tuvo apoyo legal al momento de responder al fiscal, señala un estudio del Centro de Investigaciones y Docencia Económica.
Según este trabajo, realizado en 2002 con base a encuestas a personas detenidas, la proporción de quienes no son informados de su derecho a no declarar en su primera presentación ante los juzgados es de 80 por ciento. Además, 70 por ciento no cuenta con ningún asesoramiento legal cuando responden al primer interrogatorio ante los fiscales.
Desde mediados de los años 90, muchos países de América Latina reformaron sus leyes para adoptar los juicios orales, pero en México ese proceso avanza con lentitud y en muchos lugares se mantiene el viejo sistema de llenar abultados expedientes con declaraciones y pruebas para que luego el juez las lea y dicte sentencia.
La investigación de las Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, sustentada en múltiples entrevistas, revisión de cifras y visitas a juzgados y cárceles, concluye que las autoridades usan la detención con discrecionalidad y no hay controles preventivos para evitar abusos.
El grupo hizo el estudio en cinco diferentes puntos de México para tener una idea más realista de la situación. La capital y el estado de Nuevo León, en el norte del país, son de los de más alto desarrollo, Durango y Morelos se consideran de desarrollo medio y el estado sureño de Chiapas es uno de los más pobres.
La ausencia del debido proceso penal muestra en los lugares investigados «un espacio ocupado por poderes arbitrarios» y corrupción, indica el estudio.
Añade que tales deficiencias repercuten «inevitablemente» en el deterioro de la relación entre gobernantes y gobernados y «consecuentemente, en la falta de gobernabilidad democrática».
Entre los datos que consigna la investigación, se indica que con excepción de Nuevo León, en el resto de lugares visitados las cárceles tienen una sobrepoblación de entre 12 y más de 85 por ciento de su capacidad.
Sobre la accesibilidad a defensores de oficio, se consigna que en Morelos, vecino a la capital hay 3,4 defensores por cada 100.000 habitantes, mientras que el de fiscales es de 15,9 por cada 100.000. En la capital esa diferencia es de 2,6 por 16,5 y en Durango de 1,3 por 7,6.
En cuanto a salarios, en general los fiscales ganan el doble o más que los defensores de oficio.
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