El pasado mes de septiembre, el Estado Plurinacional de Bolivia vivió uno de los peores momentos de su joven existencia. En horas de la tarde del domingo 25 de septiembre se produjo una violenta intervención policial de la Marcha Indígena «Por la defensa del TIPNIS, los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de […]
El pasado mes de septiembre, el Estado Plurinacional de Bolivia vivió uno de los peores momentos de su joven existencia. En horas de la tarde del domingo 25 de septiembre se produjo una violenta intervención policial de la Marcha Indígena «Por la defensa del TIPNIS, los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas». Además de resultar contraproducente, la acción evidenció las enormes contradicciones entre los dichos y los hechos del llamado Proceso de Cambio dirigido por el gobierno de Evo Morales y el partido del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En el origen de este conflicto se encuentra la intención del gobierno boliviano de construir una carretera que ha de atravesar el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Este plan forma parte de la Iniciativa de Infraestructura Regional Sur Americana (IIRSA) que, entre otros proyectos, contempla la creación de corredores transoceánicos que vinculen el Atlántico con el Pacífico abaratando el transporte de mercancías entre ambos océanos. La construcción de la carretera correría por cuenta de Bolivia pero sería ejecutada por la empresa brasileña OAS, con el respaldo de créditos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) del país vecino. «Los principales beneficiados», dice el investigador Pablo Villegas, «además de los sojeros brasileños quienes se ganarían un atajo hacia los mercados asiáticos, serían los madereros, ganaderos y colonizadores que tienen sus ojos puestos en los recursos naturales del TIPNIS. De esta manera, la marcha indígena puso el dedo sobre la llaga de lo que Pablo Solón, ex embajador de Bolivia ante la ONU, ha llamado «la incoherencia entre el discurso y las acciones del Gobierno». Por su cargo diplomático, Solón fue en los últimos años el principal promotor ante el mundo de la imagen del presidente Morales como defensor del medio ambiente. Hoy, el ex embajador se ha adherido a quienes critican la construcción de la carretera porque «hiere a la Madre Tierra, no respeta los derechos indígenas y viola de manera imperdonable los derechos humanos».
Sarela Paz habla del TIPNIS como «la última casa grande» de los tres pueblos que habitan su territorio, en 63 comunidades de chimanes, yurucarés y mojeño trinitarios. Esta antropóloga dirigió, por encargo de las instancias gubernamentales correspondientes, la Evaluación Ambiental Estratégica del TIPNIS. Según Paz: «el conflicto con el gobierno estalla justamente porque se desarrolla y aprueba un plan de carretera y no se consulta con las comunidades vivientes». Fueron precisamente los indígenas de las tierras bajas quienes, al movilizarse en 1990 en una primera Marcha en defensa de sus derechos colectivos, incendiaron la mecha que impulsó el reclamo nacional por una nueva agenda política. Así, la demanda de una refundación del Estado, llevada a debate público por los marchistas de 1990, se concretó a principios del 2009 en una nueva Constitución Política del Estado (CPE) que se destaca por su amplio reconocimiento de derechos individuales y colectivos. Nelly Romero, vicepresidenta de la Confederación Indígena de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), dijo sobre los indígenas de las tierras bajas: «Nosotros no somos parte del Proceso de Cambio. Somos constructores del Cambio.»
En su artículo 403, la nueva CPE reconoce «…la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónico con la naturaleza.» En el tema de la construcción de una carretera en el TIPNIS, dice Sarela Paz, el proceso de consulta no se llevó adelante.
También Lázaro Tacoo, un joven dirigente del pueblo chiquitano, destaca la importancia de exigir el cabal cumplimiento del derecho constitucional a la consulta previa. De su niñez, Tacoo recuerda cómo su tierra natal se fue cambiando con los efectos de la ocupación ganadera y el cambio climático: «Se han ido desapareciendo los cítricos y demás plantas. Hoy debemos comprar los plátanos que antes producíamos. En cambio, el TIPNIS aún es un paraíso. Es como el pulmón que da vida al pueblo boliviano. Sus pobladores están marchando porque ellos no quieren vivir lo que ha sucedido en la Chiquitanía. Nosotros les apoyamos, si el gobierno está dispuesto a partir el corazón del TIPNIS, también lo va a hacer con los otros territorios indígenas.»
Entonces, los indígenas de las tierras bajas decidieron marchar una vez más en defensa de sus derechos y territorios colectivos. El 15 de agosto partieron desde la ciudad de Trinidad hacia la sede de gobierno en La Paz. Días antes, el presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas Mosúa, llamó la construcción de la carretera «una invitación a llenar el parque de coca, mayor penetración de colonizadores y destrucción de bosques». Justa Cabrera, representante del pueblo guaraní y presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), anunció el inicio de una campaña de recolección de alimentos, medicamentos y ropa para, con el apoyo de organizaciones e instituciones solidarias, «evitar enfermedades que puedan afectar principalmente a niños y mujeres».
La respuesta del gobierno nacional fue, desde el inicio, decepcionante. En vez de acercarse a los marchistas y aprender con ellos, de acuerdo al nuevo paradigma del «Vivir Bien» que rige el discurso oficial, los comenzó a descalificar de varias maneras como actores del cambio. Primero, había funcionarios que tildaron a los indígenas del TIPNIS de «salvajes» quienes se resisten al «desarrollo» del país. Luego, aparecieron las acusaciones contra la CIDOB, principal entidad de coordinación de la marcha, alegando supuestas pruebas de enriquecimiento ilícito con la explotación ilegal de bosques. También se comenzaba a mencionar la existencia de «pruebas irreprochables» de que algunos de sus dirigentes serían financiados por USAID y la Embajada de los Estados Unidos. Con el avance de la marcha, esta última denuncia se iba ampliando para incluir entre los «sospechosos de participar en una conspiración contra el Proceso de Cambio» a las Organizaciones No Gubernamentales en general. Se anunció la conformación de una comisión de investigación de la Asamblea Plurinacional Legislativa «para expulsarlas del país de constatarse que financian la marcha indígena». Colonizadores y otras organizaciones sociales comprometidas con la estructura del partido gubernamental (Movimiento Al Socialismo) se movilizaron en manifestaciones y «contramarchas», y se reunieron en la población de Yucumo para bloquear el paso de la Marcha Indígena.
En este escenario se planificó y produjo una primera intervención armada de la marcha. Las delegaciones de ministros y viceministros que visitaron la marcha para «dialogar», no tenían autorización para considerar el trazado de una ruta de carretera alternativa que dejaría intacta al territorio del TIPNIS. Los policías que fueron enviados a Yucumo para «evitar confrontaciones entre sectores sociales», desplegaban acciones que reforzaban el bloqueo a la marcha negando el paso de víveres y medicinas e incluso, el acceso de los marchistas a fuentes naturales de agua. Cuando el 24 de septiembre, el Canciller David Choquehuanca y Cesar Navarro, Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, se presentaron en Yucumo, las mujeres indígenas los pusieron por delante de su marcha y atravesaron los ocho kilómetros del bloqueo policial.
Al día siguiente, el gobierno utilizaría esta astuta acción para justificar un violento operativo de «desconcentración» que preveía «el traslado de 350 a 400 indígenas marchistas, desde la localidad de Yucumo hasta la ciudad de Trinidad, para luego desplazarlos hasta las localidades Loreto, Casarave, San Pedro Nuevo y San Pablo». Según un comunicado de CEJIS, «500 efectivos de la fuerza pública rodearon el campamento indígena cerca del puente San Lorenzo a 5 km. De la localidad de Yucumo y procedieron a perseguir a los marchistas, haciendo uso del gas lacrimógeno y de los palos, golpeando salvajemente a las mujeres, hombres y niños, separando las familias, atando las manos, pies y bocas de las personas con cintas adhesivas y obligándolos a subir vehículos que partieron con destino desconocido».
La intervención logró interrumpir la marcha momentáneamente, pero fue un rotundo fracaso en todos los demás sentidos. Una resolución posterior de los marchistas destaca que «el 25 de septiembre será recordado como el día de la vergüenza en la Bolivia Plurinacional, porque es la primera vez en la historia que una marcha indígena ha sido intervenida y violentamente reprimida»; y agradece «el levantamiento del pueblo de San Borja, impidiendo que avancen las flotas y camionetas en que llevaban a nuestros hermanos secuestrados hacia rumbo desconocido, así como la triunfal liberación que el pueblo de Rurrenabaque nos regaló, junto a los vecinos de San Buenaventura y Tumupaza, así como hermanos Mosetenes, Tacanas y Tsimanes, quienes en una acción audaz tomaron el aeropuerto para impedir nuestro forzado traslado hacia destinos desconocidos, en aviones fletados por la Fuerza Aérea Boliviana».
La sociedad boliviana respondió enérgicamente con vigilias públicas, pronunciamientos y otras acciones de protesta a la represión y solidaridad con la Marcha Indígena. Los marchistas decidieron «saltar» la zona de Yucumo para evitar confrontaciones con los colonos, y se volvieron a concentrar luego de una semana a 42 kilómetros, en la población de Quiquibey, para proseguir su caminata en dirección a La Paz. La Ministra de Defensa Cecilia Chacón, el Ministro de Gobierno Sacha Llorenti, y otros tres altos funcionarios de gobierno renunciaron a sus cargos.
Entre otros, el presidente Evo Morales y el Vicepresidente Alvaro García Linera intentaron salvar la imagen del gobierno aludiendo que las violencias no habían sido autorizadas por orden superior. También reforzaron sus ataques a los varios supuestos «conspiradores» y su llamado a «la movilización del pueblo boliviano en defensa del Proceso de Cambio». Sin embargo, la pérdida de credibilidad es evidente. La torpe gestión gubernamental ya no logra ocultar sus contradicciones y ha comenzado a caer por su propio peso. A la vez, la marcha por el TIPNIS ayudó a importantes sectores de la población a desmarcarse de los tradicionales estilos autoritarios de liderazgo y redefinir sus luchas y agendas en la defensa de los derechos indígenas, la Madre Tierra y el Proceso de Cambio.
Tiquipaya, 3 de Octubre de 2011
Fuente: http://alainet.org/active/49948