Mendoza busca ser la primera provincia argentina que implemente una reforma estructural de la gestión pública del agua para crear un mercado local bajo las reglas de la oferta y la demanda de un bien de la naturaleza cada vez más escaso a escala global.
Desde fines de febrero y hasta principios de este mes, el gobierno provincial y la empresa estatal Mekorot Israel National Water Co hicieron una maratón de reuniones informales con referentes de instituciones directamente vinculadas a la prestación del servicio público, a los diferentes consumos de agua y a la investigación académica.
El gobierno propondrá a la Legislatura un Código de Aguas que regule las nuevas condiciones del manejo integral de las aguas superficiales, las subterráneas, las recuperadas con distintos tipos de tratamiento y las desalinizadas. La futura ley creará una autoridad de aplicación centralizada de los recursos hídricos bajo dominio de Mendoza, que hoy comparten cuatro organismos públicos de distinto rango y poder institucional. Ese eventual Código de Aguas respaldará el plan maestro para 2050 que formulará Mekorot, consultora contratada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) el año pasado para participar de este proceso de reforma impulsado por la emergencia hídrica y los compromisos internacionales ante el cambio climático y el calentamiento global, entre otras razones.
El 4% de la superficie total de esta provincia cuenta con infraestructura de riego destinada a la industria frutihortícola de los oasis productivos. Allí, desde al menos cuatro años, llega la mitad del caudal normal a raíz de la mega-sequía que se inició en 2010. El 0.8% del territorio corresponde a los 1.230 kilómetros cuadrados de glaciares y ambiente periglaciar de los Andes Centrales, de acuerdo al Inventario Nacional de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares que realizó el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y ciencias Ambientales (IANIGLA). En la Argentina “podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera”, plantea el documento publicado en 2018, recordando otros elementos territoriales que necesariamente involucrará la reforma del régimen de agua. Esa reserva de agua dulce de las alturas está en retroceso, como en todo el mundo.
Con muy poca documentación pública disponible y anuncios muy amplios, las asambleas ambientales comenzaron a sumar los acuerdos con Mekorot a la agenda de conflictos en las provincias. El 4 de marzo marcharon en Mendoza asambleas de base en defensa del agua y los bienes comunes, cuando debutó en las calles un muñeco que representó a un directivo de la empresa israelí. Dos días después, en Viedma (Río Negro) las asambleas del Currú Leuvú, la Multisectorial en Defensa del Golfo San Matías y la asociación civil Árbol de Pie de Bariloche pidieron formalmente copia de los acuerdos con empresas extranjeras a la gobernadora Arabela Carreras y a las autoridades del Departamento Provincial de Aguas (DPA).
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Hace un mes arribaron al país Yizhaq Aharonovich, presidente de Mekorot; Daniel Soffer, director general adjunto; Barak Graber, director de Negocios; y el argentino Diego Berger, coordinador de Proyectos Internacionales, entre otros directivos. El 13 de febrero firmaron convenios técnicos con cinco provincias, a la vez que se sumaron dos al proyecto general de reforma integral de la gestión de los recursos hídricos bajo la consultoría israelí.
Gobernantes y/o representantes de diez distritos viajaron a Israel en abril del año pasado para conocer instalaciones industriales de Mekorot. Mendoza y San Juan formalizaron acuerdos en septiembre del año pasado; después, Río Negro, Catamarca y La Rioja. Ahora se sumaron Santa Fe y Santa Cruz. Participaron del acto del mes pasado los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Formosa, Gildo Insfrán, así como funcionarios de Santiago del Estero, lo que permite suponer que esas tres provincias también se plegarán al proyecto que impulsa Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior.
Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza, actuó como anfitrión de las reuniones de gobierno local con los empresarios. También de los encuentros que ambas partes mantuvieron con actores locales y de visitas a infraestructura de agua y saneamiento en funcionamiento. La agenda se conoció con muy poca anticipación, lo que impidió que esas reuniones informativas pudieran contar con mayor y más amplia participación.
“En vez de mirar la montaña (con los glaciares en retroceso) en el corto plazo, en nuestra gestión tenemos que mirar muy bien cuál es la oferta, qué es lo que hay en la montaña”, propuso Marinelli en su exposición en la Legislatura. Ocupa el cargo desde 2022, con designación de la Legislatura por períodos de 5 años, uno más que el gobernador. El acuerdo entre partes prevé un trabajo de consultoría por 18 meses, pero Mendoza ya habla de proyecciones a 30 años. Marinelli no aportó copia del convenio marco general entre el CFI y Mekorot, aseguró José Luis Ramón, diputado provincial por el Frente de Todos.
En otro momento, el funcionario dijo que “una cosa es la oferta, otra la disponibilidad”, sin explicitar a los asistentes las definiciones operativas que se usarán en esta etapa. “La oferta es un estudio científico que hará el IANIGLA para proyectar cómo vamos a disponer a mediano y largo plazo de las aguas en todo el territorio, todas las cuencas, no sólo las áreas irrigadas”, añadió. Un asambleísta señaló que el investigador del IANIGLA presente se limitó a aclarar que había sido invitado el día anterior, por lo que se desprende que ese instituto no estaba al tanto de lo que se espera de su participación.
“La población cada vez exige más agua y más alimentos, por lo que la demanda se proyectará hacia el consumo humano y la agricultura”, consideró Marinelli, sin mencionar la demanda de la megaminería, por detallar un sector en crecimiento en la provincia. En ese mismo edificio, pocos días antes el Senado aprobó el estudio de impacto ambiental de un proyecto minero que omitió consignar que estará emplazado en zona de glaciares.
Por su parte, Berger insistió en que la gestión es el eje de la política del sector. “No se puede gestionar un recurso que no se conoce cuánto se tiene”, reiteró citando a Marinelli, que asegura no conocer la magnitud de los recursos hídricos de la provincia. El DGI publica con actualización diaria las mediciones de agua en los embalses y presas, así como los caudales de los ríos. El año pasado se puso en marcha el Observatorio de Nieve de los Andes de Argentina y Chile, portal web de acceso público con documentación satelital permanentemente actualizada y análisis de cuencas.
Un grupo de investigadores publicó el año pasado el documento “¿De dónde viene y a dónde va el agua de las ciudades? Base de datos integrada para 243 centros urbanos argentinos”, un pormenorizado trabajo que une justamente la oferta con la demanda, por plantearlo en términos de Martinelli y Berger. Se obtuvo un registro unificado y geolocalizado de los puntos de provisión y disposición de agua, así como el de la identidad de los cuerpos de agua asociados, para 243 ciudades de la Argentina de más de 20.000 habitantes (que incluyó varias de Mendoza). De este modo se abarcaron más de tres cuartas partes de la población total del país, aseguraron los autores de la Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos (REM.AQUA), en base a un convenio entre el CONICET y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Parte de ese equipo realiza la plataforma Aguas Claras para actualizar el documento base.
El mundo académico reconoce la fragmentación de la documentación sobre el asunto, pero sonó exagerado negar todo conocimiento acumulado. La pregunta es qué tipo de información necesita la reforma que imagina el gobierno local y la consultora, y para qué análisis.
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Damián Moreno, integrante de Crece desde el Pie, organización de productores agroecológicos del Valle de Uco, el sábado 4 fue a la marcha del agua y el lunes siguiente alcanzó a ir a la reunión informativa en Tunuyán. “No más de treinta personas, tampoco había lugar para más. Insistieron en que el sistema actual es ineficiente, que no se sabe qué tenemos ni qué se entrega”, sintetizó el productor. Esa parece ser la plataforma de Berger, que insiste en que todo lo que se entrega se mide y lo que se mide se cobra. En Mendoza los regantes están en la base institucional del DGI, con voto y representación directa en el órgano de aplicación de la Ley de Aguas. Hasta ahora, en la Argentina se cobra el costo del funcionamiento del servicio público, pero no se le asigna un valor al agua.
Berger recitó el cuadro tarifario del valor del agua potable de uso agrícola en Israel, la que fija la empresa. Establecieron un sistema de cuotas para cada usuario. El metro cúbico cuesta 76 centavos de dólar, hasta cubrir la cuota asignada. El precio se eleva a 1.20 dólares el metro cúbico por el consumo de hasta 10% más por sobre la cuota. Y algo más de 2 dólares por encima del 10% de la cuota básica. Imaginemos esos valores aplicados a los volúmenes almacenados en las presas hidroeléctricas.
“Es un bien escaso. Pero el problema de fondo es la inequidad de la distribución de esa escasez”, sostuvo Moreno. Esa inequidad aplica al modelo vigente. Un productor de orégano de la organización Crece desde el Pie tiene asignado derechos de agua para cuatro hectáreas en Paraditas (departamento San Carlos), de las que solamente mantiene en producción dos por la merma en el suministro de agua a los canales los últimos años. También hay fundos abandonados por la deuda impaga del canon de riego. Por el contrario, el capital concentrado no sufre la sequía.
En el mismo departamento San Carlos, Simplot Argentina S.R.L. produce papas en tierras propias en Luján de Cuyo, inscriptas a nombre de San Fili S.R.L. Para las papas que se procesan y venden congeladas, la firma readecuó perforaciones de agua abandonadas en lotes vecinos por fuera de lo que dicta la normativa vigente, se quejaron en su momento productores que asistieron a la audiencia pública por el estudio de impacto ambiental del proyecto. Scott Simplot, actual presidente de la casa matriz, llegó de la mano de Fabio Calcaterra a Mendoza. En la inauguración de la planta de papas congeladas en 2018 estuvo la selección de la dirigencia política criolla.
La reflexión del diputado Ramón también apunta al reparto de la escasez. El 80% del agua está destinada al riego de tierras agrícolas y solamente el 18% al consumo humano. Todos los veranos, la población de los barrios más humildes de la capital mendocina se queda sin agua. El gobierno provincial tiene quórum propio y los votos necesarios para imponer cualquier proyecto en las dos cámaras legislativas, aseguró Ramón.
“¿Y todo esto quién lo paga?”, preguntó un productor en la Cámara de Comercio de Tunuyán. Marinelli ensayó una sonrisa entre amigos y dijo: “El CFI, todo corre por cuenta del CFI”. La duda es cuál era la pregunta de fondo del productor, acostumbrado a ver correr el agua a cielo abierto con esta idea de entubar el agua para poder medirla, transportarla y venderla.
A todas las partes les quedó claro que esta historia continuará.