La norma implica una reingeniería de la aplicación de justicia, mediante un Sistema Nacional de Víctimas, y ha sido duramente criticada por organizaciones cercanas al expresidente Calderón, y también por la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos. «No vamos a dejar de pelear hasta que haya justicia para nuestros hijos», asegura Araceli Rodríguez, madre de […]
La norma implica una reingeniería de la aplicación de justicia, mediante un Sistema Nacional de Víctimas, y ha sido duramente criticada por organizaciones cercanas al expresidente Calderón, y también por la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos.
«No vamos a dejar de pelear hasta que haya justicia para nuestros hijos», asegura Araceli Rodríguez, madre de un joven policía federal de México, desaparecido con otras siete personas en el occidental estado de Michoacán el 16 de noviembre de 2009. Esta madre forma parte de las decenas de miles de familiares de muertos, desaparecidos y desplazados internos por la violencia mexicana, y espera encontrar apoyo para hallar a su hijo, Luis Ángel León Rodríguez, en la Ley General de Víctimas, que entra en vigor este sábado 9. «Si es verdad que está muerto, quiero encontrar sus cenizas. Si es verdad que lo incineraron, quiero encontrar sus dientes. Y no voy a descansar hasta que todos los responsables de su muerte estén en la cárcel y su nombre esté limpio de cualquier sospecha», nos dice.
Rodríguez participa desde hace dos años en el ciudadano Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, creado por el poeta Javier Sicilia. Han pasado 20 meses desde que el Movimiento demandó en la norteña Ciudad Juárez una ley para atender a los deudos dejados por la violencia en México. La ley es avalada por la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y fue promulgada el 9 de enero. Nace con un gran reto: que se ejecute y brinde resultados, coinciden unos y otros. «Es una ley que no debió existir, porque es la consecuencia de la no aplicación de las leyes que están hechas para la protección y la justicia de los ciudadanos y de una guerra que nunca debió haber sucedido», dijo Sicilia el día de su promulgación.
Desde que su hijo Juan Francisco fue asesinado, en marzo de 2011, el poeta recorrió el país y tocó las puertas del gobierno, acompañado de cientos de víctimas y ciudadanos solidarios, que buscan detener la política de seguridad que dejó el gobierno de Felipe Calderón. En diciembre de 2006, al comenzar el mandato que concluyó el 1 de diciembre pasado , Calderón declaró una guerra contra los carteles del tráfico de drogas, militarizó la seguridad pública y dio atribuciones extraordinarias a la policía federal, que desde entonces sextuplicó su personal y aumentó su presupuesto de 800 a 3.000 millones de dólares.
La estrategia dejó 60.000 personas asesinadas y 25.000 desaparecidas, según los datos oficiales, aunque las organizaciones de la sociedad civil suman cifras muy superiores. Además, ha habido 250.000 desplazados y una cantidad incuantificable de deudos, que en la búsqueda de justicia perdieron todo o incluso también fueron asesinados.
En junio de 2011, en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, y después de recorrer 3.400 kilómetros en caravana por los estados más violentos del país, el Movimiento propuso, por primera vez, una ley de víctimas. El proyecto recorrió un tortuoso camino y la ley, una vez aprobada por el Congreso legislativo, fue vetada por Calderón. Pero su sucesor, Enrique Peña Nieto, la promulgó en un acto solemne, donde aseguró: «era urgente contar con un marco legal que protegiera desde ya a las víctimas». «Es un triunfo del Movimiento, algo que beneficiará a mucha gente, pero para que funcione todavía va para largo» dijo a IPS otra madre, Margarita López, cuya hija de 16 años desapareció y presumiblemente fue asesinada en el sureño estado de Oaxaca. El 19 de enero, López sufrió un atentado en Ciudad de México, cuando iba a encontrarse con un equipo de forenses argentinos para tomar muestras del ADN del esqueleto que las autoridades dicen que es de su hija. «Estoy cansada de pelear contra todos porque las autoridades son parte del problema. A veces pienso en irme del país, pero si me voy ¿quién va a buscar a mi hija?», dijo.
La ley incluye la protección jurídica y psicológica, indemnizaciones y servicios de salud, vivienda y educación, además de un elemento fundamental para las víctimas: la declaratoria de ausencia. Eso permitirá, por ejemplo, a abuelos tener la patria potestad de sus nietos, mientras el Estado sigue obligado a buscar a los padres desaparecidos, porque no se reconoce su muerte.
La norma implica una reingeniería de la aplicación de justicia, mediante un Sistema Nacional de Víctimas, y ha sido duramente criticada por organizaciones cercanas al expresidente Calderón, y también por la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sus propios promotores admiten que la nueva legislación tiene errores derivados de la urgencia, que deberá corregir el Senado este mismo mes, para lo que tiene potestad al reglamentar la norma. «La ley tiene que perfeccionarse, salió muy rápido porque la prioridad era que el Estado reconozca la tragedia, pero ya estamos haciendo las adecuaciones», dijo a IPS la recién nombrada coordinadora de asesores en derechos humanos de la Procuraduría (fiscalía) General, Eliana García, una promotora de la norma. «Establece un esquema de justicia restaurativa, con cuatro ejes: el derecho de las víctimas a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Es una ley inédita», insistió la reconocida activista social y política de izquierda.
Sus detractores alertan sobre su peso en el presupuesto, pues la ley obliga al Estado a asumir los costos por daños físicos, mentales, materiales, perjuicios morales y gastos de asistencia de las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, sin importar quién fue el victimario ni cuándo ocurrió la agresión. Esto amplía la protección a las víctimas de la llamada «guerra sucia» de la década de los 70. El artículo 71 establece que cuando el autor del delito no pueda resarcir el daño, porque se fugó, murió o esté desaparecido, el Estado, como responsable subsidiario, deberá hacerse cargo de la reparación hasta el equivalente a 78.600 dólares. «Fue un error dejar tan abierta la subsidiaridad compensatoria, en las correcciones que trabajamos ya la acotamos solo para delitos graves, que atenten contra la vida, la libertad y la integridad física», explicó García.
También se modificará la conformación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en que la ley incorpora a casi 4.000 funcionarios de todos los ministerios del país y de los estados, así como el capítulo de competencias, que solo involucra al gobierno nacional.
Lo que no se aclara todavía es cómo se obligará a las autoridades regionales y municipales a cumplir la ley, y son ellas las más señaladas de los delitos por víctimas y familiares. Tampoco se identifican las nuevas instancias que se harán cargo de las víctimas atendidas actualmente por la Procuraduría Social creada en septiembre de 2011, que será reemplazada por el nuevo sistema.
El Movimiento de víctimas prepara ya talleres y grupos de lectura de la ley para promoverla en los 31 estados del país. Ese fue uno de los acuerdos de un encuentro realizado en la capital mexicana del 25 al 27 de enero, en el que participaron también organizaciones de Estados Unidos y Canada. «Nos queda claro que después de la ley, todavía hay mucho por hacer. Nos llevamos una gran agenda», dijo a IPS el activista Ted Lewis, director del programa de derechos humanos de Global Exchange, una de las organizaciones que financiaron la caravana que recorrió Estados Unidos y llegó a Washington en septiembre de 2012.