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La manipulación del caso YPFB revela el desinteres opositor contra la corrupción

Fuentes: La Epoca

A pesar de que la relación existente entre el dueño de casa que iba a recibir el dinero y Santos Ramírez ya ha sido comprobada aún no se ha evidenciado ni llegado a ninguna conclusión definitiva que vincule al ex presidente de YPFB con hecho alguno de corrupción. Aún así, el papel de los medios […]

A pesar de que la relación existente entre el dueño de casa que iba a recibir el dinero y Santos Ramírez ya ha sido comprobada aún no se ha evidenciado ni llegado a ninguna conclusión definitiva que vincule al ex presidente de YPFB con hecho alguno de corrupción. Aún así, el papel de los medios de comunicación ha resultado casi incriminatorio, tomando en cuenta que ha habido publicaciones de periódicos supuestamente serios que inventaron información o directamente mintieron sobre los hechos e investigaciones en torno al asunto.

El escandaloso hecho de corrupción que actualmente esta siendo investigado por más de cuatro estructuras institucionales es usado por los medios de comunicación de la derecha para restar legitimidad al proceso de cambio boliviano. La posición del gobierno es clara: se deben castigar a todos los culpables, sea cual sea su afiliación política o jerarquía ¿Pero que tan clara es la posición del Senado (controlado por la oposición) que no da curso para la aprobación de una ley anticorrupción que evitaria acto como estos en el futuro?

El vicepresidente de la Republica, Álvaro García Linera, criticó duramente a los senadores de la oposición por no aprobar, a estas alturas, la Ley de Investigación Fortunas «Marcelo Quiroga Santa Cruz», que facilita la investigación de fortunas y sanciona el enriquecimiento ilícito.

Las declaraciones del segundo Mandatario surgieron a raíz del show político que, según el, había sido montado por políticos de la oposición y algunos medios de información que hacen polémica por la supuesta vinculación del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, con los hechos de corrupción que fueron revelados por el atraco y asesinato del empresario Jorge O´connor, quien retiró dinero de la institución hidrocarburifera para fines hasta ahora no esclarecidos.

A pesar de que la relación existente entre el dueño de casa que iba a recibir el dinero y Santos Ramírez ya ha sido comprobada aún no se ha evidenciado ni llegado a ninguna conclusión definitiva que vincule al ex presidente de YPFB con hecho alguno de corrupción. Aún así, el papel de los medios de comunicación ha resultado casi incriminatorio, tomando en cuenta que ha habido publicaciones de periódicos supuestamente serios que inventaron información o directamente mintieron sobre los hechos e investigaciones en torno al asunto.

La razón vuelve a mentir

A pesar de que una serie de publicaciones periodísticas de medios amarillistas como «Extra» se han dado a la tarea de convertir la investigación sobre los hechos de corrupción en un show político, una de las más preocupantes fue de hecho un articulo del ampliamente conocido y consumido periódico La Razón que en uno de sus titulares de primera plana aseguró que uno de los presentes en el asalto del empresario O´Connor era un funcionario de la Superintendencia de Hidrocarburos, afirmación desmentida con pruebas por la institución acusada.

Según la nota escrita en La Razón, publicada en fecha 31 de enero, Mario Ángel Cossío Magalen, quien acompaño al difunto empresario al lugar del asalto, trabajaba en la Superintendencia de Hidrocarburos y dicha persona renunció a su cargo dos días después del hecho sangriento.

«Mario Ángel Cossío Magalen, quien hasta el jueves fue funcionario de la Superintendencia de Hidrocarburos (…), era una de las personas que acompañó al empresario Jorge O’Connor a sacar los 450 mil dólares al Banco Unión, y a la casa donde fue asesinado en la Av. Tejada Sorzano.», decía la publicación de La Razón luego reproducida por la Agencia Boliviana de Información (ABI).

El articulo publicado por La Razón no había sido escrito a partir de información suministrada por ninguna fuente oficial ni tampoco se habían consultado a la entidad Estatal para saber si, de hecho, Cossío había trabajado en la misma alguna vez.

La Superintendencia de Hidrocarburos desmintió categóricamente, y con pruebas, las afirmaciones tan vehementemente sostenidas por el matutino de La Razón ante la opinión publica mediante un comunicado publicado en La Razón y se exigió al medio de prensa aclarar su error, sin embargo, hasta el momento el periodico propiedad del famoso grupo español PRISA no ha aclarado nada relacionado a su nota desmentida.

El Senado y las minorías

Las últimas declaraciones del vicepresidente Linera exhortan a los miembros del Senado, principalmente a los opositores, dejar de una vez el show político y viavilizar la aprobación de la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, pues esta ley podria facilitar la investigación y sanción de cualquier acto de corrupción que afecte al patrimonio del Estado.

«Exhortamos a los senadores, mejoren, endurezcan, pero por Dios aprueben la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, esta ley que está pendiente en el Senado» afirmó fuertemente el segundo Mandatario, quien considera que si realmente están interesados (los Senadores) en aclarar cualquier hecho corrupto deben aprobar la Ley en cuestión.

A pesar de ello la la ley de Lucha Contra la Corrupción Investigación de Fortunas y Enriquecimiento Ilícito «Marcelo Quiroga Santa Cruz» se encuentra actualmente en la Cámara Alta del Senado luego de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados hace 2 años, es decir, el 2007.

No hace mucho, ante la advertencia de los movimientos campesinos de que si el Senado no viabilizaba la aprobación de las leyes para la aplicación de la nueva Constitución (la Ley Marcelo Quiroga entre estas) el diputado de Podemos, Tito Hoz de Vila, expresó que no dejaría que se someta a los miembros del Senado a ninguna forma de presión, y agregó que, «si no quieren respetar esa minoría, que no es tan minoría, ahí estaremos», en alusión a los sectores afectados por la posible aplicación de la nueva Constitución.