La abrogación del decreto que elevó de golpe el precio de los carburantes, no calmó la protesta del pueblo; los precios de varios productos de la canasta familiar subieron y no volvieron a bajar. El decreto que aumentó 10% los salarios, en vez de calmar los ánimos, los exacerbó aún más de lo que estaban. […]
La abrogación del decreto que elevó de golpe el precio de los carburantes, no calmó la protesta del pueblo; los precios de varios productos de la canasta familiar subieron y no volvieron a bajar. El decreto que aumentó 10% los salarios, en vez de calmar los ánimos, los exacerbó aún más de lo que estaban. El gobierno del presidente Evo Morales tuvo que enfrentar una huelga de la COB, la primera desde que inició su mandato. Durante diez días, las calles de La Paz y otras ciudades, se llenaron de trabajadores que expresaban no sólo su protesta sino se rechazo a una actitud que no esperaban de este gobierno.
De una manera dificultosa, a marchas forzadas, se llegó a un arreglo que no satisfizo expectativas, pero que el pueblo comprendió que era racional. Casi de inmediato, los jubilados iniciaron una marcha en la que, por la edad de los marchistas, podía causar víctimas. Dos ministros debieron llegar hasta el lugar donde estaban éstos y dar un punto y medio más al porcentaje de aumento fijado para las rentas.
Simultáneamente, la COB realizaba su reunión ampliada en Tarija para decidir la fecha de su próximo Congreso aunque, sobre todo por las circunstancias, acordó resoluciones que vuelven a tensar las relaciones entre trabajadores y gobierno.
A grandes rasgos, esta es la situación que estamos viviendo, situación compleja y, al parecer, difícil de solucionar. La perspectiva es que, continuamente, se produzcan reclamos de diferentes sectores por cualquier motivo, no solamente salarial. Volveríamos a una etapa, tantas veces repetida, de un gobierno convertido en apagafuegos, cuya mayor preocupación sea buscar la medida más prudente para impedir que se agrave el conflicto social. Al mismo tiempo, buscaría equilibrios para evitar que entremos en una espiral inflacionaria. Pero, iniciada la dinámica de los reclamos, es casi imposible eludir la inflación incontrolada. Con toda seguridad, el gobierno ya se ha dado cuenta de este peligro.
Analizar las causas que provocaron esa situación puede ser un método para encontrar el camino correcto que impida otra frustración del pueblo boliviano, como ocurrió ya en oportunidades anteriores.
Los cuatro años iniciales del gobierno de Evo Morales, se caracterizaron por un apoyo masivo, pese a las graves provocaciones de una oposición enceguecida por su pérdida de convocatoria. Fue una ceguera total pues no imaginaron que fuera tan brusca su separación de los mecanismos de poder a los que estaba acostumbrada.
En ese periodo se implementó una política económica que rompió con el mito de país miserable con el que nos conocía todo el mundo. Las cinco consultas públicas que se realizaron en ese periodo, incluyendo la reelección de Evo, fueron triunfales. Pero se mantenía una expectativa relacionada con la redistribución de la riqueza. Es decir, seguíamos siendo un país con una enorme diferencia entre el minoritario sector más rico y el masivo sector más pobre. Esa expectativa se transformó en molestia y luego en protesta que fue creciendo.
Para entonces, ya debieron tomarse medidas. Sobre todo si se produjeron hechos, aunque aislados, que ya mostraban el nivel del desencanto incubado en las organizaciones sociales. Caranavi y Potosí no podían analizarse como hechos separados; respondían a la misma causa. Lo más grave es que, el gobierno, reaccionó del mismo modo: buscar el desgaste de la movilización. En vista de que no ocurrió así, usó la represión y luego se sentó a dialogar, con muy pocas posibilidades de éxito.
Si entonces, con habilidad concertadora, el gobierno lograba entendimientos, el grave error del aumento brusco en los precios del combustible, hubiese tenido menor repercusión. Pero, las cosas ocurrieron así y los efectos son los que estamos viviendo. Pero, vayamos al siguiente evento.
La carga económica que significa la subvención de los combustibles, es un hecho reconocido por todos. Pero, al mismo tiempo, el promedio de los ingresos familiares, por más que se hubiese aumentado en un 20%, no habría permitido hacer frente a una elevación tan alta en todos los precios.
A nivel internacional, el alza de precios de los alimentos era ya evidente y no parecía posible que se mantuviesen bajos en el país. En esas condiciones, lo correcto era tomar decisiones que favoreciesen a la población de bajos recursos. Un aumento tan alto en los combustibles, con la evidencia de que iba a repercutir en la economía de los pobres y más pobres, fue una decisión desafortunada.
Pero esa fue la situación con la que iniciamos este 2011. Ya en ese momento, era preciso reunirse con las organizaciones sociales, precisamente con aquellas que protestaron con mayor vehemencia. Decidir el porcentaje de aumento salarial, sin esa consulta, sumó otro error a la cadena de desaciertos en que se ha caído en los últimos meses. Además de estar muy por debajo de los reclamos populares, ese incremento iba a llegar sólo a algunos sectores: Fuerzas Armadas y Policía, magisterio y trabajadores en salud. No se decía nada sobre el resto de la población.
Finalmente se llegó a la negociación, en medio de petardos y bloqueos que tuvieron paralizada a la sede del gobierno. Hubo un acuerdo con sabor a poco, según la gente que se movilizó en esas tensas jornadas. Era, una vez más, momento de reflexionar y reconducir la relación de los gobernantes con el pueblo. Al contrario, hubo un anuncio urticante: los días de huelga se descontarían de los salarios.
La reacción de la Central Obrera Boliviana, reunida en Tarija, ha sido de total enfrentamiento. La imagen simbólica fue la de Pedro Montes rompiendo el decreto de descuento con un ‘carajo’ de desprecio. Esa es la situación. ¿Podrá sostenerse otra confrontación?, ¿es lo que aconsejan los ministros?
Estoy convencido que no es ese el camino. Hay que dar una explicación amplia, clara y franca. Si no está con el movimiento popular, el gobierno quedará encuevado. Si las organizaciones sociales no sienten que están comprometidas con un proceso de cambio, no avanzaremos. No sé si es la última oportunidad que tiene el presidente Evo Morales, pero sé que es una oportunidad que no puede despreciarse. Este gobierno, que es un gobierno del pueblo, no puede actuar con el criterio de que la autoridad debe ser respetada y su mandato no puede discutirse. Las enseñanzas de la realidad dicen todo lo contrario: es el pueblo que debe ser respetado y su demanda debe ser escuchada. Las marchas de este primer trimestre de 2011 han sido, hasta ahora, marchas de la esperanza frustrada. Es ineludible y urgente lograr que renazca la esperanza.
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