Entre la venta directa de armas, licencias y herramientas para su producción, Alemania ha sido corresponsable de incontables asesinatos y varias masacres en México, un país marcado por la guerra contra el narcotráfico. Imaginemos un montaje de muchas escenas, filmadas desde una cámara escondida en los cañones de todas las armas inventadas en Alemania y […]
Entre la venta directa de armas, licencias y herramientas para su producción, Alemania ha sido corresponsable de incontables asesinatos y varias masacres en México, un país marcado por la guerra contra el narcotráfico.
Imaginemos un montaje de muchas escenas, filmadas desde una cámara escondida en los cañones de todas las armas inventadas en Alemania y usadas en México. Una cámara que capture cada disparo que sale de cada uno de estos cañones.
Por poner un margen de tiempo, imaginemos todos los disparos realizados desde el 2006, año en el que Calderón inició la llamada guerra contra el narcotráfico y varias empresas de armamento alemana aprovecharan la orden de militarización en México como oportunidad de mercado para vender armas, herramientas para su producción y licencias.
Un montaje de todos los disparos realizados
Pensemos un montaje de todos los disparados realizados. ¿Qué veríamos?
Veríamos caer a miles de personas en todas las esquinas del país, asesinatos de mujeres, campesinos, estudiantes, niñas y niños, defensores de derechos humanos y de la tierra, de los recursos y de los pueblos indígenas. Asesinatos de personas cuyo nombre desconocemos, historias confusas que no entenderíamos porque ya no hay información suficiente para reconstruirlas. Asesinatos clandestinos, silenciados e impunes. Con tanto estruendo, grito y sangre que quedaríamos sordos y aterrorizados.
Las armas de origen alemán han figurado un papel fundamental no sólo como herramientas de crímenes diarios, sino también en la mayoría de las grandes matanzas que han sacudido México. A continuación veremos algunos de los casos en los que por el fracaso de la justicia de Alemania, un país considerado de los más avanzados en cuanto a su legalidad constitucional, han podido ocurrir terribles crímenes de Estado en México. La gran mayoría impunes hasta el día de hoy, en ambos países.
María Escobedo fue asesinada con una pistola alemana
Veríamos la bala de una pistola de 9-mm-Sig Sauer, en manos de un sicario irrumpiendo el cuerpo de María Escobedo, portando un afiche el 16 de diciembre de 2010 enfrente del palacio de gobierno de Chihuahua. La veríamos caer al piso y morir.
María Escobedo era una importante defensora de los derechos de la mujer. Para ella, todo cambió después de que su hija de 16 años fuera asesinada por un novio celoso. La absolución del asesino y la generalizada indiferencia jurídica y política ante miles de feminicidios en su estado y en todo el país, la habían movilizado para luchar por justicia y paz.
Según las confesiones posteriores del sicario que mató a María Escobedo, con la misma pistola alemana de Sig Sauer lo veríamos matar a once personas más.
Turbias estrategias empresariales y escondrijos jurídicos
Sig Sauer, con sede principal en Eckernförde, Alemania, es una de las empresas de armamento con más experiencia en la evasión las leyes de exportación alemanas, deslocalizando parte de sus fábricas de producción a otros países de la OTAN que cuentan con leyes de exportación más permisivas.
Con sede en New Hampshire, EEUU, la empresa hermana de Sig Sauer ha encontrado un punto estratégico para enviar armas a su vecino del sur que se encuentra en un constante conflicto armado.
Según un documento interno del congreso estadounidense a manos de los medios alemanes Tageszeitung taz y ARD, el monto actual de enviados de rifles, metralletas y herramientas que la empresa de New Hampshire recientemente envió a México, equivale a un valor de 266 millones de USD. Esto es una cantidad nunca antes vista, cómo destaca el periodista Wolf-Dieter Vogel, experto en asuntos de armas. El material se distribuye a la marina, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y a fuerzas federales y estatales.
El abogado y activista anti-armas Holger Rothbauer, recalca: «Sin la tecnología de la sede en Alemania, no serían posibles las exportaciones de la compañía hermana estadounidense.»
También Jürgen Grässlin, reconocido autor activista y acusador de varias empresas y funcionarios involucrados en negocios sospechosos de exportación de armas afirma que Sig Sauer en Alemania quebró la ley de forma sistemática, porque para esuministros tecnológicos a sedes en países terceros, es necesaria una autorización por parte de los ministerios alemanes. Esta nunca fue solicitada. Los procesos penales, inducidos por los dos abogados, siguen vigentes.
Los sucesos en Guerrero del 2011
Sigamos imaginando el montaje de balas saliendo de armas alemanas:
Vislumbraríamos cómo a la luz del mediodía del 12 de diciembre 2011 cayeran los estudiantes de la normal de Ayotzinapa Gabriel Echevarría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, por balas de calibre OTAN. Estas son propias de los fusiles G36 de la empresa alemana Heckler & Koch (H&K). Fueron portadas por las fuerzas públicas que ese día apuntaron a la gente que pacíficamente bloqueaba la Autopista del Sol a las afueras de Chilpancingo.
Los fusiles G36 estaban prohibidos en Guerrero
Según las leyes de control de exportaciones alemanas, el fusil automático G36 no debería haber estado en Guerrero. Es uno de los cuatro estados mexicanos, a los que la venta de armas estaba prohibida por reportes de graves violaciones a derechos humanos, calificados por la Secretaría de Relaciones Exteriores alemana. Los otros tres estados son Chihuahua, Chiapas y Jalisco.
Sin embargo, es más que probable que hayan podido llegar entre 8.000 y 10.000 fusiles a los almacenes del ejército mexicano en todo el país sólo entre los años 2006 y 2008, desvela una investigación del investigador Carlos Pérez Ricart. Según su crónica publicada en el 2013, la mayoría de armas en este envío (un 49,68 %) han sido distribuidas en los ya mencionados «estados prohibidos».
¿Cómo fué posible la presencia de las armas en Guerrero a pesar de la prohibición?
Desde el 2009, Vogel, Grässlin y Rothbauer entre otros, fueron destapando una gran cadena de enredos corruptos entre directivos de la empresa H&K que produce los G36, personas en las oficinas públicas en Alemania y funcionarios mexicanos. Un informante, en aquel entonces empleado de H&K, les había proporcionado medios de prueba del negocio corrupto.
Armas alemanas y Ayotzinapa
De estos mismos fusiles G36, 56 ejemplares han sido encontrados en los cuarteles de la policía municipal de Iguala, después de la matanza de seis estudiantes de Ayotzinapa, la desaparición de 43 y varias heridas graves en la noche entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
Hoy día, investigadores mexicanos pueden probar que al menos siete policías del operativo de esa noche disparaban con los mismos fusiles que habían llegado a Guerrero de forma ilegal. Entre ellos está el policía que asesinó a Julio Cesar Mondragón.
«Nunca hemos estado tan avanzados en la lucha contra la industria de armamento»
Aunque la mayoría de los crímenes mencionados siguen impunes hasta el día de hoy, Grässlin apunta al gran avance de los activistas anti-armas.
En una conversación en diciembre del año pasado, el autor me asegura: «En toda la historia, nunca hemos estado tan avanzados en la lucha contra la industria de armamento como en este preciso momento. Por primera vez, han sido citados ante los tribunales dos de los directivos de la empresa más letal del mundo, por el número de muertos (aprox. 2 millones en todo el mundo). Esto no ha pasado nunca.»
También es la primera vez en la historia que una víctima directa de armas alemanas en el extranjero juega un papel principal en los juicios contra empresas de armamento. Se trata de Aldo Gutiérrez Solano, estudiante de Ayotzinapa que, tras ser disparado en la noche del 26 de septiembre aún sigue en coma.
Son los padres de Aldo quienes pidieron la vista de expedientes del proceso contra la empresa H&K que iniciará este año. Con ello, tratan de incorporar a Aldo como actor accesorio, me explica Christian Schliemann, abogado del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) quien lleva la denuncia.
Además, Grässlin espera que se puedan reabrir los procesos penales contra los funcionarios públicos que desde Alemania han ayudado intencionadamente a encubrir los envíos de armas a los cuatro estados donde están prohibidos.
«Hay pruebas tan obvias, que no me puedo imaginar que el tribunal permita que los acusados salgan de la sala de justicia impunes», sostiene el activista. «Va a ser un proceso muy interesante, porque la fiscalía de Stuttgart es conocida por ser muy cercana a la industria de armamento.»
Denuncia del Ex-presidente de la tribunal regional, Peter Beyerle
A principios de verano de este año, Peter Beyerle, el ex-presidente del tribunal de Rottweil, va a ser llevado ante la justicia.
Peter Beyerle fue presidente del tribunal de Rottweil, región donde se ubica la sede de H&K. Después de su jubilación, sin solución de continuidad, pasó a la sección jurídica y la gerencia de la misma empresa de armamento, dónde estuvo operando los negocios sucios con México, resalta Grässlin.
«En Alemania va a haber un verdadero estallido a nivel jurídico. El caso es intrigante: Un tribunal regional va a juzgar sobre un ex-presidente de tribunal», dice Grässlin. «Hay dos posibilidades: O lo cuidan con guantes de seda por ser uno de los suyos o lo condenan de forma extremamente dura, porque claro, resulta ser un verdadero escándalo que uno de sus propias filas derive a la ilegalidad».
Un nuevo caso de vergüenza: HMP
Ahora, otras empresas han sabido aprovecharse de la oportunidad comercial que ha dejado la prohibición de venta a H&K tras las denuncias de Grässlin y Rothbauer. Esto afecta, sobre todo, al mercado de las armas más letales, el de las armas ligeras.
Según el periodista Vogel, nuevas investigaciones revelan los planes de la fábrica Heinrich-Müller-Maschinenfabrik (HMP) de exportar una máquina para la producción de cañones sin autorización del gobierno alemán.
Rothbauer acaba de presentar una denuncia contra HMP por querer saltarse las leyes de exportación alemanas: Documentos internos en manos del Tagezeitung taz confirman el trato de venta de HMP con la SEDENA.
La máquina en discusión sirve para producir cañones de los fusiles de asalto mexicanos FX05, la copia barata de los rifles alemanes G36 de calibre OTAN.
Ahora está en manos de la fiscalía el comprobar la acusación. «En el caso de que se dicte no necesaria la autorización para la venta de esta arma de guerra, significaría un fracaso absoluto de todos los organismos públicos involucrados», opina Rothbauer.
Leyes absurdas
En una entrevista con Schliemann, el abogado del ECCHR recalca el absurdo de las leyes de exportación alemanas. «Es un hecho que la justicia alemana es diseñada con recursos legales limitados para evitar el procedimiento contra las propias leyes de autorización de exportación.»
Con respecto a la política de limitar la venta sólo a ciertos estados (Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Jalisco), Schliemann añade: «Esta limitación ya de por sí fue pura arbitrariedad. Es una completa idiotez y jurídicamente nunca se ha manejado así. Eso de lanzar cualquier región sobre la mesa, y alegar que está entre las más violentas, no tiene sentido alguno».
El absurdo de estas leyes se hace evidente cuando en casos como la masacre de Tlatlaya en el Estado de México del 2014, en la que fueron asesinadas 22 personas o en las matanzas de civiles en Michoacán, como en el caso del niño Hidelberto Reyes, es evidenciado que fueron usados rifles alemanes provenientes de la empresa H&K.
Doble moral a nivel europeo
También a nivel europeo, la justicia deja mucho que desear.
El vago reglamento de doble-uso de la Unión Europea es una verdadera zona gris en el sistema jurídico: Permite la exportación de mercancías que son usadas tanto con fines civiles como militares. Bajo este reglamento, «los motores para tanques chinos ya no son considerados bienes armamentísticos por el simple hecho de que también pueden ser usados con otro propósito», explica el político del Partido de la Izquierda DIE LINKE, Jan van Aken.
Todos estos ejemplos de la realidad mexicana muestran la urgencia de redefinir los reglamentos de control de exportación.
Entre otros ajustes, el abogado Rothbauer propone un reglamento que obligue a las empresas a depositar un anticipo de fondos para el caso hipotético de que haya víctimas civiles. «De esta manera se podrían frenar considerablemente las enormes ambiciones económicas que las empresas tienen en el mercado mexicano.» Esto sería una manera eficaz de evitar exportaciones a países donde «policías y militares fríen a cualquiera de forma salvaje».
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.