Al mismo tiempo que las principales organizaciones sociales que sustentan al gobierno se encuentran muy atareadas en las actividades para la campaña proselitista que buscará la reelección presidencial de Evo Morales, o que se encuentran estableciendo acuerdos al mismo tiempo de agradecer la entrega de sedes propias y motorizados, como sucede con la COB y […]
Al mismo tiempo que las principales organizaciones sociales que sustentan al gobierno se encuentran muy atareadas en las actividades para la campaña proselitista que buscará la reelección presidencial de Evo Morales, o que se encuentran estableciendo acuerdos al mismo tiempo de agradecer la entrega de sedes propias y motorizados, como sucede con la COB y otras organizaciones obreras y fabriles, sobre la base del apoyo a la candidatura oficial; en la Asamblea Legislativa se van considerando y aprobando un conjunto de normas que en varios casos favorecen los grandes intereses empresariales o, en su defecto, responden a un enfoque conservador y hasta reaccionario.
Por ejemplo, es lo que ha sucedido hace algún tiempo con la llamada Ley de Revolución Productiva. Con su aprobación, se dio luz verde al ingreso de transgénicos al país, lo que no solo constituye un fuerte revés a los principios del Vivir Bien y el establecimiento de relaciones armoniosas con la naturaleza, sino que constituía uno de los anhelos más caros para terratenientes y agroindustriales del Oriente, en su afán por expandir la frontera agrícola y la monoproducción extensiva de productos transgénicos.
Posteriormente, para complementar los «incentivos y beneficios» de la anterior norma, y colocándose totalmente en contramarcha de un proceso agrario orientado a corregir la persistencia del latifundismo y la concentración de tierras en pocas manos, también se aprobó la Ley 337 de Apoyo a la Producción y Restitución de Bosques. Dicha norma no solo despenaliza y otorga un perdonazo a los productores y grandes propietarios de tierras que desde el año 1996 hubiesen provocado grandes incendios y desmontes ilegales de tierras, sino que previa confesión de parte y un pago de aproximadamente 60 dólares por hectárea deforestada (420 bolivianos!), se les libera de culpa y se les autoriza a producir en dichas tierras que se encontraban sujetas a reversión. Es decir, se convalida la quema y pérdida de bosques y biodiversidad, se consolida la tenencia de la tierra que estaba sujeta a reversión en manos ilegales, y ni siquiera se recupera esas tierras que bien podían haber sido utilizadas para evitar los graves problemas de avasallamientos y distribuirla a campesinos e indígenas que no tienen tierras, o que la tienen en forma insuficiente.
Se calcula que existen 4,5 millones de hectáreas deforestadas y quemadas ilegalmente en todo el país, de las cuales un 80% se encuentran en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Ello significa que al margen de un reducido porcentaje que obligatoriamente deberá ser reforestado, restan alrededor de 4 millones de hectáreas de tierra que han sido «beneficiadas» por el perdonazo. Debe tomarse en cuenta que actualmente en todo el país existen solamente 3.5 millones de hectáreas que se encuentran en producción agropecuaria. La dimensión del incentivo es por demás significativa.
En los ejemplos señalados, llama la atención el sentido de las palabras y el título de las leyes, respecto del contenido de la norma y las implicaciones prácticas de su aplicación, que ciertamente van en contra de lo que se anuncia.
En este contexto de concesiones e «incentivos» a sectores empresariales, más recientemente se han aprobado normas en la Asamblea Legislativa, que estuvieron enmarcadas por hechos de violencia y represión contra sectores directamente relacionados. Es el caso de los niños, niñas y adolescentes que continúan luchando porque se comprenda su visión sobre el derecho a trabajar, o de los luchadores sociales víctimas de violencia política en periodos dictatoriales, a los que también se pretendió aislar e ignorar en el tratamiento y aprobación de una norma específicamente relacionada con ellos.
Sin embargo en el primer caso se produjo algo peor. Al margen de la incomprensión y desconocimiento que los legisladores han hecho patentes respecto de las circunstancias y la visión del derecho al trabajo de la población infantil y adolescente de nuestro país; el tratamiento y aprobación del nuevo Código del niño, niña y adolescente, ha terminado identificándose y otorgando una de las mayores conquistas a los sectores conservadores y tradicionales, puesto que al incorporar la palabra «concepción» (que hace referencia al momento de inicio para el reconocimiento de derechos desde la gestación y no desde el nacimiento), y nada menos que con el argumento de proteger la vida, echaba por la borda los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las condenaba (junto a su progenitura), a la clandestinidad, la ilegalidad y/o la muerte. Es decir, se decidió cohonestar indecorosamente y mantener una de las más hipócritas, conservadoras y prejuiciosas visiones sobre el respeto a la vida y la concepción, a cambio de evitarse el sobresalto de «malas interpretaciones» y críticas de los sectores (falsamente) moralistas.
Finalmente, en los primeros días que cursan este febrero de 2014, las noticias dieron curso a otra información relacionada con la Ley de Promoción de Inversiones, a través de la cual se busca promover la atracción de nuevos capitales. Surgió la sospecha de que ese instrumento normativo podría eventualmente contraer nuevas concesiones a los grandes intereses empresariales y capitalistas. El entredicho y la molestia presidencial se produjo cuando el periódico Página Siete tituló que el Proyecto de Ley «frenaba nuevas nacionalizaciones». Al día siguiente, el propio Presidente Evo Morales se encargó de desmentir el titular, señalando que: «las nacionalizaciones están garantizadas». Sin embargo, al analizar el artículo 27 del mencionado proyecto de Ley, queda la pregunta e incertidumbre acerca de qué prevalecerá y cómo se pretende, al mismo tiempo, garantizar «que las inversiones que se realicen bajo las regulaciones de la presente ley, no serán nacionalizadas» y que «únicamente se procederá a la nacionalización por razones de interés público, o cuando se comprometa la soberanía nacional» (el subrayado es nuestro). Es decir, en qué quedamos?, se nacionaliza o se protege la inversión?
Desde esa perspectiva y sin dudar en absoluto de la palabra del Presidente, sería muy conveniente que el criterio presidencial, que además implica ejercer y hacer prevalecer la soberanía, la independencia y la dignidad nacionales, no solo quede allí, sino que prevalezca y se traduzca claramente en la letra de la Ley que se encuentra en proceso de aprobación. Al menos quedará el consuelo de no haberse dado curso a nuevas y mayores concesiones.
Arturo D. Villanueva Imaña. Sociólogo. Cochabamba.
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