La lucha del presidente Evo Morales contra la corrupción y la búsqueda de justicia se ha hecho recurrente en los medios de comunicación durante los últimos días. «Caiga quien caiga» es la consigna y no habrá distinción entre quien perpetre contra el patrimonio del Estado, sea del propio Gobierno o no. Pero en las puertas […]
La lucha del presidente Evo Morales contra la corrupción y la búsqueda de justicia se ha hecho recurrente en los medios de comunicación durante los últimos días. «Caiga quien caiga» es la consigna y no habrá distinción entre quien perpetre contra el patrimonio del Estado, sea del propio Gobierno o no. Pero en las puertas de los juzgados aún esperan los familiares de 65 masacrados, esperando que la silla del acusado sea por fin ocupada.
Varios cargos pesan sobre las espaldas del suspendido juez Eddy Fernández. El más leve es la retardación del proceso contra el ex ministro de Defensa del gobierno del ex dictador Hugo Banzer, Fernando Kieffer, quien murió sin haber respondido por la compra de un avión cuyo precio se excedió en 800.000 dólares. El más serio es también haber entorpecido el proceso contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, principal sospechoso por la masacre de 65 personas durante las convulsas jornadas de octubre de 2003.
El avión Beechcraft, para misiones de rescate y auxilio de damnificados, tenia un costo aproximado de 1.200.000 de dólares, pero la compra fue presentada por el entonces ministro Kieffer como una adquisición de 2 millones de dólares.
«Octubre negro» es el nombre con el que se bautizó el mes en que, por ordenes del entonces primer Mandatario, Sánchez de Lozada, 65 hombres y mujeres fueron asesinados por impacto de proyectil durante una serie de protestas contra una desventajosa venta de gas a Estados Unidos. La sangre derramada indignó a casi todas las capas de la sociedad y unas horas después Goni -apodo del ex presidente con acento gringo- escapaba hacia los EE.UU., donde luego conseguiría asilo y dejando el país sumido en una crisis de Estado aguda.
Un juicio de responsabilidades fue instaurado contra Goni, sus ministros y su alto mando militar, sin embargo, diversas recusaciones, faltas e irregularidades entorpecieron el proceso -además del hecho de que el principal acusado se encontraba fuera de Bolivia- manteniéndose en paréntesis hasta hace unos meses en que fue por fin abierto. Por la retardación de ese juicio es acusado Eddy Fernández.
El juicio de responsabilidades enfrentó la ausencia de los principales acusados desde sus inicios. Goni, su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín y otro ministro se encontraban protegidos diplomáticamente en EE.UU. Tiempo después los ex ministros del derrocado gobierno, Mirtha Quevedo y Jorge Torres Obleas y Javier Torres Goitia, fueron acogidos como perseguidos políticos en Perú, hecho que tensionó las relaciones entre esté último y Bolivia.
El pasado martes exhorto suplicatorio de la Corte Suprema de Justicia fue entregado a la cancillería de Perú para extradición de los ministros asilados en el país andino, según informó el Canciller David Choquehuanca.
Este martes fue instaurado un Tribunal de Sentencia para juzgar a Fernández a pedido de los familiares de las victimas. Ricardo Díaz, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), informó que, «22 senadores estarán habilitados para actuar en el Tribunal de Sentencia para iniciar el juicio contra Fernández que fue iniciado por los familiares de las víctimas de octubre, a, través de sus abogados, que pidieron justicia por las 70 muertes y más de 400 heridos…».
Por el mismo lado, el testimonio de Fernández acerca de la retardación de justicia sobre la irregular compra del avión Beechcraft durante el gobierno de Banzer no pudo ser escuchado por falta de quórum pues de 130 diputados que debían oírlo solo se hicieron presentes menos de 66, dejando la audiencia para «los próximos días». Al mismo tiempo, Fernández recusó a 64 diputados en el caso de «Octubre negro».
Otro diputado del MAS, Jorge Silva, calificó como una forma de «encubrirse a sí mismo» la recusación de esos 64 parlamentarios. «Anteriormente a hecho recusaciones a la Comisión del Ministerio Público, tratando de lograr su impunidad y tratando de dejar de lado la investigación que estamos llevando a cabo, y es una forma de encubrirse así mismo», denunció, según un articulo publicado por la Agencia Boliviana de Información (ABI).
En su defensa, Fernández cuestiono la intención del Gobierno de llevar a cabo de juicio de responsabilidades pues con su suspensión quedarían solo siete jueces de la Suprema Corte de Justicia de los doce requeridos. «Una decisión de la Suprema Corte en un juicio de responsabilidades debe darse por lo menos con el voto de ocho integrantes, lo que no hay en la actualidad», indicó.
Pero la aclaración jurídica de Fernández extrañó a Rogelio Mayta, abogado de las victimas de Octubre negro, quien recordó que en su momento el ex presidente de la Corte Suprema autorizó decisiones que favorecieron al empresario y ex cívico opositor Branco Marinkovic con solo cinco jueces presentes. «Es curioso como el suspendido presidente de la Corte Suprema ahora pretende aplicar decisiones sin que en otros casos similares las haya ejecutado», señaló.
Otros imprevistos se sucedieron en los juicios contra Fernández entre el último lunes y miércoles. Este martes tres senadores del opositor Poder Democrático y Social (PODEMOS) fueron recusados por adelantar un criterio jurídico que absolvía de culpa al juez acusado por retardar el juicio de Octubre negro. Entre ellos estaba el presidente de la Cámara de Senadores, Oscar Ortiz. «Adelantaron criterio y prácticamente iban a absolver a Eddy Fernández», alertó Mayta.
El juicio de responsabilidades requerirá y tendrá la exclusiva atención de la Cámara Alta, que no podrá tramitar no conocer otros temas mientras el juicio contra Fernández no se resuelva, por lo que se espera que la querella no se extienda más allá de diez días, todo facilitado por la Ley 2623, que exige la concentración de la instancia judicial.
Mientras tanto los medios de prensa informan que el juicio de Octubre negro se reanudará nuevamente el 5 de octubre próximo. La nueva interrupción fue producto de la recusación que miembros del Senado interpusieron contra cinco diputados que adelantaron criterios contra Eddy Fernández, Luis Vásquez, Wálter Guiteras, Fernando Rodríguez, Oscar Ortiz y Róger Pinto.
Un estudio de Transparencia Internacional, prestigiosa institución, resalta que Bolivia se sitúa sobre otros países latinoamericanos en la lucha contra la corrupción. En demostración de consecuencia, el Ministerio de Transparencia mantiene su acusación contra Santos Ramírez, antiguo miembro del MAS, por la corrupta administración de una importante empresa estatal, así como también depone a otro servidor público, Guillermo Dalence por el manejo irregular de otra empresa estatal.
El Gobierno advierte que será implacable contra la corrupción, «venga de donde venga» y esta a pasado de flagelo social y delito a una forma de «traición a la Patria», tal como indicó el presidente Morales. La Justicia es aclamada en estos días pero familiares de 65 masacrados aún esperan en las puertas de los juzgados, donde la silla del acusado permanece vacía, con más de la mitad de los implicados asilados