Ante la delicada situación que debe manejar el gobierno de Evo Morales hay que poner en el centro de la escena la función desestabilizadora que cumplen las organizaciones no gubernamentales, manejadas por los servicios de inteligencia de Washington.
La intromisión de Organizaciones No Gubernamentales (ONG`s) financiadas por USAID, agencia de Estados Unidos, que tratan de imponer agendas a los pueblos indígenas, fue denunciada esta semana por el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
«En una carta del 15 de junio pasado se denuncia la intromisión de dos ONG`s: la Fundación Amigos de la naturaleza (FAN) y la Asociación Boliviana para la Conservación», afirmó el Ministro de Gobierno mostrando documentos enviados por la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB).
Llorenti explicó que los documentos demuestran que esas dos ONG`s dirigieron de manera directa la convocatoria para la movilización de indígenas de 10 Territorios Comunitarios de Origen (TCO) en contra del Gobierno, con el pretexto de encaminar el denominado Programa del Lagarto.
Las demandas indígenas que postula la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), por más escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, causará una «sobre representación» de los pueblos de tierras bajas del país.
Asimismo, señaló que las demandas en el marco de las autonomías indígenas pretenden romper los límites departamentales, violando la Constitución, «por la que tanto ha luchado el pueblo boliviano y en particular los pueblos indígenas».
«Entonces tenemos demandas que lamentablemente no pueden ser atendidas porque violan la Constitución», argumentó.
Dijo que el gobierno tomará medidas inmediatas para evitar la injerencia y defender de «manera clara y objetiva» la soberanía del país.
«Vienen para colaborar con las necesidades que tiene el pueblo boliviano, sin embargo están siendo utilizados con otros fines que son fines políticos de injerencia y por supuesto es una actitud inadmisible», explicó.
Asimismo, ratificó que el dialogo está abierto de forma permanente, pero «un dialogo en base a la sinceridad, el respeto, la honestidad y la franqueza».
Por otra parte, Llorenti informó que ya se firmaron acuerdos con varias organizaciones, entre ellas, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que se encuentra en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, con la CPIB y dijo que hay avances con la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CEPILAP).
En tanto, el gobierno del presidente Evo Morales rechaza abiertamente la consigna «amazonía sin petróleo». «Intereses foráneos plantean consignas como `amazonía sin petróleo` y `no más pozos petroleros`, en abierta oposición a la profundización del proceso de la nacionalización y el mejoramiento de la economía nacional», dijo Morales a fines del mes pasado.
«La derecha usa a algunos hermanos dirigentes para oponerse o para pedir algunos temas que son tan profundos e innegociables: cómo es posible que todas las tierras fiscales o parques nacionales pasen a manos de algunos hermanos indígenas; que todas las concesiones madereras, una vez recuperadas, pasen a pequeños grupos del movimiento indígena en Bolivia. Siento que es una forma de oponerse a las políticas que vamos desarrollando», lamentó.
El presidente advirtió que expulsará del país a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a la que acusó de financiar acciones políticas en desmedro de los avances de la nacionalización de los hidrocarburos.
«Como la derecha no encuentra argumentos para oponerse al proceso de cambio, ahora recurre a algunos dirigentes campesinos, indígenas u originarios, quienes son pagados con prebendas de algunas ONG (organizaciones no gubernamentales) y fundaciones a fin de implantar un clima de conflicto con el gobierno en desmedro del proceso de unidad que vive el país», advirtió.
A Morales no le «temblaría la mano para expulsar a ese instrumento del imperialismo que quiere perjudicar a este proceso de cambio financiando mediante algunas ONG a algunos hermanos dirigentes sindicales del campo y la ciudad».
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