Aprovechando la atención prestada al triunfo de Trump en las pasadas elecciones en EE. UU. los dueños del gobierno federal han decidido dar un paso más en la profundización del modelo militarista impuesto desde el Pentágono. La ley de uso legítimo de la fuerza que PRI y PAN pretenden aprobar, con el visto bueno de […]
Aprovechando la atención prestada al triunfo de Trump en las pasadas elecciones en EE. UU. los dueños del gobierno federal han decidido dar un paso más en la profundización del modelo militarista impuesto desde el Pentágono. La ley de uso legítimo de la fuerza que PRI y PAN pretenden aprobar, con el visto bueno de las fuerzas armadas legalizará los delitos de lesa humanidad, particularmente el de desaparición forzada, así como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Y por si fuera poco le dará a los militares el privilegio discrecional de espiar, perseguir y detener a quien, según su apreciación y la del secretario de gobernación, ponga en peligro la paz pública ya sea por vender drogas o por disentir de las políticas de estado.
Para Edgar Cortéz, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la ley representaría la cesión definitiva de las labores de seguridad por parte de los civiles en favor de los militares, es decir, «la militarización permanente de la seguridad y de la vida del país» (http://www.jornada.unam.mx/
Incluso para el abogado César Gutiérrez Priego, quien ha demandado la aprobación de leyes para dar certeza jurídica a las labores de las fuerzas armadas en la seguridad pública, la ley de uso legítimo de la fuerza representa un enorme peligro para la vida pública del país «… porque dotaría de un poder omnipotente a los militares para investigar delitos de cualquier tipo e incluso actuar contra opositores al gobierno» (http://www.jornada.unam.mx/
Es cierto que las fuerzas armadas en México han intervenido sistemáticamente en la represión de la oposición política; baste recordar su participación en el brutal asesinato de Rubén Jaramillo y su familia o la matanza de Tlatelolco, o recientemente en la matanza de Acteal o la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Sólo que ahora contarán con impunidad legal y no sólo con la connivencia y protección del estamento político y empresarial. Las consecuencias a largo plazo son imprevisibles pero en el corto resulta evidente que la supuesta transición democrática será enterrada de facto (aunque en ello hayan intervenido con gran éxito los propios partidos políticos) y la criminalización de los movimientos antisistémicos se incrementará. Pero sobre todo, la soberbia y el desprecio habitual de los militares para con el mundo civil se fortalecerá pues ahora contarán con el apoyo de la ley para cometer toda clase de atropellos y gozar de impunidad legal.
De este modo, el ciclo de las reformas estructurales iniciada en lo años ochenta estará completo pues para mantenerlas a mediano plazo y garantizar su eficacia es necesario contar con un brazo armado que las sostenga (y no me refiero a paramilitares o cárteles del narco) En los próximos años las consecuencias económicas en la mayoría de la población se profundizarán y la protesta social crecerá, aun mas de lo que ha crecido en los últimos veinte años. Y si resulta evidente que los cambios institucionales que dieron lugar a la aparición de INEs, comisiones de derechos humanos e institutos de transparencia no han podido administrar el descontento, la intervención de la fuerza bruta, pero ahora legitimada, resulta el mantra salvador para el mantenimiento del despojo y el terror consustanciales al modelo económico.
Es bastante revelador el sentido profundo de la eventual ley, pues además de no dejar claramente definidos los límites de su intervención llega incluso a mencionar que en el curso de una investigación podrán obtener información por cualquier medio. En este sentido, cuesta trabajo no pensar en el uso de la tortura y otros mecanismos para lograr resultados, sobre todo teniendo el pretexto de salvar a la república y la paz social. Pero es aun más revelador el entusiasmo manifestado por los partidos políticos, entre los que destaca el presidente de la mesa directiva de la Cámara, el panista Javier Bolaños, quien hizo un llamado para aprobar con urgencia la ley en un periodo extraordinario del congreso. Por su parte Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, se mostró convencido de la necesidad de proporcionar un marco legal para la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad. Pero además no deja lugar a dudas de que serán éstas las encargadas de labores policiales cuando declara que ello «No implica la desaparición de las policías municipales, sino la reorientación en sus funciones de proximidad que les otorga el artículo 115 de la Constitución, esto es, su vinculación con jueces cívicos, faltas administrativas, infracciones y lo que da sentido al municipio, plazas, jardines, mercados y alumbrado» (http://www.jornada.unam.mx/
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