La nacionalización de un recurso estratégico es el punto más alto del enfrentamiento de un país atrasado con el poder mundial. Las formas de nacionalizar abarcan desde la expulsión o expropiación de la transnacional hasta el control mayoritario de los commodities que permita al gobierno rebelde retener el excedente al máximo posible. La opción dependerá […]
La nacionalización de un recurso estratégico es el punto más alto del enfrentamiento de un país atrasado con el poder mundial. Las formas de nacionalizar abarcan desde la expulsión o expropiación de la transnacional hasta el control mayoritario de los commodities que permita al gobierno rebelde retener el excedente al máximo posible.
La opción dependerá de la situación geopolítica de la región, de la correlación de fuerzas en lo interno, de la capacidad de conseguir aliados y de conformar una empresa capaz de manejar el emprendimiento. Si la nacionalización fortalece la soberanía del Estado e incrementa sus ingresos habrá cumplido sus iniciales objetivos.
Antes de la tercera nacionalización de los hidrocarburos, el 01-05-06, Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), rebajó la tributación en los megacampos de gas del 50 al 18 % (Ley de Hidrocarburos de 30-04-96). Jaime Paz Zamora (1990-1994), había aprobado el 50 – 50, ya que YPFB los había descubierto, cuantificado y conseguido el mercado brasileño. Mediante Decreto Supremo (DS) 24806, de 04-08-96, GSL enajenó a favor de las petroleras la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo. Este DS fue ocultado por Bánzer y luego declarado «constitucional» el 05-12-03, por la Corte Suprema, presidida por Eduardo Rodríguez Veltzé, en la nueva presidencia de GSL.
En 1996, GSL impidió que YPFB sea copropietaria, con Petrobrás, del gasoducto a Brasil. En reemplazo del ente estatal, llamó al consorcio ENRON – SHELL (Transredes). Bolivia no condicionó la exportación de gas al Brasil a la instalación de una planta separadora de líquidos, lo que le provocó cuantiosas pérdidas. El ex superintendente de hidrocarburos de GSL, Carlos Miranda Pacheco, participó en estas decisiones. La Ley de Hidrocarburos de GSL disponía (anexo «D») de un fondo de 11 MMDLS para retribuir el apoyo de periodistas y medios de comunicación.
Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002), mediante DS 26366, eliminó la obligación que tenían las compañías de perforar un pozo por parcela, con lo que causó un irreparable daño a la actividad exploratoria. Francesco Zaratti (Página 7, 15-05-16), dice que el régimen de Carlos Mesa (2003-2005), del que formó parte, quiso que YPFB se beneficiara con la adquisición del 50 % de las acciones del proceso de capitalización, en poder de las AFP. Si lo anterior es cierto, ¿por qué Mesa dictó el DS 27238, que disponía su privatización?
Mesa promulgó también el DS 27957 de 24-12-04, por el que otorgó a las compañías la propiedad de las tierras en las que se hallaban las concesiones petroleras. La medida fue derogada dos días después, ante la indignación ciudadana. Al iniciar su segunda presidencia, GSL, con el pretexto de exportar gas a California, decidió venderlo a Chile, a fin de beneficiar a la Rio Tinto Zinc, socia de su empresa COMSUR, lo que hubiera permitido a las petroleras anotar como suyas la totalidad de nuestras reservas.
GSL fue derrocado el 17-07-03, lo que dejó sin cimientos a la política neoliberal. Mesa, sucesor de GSL, acosado por la exigencia de nacionalización, convocó a un referendo, el 18-06-04, cuyo resultado que fue interpretado por las petroleras como una autorización para nuevas exportaciones, en tanto que el gobierno destacó la abrogación de la Ley de Hidrocarburos y del DS que enajenó la propiedad del gas en boca de pozo. Sin embargo, el DS, al no tener carácter retroactivo, mantenía la enajenación hasta el término de los contratos (30 años más tarde). El 17-05-05, el Parlamento dictó la nueva Ley de Hidrocarburos que recuperó la tributación del 50 – 50, vigente desde 1990. Con la recuperación del 32 % que se había perdido, se creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que beneficia a varias entidades estatales, entre las que no está YPFB.
Con estos antecedentes, el Ministerio de Hidrocarburos a mi cargo impulsó el DS del 01-05-06, que debía tener tres pilares: El control estatal de toda la cadena productiva, el fortalecimiento de YPFB y la aplicación de auditorias petroleras, que demostraron que las empresas adeudaban al país 1.6 MMDLS por inversiones no efectuadas y utilidades no declaradas. Infelizmente, las nuevas autoridades en el Ministerio y la Vicepresidencia del Estado no tomaron en cuenta las auditorias en la negociación de los nuevos contratos.
Al cabo de una década, YPFB controla mayoritariamente todos los emprendimientos del sector. Su patrimonio creció de menos de 100 MMDLS a casi mil millones, gracias a la mueva tributación (82 – 18 en los megacampos), sugerida por Evo, a la transferencia de acciones de las AFP así como a su asociación con petroleras. Sin embargo, la recuperación del patrimonio público y que se extendió exitosamente a las telecomunicaciones y la hidroelectricidad, se está debilitando por la no institucionalización de YPFB, el insuficiente impulso a la exploración y la corrupción e ineficiencia que tanto perjudican al país.
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