Es imposible quedar indiferente y guardar silencio frente a las afirmaciones y amenazas emitidas por el Vicepresidente Alvaro García Linera en contra de 4 ONG’s nacionales, porque entrañan el riesgo de conculcar los más básicos derechos a la libre expresión, pensamiento y asociación que toda legislación nacional e internacional reconoce en favor del conjunto de […]
Es imposible quedar indiferente y guardar silencio frente a las afirmaciones y amenazas emitidas por el Vicepresidente Alvaro García Linera en contra de 4 ONG’s nacionales, porque entrañan el riesgo de conculcar los más básicos derechos a la libre expresión, pensamiento y asociación que toda legislación nacional e internacional reconoce en favor del conjunto de la sociedad civil y sus organizaciones sociales.
Debe considerarse que más allá del gravísimo atropello y amenaza explícita que se ha hecho para cerrar y expulsar a prestigiosas y reconocidas ON’Gs nacionales (que se extiende al castigo y anulación de periodistas y medios de comunicación que se han conocido públicamente), no solo significa atentar contra aquellos elementales derechos mencionados (tan importantes y caros para aportar y construir una sociedad democrática diferente), sino que además tiende explícitamente a usurpar, secuestrar y privatizar la política, como si ésta fuese un privilegio exclusivo de unos pocos. Peor aún, puesto que se realiza nada menos que en el marco del proceso nacional de cambio y transformaciones, en el que todos y cada uno de los ciudadanos bolivianos (más allá de una opción discrecional), deberíamos sentir la obligación y el deber de participar e involucrarnos, para desarrollar aportes que permitan efectivizar el mandato popular plasmado en la Constitución Política del Estado.
Percibo que tal actitud antidemocrática y autoritaria, que pretende operativizarse a través de una ley (351) y su decreto reglamentario (1597), que han sido impugnados por el Defensor del Pueblo como inconstitucionales, y respaldado por el relator especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica, no representa únicamente un intento por acallar y destruir instituciones de la sociedad. Hay que recordar que, en su momento, el propio Presidente del Estado Plurinacional, ha reconocido expresamente el importante trabajo de investigación y aportes documentales realizados en favor del mejor conocimiento de la realidad nacional y de las propias iniciativas populares. Por tanto, de lo que se trata es de terminar despojándonos y cerrando para todos y cada uno de los bolivianos, la oportunidad y el derecho inalienable que tenemos para usar, informarnos, conocer y acceder a los datos, la documentación, el conocimiento y las investigaciones que se realizan en nuestro país.
En razón de ello, quisiera expresar mi temor, y al mismo tiempo reclamar y rechazar firmemente cualquier intento y posibilidad de llevar adelante el cierre y silenciamiento de las 4 ONG’s nacionales, porque al margen de constituir una medida totalmente arbitraria, autoritaria e intolerante, que solo podría ejecutarse sobre la base de unas normas impugnadas legal y formalmente como inconstitucionales, implicarían cercenar nuestras propias libertades y derechos ciudadanos que, con seguridad, todos los bolivianos estamos dispuestos a defender a toda costa.
Es más, corresponde hacer un llamado vigoroso y demandar públicamente, que el gobierno del Estado Plurinacional, deje sin efecto todas las amenazas y medidas anunciadas en contra de las 4 instituciones mencionadas por el Vicepresidente Alvaro García Linera, y devuelva a todos los bolivianos, sus organizaciones sociales e instituciones, la seguridad, la confianza y la garantía de que podemos desenvolvernos en plena libertad y democracia.
Finalmente, argüir (como lo hace el Vicepresidente en su respuesta a más de una treintena de intelectuales internacionales), una supuesta defensa de la soberanía nacional, cuando en realidad lo que se busca es anular y cerrar 4 instituciones del país, pero sobre todo silenciar y conculcar absolutamente los derechos de libre expresión, asociación y pensamiento de todos los bolivianos, no es sino una expresión hipócrita de alguien que pretende imponer con argumentos retorcidos y medios legales inconstitucionales, una sola y única visión imperante sobre la realidad nacional, así como una secante, autoritaria y antidemocrática forma de gobernar, que no tiene nada que ver y está totalmente reñida con escuchar y gobernar obedeciendo al pueblo.
Arturo D. Villanueva Imaña, Sociólogo, boliviano.
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