El pasado 9 de marzo se aprobó la Ley General de Educación Superior en México, la cual pretende legislar la educación superior gratuita en el país. Pero para que esta medida sea realmente efectiva, hará falta luchar para una relación de fuerzas favorable.
El domingo 27 de diciembre de 2020 fue encontrado sin vida el cuerpo del estudiante mexicano Daniel Vargas Ortiz. Fue hallado muy lejos de su domicilio, en una colonia a las orillas de Ciudad Juárez, del estado de Chihuahua (una urbe que linda con Estados Unidos). El cuerpo de Daniel había recibido numerosos golpes y en su cuello había un cordón con el que habría sido asfixiado; había sido reportado como desaparecido desde el 25 de diciembre, cuando su celular dejó de contestar llamadas.
Este acto oscuro y aún sin resolución tiene sin embargo un telón de fondo muy claro: la lucha por la educación superior gratuita en México.
La última publicación en el muro de Facebook de Daniel data del 12 de diciembre: una foto –seguramente tomada por él– en la que se puede observar el símbolo escultórico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde se encuentra colgada una manta adornada con letras azules, mayúsculas y anchas. Ahí se lee la consiga: «EDUCACIÓN GRATUITA PARA TODOS».
Se sabe que Daniel había sido un protagonista por aquellos días en las organizaciones de estudiantes que habían tomado las instalaciones de la rectoría de la UACJ el día 11 de diciembre. Los estudiantes exigían a las autoridades varias acciones muy puntuales, de entre las que destacaba una: la exención del pago de cuotas que económicamente exprimen a los estudiantes.
Los estudiantes de la UACJ exigían en particular el cumplimiento de la Ley General de Educación Superior, que terminaría con el pago de cuotas en las universidades públicas; habían intentado confrontar al rector de la universidad para hablar sobre la gratuidad en el marco de la Ley, pero fueron recibidos con hostigamientos y intimidaciones.
Si bien la ley general iba a ser aprobada en el Congreso el pasado 9 de marzo y entrará en vigor dentro de los próximos 180 días, el episodio en la UACJ recuerda que su aplicación y ultimo alcance sigue dependiendo de en qué medida la sociedad mexicana se apropia de la iniciativa.
La coyuntura y una ley
La discusión de esta Ley es un factor determinante para entender la burbuja que explotó en Ciudad Juárez. El objetivo principal de la iniciativa es terminar con el pago de cuotas en las universidades públicas. Esto se llevaría a cabo de manera paulatina a partir del año 2022, a través de un «Fondo Especial Federal» que subsidiará las cuotas.
La propuesta nace producto de la necesidad de hacer cumplir la reforma al artículo 4 de la Constitución política mexicana, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y vigente hace poco menos de un año. Dicha reforma elevó a rango de derecho las pensiones a adultos mayores, el acceso gratuito a la salud y a la educación en todos los niveles escolares. Sin embargo, en los hechos no existía el elemento jurídico que diera cuerpo al derecho relacionado específicamente con la gratuidad en Educación Superior.
Por lo tanto, se entiende por qué la noticia de la discusión y aprobación de esta ley resultó grata a los estudiantes conscientes de la UACJ, que vieron de manera oportuna izarla como una de sus banderas en las protestas en diciembre pasado. Sin embargo, es llamativo que en otras universidades de provincia –que sufren los mismos estragos que la UACJ– no haya generado la misma expectativa y no se busque su inmediata aplicación. Esta falta de repercusión es aún más curiosa porque, según diversas fuentes, la deserción universitaria en México es una de las más altas de la OCDE: solo una persona de cada diez que ingresan a la universidad logra graduarse. Esto sin mencionar que en universidades públicas estatales, la obtención del título depende de si estás al corriente del pago de las cuotas: puedes terminar la universidad, pero endeudado.
La oposición a la ley
La razón de que el tema de la Ley General de Educación Superior haya sido minimizado por los medios en los acontecimientos de la UACJ y que incluso no sea comentada en las demás universidades públicas es inseparable de la correlación de fuerzas y la lucha por la hegemonía que se está dando en el gobierno de la «Cuarta Transformación».
Por una parte, el gobierno federal se ha visto bajo un continuo asedio de los medios de comunicación (a los que se le rebajó el presupuesto publicitario), difundiendo fake news, distorsionado el sentido de la comunicación oficial y generando una batalla diaria de contrainformación. Por otra parte, ciertas agrupaciones, sindicatos y colectivos de izquierda, y una parte del sector universitario, manifiestan su desaprobación de esta medida del gobierno federal, la cual abona a un ambiente difuso en cierto nivel de comunicación pública. Estos actores, entre otros, han incidido en que la publicación y aplicación de la Ley General de Educación Superior no haya gozado de mayor apoyo social.
El actuar de los medios responde naturalmente a intereses económicos privados y a la propia crisis que viven en la era digital. Sin embargo, la oposición de los agrupaciones y colectivos de izquierda es un asunto más espinoso. A estos grupos de izquierda les preocupa que la Ley contemple la participación de la iniciativa privada en las universidades; sin embargo, se olvida de que la iniciativa privada participa de facto en las universidades desde hace mucho tiempo atrás y que la Ley de hecho viene a regular estos vínculos en nombre de evitar la corrupción. Otra preocupación es que la Ley otorga mayor responsabilidad a las universidades en su gestión, es decir, las vuelva más autónomas ante el Estado; el temor entre estos sectores es que esto sea una treta para que el Estado se deslinde de aportarles mayor presupuesto.
Pero este tipo de críticas lanzadas desde algunos sectores de la izquierda mexicana deben ser relativizadas ante lo que busca la Ley: exención de pago de cuotas, una acción que propiciaría que llegaran más jóvenes de escasos recursos a estudiar a la universidad.
Los derechos no se imploran, se conquistan
Si bien la Ley General de Educación Superior prácticamente ya está aprobada, queda pendiente una disputa importante en torno a su aplicación. Es por esta razón que las criticas y las reservas de la izquierda y del campo educativo deberían hacerse en conjunto con un análisis de la coyuntura electoral: las elecciones de mediados de 2021 –cuando se renovarán los 500 cargos de la cámara de diputados– brindarán una oportunidad para garantizar que la Ley sea aplicada lo más pronto y de forma más beneficiosa posible. Con una composición parlamentaria favorable, los luchadores sociales podrían ocupar espacios estratégicos en la cámara de diputados para que dicha Ley no se quede en el plano de las «buenas intenciones».
Es importante reconocer, a su vez, que los diputados y senadores de Morena han hecho poco para la politización de la Ley. Pero lo mismo se podría decir de las autoridades universitarias, quienes mantienen una relación tensa con la Cuarta Transformación: AMLO ha acusado a dichas autoridades de presuntos actos de corrupción y del opaco manejo de recursos públicos, mientras el sector universitario considera que el presidente promueve un plan de austeridad que afectará los presupuestos de investigación y salarial.
Sea como sea, la misma correlación de fuerzas de esta situación lleva inevitablemente a la situación ya referida: o los luchadores sociales se mantienen en la inercia de antes o dan el salto a la cámara de diputados para que esa Ley se concrete sin retrasos en el 2022. En otras palabras: o se sigue implorando justicia o se le conquista.
La paulatina ocupación de espacios institucionales (que llevaría a la conquista del derecho a la Educación Superior Gratuita) debe ser acompañada por un amplio y diverso ejercicio de politización del tema entre estudiantes y profesores de todas las universidades. Como Flavio Sosa Villavencio ha escrito recientemente: la Cuarta Transformación no solo depende de lo que se realice desde los poderes institucionales, sino que «su consecución se juega, en gran medida, en la apropiación social de las medidas de gobierno».
Lo cierto es que la buena intención de la Ley General de Educación Superior puede esfumarse si no estamos como los estudiantes de la UACJ en diciembre pasado: organizados y conscientes de sus derechos, poniendo el cuerpo, hasta que el bienestar social se haga costumbre. Ese sería un homenaje indiscutible a la memoria de Daniel Vargas Ortiz.