El Poder Ejecutivo afirmó hoy que la nueva Constitución Política del Estado (CPE) no es negociable en el diálogo del Gobierno con los prefectos previsto para el lunes 7 de enero, y que los estatutos autonómicos deben enmarcarse a ella por el mandato vinculante otorgado por el referéndum por autonomías del 2 julio de 2006. […]
El Poder Ejecutivo afirmó hoy que la nueva Constitución Política del Estado (CPE) no es negociable en el diálogo del Gobierno con los prefectos previsto para el lunes 7 de enero, y que los estatutos autonómicos deben enmarcarse a ella por el mandato vinculante otorgado por el referéndum por autonomías del 2 julio de 2006.
«La nueva Constitución ya es un patrimonio de los bolivianos, ya no es una materia negociable y el pueblo determinará en referéndum si la aprueba o la rechaza», afirmó el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, a días de darse el encuentro entre el Presidente y los prefectos opositores que consideran la nueva Carta Magna como ilegal.
Manifestó que los que los representantes de la oposición tuvieron la oportunidad de debatir y aportar en la constitución de la nueva Carta Magna que contempla nuevas facultades y atribuciones para el Estado y las regiones.
«Tuvieron la ocasión de hacer valer sus ideas en la Constituyente, pero se dedicaron a obstaculizar, no prepararon propuestas, no hubo participación y salió un texto constitucional, que no es un texto del Movimiento Al Socialismo, fue un trabajo de comisiones que es un texto equilibrado, que reconoce un régimen de autonomías», afirmó.
El 24 de noviembre de 2007 en instalaciones del Palacio de La Glorieta de la ciudad de Sucre, se probó en grande el texto constitucional, después de más de tres meses de receso obligado, mientras en las cercanías se producían enfrentamientos que cobraron la vida de tres personas (dos por impactos de bala y uno por contusión) y más de un centenar resultaron heridas.
En ese marco, el sábado 8 y domingo 9 de diciembre de 2007, 164 asambleístas de 255, de 10 fuerzas políticas de las 16 que forman parte del cónclave, aprobaron el texto de la nueva Constitución Política del Estado, por dos tercios de votos de los presentes, que consta de 411 artículos y 12 disposiciones transitorias.
Aunque el soberano, a través del referéndum dirimidor, deberá pronunciarse sobre el texto del artículo 398 referido a la cantidad de propiedad de hectáreas de tierra, de entre cinco mil a 10 mil hectáreas.
En ese contexto, Rada indicó que el nuevo texto constitucional aprobado establece a Bolivia como un Estado autónomo regional, departamental, municipal e indígena originario campesino.
A ello, dijo que tal como estableció el referéndum por autonomías de 2 de julio de 2006, estas son vinculantes a la Asamblea Constituyente, por lo tanto los estatutos que regirán en los departamentos que votaron por el sí deben estar «enmarcados en el nuevo texto constitucional».
Respecto a los estatutos autonómicos, Rada señaló que «fue trabajado entre cuatro paredes y a ritmo forzado, son muy pocos los que lo conocen y tiene un contenido secesionista, que coloca en riesgo la unidad nacional».
Rada manifestó que el Gobierno planteará a los prefectos a trabajar dentro de la ley y la Constitución y si hay cosas que van en contra «no podemos tratarlos».
Los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; Cochabamba, Manfred Reyes Villa; Tarija, Mario Cossío; Beni, Ernesto Suárez y Pando Leopoldo Fernández, presentaron el 15 de diciembre de 2007 sus estatutos autonómicos, que es considerado por el Ejecutivo como ilegales.
Ante varios llamados del presidente Evo Morales a un diálogo para debatir el contenido de estos estatutos en el marco del nuevo texto constitucional, los prefectos aceptaron la convocatoria para el cual plantearon una agenda de cuatro puntos.
La redistribución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el mandato vinculante de las autonomías, la Carta Magna aprobada por la Asamblea Constituyente y un cuarto para otros temas que disponga el Gobierno.
No obstante, el prefecto de Santa Cruz ya advirtió «que concertación no significa ir a ceder», en clara alusión a que no aceptan la redistribución departamental del IDH y la nueva Constitución Política del Estado.
Sin embargo, Rada manifestó que se deben tomar buscar «recursos compensatorios en las regiones que estén verdaderamente afectadas», pero ello será resultado del encuentro el lunes 7 de enero en Palacio Quemado.