El Directorio de YPFB es la máxima autoridad ejecutiva de nuestra petrolera estatal. Es designado por el Presidente de la República de ternas elaboradas por los Prefectos de los cuatro Departamentos productores de hidrocarburos, cinco por Ministerios del Poder Ejecutivo y uno por la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia. Sus atribuciones le facultan a […]
El Directorio de YPFB es la máxima autoridad ejecutiva de nuestra petrolera estatal. Es designado por el Presidente de la República de ternas elaboradas por los Prefectos de los cuatro Departamentos productores de hidrocarburos, cinco por Ministerios del Poder Ejecutivo y uno por la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia.
Sus atribuciones le facultan a aprobar la política de la Empresa en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos, financieros, ambientales y sociales, siguiendo los lineamientos de la política nacional de Hidrocarburos dictada por el Poder Ejecutivo. Debe asegurar que YPFB participe en proyectos eficientes, que se ejecuten en un marco de transparencia y responsabilidad socio ambiental y da su visto bueno al Plan Estratégico Institucional.
No está demás poner de relieve su carácter participativo y democrático, ya que, a partir de la fecha, YPFB no podrá adoptar ninguna medida de importancia sin que los ojos vigilantes de cinco representantes del Poder Ejecutivo, uno de los trabajadores y otro de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz autoricen la misma.
Resposabilidad creciente
La responsabilidad del Directorio de YPFB se acrecienta aún más después del histórico Decreto No. 28701, de Nacionalización de los Hidrocarburos, de primero de mayo de 2006, denominado ‘Héroes del Chaco’, inspirado en la fuerza y patriotismo del Presidente Evo Morales Ayma. Con la serenidad que otorga el paso de los días, podemos afirmar que este Decreto ha detenido los graves riesgos de disgregación nacional a los que nos empujaron las políticas neoliberales de las dos últimas décadas. El Decreto de Nacionalización devolvió a los bolivianos y bolivianas la dignidad nacional y el sentimiento de autoestima, de los que pretendieron despojarnos intereses foráneos.
La Nacionalización nos permitió recuperar la propiedad, posesión y control total y absoluto de nuestro gas y de nuestro petróleo. A partir del Decreto de Nacionalización, las empresas petroleras, dice el artículo segundo, están obligadas a entregar en propiedad a YPFB toda la producción de hidrocarburos, la que asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios para la industrialización y los mercados interno y externo. Inmediatamente después de la Nacionalización, el Gobierno del Presidente Morales recuperó el paquete accionario que detentaban las AFP en las empresas capitalizadas, Andina, Chaco y Transredes, para transferirlo a YPFB, sin ningún costo económico. Lo anterior permitió que YPFB tenga representantes en los directorios de las citadas empresas, si bien de manera todavía minoritaria.
Acciones ilegales de las petroleras
Pero aún en minoría, el representante de YPFB en el Directorio de la Empresa Andina (socia de Repsol), el patriota cruceño Hernán Gabriel Camacho Cuellar, reveló que esta compañía vendió gas a Petrobrás a precios inferiores a los que rigen en el contrato entre Bolivia y Brasil, hecho que está siendo ahora detalladamente investigado. El representante de YPFB en Transredes, Dr. José Luis Roca, ha cuestionado el pago irregular a un ‘broker’ (o intermediario) por más de 300.000 dólares por la contratación de un seguro que debe pagar el asegurador y no la empresa asegurada.
Como fruto de la nacionalización, el Gobierno ha firmado, el 29 de junio, un ventajoso contrato de ampliación de venta de gas a la Argentina, que sube los precios de 3.20 a 5 dólares por millar de pies cúbicos y garantiza que el vecino país financie, en condicionales preferenciales, la instalación de una planta separadora de líquidos en Yacuiba, lo que permitirá industrializar el etano, el propano y el butano y beneficiarnos con la producción de GLP y gasolinas naturales. Otra planta separadora de líquidos, la que será instalada en Puerto Suárez, gracias a un convenio con PDVSA, de Venezuela, hará que la subvencionada importación de diesel sea sólo un mal recuerdo, ya que nos convertiremos en exportadores de este energético.
La mitad del camino
Pese a los logros anteriores, sólo estamos a mitad de camino. El enunciado central del Decreto de Nacionalización, relativo a que es nuestra la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de los hidrocarburos, aún no se cumple en su integridad, debido a que YPFB no controla toda la cadena productiva. El mayoreo está en manos de la empresa estatal, pero ello es apenas una parte pequeña del negocio. El Directorio que hoy se posesiona tiene la importante tarea de aprobar o rechazar los contratos que se están discutiendo con las compañías petroleras, antes de su autorización y aprobación por el Congreso de la República.
Debe ejercer celosa vigilancia para que denuncias como las presentadas por los directorios de las empresas capitalizadas se esclarezcan totalmente.
Debe lograr que el Estado Nacional controle el 50 mas uno de las acciones en Chaco, Andina y Transredes, así como en las refinerías privatizadas a favor de Petrobrás y de la Empresa CLHB y en los ductos que están mayoritariamente, por ahora, en poder de Transredes. Y aquí no estamos diciendo nada nuevo. Todo, absolutamente todo, está determinado por el Decreto de Nacionalización del primero de mayo pasado. Por esta razón el país espera que se ejecute en su integridad.
Completar la nacionalización
El Directorio debe transparentar al máximo la actividad de YPFB, porque si YPFB no se transparenta habrá ocasionado la peor frustración al pueblo boliviano, el fracaso de la nacionalización, el retorno de los neoliberales y reavivado los riesgos de desintegración nacional.
Necesitamos completar la Nacionalización, lo que significa honrar la memoria de los sacrificados soldados de la fratricida guerra del Chaco y de los movimientos sociales que ofrendaron la vida de sus mejores hijos en la Guerra del Agua y en las jornadas del 17 de octubre de 2003, que culminaron con la fuga de los más connotados neoliberales, encabezados por Gonzalo Sánchez de Lozada. Completar la Nacionalización implica, en fin, impulsar los cambios estructurales que debe aprobar la Asamblea Constituyente, lo que incluye democratizar la tenencia de la tierra y recortar las ganancias de grandes empresarios mineros y banqueros ligados al poder transnacional que continúan succionando al país.