La ley de servicios de comunicación audiovisual fue aprobada por el Congreso el 10 de octubre del año pasado. Supuso un avance frente al adefesio de la dictadura. Pero está empantanada tras cuatro fallos judiciales adversos. La nueva ley de medios, Nº 26.522, se votó con mayorías más que suficientes en las dos cámaras, tras […]
La ley de servicios de comunicación audiovisual fue aprobada por el Congreso el 10 de octubre del año pasado. Supuso un avance frente al adefesio de la dictadura. Pero está empantanada tras cuatro fallos judiciales adversos.
La nueva ley de medios, Nº 26.522, se votó con mayorías más que suficientes en las dos cámaras, tras un proceso de foros donde se recogieron numerosas proposiciones de quienes son parte de los medios y de la ciudadanía en general.
En el debate parlamentario, y pese al boicot de la oposición conservadora en Diputados -se retiró del recinto, sin participar de la discusión y votación-, surgieron otros cambios y precisiones. Así se mejoró el texto legal que se habia puesto en consideración ante la opinión pública en marzo de 2008 en La Plata, que venía precedido de esfuerzos de muchos años.
La negativa del grueso de los legisladores opositores a acompañar ese proceso, actitud amplificada por los monopolios mediáticos que se habían declarado de inicio enemigos jurados de la nueva legislación, anticipaba que el camino de la aplicación de ésta no sería alfombrada con pétalos de rosas. Habría puras espinas. Espinas de acero.
La estrategia opositora consiste en poner en cancha a jueces amigos del establishment empresarial, tachando tales o cuales artículos de inconstitucionales, e incluso tildando así a la norma en su conjunto. De ese modo quieren consumir todo el 2010 sin que la ley entre a regir. Si así llegan al 2011, consideran que estarán salvados pues ese año bien podría significar un cambio de gobierno nacional. Con Julio Cobos, Mauricio Macri o Carlos Reutemann en Balcarce 50, piensan, esta ley podrá ser derogada por un Congreso que ya empezó a girar hacia la derecha con las legislativas del 28 de junio pasado.
Ese es el plan y ha comenzado a ejecutarse con fallos judiciales casi en cadena, en diciembre último, justo antes de la feria judicial de enero, como para ganar otro mes completo sin que el Estado pudiera apelarlos.
El primero de la serie fue del juez porteño Eduardo Carbone, quien atendió a un requerimiento de…Clarín. ¿Qué otro grupo económico podía picar en punta? Carbone ordenó la suspensión de los artículos 161 y 41 de la norma; el primero fija un plazo de un año para vender empresas y adecuarse al tope fijado de licencias para cada titular, el segundo sostiene que sólo se pueden vender esos medios con autorización oficial.
Carbone es un mediocre juez designado en la dictadura, 1980, que no tuvo ascensos desde entonces; cobró un instante de notoriedad cuando prohibió a Space la exhibición de «La última tentación de Cristo». Ahora dictó su fallo contra la ley democrática seis días antes de jubilarse, como lo recordó el ministro de Justicia, Julio Alak. Otra circunstancia extraña: Carbone era titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de Capital Federal, cuando los litigios contra el Estado deben plantearse ante el fuero contencioso administrativo.
Se va la segunda
La segunda puñalada contra la ley 26.522 fue asestada en Salta. La infirió el juez federal Miguel Medina, quien dio acogida favorable al planteo de CODELCO (Comité de Defensa del Consumidor).
Medina fue más allá que su colega porteño, pues además de atacar el artículo 161, puso en la picota al 45, que limita la multiplicidad de licencias para un mismo medio. Y a los artículos 62, 63, 64 y 65 que versan sobre las repetidoras de radio y TV (cadenas) y el tiempo diario de utilización en cada localidad.
El fallo emitido en Salta avanzó en contra del Estado pues ordenó al gobierno que no avance en la reglamentación de la ley, dando alcance nacional a la inhibición (el de Carbone se supone beneficiaba al promotor de la acción, Clarinete).
El titular de CODELCO es Guillermo Durán Cornejo, diputado del inexistente Partido Conservador Popular con los votos del entonces jefe del justicialismo salteño, Juan Carlos Romero. Durán Cornejo saludó el fallo de Medina diciendo que «es inaceptable que a uno le prohíban escuchar y ver los contenidos de los medios nacionales, excepto los de Canal 7; o ver los canales 13 y TN, en simultáneo, o las señales de América TV y América Noticias, porque eso limita la posibilidad de informarnos».
A este cronista semejante argumentación le hizo acordar al patético discurso del diputado justicialista Arturo Miguel Heredia, que en el recinto se quejaba de que la estatista normativa en ciernes le impediría ver el Pato Donald.
Volviendo al jefe de CODELCO, se puede arriesgar que se trata de un hombre polifuncional. Fue útil al romerismo para autorizar la construcción de un hipermercado de Cencosud-Unicenter en terrenos que antes habían sido donados a un club barrial. Más tarde se opuso a la reestatización de la privatizada Aguas de Salta, de la que su ONG recibía aportes. Ahora se metió con la ley de medios. Pregunta inocente: ¿algún monopolio estará solicitándoselo?
Antes de ser designado a instancias del entonces gobernador Romero como juez, Medina fue hasta 1995 apoderado del Partido Justicialista conducido por aquél. Como juez no cosechó prestigio personal, luego que en mayo de 2000 ordenara a Gendarmería el desalojo violento de la ruta 34 cortada por piqueteros reclamando trabajo. Hubo 40 detenidos, numerosos heridos y terminó incendiada la municipalidad de Tartagal.
¿Qué hacer con tantas trabas?
Los dos magistrados citados no estuvieron solos en su labor a favor de los monopolios de la (des) información.
El 21 de diciembre de 2009 la jueza federal mendocina Olga Pura de Arrabal dictó otra medida cautelar en contra de la ley de comunicación audiovisual.
Lo hizo tal cual lo había solicitado el diputado del justicialismo «disidente» Enrique Thomas, un aliado del vicepresidente Julio Cobos. El legislador, con su letrado Luis Leiva, denunció que en el tratamiento de la ley en el Congreso se habían cometido irregularidades. Se supone que la interpretación de los reglamentos de las Cámaras del Congreso es una facultad inherente a las mismas. Pero Thomas llevó su planteo a la justicia, politizándola en el peor sentido.
Leiva se congratuló de que la medida de la magistrada «suspende la aplicación de la ley en todo el país». «Esto terminará en la Corte Suprema», agregó, deseando que el proceso se estire todo lo posible.
Pura de Arrabal, con un nombre bien tanguero, ya había favorecido al grupo Vila-Manzano al ordenar que Canal 7 cortara sus transmisiones de su repetidora en San Rafael. Daniel Vila, cabeza del Grupo Uno, es el que comparó la aprobación de la ley de medios con el golpe militar de 1976.
Y para no quedarse corto respecto a su vecino cuyano, el juez de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, suspendió la aplicación de nueve varios artículos de la ley, luego que se lo solicitara la empresa «Jorge Estornell S.A. y Otros», perteneciente a Vila. En particular el planteo fue en defensa del pulpo Supercanal, supuestamente amenazado de perder puestos de trabajo e ingresos por publicidad.
En síntesis, la norma votada democráticamente por un Congreso democrático el 10 de octubre de 2009, lleva cuatro meses casi sin poder implementarse. Amén de los cuatro fallos, hay que añadir el boicot de la oposición en el Congreso, que no designa sus representantes ante la Autoridad de Aplicación, el Consejo Federal y la Comisión Bicameral de control.
El ministro Alak y el designado titular de la Autoridad Federal, Gabriel Mariotto, parecen haber apostado todas sus fichas a las apelaciones frente a los fallos adversos. Mariotto manifestó a Radio Rivadavia y Radio 10: «estamos esperando que la Sala 2 de la Cámara de Mendoza se expida entendiendo que tenemos múltiples razones jurídicas para tener plena vigencia de los derechos que se desprende de la ley de la democracia». «Es un trámite que no nos preocupa», minimizó.
No parece que la situación sea sencilla como para no preocuparse. La ley democrática es algo demasiado importante como para dejarla en manos de jueces y camaristas.
Es lo que debe tener en mente la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de Argentina al invitar a una marcha ciudadana hacia la explanada cercana al juzgado mendocino de Pura de Arrabal. Será el lunes 15 bajo el lema de que «el capricho de unos pocos no nos arranque 20 años de trabajo por la igualdad en la comunicación, pluralidad de voces y democratización de la palabra».
La respuesta más justa a tantos palos en la rueda podría sintetizarse, para Corameco, en «a la justicia rogando pero con las masas dando».
Fuente original: www.laarena.com.ar