Hacía tiempo que no presenciaba una movilización masiva como la del jueves pasado en Buenos Aires, en respaldo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, sancionada por amplia mayoría por el Legislativo para reemplazar una norma que data de la dictadura militar, ha encontrado escollos para su aplicación por sorpresivos y extemporáneos fallos […]
Hacía tiempo que no presenciaba una movilización masiva como la del jueves pasado en Buenos Aires, en respaldo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, sancionada por amplia mayoría por el Legislativo para reemplazar una norma que data de la dictadura militar, ha encontrado escollos para su aplicación por sorpresivos y extemporáneos fallos judiciales, muestra de un poder judicial que aún no ha logrado deslastrarse de funcionarios del gobierno de facto (1876-1983).
La puja por la Ley salió del ámbito de los medios, sorteó el de la economía, el de la política y, finalmente se trabó en el de la Justicia, poniendo en claro la sobreexistencia de un poder concentrado, remanente de la dictadura y de los gobiernos neoliberales posteriores, inaceptable en cualquier régimen republicano. En Argentina subsisten lobbies que unen política y justicia, que resultan a veces mucho más poderosos que los poderes Ejecutivo y/o Legislativo.
Hubo muchos hechos destacables, remarcables. Primero, la conformación de esa enorme movilización, donde viejos militantes -de sector obrero y de clase media- se mezclaban con jóvenes estudiantes de las carreras de comunicación social y también piqueteros; donde los pueblos originarios se sumaban a la lucha común, junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, donde las dos centrales sindicales trabajaban juntas para defender la democracia y la institucionalidad, donde las banderas de los movimientos y grupos oficialistas compartían las calles con la de la oposición.
Y, algo que sorprendía a los corresponsales extranjeros: la marcha, de más de 20 cuadras, avanzaba hacia la Plaza Lavalle, frente al Tribunal Supremo de Justicia, y los comercios de la zona no se sentían amenazados y seguían abiertos normalmente. Fue una demostración cívica, con saludos cociudadanos desde los balcones de las avenidas Callao y Corrientes, con miles de manifestantes convocados en principio por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, por sus agrupaciones, sindicatos, movimientos populares, universidades, pero también con miles y miles de autoconvocados, al igual que cuando los argentinos salen a luchar contra la impunidad del genocidio dictatorial.
Codo a codo, los «negros» -despreciados y estigmatizados por el establishment-, peronistas y piqueteros, con representantes de los pueblos originarios, trabajadores rurales y urbanos, intelectuales, jóvenes de clase media, tomaron las calles del país, para vencer otro intento de dictadura, la que intentan imponer los medios comerciales de comunicación. Un hecho quizá novedoso para una sociedad argentina que sigue sorprendiendo.
No fue sólo Buenos Aires. Lo mismo se repitió en el sur, en Comodoro Rivadavia, o en el noroeste, en Mendoza. Luis Bruchtein, director de Página/12 señala que «resulta una paradoja, porque de todos ellos, los únicos en condiciones de generar un proceso de sensibilización masiva sobre una problemática tan específica son los propios medios. Y esta vez han conseguido hacerlo en contra de sí mismos».
En las últimas concentraciones, tanto en la de jueves como en la del viernes anterior en el Obelisco, convocada por Facebook por los seguidores del programa televisivo 6, 7, 8 (con gran participación de jóvenes de clase media, hasta ahora reacios a participar en política), la mayoría no estaba encuadrada en columnas de organizaciones sociales o políticas, sino que portaban carteles hechos a mano.
Quizá los grandes medios, encabezados por el oligopolio de Clarín y sus radios y televisoras, La Nación, el grupo Vila-Manzano, entre otros, fueron los causantes de este fenómeno político y social, porque ellos y sus principales columnistas dejaron al rojo vivo la manipulación, con operaciones mediáticas, inventando el hecho político para forzarlo, ocultando y tergiversando la información, invisibilizando a los actores sociales y, sobre todo, dejando en estado de crispación a la sociedad, con sus titulares apocalípticos. Provocaron un fenómeno reactivo, se hicieron el harkiri de credibilidad.
Bruchtein señala que aún llevado a una guerra sin cuartel, el Gobierno no tiene herramientas suficientes que produzcan una ruptura cultural como para que la sociedad se rebele contra sus Oráculos, o para resquebrajar esta creencia sobrenaturalizada en los grandes medios.
Segundo. La problemática de los medios de comunicación comercial, hasta hace muy poco limitada a la academia y centros de estudio y/o profesionales, ha ganado la calle. La concientización popular sobre el poder de los oligopolios y monopolios mediáticos ya no logra ser invisibilizado tanto por un velo cultural sino por el propio interés de las empresas de no perder su (cada vez más escasa) credibilidad.
Esto, que está sucediendo en la Argentina del 2010, tiene mucho que ver con nuestras historias de las últimas décadas, y bien puede servir de experiencia para el resto de Latinoamérica. Durante décadas, el neoliberalismo se había dedicado a desmantelar y privatizar el aparato comunicacional del Estado, dejando en manos de cada vez menos empresas -y no necesariamente del sector- la concentración multimediática. El Estado abandonó su obligación de satisfacer el derecho fundamental a la información y la comunicación, entregándoselo a los grandes conglomerados empresariales.
En los países desarrollados, este proceso fue acompañado por regulaciones y controles antimonopólicos. Cuando estas medidas intentan ser aplicadas en nuestros países, el aparato corporativo conservador comienza a denunciarlo como atentado a la libertad de prensa y de expresión, desquilibrando el juego democrático, atacando a las instituciones democráticas. Es el discurso hegemónico, el discurso único, que ya no necesita de bayonetas para imponerse, sino que tiene en la corporación mediática comercial que intenta aplicar lo que algunos estudiosos han dado en llamar la dictadura mediática.
Hoy la pelea no es en la fábrica ni en las calles: el bombardeo, disfrazado de información, publicidad o entretenimiento, invade las salas, los dormitorios, en nuestros propios hogares.
Tercero. Además del debate sobre la democratización de la comunicación y la información, silenciado por los poderes fácticos durante 26 años de retorno a la democracia, en Argentina la crispación llevó a generar un movimiento social específico, dejando en clara la obligación del Estado de regular democráticamente el espectro radiofónico y la concentración de los medios de comunicación.
En Argentina, algunos dicen que la oposición política encontró un aliado formidable en la corporación mediática. Otros señalan que la corporación mediática ha sabido manipular a la oposición política al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, diciendo quienes son los protagonistas y los antagonistas, distando no solo la agenda informativa sino también la política. La oposición prefirió oponerse a una ley cuya aplicación no se sentirá durante este Gobierno, que termina el año que viene. ¿O no?
Son cinco jueces los que obstaculizan la aplicación de la ley, que han hecho lugar a reclamos de los grandes oligopolios (Clarín, grupo Vila-Manzano, con presentaciones de algún diputado, con motivos diferentes): por el plazo de un año para desmonopolizar, porque no se siguió el trámite reglamentario en el Parlamento y porque la ley va contra la libertad de prensa.
El gobierno nacional presentó un recurso extraordinario en la Cámara de Mendoza para que el expediente llegue a la Corte Suprema de Justicia que, con independencia y sin ningún tipo de presión, tiene que darle una mirada al tema. El titular de la Autoridad Federal de Aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto (el funcionario que llevó adelante este proceso), consideró que no va a tardar mucho en que la disputa judicial en torno a esa norma llegue a la Corte Suprema y sostuvo que el reclamo de la aplicación de esta ley no es capricho de un gobierno sino una expresión de derechos en democracia.
Breve historia de una conquista popular
El 17 abril de 2008, la Presidenta Cristina Fernández recibió a miembros de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, quienes le presentaron el documento de los 21 puntos, y le plantearon la necesidad de un nuevo modelo de comunicación, entendida ésta como un bien social y no como un negocio comercial. Un modelo de comunicación en el que tengan espacio todos y todas, no solamente las empresas de carácter comercial sino los medios públicos, de gestión estatal, y los medios comunitarios, de propiedad social, de las organizaciones libres del pueblo. La Coalición insistió en la necesidad de poner limites a los monopolios y garantizar la libertad de expresión para todos los ciudadanos.
La Presidenta recordó que la ley de radiodifusión vigente entonces fue creada por la dictadura y «no solamente ha quedado éticamente impugnada, ha quedado técnicamente impugnada: Creo que lo más importante de todo esto va a ser poder incorporar a la Argentina no solamente al debate por la democratización de la información pública».
Casi un año después, el 18 de marzo de 2009 la propuesta de proyecto de Ley de servicios de comunicación audiovisual fue presentada en sociedad por la Presidenta en la ciudad de La Plata, y luego fue debatida en 80 foros abiertos en todo el país. El 27 de agosto la versión definitiva del proyecto fue ingresada al Congreso para su tratamiento parlamentario, donde también fue debatida en audiencias públicas con la participación de numerosos representes de intelectuales, periodistas, propietarios de medios privados, de organizaciones sociales, de medios comunitarios y de asociaciones profesionales.
Finalmente, el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 17 de septiembre de 2009 con 147 votos a favor, 4 en contra, una abstención y 103 ausente, mientras que en el Senado se aprobó el 10 de octubre con 44 votos a favor y 24 en contra.
– Aram Aharonian es periodista y docente uruguayo-venezolano, director de la mrevista Question, fundador de Telesur, director del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia (ULAC)
Fuente original: http://alainet.org/active/37415