Dos temas preocuparán a la administración de Evo Morales en los meses venideros y puede que decidan el destino del gobierno: el reclamo de las ganancias y la propiedad de los recursos de gas y petróleo de Bolivia, y la reforma de la constitución en una asamblea popular. Aunque estos mismos dos asuntos potenciaron el […]
Dos temas preocuparán a la administración de Evo Morales en los meses venideros y puede que decidan el destino del gobierno: el reclamo de las ganancias y la propiedad de los recursos de gas y petróleo de Bolivia, y la reforma de la constitución en una asamblea popular. Aunque estos mismos dos asuntos potenciaron el proceso político en Venezuela en los años en que Chávez ascendió al poder, Morales se enfrentará a un serio reto en cada tema.
Independientemente de lo que los líderes del MAS hagan con las reservas bolivianas de gas y petróleo, es probable que molesten a los inversionistas corporativos, a los movimientos sociales o a ambos. Los movimientos sociales están exigiendo la nacionalización total. Como explica Olivera, «No aceptaremos la nacionalización parcial. Todos los contratos son con compañías neoliberales. Lo único que quieren es llevarse nuestro gas. No murió gente (en las recientes luchas sociales) para que se entregue el gas a las compañías. El pueblo debe decir lo que tenemos que hacer con el gas. Pachamama (la Madre Tierra) es para el pueblo, no para las compañías transnacionales».
Aunque también utiliza la palabra «nacionalización», Morales ha dado señales de un enfoque más moderado al hacer una distinción entre los recursos naturales bajo tierra y los activos de la industria extractiva. Es probable que el MAS discuta de manera diferente con cada compañía individual tratando de negociar concesiones con cada cual. «Nacionalizaremos los recursos naturales, gas e hidrocarburos», dijo Morales a principios de enero. «No vamos a nacionalizar los valores de las multinacionales. Cualquier estado tiene el derecho de usar sus recursos naturales. Debemos de establecer nuevos contratos con las compañías petroleras basados en el equilibrio. Vamos a garantizar la recuperación de sus inversiones y sus ganancias, pero no por medio del saqueo y del robo».
Tales garantías son populares con grupos tales como el Comité Cívico Pro Santa Cruz, un grupo de presión a favor de la privatización en la región de Santa Cruz, con el cual Morales se reunió después de su victoria electoral. Morales también viajó a Brasil para encontrarse con Lula el 13 de enero. Allí prometió que no expropiaría a las compañías energéticas, y garantizó la seguridad de las inversiones brasileñas. En su lugar, esbozó un plan para organizar una comisión multinacional entre los inversionistas del gas boliviano para revisar contratos y acuerdos entre diferentes países.
La discusión con compañías individuales puede ser una manera eficaz de obtener concesiones de la industria energética sin arriesgarse a reclamaciones judiciales por parte de las corporaciones y presión de EE.UU. Sin embargo, Morales podría ser acusado de venderse a las corporaciones si las concesiones que obtiene son inadecuadas. El dilema agrega importancia al segundo asunto principal que el gobierno confronta: la necesidad de una asamblea popular para reformar la constitución. Una asamblea de ese tipo crearía una oportunidad para distintos partidos políticos, líderes de negocios y movimientos sociales para ponerse de acuerdo acerca de los términos de la exportación de gas.
La promesa de campaña de Morales de convocar a una asamblea constituyente entre distintos sectores sociales, a fin de reformar la constitución contribuyó, significativamente a su abrumadora victoria. La redacción de una nueva constitución de Venezuela en el 2000 fue el lanzamiento del nuevo proceso político de ese país. Allí se celebraron un referendo y asambleas en todo el país para crear y aprobar la nueva constitución. El nuevo documento determinó que las ganancias provenientes de la industria petrolera fueran reinvertidas por el estado para programas sociales en educación, cuidado de salud e iniciativas de medios de comunicación comunitarios. Actualmente se dice en Venezuela que la nueva constitución es el arma más fuerte del país contra la globalización corporativa y el imperialismo.
La asamblea constituyente puede que redefina el mapa electoral de Bolivia a fin de permitir una representación adecuada de los pueblos indígenas. Esto podría provocar nuevas elecciones, lo cual pudiera ser un reto para el poder de Morales. Sin embargo, su enorme victoria electoral indica que cualquier elección que resultara de cambios a la constitución favorecería a Morales. No obstante, cabilderos ampliamente financiados de Santa Cruz puede que tengan éxito en obtener la autonomía de su región rica en gas. Además, no está claro cómo se pondrían en práctica los cambios de una nueva constitución. En Venezuela, la constitución del país declara que todas las amas de casa tienen derecho a una pensión por su trabajo. Sin embargo, esto no se ha convertido en ley ni se ha puesto en vigor.
Algunos movimientos sociales, como la Federación de Trabajadores y Campesinos de La Paz, han dado a Morales un plazo de dos meses para realizar cambios inmensos en el país. Tales radicales son minoría. La mayor parte de las organizaciones de movimiento social se han comprometido a esperar los resultados de la asamblea constituyente antes de presionar seriamente a la administración. Si la asamblea no cumple sus demandas, se espera que ocurran protestas y bloqueo de carreteras.
Tales campañas de protestas pudieran paralizar al país y exacerbar las divisiones políticas. Sin embargo, también pudieran dar apoyo a Morales para cumplir algunas de sus promesas de campaña más radicales, si las élites deciden que prefieren mantener al gobierno que arriesgar un levantamiento. Probablemente ningún país en Latinoamérica tenga movimientos sociales tan bien organizados ni tengan tal capacidad de amenaza a la presidencia. Este balance de poder político entre la calle y el estado hace improbable que Morales pueda replicar las concesiones «pragmáticas» que Lula hizo al neoliberalismo, aun cuando quisiera hacerlas.
Además de su papel en presionar al gobierno, las redes de base establecidas podrían brindar un apoyo para la reorganización del poder político y la representación. Poco antes de las elecciones de diciembre, se celebró una reunión llamada Congreso del Frente Nacional para la Defensa del Agua y Servicios Humanos Básicos, convocado para forjar alianzas entre los movimientos sociales del país. En el Congreso participaron el Comité Coordinador del Agua de Cochabamba, la Federación de Consejos Vecinales de El Alto, las Cooperativas de Agua y Alcantarillado de Santa Cruz, así como otras organizaciones vecinales, cooperativas, granjeros de riego y comités de electricidad y otros servicios. En muchos casos grupos autónomos han organizado métodos para proveer a los ciudadanos de servicios básicos si el estado no lo hace. Tal coalición de fuerzas de base servirán como poderoso instrumento de presión a la asamblea constituyente. Y en dependencia de los resultados de la asamblea, pudieran brindar una infraestructura para la participación en nuevos programas estatales o representar una estructura alternativa de gobernabilidad.
Al igual que muchos otros bolivianos que votaron por Morales, Anselmo Martínez Tola, un organizador de grupos indígenas de Potosí, Bolivia, consideró que el candidato del MAS era el que más intenciones tenía de convocar a una asamblea constituyente. «Somos mayoría y por medio de la asamblea esperamos rescatar lo que nos pertenece», dijo refiriéndose a la nacionalización del gas y a la redistribución de la tierra. Su organización ha estado seleccionando a candidatos por su municipalidad y desarrollando propuestas para la asamblea. Entre ellas hay una de que el gobierno sea reestructurado a semejanza de los ayllus tradicionales, que son pequeños grupos de familias que durante mucho tiempo han guiado la toma de decisiones en las comunidades indígenas de todo el país. «Debemos tener una nueva constitución que se remita a nuestra cultura, a nuestra historia, y no a otros países o a compañías extranjeras. Tiene que reflejar los distintos movimientos de grupos indígenas en Bolivia», explicó Tola.
Críticos como James Petras, analista durante mucho tiempo de Latinoamérica y antiguo profesor de Sociología en SUNY-Binghamton, han criticado al «ejército de acríticos porristas de izquierda» que han celebrado la victoria de Evo Morales y expresado esperanza de un cambio significativo en Bolivia. Igualmente decepcionado de Lula y Kirchner, Petras predice que la administración de Morales realizará solo «gestos simbólicos de naturaleza puramente retórica, desprovistos de sustancia nacionalista», en lugar de iniciativas redistributivas.
Hay razones para pensar de manera diferente. Morales puede que se haya presentado como un moderado durante la campaña presidencial, a fin de obtener un apoyo más amplio. Sin embargo, su decisiva victoria ha creado un espacio para acciones más atrevidas. A los ojos de muchos seguidores del MAS, las política relacionadas con la nacionalización del gas, reforma agraria y derechos indígenas no están en manos de Morales, sino en manos de la asamblea constituyente. Una nueva constitución trae con ella la promesa de cambio significativo. Consciente de la voluntad de la asamblea y estrechamente vigilada por uno de los movimientos sociales más poderosos de Latinoamérica, la administración de Morales poseerá el mandato y la motivación para negociar firmemente con los acreedores internacionales y crear su propio modelo de gobernabilidad progresista.
Hasta entonces, Bolivia permanecerá al borde de un nuevo período poscolonial, gobernado por primera vez por un líder indígena que se parece a la mayoría de su pueblo, y situada en un continente que se ha alejado un paso más del neoliberalismo. Si la victoria que se mostró en las ruinas de Tiwanaku ha sido hasta ahora un símbolo, no hay duda de que es un símbolo muy poderoso.