Esta marcha que partió de Sucre rumbo a la sede de gobierno reclamando por sus derechos territoriales, políticos y culturales; vuelve a la memoria aquella histórica Primera Marcha Nacional por el Territorio y la Dignidad, en agosto de 1990, hace casi tres décadas. Muy lejos de representar una movilización sectorial y puntual que solo tiene […]
Esta marcha que partió de Sucre rumbo a la sede de gobierno reclamando por sus derechos territoriales, políticos y culturales; vuelve a la memoria aquella histórica Primera Marcha Nacional por el Territorio y la Dignidad, en agosto de 1990, hace casi tres décadas.
Muy lejos de representar una movilización sectorial y puntual que solo tiene que ver con algún territorio, como por ejemplo fue la VIII marcha en defensa del TIPNIS; en este caso se trata de una movilización nacional que involucra a diversos pueblos indígenas de las tierras altas y bajas del país, que convocan la atención nacional
Como se recordará, aquella marcha histórica marcó un hito interpelatorio a las bases estructurales de la institucionalidad colonial representado por el Estado monocultural, discriminatorio y excluyente, de carácter neoliberal y republicano que se encontraba gobernando.
En aquella ocasión, más allá de los logros formales que se alcanzaron (como el reconocimiento a la identidad cultural y los derechos colectivos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas); lo que en verdad se iniciaba era un proceso de transformaciones estructurales que significaron una profunda remoción de los cimientos nacionales. La incorporación de los derechos colectivos, el pluralismo, la interculturalidad y la inclusión de diversas identidades culturales en el Estado monocultural que en ese momento persistía, no significaban otra cosa que el reconocimiento de un nuevo concepto y un nuevo imaginario sobre la sociedad y el Estado. Como todos sabemos, tal fue el impacto de semejante proceso de interpelación que cuestionaba las bases mismas de la sociedad y el Estado, que éste derivó posteriormente en la convocatoria a la Asamblea Constituyente que terminó refundando dichas bases.
¿Qué ha pasado entonces para que después de casi tres décadas y un largo proceso de cambios y transformaciones, los pueblos indígenas vuelvan a kilómetro cero (simbólica y literalmente), y repitan prácticamente el mismo tipo de demandas y exigencias que en ese tiempo?
La pregunta marca la gravedad y profundidad del significado de semejantes demandas, porque da cuenta al mismo tiempo de la persistencia y resurgimiento de los mismos problemas de conculcación y desconocimiento de los derechos que ya habían sido reconocidos hace varias décadas, así como de un inocultable proceso regresivo y retrógrado que ha permitido el restablecimiento de aquellas condiciones abusivas, excluyentes y atentatorias que, como en el pasado, ponen en riesgo y desconocen los derechos territoriales, políticos y de autogobierno que son reconocidos constitucionalmente.
Es decir, se ha producido un retroceso tal en el cumplimiento y aplicación de la Constitución y de los derechos colectivos, que a tiempo de volver a movilizarlos, retorna nuevamente a los pueblos indígenas al punto de origen de sus luchas históricas. Y no es para menos, porque a pesar de los muchísimos años transcurridos, no solo continúan pendientes de reconocimiento algunos derechos territoriales (principalmente en las tierras altas del país), sino que están soportando una muy agresiva arremetida de avasallamiento y destrucción de sus territorios, que no solo implica un permanente asedio y asentamiento ilegal de terceros que pretenden apropiarse fraudulentamente de sus tierras (muchas veces con el aval de autoridades que quieren favorecer otros intereses sectoriales a cambio de respaldo electoral o económico), sino que ponen en riesgo de extinción su propia cultura y su forma de vida. Sucede este extremo, porque se está procediendo a la destrucción de la naturaleza, los territorios y el propio entorno, con tal de explotar e imponer un extractivismo salvaje de los recursos naturales disponibles en dichas áreas. Más aún si colateralmente se han puesto en vigencia normas que desvirtuando el mandato constitucional, no solo afectan la autonomía indígena, sino que supeditan también la justicia indígena originario campesina a la jurisdicción ordinaria, impidiendo un ejercicio y aplicación plenos de su autonomía, su derecho a la autodetermienación y sus competencias en la administración de justicia.
En el caso de los pueblos indígenas de las tierras bajas el drama no es menor, porque se trata de pueblos que viven en áreas como el Tipnis, Bala – Chepete, Rositas, Tariquía, Parque Carrasco, etc., que desde hace varios años sufren la embestida desarrollista y extractivista que, al margen de atentar y destruir la naturaleza, quemar bosques y biodiversidad, imponer megaproyectos que destruirán comunidades y desplazarán a la población, etc., los pone en riesgo de desaparición y extinción.
Por esta situación de elevada gravedad que sin duda alguna no se limita a la conculcación de los derechos de los pueblos indígenas que se encuentran en marcha, sino que también tienen una enorme afectación a la naturaleza y los medios de vida de los que dispone todo el país; es claro que nuevamente están luchando y defendiendo los últimos espacios territoriales, naturales y de vida que le quedan al país. Se trata de una oportunidad final para preservar la esperanza y hacer prevalecer una relación armoniosa con la naturaleza, en vez de que la misma termine desapareciendo bajo los impulsos salvajemente destructivos del desarrollismo y el extractivismo imperantes, que tienden a destruirlo todo.
Arturo D. Villanueva Imaña es sociólogo, Cochabamba
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