La mitad de la población está bajo la línea de pobreza y la mitad de los trabajadores está en negro 

Precarización extrema: el drama que afecta a casi la mitad de la clase trabajadora ocupada 

El 45,1 % de quienes estaban ocupadas y ocupados en el primer trimestre de 2022 no estaban registrados, no contaban con estabilidad laboral o su salario estaba por debajo del salario mínimo vital y móvil.  

La tasa de precarización extrema que calcula en forma exclusiva La Izquierda Diario afectó a casi la mitad de los ocupados a inicios de este año. Alcanzó al 45,1 % en el primer trimestre de 2022, y afectó en mayor medida a las mujeres ocupadas con una tasa de 51 %, en tanto que para los varones fue de 40,4 %. 

Si en el segundo trimestre se habló de un récord de asalariados no registrados, llegando al 37.8 % según el Indec, la situación se oscurece aún más al incorporar al análisis otros tipos de precarización y pérdida de derechos laborales que afectan tanto a asalariados como a cuentapropistas. 

Es por ello que en la tasa de precarización extrema se incluyen también a quienes no tienen beneficios laborales como: obra social, vacaciones pagas, están expuestos a riesgos del trabajo, no cuentan con estabilidad laboral, tienen contratos a término y/o perciben bajos ingresos (inferiores al salario mínimo, vital y móvil – SMVM-, de $ 33.000 en ese período), sean registrados o no registrados. Asimismo, se incluye a las y los cuentapropistas con ingresos por debajo del SMVM y a las y los trabajadores familiares sin remuneración. 

No está de más recordar que el salario mínimo es cada vez más mínimo, y se toma sólo a efectos de delimitar el umbral inferior de ingresos con el que se construye el indicador. Pero su monto no es representativo verdaderamente de lo que debería ganar como piso un trabajador o trabajadora para cubrir las necesidades de vida de sus familias. El salario mínimo legal es menos de la mitad que la canasta de pobreza que mide el Indec, y casi la cuarta parte de la canasta familiar que elaboran los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec. 

Bajo esas condiciones de precarización extrema se encuentran el 64% de los jóvenes de hasta 29 años de edad, (67,5 % en mujeres y 61,5 % en varones). En el caso de los ocupados de 30 años y más la tasa de precarización extrema llegó al 39,4% en el primer trimestre de este año.

En comparación con igual trimestre de 2019 (previo a la pandemia), se destaca una mayor participación de las mujeres precarizadas dentro del total de ocupados precarios, especialmente las asalariadas no registradas, sin algún beneficio laboral o con bajos salarios. El porcentaje de las asalariadas precarias aumentó de 74,9 % a 76,5% en el total de ocupadas precarias, así como subió su peso dentro del total de ocupados precarios, pasando del 36,8 % en 2019 al 38,2 % en 2022. 

Por su parte, cayó levemente la participación de los cuentapropistas con ingresos bajos (menores al SMVM), de 25,6 % del total de los ocupados precarios en 2019 al 24,7 % en 2022. 

Esto no significa una disminución del cuentapropismo y otras formas de precarización y encubrimiento de relaciones de dependencia como el monotributo que, por el contrario, como muestran las estadísticas del Ministerio de Trabajo, viene siendo una de las formas prioritarias de los patrones y el propio Estado para reducir costos laborales en base a la quita de derechos a la salida de la pandemia. Si en mayo 2020 había 1.853,9 millones de monotributistas y monotributistas sociales, en junio de 2021 fueron 2.077,1 millones y ya en junio 2022 unos 2.331,9 millones. Un crecimiento de 26 % en solo dos años. 

Esta situación de conjunto, con peores condiciones laborales y salarios de miseria que vienen perdiendo capacidad de compra en los últimos siete años explica que a mayores niveles de empleo, la pobreza se mantenga arriba del 36 % mientras aumenta la tasa de indigencia. Cada vez hay más trabajadores pobres. 

Personal doméstico y de la construcción, los más precarizados 

También son sintomáticos los núcleos de la economía donde se concentra la mayor informalidad y precarización. Dentro de las y los asalariados precarios, las ramas de actividad con mayor peso son las actividades de casas particulares (donde el 98,5 % son mujeres) que representan al 16,2% del total de precarixs. Allí, la precarización extrema alcanza al 88 % de las ocupadas. Durante la pandemia fueron uno de los sectores más afectados por la pérdida de empleos, pero el Gobierno apenas se dedica a lanzar programas con resultados inocuos para su registración. 

En segundo lugar, se destaca el sector de la Construcción representando el 10,4 % de los ocupados precarios, y con una tasa de precarización de 74 %, una las más altas de la economía luego del sector de casas particulares. 

Los servicios, en términos generales, muestras mayor proporción de precarios. Se destaca en ese sentido el Comercio al por Mayor y al por Menor y Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas que significan el 15,7 % del total de los ocupados precarios, con una tasa de precarización extrema del 52,1 %. 

En el caso de la Industria manufacturera, que representa el 11,3 % de incidencia dentro de los precarios, presenta una tasa de 41,4 % de precarización extrema. En este caso, si bien se trata de un sector menos feminizado (solo uno de cada cuatro ocupados son mujeres), se revierte esa proporción al analizar la precarización, puesto que afecta al 61,3% de las mujeres, mientras que en los varones la tasa es el 35,4%. 

Los datos aquí presentados dan cuenta de una situación de mucha vulnerabilidad que enfrenta gran parte de la clase obrera argentina, que pandemia mediante, siguen mostrando niveles alarmantes de los ya expresados en 2019, cuando la tasa en su conjunto mostraba una incidencia del 49 %. 

A pesar del crecimiento de la tasa de empleo en el conjunto de la economía, que subió de 52,9 % al 54,9 % respecto al primer trimestre de 2019, la precarización sigue siendo el elemento común en que se sustenta y garantiza la rentabilidad del capital y el funcionamiento de la economía atrasada y dependiente de nuestro país. De igual forma, el ajuste sobre el salario real, que cayó entre 22 y 32 % desde 2015, se apoya en la mayor precariedad del trabajo y a la inacción de las centrales sindicales, funcionales a la división y fragmentación de las filas obreras. 

Tensiones entre empleo, desempleo y precarización 

Por Observatorio del Derecho Social (ODS) 

La tasa de desempleo en el segundo trimestre fue del 6,9%, la más baja desde la recuperación del INDEC a comienzos de 2016. Un buen dato en el marco del aumento de la precarización ocupacional y del deterioro salarial. Prohibidas las lecturas lineales. 

El desempleo cayó bastante fuerte en relación con el segundo trimestre de 2021 (9,6%) y lo hizo más en comparación con la prepandemia. En el mismo trimestre de 2019 era del 10,6%. Todo ello al calor de un crecimiento fuerte de la tasa de actividad y la tasa de empleo. 

La tasa de empleo (proporción de la población ocupada sobre la población total) fue del 44,6%, por lejos la más alta de los últimos siete años. Ello quiere decir que es cada vez mayor la proporción de personas que trabaja efectivamente (sin importar las condiciones en que lo hace). 

También se mantuvo en niveles relativamente bajos la presión sobre el mercado de fuerza de trabajo. El porcentaje de personas que busca trabajo (desocupados y ocupados demandantes) o que está disponible para trabajar más ascendió al 28,8%. 

Este dato es bueno solo en términos relativos: es el porcentaje más bajo para un segundo trimestre en los últimos siete años. Pero dice mucho de la precariedad laboral de muchos trabajadores y trabajadoras: más de un cuarto busca trabajo o quiere trabajar más. 

Los principales avances se registraron en los grupos poblacionales más desfavorecidos. El desempleo en las mujeres jóvenes bajó del 22,4% al 13,9% en un año y el de los varones jóvenes lo hizo del 16,1% al 12,6%. 

Los registros más bajos, inferiores al 2%, se dieron en Viedma, Comodoro Rivadavia y Santiago del Estero. Los más altos, superiores al 8%, en Córdoba, Mar del Plata y los partidos del Gran Buenos Aires. 

El dato más complicado del informe del INDEC es el fuerte aumento del empleo no registrado que alcanzó el 37,8% de los asalariados, por lejos el valor más elevado de los últimos siete años. 

El empleo por cuenta propia se mantiene en niveles estables, representando un poco más del 22% del total de la ocupación. Sumado a los asalariados no registrados ya explican más de la mitad de la tasa de empleo. 

El crecimiento de las formas más precarias de inserción en la estructura ocupacional se explica por, y a la vez explica, el deterioro de los niveles de ingresos. La caída salarial de los últimos años fue tan importante que cada vez más trabajadores tienen que salir a hacer lo que sea. 

La insuficiencia de ingresos en los hogares fuerza a los trabajadores a buscar ingresos adicionales (aumento de la tasa de actividad y de la tasa de empleo). La oferta en el mercado formal languidece, por lo que terminan recayendo en empleos no registrados o por cuenta propia. 

La caída del desempleo es sin dudas una buena noticia, pero antes de festejarla conviene ponerla en contexto. Hace tiempo que el mercado de fuerza de trabajo de nuestro país no brinda respuestas para las necesidades de los trabajadores y el horizonte a futuro no luce muy promisorio. 

En Jujuy pagan sueldos con más del 50% en negro 

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales afirmó que el Gobierno de Gerardo Morales realiza “una especie de pungueo o hurto salarial, a través del pago de un adicional totalmente en negro, el llamado ‘mínimo salarial’, que impide que 9.300 trabajadores cobren el Aguinaldo en un valor igual a la mitad del sueldo, que es lo que correspondería”. 

Desde el Sindicato explican que, por ejemplo, los municipales de Yala cobran 46.240 pesos de bolsillo, de los cuales 34.148 se pagan en negro en concepto de Mínimo Salarial, lo que da un sueldo en blanco de 12.092 pesos que equivale a 6.046 de Aguinaldo. 

Otro caso. En la localidad de El Talar, los municipales cobran 55.839 pesos de bolsillo, pero tienen 25.252 en negro, y sólo 30.600 en blanco, lo que representa un aguinaldo de 15.300. 

“Esta situación es insostenible, aún más si sumamos el contexto nacional con una economía al borde de la Hiperinflación, situación que se haría real de llegar al 100% de inflación anual.

Asimismo, el adicional en negro (Mínimo Salarial) antes mencionado de ser PARCIALMENTE BLANQUEADO, le otorgaría el pase automático a Planta Permanente a más de 3.600 trabajadores Contratados y Jornalizados de 8 horas que actualmente cobran el mismo sueldo de bolsillo que un Planta Permanente Categoría 1 (mínima). El Gobierno de Jujuy sólo debería sumar, en promedio, 1.000 pesos mensuales en concepto de Aportes por cada uno de ellos para darles la estabilidad completa”, advierten desde el SEOM. 

Además, denuncian que el Gobierno de Morales miente en relación al valor real del aumento salarial: “A través de un engaño matemático, afirma que es mayor al 80%, cuando en realidad llega al 58% sobre el sueldo en blanco. Sumado a esto exigen la erradicación de los Jornalizados de 4 y 6 horas que son más de 1.500 trabajadores con antigüedad que cobran sueldos que van desde los 18.000 pesos a los 25.000, por trabajar de lunes a viernes, es decir que lo que cobran no les alcanza ni siquiera para comer”. 

Informe CIFRA-FLACSO: los trabajadores perdieron U$S 70.000 millones en cinco años 

Esa pérdida es el equivalente a dólares de diciembre del 2021, según detalló un informe de CIFRA y FLACSO. Entre 2016 y 2021 los empresarios aumentaron su porción en el reparto de la torta de riqueza producida (7 puntos), la contracara fue la caída de la participación del salario de los trabajadores (casi 9 puntos). 

Es decir, que los empresarios subieron su porción en el reparto de la torta de riqueza producida del 40,2 % en 2016 al 47 % en 2021 y la participación del salario pasó de 51,8 % a 43,1%. La mayor pérdida ocurrió durante el Gobierno actual.  

El documento detalla que los trabajadores perdieron a pesar de la recuperación de la economía. Así, el informe explica que la trayectoria general del valor agregado, tiene un leve incremento entre 2016 y el año electoral del 2017 de casi el 3%, luego disminuye hasta el 2021 en que crece significativamente al superar el 10 %. Sin embargo, Cifra afirma que “no ocurre lo mismo con los asalariados registrados y no registrados ya que, si bien sus ingresos se elevan también entre 2016 y 2017 posteriormente se reducen sistemáticamente, incluso en el 2021”. 

Los salarios registrados y no registrados bajan hasta 2019, “se estabilizan en el 2020 y se desploman en el 2021, aunque su caída es algo menor en términos relativos a la reducción sufrida durante el macrismo entre el 2018 y 2019. De todos modos, la registrada durante el Frente de Todos es más compleja porque entre esos años se acrecienta la productividad superando el nivel del 2019 y el valor agregado crece por encima del 10% en ese año, antes de que el acuerdo con el FMI fuera refrendado por el Congreso Nacional”, agrega el documento. 

En el período estudiado de 2016 a 2021 los asalariados perdieron $ 7,7 billones de 2021, que equivalen a U$S 70.000 millones (de diciembre del 2021), los cuales representan el 19,5 % del valor agregado promedio entre 2016/21. El documento afirma que se registró “la mayor la pérdida durante el gobierno actual” y agrega que “esto ocurrió, a pesar de que en el año de la pandemia la pérdida alcanzó su menor cuantía, pero fue más que compensada en el año 2021”. 

Comercio e industria: pérdida salarial y recomposición de ganancias 

La industria y el comercio son los sectores en los que hubo una fuerte recuperación de los márgenes de ganancia mientras el poder de compra se derrumbó. El informe destaca que en el caso industrial “el excedente de explotación subió del 36,3% del valor agregado al 51,8% entre 2017 y 2021. Se trata de una recomposición inédita de 15,5 puntos porcentuales”. 

En tanto, en el mismo período “el excedente apropiado por los empresarios que operan en el comercio mayorista y minorista aumentó del 38,5% al 46,8% (8,2 puntos porcentuales de ascenso), en tanto que en el resto de las actividades el incremento fue del 39,7% al 45,5% (5,8 puntos)”. 

Mientras las patronales del sector ganaron, los salarios en la industria muestran una caída sistemática en el cuatrienio 2018-2021 (incluso en 2020 tuvieron una reducción del 3,1% cuando en el nivel general permaneció estable), explica CIFRA. En 2021, con una economía que se recuperó al 10,4% y donde la industria lo hizo al 15,8%, “los salarios reales cayeron 6,5% al calor del proceso inflacionario”. El documento agrega que “la pérdida de la participación de los asalariados industriales en el ingreso entre 2017 y 2019 se asoció a una caída del salario real que fue muy superior a la de la productividad”. 

Si se considera el período 2018-2021, cuando se derrumba la participación de los asalariados en el ingreso fabril durante el regreso del FMI de la mano de Macri y el gobierno del Frente de Todos, “la transferencia de ingresos de los trabajadores al capital industrial alcanzó a 2,9 billones de pesos de 2021. Esto es equivalente al 38,8% del valor agregado industrial y al 37,4% de las transferencias calculadas para el total nacional (7,7 billones)”. 

En el sector de comercio mayorista y minorista CIFRA y FLACSO advierten tendencias similares al desempeño industrial: una fuerte caída de los salarios reales de los trabajadores de comercio (-35,8% entre 2017 y 2021). 

El documento también revela que en la industria los precios implícitos del valor agregado se incrementaron 494,2% entre 2017 y 2021 y en el comercio 451,0%, mientras que en el resto de las actividades las subas de precios rondaron el 306,9%. Dicho de otra manera, los precios industriales aumentaron 46,0% por encima del resto de las actividades y los del comercio 35,4%. 

El informe concluye que “a partir de estas evidencias se puede inferir que las abultadas transferencias del trabajo al capital y la consiguiente recomposición de las ganancias en estos sectores estuvieron influenciadas, al menos en parte, por un ajuste en los precios que fue superior no solo a los salarios nominales sino también al aumento de precios en el resto de las actividades económicas”. 

El Frente de Todos prometió recomponer salarios y jubilaciones, y terminar con el ajuste de Macri. Pero eso no pasó y hubo un fuerte deterioro de las condiciones de vida del pueblo trabajador, mientras los empresarios ganaron.  

Ganancia empresarial: Pérdida salarial + subsidios estatales 

En un trabajo reciente del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) —liderado por el economista y ex director del Banco Nación, Claudio Lozano—, la comparación de la situación distributiva actual con la previa a la pandemia, a comienzos de 2020, arroja que la masa salarial perdió 5,2 puntos de participación. En dinero significa que, en el contexto de la recuperación de la actividad económica, los trabajadores transfirieron en pesos, 23.589 millones de dólares al cambio oficial. 

La fuerza laboral no asalariada informal perdió 3 puntos más de participación en el ingreso generado, una transferencia adicional de 13.650 millones de dólares en el mismo período. 

Mientras tanto, “el excedente bruto de explotación concentrado en la cúpula dominante en términos empresariales se expandió en un 11,2 puntos de participación, apropiando 50.357 millones de dólares. Es decir que el excedente creció por encima de lo que la fuerza laboral le transfirió. La razón: el proceso inflacionario le permitió capturar en su favor incluso los subsidios que el Estado expandiera en el período”, relata el informe. En esa etapa, los subsidios públicos contribuyeron a expandir el excedente empresarial en 13.118 millones de dólares adicionales. 

Dicho de otra manera, “el excedente empresarial se expandió apropiando el 9,3% del PBI, del cual el 75% del mismo fue transferido por los trabajadores y trabajadoras tanto asalariados como no asalariados, tanto formales como informales. El conjunto de la fuerza laboral perdió en total 8,2 puntos de participación en el ingreso que implica haber transferido un total de 37.239 millones de dólares al excedente capturado por el capital concentrado”, detalla el IPyPP. 

Lo que Cambiemos nos dejó 

Por su parte, un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), en su informe de coyuntura de abril, detalló que “los actuales niveles inflacionarios y su evolución, son incompatibles con la recuperación de los ingresos, componente esencial de una dinámica económica de crecimiento con distribución”. 

De acuerdo con su análisis, el poder de compra de los salarios privados se encuentra al mismo nivel que en la asunción de Alberto Fernández al frente del Ejecutivo y, “para igualar el nivel de ingresos previo al ajuste de Cambiemos”, deberían “crecer 28%. Hasta ahora, crecieron cero”. 

“En el caso del sector público, el camino a recorrer era más largo aún: el salario real tenía que crecer 32% para recuperar lo perdido con Cambiemos”, asegura. Por su parte, los ingresos de los informales, el sector más ajustado, deberían crecer 45%. 

En tanto, la partida de jubilaciones en el gasto público se recupera muy lentamente, pero sigue siendo menor a la del último año de Cambiemos. 

¿Cómo se sale? 

Para los economistas del IPyPP, resolver el problema requiere de una intervención integral sobre el mundo laboral en el marco de una potente estrategia antiinflacionaria. 

Entre sus sugerencias se encuentran la de implementar un Ingreso Básico Universal para toda la población que no tiene garantizado un salario o ingreso formal, la eliminación de la sobre jornada laboral para crear nuevos puestos de trabajo (su cálculo es superior a los 800.000 empleos), garantizar el salario mínimo a los 4 millones de trabajadores de la Economía popular que los incorpore a una red de economía pública y social, impulsar la reducción de la jornada laboral con mantenimiento del nivel salarial en las principales empresas del país (lo que crearía otros 500.000 puestos de trabajo), y propiciar “un nuevo modelo político sindical acorde a la nueva realidad de los trabajadores/as de la Argentina” que promueva la libertad y democracia sindical. 

Los salarios de los trabajadores informales perdieron casi un 5 % en lo que va del año 

La inflación empezó el año con fuerza y carcomió el poder de compra. En marzo los salarios de los trabajadores registrados del sector privado aumentaron 5,4 %, y de los trabajadores no registrados fue de 5,6 %, por debajo de la suba de precios de ese mes, que alcanzó el 6,7 %, según el informe de Índice de Salarios que publicó el Indec. En marzo solo los salarios de los trabajadores registrados del sector público aumentaron 12,1 %, por encima de la inflación. Esto ocurrió porque se registró el aumento correspondiente a la cuota paritaria pendiente de 2021. 

En la comparación con marzo del 2021 los salarios del sector público aumentaron 63,8 %, los del sector privado formal 56,4 %, mientras que los salarios los trabajadores informales subió un 41,6 %. La inflación en el mismo período fue de 55,1 %. 

A pesar de las promesas oficiales que los salarios le ganarían a la inflación, el 2021 fue el cuarto año de caída consecutiva del promedio del salario real del conjunto de las trabajadoras y los trabajadores. 

¿Se recuperó el salario como afirmaba Kulfas? 

Matías Kulfas sostenía que, «durante el Gobierno de (Mauricio) Macri», el salario real «perdió 20 puntos», mientras que, en la gestión de Alberto Fernández «se han recuperado cerca de 5 ó 6 puntos». Veamos. 

Cuando finalizó el mandato de Macri el poder adquisitivo del salario del sector privado registrado descendió 21,5 % (diciembre 2019 versus octubre 2015), según los datos del índice de salarios que publica el Indec. En marzo de 2022 el poder adquisitivo solo subió un 0,2 % en relación a diciembre de 2019. Es decir, el Gobierno atenuó la pérdida. Sin embargo, el poder de compra está lejos de recuperar lo perdido desde 2015. 

De acuerdo al dato publicado por el Indec, el poder de compra de los trabajadores registrados privados perdió 1,3 % (marzo 2022 versus diciembre 2021) y aún está un 21,4 % por debajo de 2015 (marzo 2022 versus octubre 2015). 

En el sector público registrado, cuando terminó el Gobierno de Cambiemos el poder adquisitivo bajó 25,5 % (diciembre 2019 versus octubre 2015). En marzo 2022, se registró un descenso de 0,4 % en relación a diciembre de 2019, y la pérdida en relación a 2015 es de 25,8 %.  

Los sectores más afectados fueron los trabajadores no registrados. En el sector informal, al finalizar el mandato de Macri se registraba una pérdida de 23,8 % (diciembre 2019 versus octubre 2016 -la serie en este caso comienza en 2016). En marzo de este año el poder de compra descendió 9,3 % en relación a diciembre de 2019. La pérdida con respecto a octubre de 2016 es del 31 %. Alberto Fernández repitió en varias ocasiones «Primero, los últimos”, pero los informales fueron los más castigados por la inflación. 

Cristina Kirchner señaló que hay un fenómeno en la Argentina que son “los trabajadores en relación de dependencia que son pobres”, y añadió que “la plata no alcanza, la gente no llega a fin de mes”. Sin embargo, el kichnerismo avaló este deterioro y el ajuste que realiza el Gobierno. Los dirigentes sindicales siguen de cuarentena, donde también tiene peso un sector cercano a Cristina Fernández, y fueron cómplices del derrumbe del poder de compra. Es urgente la recomposición salarial de todo lo perdido en estos años, un salario mínimo igual a la canasta de consumos mínimos, y la actualización automática de salarios en función de la inflación. Ningún trabajador debería ganar menos que el valor de la canasta que estima la Junta Interna de Ate Indec: $ 204.924 al 30 de setiembre. 

Inflación: «en los últimos cuatro años nos robaron» entre 6 y 10 salarios 

A pesar de los datos oficiales que muestran una mejorar salarial en el sector registrado, las y los trabajadores perdieron en promedio el equivalente 10 salarios en los últimos cuatro años. 

En febrero el gobierno promocionó datos que parecerían alentadores: los salarios del sector público y privado registrado en 2021 tuvieron un aumento promedio del 53,4% por encima de la inflación del 50,9%, según datos del Indec. La realidad no es tan así. 

En primer lugar, porque si tomamos la masa salarial promedio, las y los trabajadores perdieron en 2021 un 3,3% en sus bolsillos. Eso es porque el ritmo de los aumentos salariales, aún con las revisiones paritarias, fue mucho más lento que los de la inflación. 

En segundo lugar, porque el índice oficial habla de un promedio. Pero además de las diferencias que hay dentro de las y los trabajadores registrados, que significa que millones estén por debajo de la línea de pobreza, hay un sector que perdió aún dentro del «aumento». Las y los informales tuvieron una suba del 40,8% en 2021, o sea que perdieron un 10%. 

Por último, si lo medimos a mediano plazo el poder adquisitivo del salario se derrumbó el 19 % para el sector privado registrado desde octubre de 2015 a noviembre de 2021, y el 26 % para el sector público. En el caso de los trabajadores informales, la caída es del 29 % desde octubre de 2016. 

Pero hay otra forma de percibir ese robo al salario que han hecho los empresarios, a través de la inflación, de los aumentos salariales por debajo de la devaluación y el costo de vida. 

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), si tomamos los últimos cuatro años los trabajadores registrados en el sector privado perdieron el equivalente a 5,9 salarios y los del sector público a 7,5 salarios. En tanto, los trabajadores informales perdieron hasta 10,6 salarios en este período. Estamos hablando, si tomamos los promedios de ingresos de esos sectores, de sumas que oscilan entre los 300.000 y 500.000 pesos. 

Según Nadin Argañaraz, director del IARAF, «la persistente inflación erosionó el poder adquisitivo y, dado que continúa en niveles elevados, lo sigue haciendo. La baja sostenida de la tasa de inflación es uno de los principales desafíos de la sociedad argentina, ya que las pérdidas que ocasiona este fenómeno, ponen en situación de alta vulnerabilidad a muchos sectores de la población». 

El precio de la comida se duplicó en los barrios populares del Conurbano 

El denominado Índice Barrial de Precios (que abarca a los barrios populares del conurbano bonaerense) elaborado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) estableció que durante octubre el precio de los alimentos subió el 7,74%, cifra con la que se perforó el 100% de aumento anual. 

El relevamiento, realizado sobre la base de 57 productos de la canasta básica en 900 comercios de cercanía de barrios populares del Conurbano, determinó que una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) durante octubre necesitó $59.443 para no ser indigente.  

En este marco y con estos valores, durante el último año la canasta básica de alimentos  subió para ese sector social y geográfico el 101,40%. 

Los alimentos que más subieron durante octubre fueron las frutas y verduras (19,72%), que en los  últimos 12 meses subieron el 158% en barrios de bajo poder adquisitivo.  

En lo que va del año, el costo de la canasta básica de alimentos en el Conurbano más humilde aumentó el 86,64%, con un fuerte incremento en los últimos cuatro meses. 

El FMI volvió a pedir «políticas más restrictivas» para contener la inflación 

El Fondo Monetario Internacional volvió a pedir «políticas más restrictivas» para estabilizar la economía argentina y contener la inflación. La recomendación consta en el detalle por país del informe «Perspectivas Económicas para las Américas», que se dio a conocer el martes 1º de noviembre. 

El documento traza un panorama sombrío para la región, todavía afectada por las secuelas de dos shocks consecutivos: la pandemia de Covid-19, drama humanitario que motivó mayores gastos de los gobiernos para socorrer a la población, y la guerra en el Este europeo, que ocasionó un alza de la inflación por la fuerte suba de las materias primas. 

Esto llevó a una previsión de que «la actividad se desacelere en toda la región de las Américas a finales de 2022 y en 2023. Los riesgos a la baja dominan las perspectivas», señala el paper que lleva el sugerente título «Navegando condiciones financieras más restrictivas». 

«Dados los crecientes costos de financiamiento, será esencial apuntalar los marcos fiscales y avanzar con una consolidación fiscal inclusiva, que proteja los objetivos sociales», dice el texto elaborado por Santiago Acosta Ormaechea, economista senior del Departamento para el Hemisferio Occidental del organismo. El director de esa división es el brasileño Ilan Goldfajn, quien supervisa el acuerdo de facilidades extendidas entre el FMI y el gobierno argentino. 

En líneas generales, el informe es un llamado a mantener la cautela en el gasto fiscal y no alejarse de la prudencia monetaria para evitar que se agrave la inflación. Pero en el caso particular de Argentina, la recurrencia a la ortodoxia es todavía más elocuente. 

«En Argentina, las vulnerabilidades internas y la incertidumbre en torno a las políticas, sumadas a un empeoramiento del entorno externo, están agravando las perspectivas. La adopción de políticas más restrictivas en el marco del programa respaldado por el FMI será fundamental para apuntalar la estabilidad y contener la inflación, que ahora se proyecta que ascenderá a 95 % a finales de 2022. Se proyecta que el crecimiento del PIB real se modere a 4 % este año, pero los riesgos a la baja predominan sobre estas perspectivas», dice el trabajo. 

Si bien no están detalladas, se sobreentiende que esas «políticas más restrictivas» están enfocadas en la contención del gasto público (donde ya hubo algunos avances, por ejemplo, en el recorte de subsidios en las tarifas de luz y gas) y en el cese de la ayuda monetaria al Tesoro por parte del Banco Central. En líneas generales, esas previsiones son las mismas que campean en el informe del staff técnico que monitoreó la economía argentina en septiembre. El mes pasado, cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, acudió a la asamblea anual de la entidad en Washington, también escuchó llamados a la prudencia y al esfuerzo fiscal por parte de la titular de la entidad, Kristalina Georgieva. 

No hay resultados antiinflacionarios porque el plan del FMI es inflacionario 

Por Claudio Lozano 

No puede haber sorpresa frente al 7 % de inflación del mes de agosto. No hay resultados antiinflacionarios ya que el marco que define al Plan de ajuste y estabilización del superministro Massa es el acuerdo con el FMI. 

Por ende no hay resultados antiinflacionarios porque el plan del FMI es inflacionario. Si aceleramos la devaluación del tipo de cambio oficial, si aumentamos las tarifas y elevamos la tasa de interés, inflamos los costos y producimos más inflación. A la vez, al aumentar la tasa de interés, se incrementan los intereses que tiene que pagar el Banco Central, por lo cual es necesario (en esta lógica) aumentar más aun la tasa de interés. 

La lógica en curso promueve la inflación y en ese marco incrementa costos y desfinancia la producción al tiempo que deprime la demanda por caída del poder adquisitivo de la población y reducción del gasto público. Situación que conduce al verdadero objetivo que es deprimir la actividad económica para, por esta vía, importar menos y mejorar la disponibilidad de divisas. Así, además, al colocar a la economía en recesión ( es decir al enfriar la economía) se logrará, dentro de unos meses, cierta desaceleración de los precios pasando de una tasa mensual del 6 o el 7 a otra del 4 o el 5 %. 

Es bueno observar que en agosto, así como en lo que va del año los rubros que más suben son los que más golpean el bolsillo de los sectores más vulnerables. Alimentos, bebidas y prendas de vestir encabezan el ranking de precios. Ocurre lo mismo al observar que las regiones más pobres (nordeste y noroeste) son las que más inflación exhiben. 

Hay que terminar con el programa inflacionario del FMI para poner en marcha un programa popular antiinflacionario de corte heterodoxo que en simultáneo mejore los ingresos y congele el sistema de precios, para aumentar el poder adquisitivo de la mayor parte de la población, ampliar el mercado interno y evitar el estancamiento de la economía. En un país con 25 millones de personas que no llegan a fin de mes, 17 millones de pobres y 4 millones de hambrientos usar la recesión como freno para la inflación puede hacer que el remedio sea peor que la enfermedad. 

Kelly Olmos lo confirma: no hay «guerra contra la inflación» 

Por Marcelo Mache 

La ministra de Trabajo Kelly Olmos sorprendió con sus declaraciones sobre la inflación y el Mundial, manifestando que “después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina”. La ministra intenta bajarle el precio a una situación que afecta particularmente a los trabajadores y que implica un negocio para el Estado y las patronales. La suba de los precios permite una mayor recaudación ya que la mayoría de los impuestos se basan en el consumo. Los salarios y gastos quedan por detrás. 

Para el gobierno nacional parece no haber ningún apuro en solucionar los problemas que afectan a la clase trabajadora. A pesar de que nos encontramos en el terreno de operaciones de la “guerra” anunciada por Alberto Fernández contra la inflación, la ministra Olmos parece haber decretado un “cese al fuego” mundialista. 

El gobierno no solo no ha logrado detener el avance de la inflación sino que es uno de los principales beneficiados, haciendo pasar un ajuste menos llamativo, que implica licuar el gasto público y pagar salarios de la administración central por abajo de la suba de los precios o con actualizaciones tardías. 

Se trata de un mecanismo del cual se vale el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que atribuyó la rebelión de los trabajadores de la salud a la inflación a pesar de que eso le permitió una mayor recaudación y, por lo tanto, los fondos para satisfacer el reclamo de residentes. Los gobernadores de las provincias, de todo signo y color político, actúan en el mismo sentido. 

Que existen expectativas mundialistas que atraen la atención de la población no lo niega nadie, pero mucho mejor sería asistir al proceso con la seguridad de culminar el año en una mejor situación económica y no haber perdido contra la inflación que se proyecta en el 100% de aumento para todo el 2023. 

[…] 

Lo de Kelly Olmos es una provocación contra los trabajadores. Ella asumió tras el deterioro de su predecesor, Claudio Moroni, por el conflicto salarial de los trabajadores del Sutna, quienes obtuvieron una conquista salarial luego de una intensa campaña del gobierno y las patronales para imponer una paritaria de ajuste, y en medio de la crisis interna del oficialismo. 

La primera intervención de la ministra fue para descalificar el reclamo salarial del gremio de Camioneros, por considerar que “no es solidario con los que quedan atrás”, responsabilizando a los trabajadores y sus reclamos salariales por la inflación. 

Kelly Olmos intenta confundir a la población, como si ella jugara en el “equipo contra la inflación”, pero lo cierto es que el gobierno se beneficia de la misma. Para ella el Mundial es solo una tapadera: su enunciado no es genuino. 

El gobierno llega a la previa del Mundial habiendo hecho de todo para rezagar los salarios contra la inflación, arbitrando para las patronales e incluso intentado terminar el partido, como ocurrió durante el conflicto del Sutna cuando el Ministerio de Trabajo quiso imponer la propuesta patronal. 

La política fondomonetarista que aplica el gobierno es inflacionaria y tiene ganadores y perdedores, entre estos últimos los trabajadores. La verdadera lucha contra la inflación y el ajuste se juega en el terreno de los trabajadores, por paritarias libres y una recomposición general de los salarios, como reclaman los trabajadores residentes y concurrentes y de la salud en general, docentes, estatales, precarizados y de los distintos gremios privados. 

Empleo en hoteles y restaurantes 

En hoteles y restaurantes hubo un alza del 25% interanual en el empleo en agosto. Se trata del sector que más empleo generó. 

No obstante, un tercio de los trabajadores de hoteles, restaurantes y centros de esquí relevados por AFIP en Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut con afluencia de contribuyentes de elevada capacidad contributiva tenían «inconsistencias laborales». Bajo este eufemismo, el organismo oficial informó sobre el trabajo en negro y precarizado en que se encuentran, al menos 1.335 personas. 

Además de «puntos de acceso a parques nacionales y temáticos en Misiones y Córdoba» y «actividades de esparcimiento como cines y teatros, hospedaje y gastronomía» en el Área Metropolitana de Buenos Aires (CABA). 

Desde la AFIP informaron que se labraron «240 actas de infracción que incluyeron multas millonarias y el cierre temporario de los locales, principalmente por la falta de emisión de comprobantes», y se relevaron «4.300 empleados en relación de dependencia, de los cuales 1.335 (el 31%) mostraron distintas formas de inconsistencias laborales», detallaron las fuentes. 

Sin embargo, el organismo no anunció medidas concretas para lograr el inmediato registro de ese personal, así como tampoco medidas que obliguen a las patronales a pagar todo lo que deben a quienes defraudaron laboralmente. Las patronales obtienen gran parte de sus ganancias a partir de la evasión impositiva y múltiples maniobras fraudulentas, tanto en términos de facturación como de contratación de personal. 

Asimismo, desde el Estado, gobierno tras gobierno, más allá de algunos matices de cada gestión, hace la “vista gorda” ante este fraude empresarial contra los trabajadores. A lo sumo le cobran la AFIP y el ministerio de Trabajo aplica “multas” que, en la mayoría de los casos, ni siquiera desalienta a mantener trabajo no registrado. Además, es desde el mismo Estado contratan trabajo precarizado.  

Paro Nacional de Salud 

El jueves 17, Fesprosa, sus delegaciones y otras organizaciones de salud encabezaron un paro nacional de salud, con actos y movilizaciones a lo largo y ancho del país. 

El acto central tuvo lugar frente a las puertas del ministerio de Salud, donde las y los trabajadores sanitarios volvieron a reclamar una paritaria nacional de salud, el 82% móvil, la eliminación del impuesto al salario y el pase a planta del personal precarizado, como también la defensa de los derechos del colectivo de Enfermería. Seguidamente, las columnas marcharon hacia Plaza de Mayo. 

Este paro se da en medio de, por un lado, un triunfo parcial de los residentes de CABA y, por el otro, de un estallido del sistema nacional de salud. Esto se ve reflejado en las renuncias masivas en Rio Cuarto y la marcha en Córdoba, los paros y movilizaciones en toda la provincia de Río Negro, la adhesión de la mayoría de las provincias a la medida nacional, las marchas a la gobernación en Rosario y Santa Fe, la nueva marcha de los trabajadores de salud de Catamarca como hace cinco meses todos los jueves y el paro y la movilización de los residentes de la provincia de Buenos Aires. 

En este sentido, Jorge Yabkowski, secretario general de Fesprosa, señaló: “Los gobiernos no han entendido lo que pasó con la salud. No entendieron nuestros 600 muertos, no entendieron los 100.000 infectados, no entendieron los secuelados y no entienden que esta migración y vaciamiento del sistema de salud público que se está produciendo es producto de una ausencia de políticas de Estado para tener una salud pública fuerte”. 

Y agregó: “El sistema de salud agoniza y tiene a los trabajadores con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Por eso, este paro nacional es un primer llamado de atención. Así como dijimos que los aplausos no llenan el carrito del supermercado, también decimos que los goles de Messi tampoco lo van a llenar. Vamos a seguir en la lucha, vamos a parar el 23 aunque la ministra de Trabajo nos dicte la conciliación, y vamos a estar al lado de los grandes hospitales como el Posadas que están reclamando por su salario igual que los residentes de provincia de Buenos Aires, igual que los trabajadores de salud de todo el país”. 

Luego del acuerdo del Gobierno con el SEP, crece la lucha en los hospitales de Córdoba 

El jueves 17, el SEP acordó el último tramo de la paritaria a espaldas de la masiva lucha de las y los trabajadores de la salud. El viernes las asambleas, cortes y acciones continuaron siendo masivas en todos los hospitales de la provincia. 

La Izquierda Diario entrevistó a Nicolás, delegado del Colectivo de Residentes y a Laura, vocera de la asamblea del hospital San Roque. 

Nicolás contanos ¿qué se discutió en la asamblea que realizaron ayer? 

-Ayer en la asamblea se discutió sobre el resultado de la mesa de diálogo del Colectivo de Residentes con el ministerio de la provincia. Que si bien celebramos que exista esta mesa de diálogo, el resultado fue que se trató de dilatar todo. Por lo que la Asamblea del Colectivo de Residentes decidió poner una fecha límite para que se dé una propuesta sólida con respecto a lo salarial. Que si bien tenemos una lista larga de demandas, esto es lo que más nos urge porque no llegamos a fin de mes. Por eso el día miércoles 16 mandamos una nota al ministerio y a nuestros respectivos jefes de servicio diciendo que si para el siguiente miércoles 23 no tenían una propuesta clara para todos los residentes de la provincia y una mesa armada inter jurisdiccional (de Nación, provincia, municipalidad y privados), el día jueves 24 se declara paro total de residentes de la provincia y de todas esas jurisdicciones. 

-¿Cuáles son los puntos que ratificaron reclamar? 

Laura: -Los puntos que estamos exigiendo son: 

La composición salarial del 200% al básico, ajustable al proceso inflacionario. 

Con un piso no inferior a la canasta básica total. 

Ningún trabajador de salud debe estar por debajo de la línea de pobreza. 

Pase a planta permanente para todos los contratados y monotributistas. A fin de terminar con la precarización laboral. 

Blanqueo salarial de todas las sumas no remunerativas. 

Un bono en diciembre de $150.000. 

Incorporación de todas las profesiones universitarias al grupo ocupacional 1 de la Ley 7625. 

Recuperación del 82% móvil del básico para el cálculo de las prejubilaciones. 

La vigencia y respeto de las actuales leyes 7233 y 7625. Para el pago de adicionales, recategorizaciones, cargo de jefatura e incorporación de personal. 

Reconocimiento laboral para todos los residentes en tanto profesionales de formación. 

Unificación de las dos leyes en salud, con la incorporación de la 7233 a la 7625. 

Cordobazo en Salud 

El miércoles 16 se llevó a cabo un paro de los equipos de salud en toda la provincia de Córdoba que fue construido desde abajo con asambleas en cada establecimiento. Cerca del mediodía miles de manifestantes llegaban a Patio Olmos donde anunciarán paro de 72 horas la semana próxima en caso de no recibir respuestas. 

El lugar de concentración fue el llamado Polo Sanitario, donde se encuentran tres de los hospitales más importantes de la provincia. Hasta allí fueron llegando organizados, equipos de salud de otros centros de la capital y del interior provincial como Alta Gracia o Punilla. Otras movilizaciones se repitieron en distintas localidades del interior como Río Tercero. 

A la jornada también se sumaron equipos de salud municipales de la capital (bajo otro convenio) que realizaron asambleas en el Hospital de Urgencias y el Príncipe de Asturias. 

La jornada contó en los días previos con una activa hostilidad de la burocracia sindical del Sindicato de Empleados Públicos. 

Al llegar a Patio Olmos las nutridas columnas, se leyó un duro documento denunciando la situación actual. La jornada fue llamada como el «Cordobazo en salud». 

Luego de marcar que se enfrentan a una grave situación en la salud, de la que la renuncia del ex ministro Cardozo, debido a las muertes en el Neonatal es el emergente de una «política sanitaria desastrosa», señalaron que «Las y los trabajadores tuvimos que ponernos los hospitales y centros de atención primaria al hombro frente a una inédita pandemia mundial y aun así el gobierno NO RECONOCIÓ nuestro trabajo. 

Nos llamaron esenciales y hasta héroes… Dejaron la vida más de 120 compañeros asistiendo en la pandemia… PERO NUNCA SE NOS RECONOCIÓ CON LO QUE SE RECONOCE A UN TRABAJADOR: SALARIO DIGNO Y JUSTO.» 

Señalan también que con la asunción de la nueva ministra de salud, la política sanitaria sigue en el abandono y el olvido. Señalan que continúa el ajuste en la salud pública para «beneficiar negocios privados». 

También hicieron explicito su rechazo a los bonos que quiere dar el gobierno, a sólo un sector de profesionales, afirmando que: «No vamos a aceptar que nos dividan. Nuestro reclamo es por un salario digno para todas y todos los trabajadores de salud.» 

Los reclamos no son sólo salariales ya que también denuncian situaciones de violencia laboral, aprietes y amenazas. 

Se realiza una fuerte denuncia a la conducción del Sindicato de Empleados Públicos, que tiene la representación «oficial» en el sector, pero escasa legitimidad en las bases. Señalan que su secretario general, José Pihén, que aparte es legislador por el oficialismo, y la conducción del gremio «que dice ser representante de los trabajadores y trabajadoras, pero en realidad está del otro lado del mostrador. Ellos no nos representan.» 

Gran triunfo de Residentes: ahora van por Concurrentes y se sumaron a la jornada nacional del 17N 

Con más de 9 semanas de lucha, asambleas, movilizaciones y 21 días de paro indeterminado en los hospitales porteños lograron arrancarle a Larreta, subir de 120.000 a 200.000 pesos el salario para residentes iniciales. Para el 23 lograron una mesa de diálogo que continuará con la lucha por un salario y ART para concurrentes. Mientras se sumaron con cese de actividades a la marcha y jornada nacional por la salud del 17 de noviembre. 

Tomando el año 2022 entero el porcentaje de aumento es del 99% remunerativo para todas las categorías y con revisión en enero si los supera la inflación. Al mismo tiempo consiguieron un aumento del 270% anual en el suplemento de ingreso a la carrera y un 135% para el mismo periodo en el suplemento por función crítica y guardias. 

Al mismo tiempo, un compromiso del gobierno de no aplicar sanciones a ninguno de los más de 4.500 residentes y concurrentes que fueron parte de esta inmensa lucha. Y este próximo 23 se volverán a movilizar ante la mesa de trabajo que consiguieron para discutir un salario y ART para quienes son directamente excluidos, los Concurrentes. 

Paro de residentes del Hospital Eva Perón de Merlo 

Luego de varios intentos para que el gobierno provincial y el municipal tomaran sus reclamos, los residentes de la UBA del Hospital Eva Perón de Merlo realizan un paro por tiempo indeterminado y se manifestaron en la entrada de dicho centro de salud. 

Mauricio, uno de los residentes, contó la situación que están viviendo: «Cobro $80.000 y pago $51.000 de alquiler, no me alcanza para vivir». Y para colmo ese es el pago por trabajar de lunes a viernes de 7 a 17 horas, los sábados hasta el mediodía y haciendo entre 6 y 8 guardias mensuales de 36 horas. Mientras la canasta familiar, según la comisión interna de ATE Indec, ascendió a $205.000. 

Reclaman que cobran la mitad que sus pares residentes de provincia, que realizan exactamente las mismas tareas y tienen las mismas responsabilidades. «Tenemos documentados todos los reclamos que hicimos a los distintos gobiernos, pero aún no nos han atendido». 

También denuncian la falta de insumos, materiales y profesionales para poder dar una atención de salud de calidad. 

Se agrava el conflicto de los trabajadores del Hospital Garrahan 

Trabajadores y trabajadoras de la salud del Hospital Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires continúan con la medida de paro que lleva varios días sin encontrar respuestas de las autoridades. Exigen aumento salarial del 100% en una sola cuota, que el mínimo sea igual a la canasta familiar ($205.000) y por un régimen de insalubridad en el hospital. «Si no hay respuestas, ya está votado un nuevo paro para el próximo miércoles 23 de noviembre», expresaron 

«Tras el gran triunfo de residentes y concurrentes que consiguieron un inicial de $200.000 y un aumento de un 99%, las y los trabajadores de salud continuamos la lucha. En el Garrahan, principal hospital pediátrico del país, vamos al quinto paro ante la falta de respuestas del Consejo de Administración (dependiente del gobierno Nacional y el gobierno de la Ciudad)» explicaron los y las trabajadoras mediante un comunicado. 

Aceiteros: salario inicial de 221.000 pesos 

Compartimos el comunicado completo: 

Acuerdo en la revisión salarial de la paritaria aceitera 

Los compañeros paritarios de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) de manera conjunta con los compañeros paritarios del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) alcanzaron un acuerdo con los representantes patronales de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO que lleva el salario básico inicial a $ 221.760 a partir del 1° de Octubre de 2022 para las y los compañeros obreros y empleados aceiteros. 

El planteo de nuestras organizaciones gremiales se basó en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. 

El acuerdo, que alcanza en términos porcentuales un 98% anual, contempla una revisión adicional para el próximo mes de diciembre de 2022. 

Compañeras, compañeros, nuevamente obtenemos un logro colectivo de la mayor importancia y es gracias a la fuerza y convicción de las compañeras y compañeros trabajadores aceiteros, que se ha expresado contundentemente en cada ocasión en que fue convocada. 

Esa fortaleza sostiene y construye una organización gremial que representa cotidianamente la voluntad y defiende categóricamente los derechos de todas las compañeras y compañeros aceiteros, y que apuesta a la solidaridad obrera para alcanzarlos de forma consecuente. 

Por eso, desde nuestra Federación celebramos la unidad en acción y negociación con los compañeros del SOEA San Lorenzo, que ha sido fundamental para lograr el objetivo de una vida digna para el conjunto de las y los trabajadores aceiteros argentinos. 

¡Viva la unidad obrera! ¡Viva la lucha aceitera! ¡Viva la clase trabajadora! 

Comisión Directiva

Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina
F.T.C.I.O.D y A.R.A. 

Otros acuerdos salariales 

La Asociación de Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de autos acordaron un incremento salarial que deja la paritaria 2022/3 en 99% y con revisión en febrero 2023. Se acordó un incremento salarial del 30% en dos cuotas: 15% en noviembre y 15% en diciembre. 

A partir de una circular difundida por la conducción de la Unión Ferroviaria, se dio a conocer un nuevo acuerdo salarial para las y los ferroviarios.  

El acuerdo salarial se cerró solo hasta enero quedando pendiente el tramo febrero-marzo donde se llevará adelante la negociación para finalizar el acuerdo salarial que comenzó en marzo de 2022. La decisión fue tomada a puertas cerradas, en secreto y sin ningún tipo de consulta a los casi 30.000 trabajadores y trabajadoras que se van a ver afectados por este aumento. 

En comunicación con Andrés Padellaro, referente de la agrupación Naranja Ferroviaria del ferrocarril Roca, decía: «Como anunciamos, la Verde continúa ignorando el reclamo que hay en tantas estaciones y galpones sobre nuestra situación salarial. La falta de asambleas sólo puede explicarse por esta simple razón, saben que si las convocan se expresaría el rechazo a este acuerdo, que no recupera todo lo que perdimos estos años y que ante una inflación que avanza día a día lo vamos a terminar de percibir en febrero del año que viene. Continúa la estafa». 

Para finalizar, Andrés Padellaro remarcó: «Queremos la reapertura de las paritarias. Sabemos que esta pelea no es fácil y para poder quebrar la complicidad entre la empresa, el gobierno y los sindicatos tenemos que continuar lo que comenzó en la seccional Oeste. Pelear por impulsar asambleas en todas las líneas para discutir el aumento que las y los ferroviarios necesitamos, con cláusula gatillo. Unir fuerzas junto a los ferroviarios tercerizados quienes, como siempre, están sufriendo la peor parte del ajuste con salarios por debajo de la línea de la pobreza y con despidos, coordinar con las trabajadoras de la salud y docentes que vienen de realizar un enorme paro en la Provincia de Buenos Aires y todos los sectores que hoy están peleando». 

Antes de los distintos actos que se realizaron el 17 de octubre por el “Día de la Lealtad Peronista” el gobernador Axel Kicillof anunció un nuevo incremento en los salarios de las y los trabajadores estatales, docentes, judiciales entre tantos otros gremios de la provincia que vienen recibiendo aumentos en cuotas durante todo lo que va del 2022. 

La oferta para los trabajadores judiciales constaba de tres tramos: 8% sobre el sueldo de octubre, 8% sobre noviembre y en diciembre un adicional del 4% al 10% ya pautado previamente. En total, la paritaria anual cerraría en 93,4 % según informaron desde la conducción de la Asociación Judicial Bonaerense, un porcentaje por debajo de la inflación que se proyecta que alcanzará entre el 95 y 112 % en todo 2022. 

Demás está decir que no se trataba de una propuesta sino una imposición, sin que mediara un llamado a discutir la pauta salarial en un ámbito paritario con el Gobierno, pero además cuenta con el aval de la conducción de la AJB, que lejos de rechazar y organizar a los trabajadores en un plan de lucha para romper el techo salarial que impuso (de hecho) el gobernador, propuso la aceptación, como lo vino haciendo todo el año. 

El Sindicato de Camioneros logró un aumento salarial anual de 107%, luego de una reunión de la que participaron la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, y los Secretarios General y Adjunto del gremio, Hugo y Pablo Moyano, en la sede de la cartera laboral. El entendimiento llegó en la quinta audiencia de la negociación paritaria. 

El aumento salarial anual de 107% se concretará en cuatro cuotas: un 27% en noviembre de 2022, otro 27% en febrero 2023, otro 27% en mayo 2023 y un último 26% en agosto 2023. 

Además, le sumó el pago de una asignación extraordinaria de $100.000 a pagarse en también cuatro cuotas en marzo, abril, mayo y junio de 2023. 

Reproducimos comunicado de trabajadores de la industria química de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe 

Los trabajadores de Synthon agremiados a SPIQyA San Lorenzo retomamos las medidas de fuerza con Paro de actividades a partir del jueves 17 de noviembre, y por 48 horas. Desde marzo del 2020 la empresa viene dilatando las discusiones por el Convenio Interno. Se suma a esto la negativa a corregir conceptos salariales erróneos que violan la Ley de Contrato de Trabajo, como por ejemplo la liquidación de vacaciones, error que se arrastra desde hace una década. También la patronal subcontrata personal fuera de lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo de la rama de actividad 77/89 desconociendo así las discusiones paritarias, y precarizando al personal tercerizado. Otro de los puntos, no menor, es la falta de acuerdo en lo que respecta a las Cámaras de Vigilancia que los directivos de la empresa han usado incontables veces para amedrentar al personal sindicalizado. Por estas razones y habiendo agotado todas las instancias de diálogo con los representantes empresariales, los trabajadores han resuelto un plan de lucha sostenido hasta poner fin con las arbitrariedades y prácticas desleales.
Synthon Argentina es una multinacional farmoquímica de capital intensivo angloholandesa del grupo BC Partners, abocada a la producción de medicamentos de alta complejidad para tratamientos oncológicos y de salud mental.

Negociación colectiva en la post pandemia: salarios, crisis y nuevos desafíos 

Por Observatorio del Derecho Social (ODS) 

La negociación colectiva culminará el año 2022 con la mayor cantidad de acuerdos y convenios homologados de las últimas décadas. 

Más aún, es posible que se trate del mayor número de homologaciones anuales de la historia. Por cierto que ello no necesariamente implica que se haya avanzado en mayores conquistas y derechos para los trabajadores y trabajadoras, sino que da cuenta de una fuerte presencia de las organizaciones sindicales y las representaciones patronales principalmente en la determinación de los salarios nominales y en la implementación de medidas para dar respuesta a la situación de empresas y/o actividades que enfrentan situaciones de crisis. 

En la primera parte de este informe se presentan datos referidos a la estructura de la negociación, para luego sistematizar los principales contenidos abordados en la actual ronda. Allí se analizan con más detalle algunas cláusulas novedosas, relacionadas con las tareas de cuidado, la violencia laboral y cuestiones de género, que si bien no se han incluido de manera generalizada en los convenios colectivos de trabajo en los últimos años, sí resultan muy relevantes por el alcance de los temas abordados. 

Negociacion Colectiva 2022 Salarios Crisis Y Nuevos Desafios 

El salario mínimo, vital y móvil es 30 % más bajo que en 2015 

El poder adquisitivo de la clase trabajadora no para de caer. Así lo confirma un nuevo informe publicado por Cifra, el centro de estudios ligado a la CTA de los Trabajadores, que encabeza el diputado oficialista Hugo Yasky. El análisis, publicado el viernes 28 de octubre, consigna los datos de recuperación del empleo al mismo tiempo que da cuenta de la pérdida salarial que sufren amplios sectores de la clase trabajadora y el deterioro de la calidad de los puestos de trabajo. 

Sin embargo, un dato determinante pasa por el nivel del salario mínimo, vital y móvil que, hay que recordar, establece el Consejo del Salario donde participa de manera directa el Estado. Cifra indica que “el salario mínimo, vital y móvil real entre 2021 y 2022 osciló en un nivel que quedó 30% por debajo del de 2015, cuando es un referente importante para el nivel salarial, incluso de quienes no están registrados”. 

El SMVM es un índice de referencia para la firma de convenios y acuerdos en el sector privado. Pero, además, es índice de referencia para los montos destinados a ayuda social. Por citar un solo ejemplo, el Plan Potenciar Trabajo equivale al 50 % de su monto. 

Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Diario Popular, Crónica, Anred, Red Eco Alternativo, APU, Télam, Prensa Obrera, Clarín, Prensa Fesprosa. 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.