En las últimas semanas, México ha sido testigo de una enconada lucha entre el Frente Nacional por la Familia (FNF) y las diferentes organizaciones de la comunidad lésbica-gay-bisexual-transexual-intersexual-queer (LGBTIQ) por el tema del matrimonio igualitario, puesto a debate con motivo de la iniciativa presidencial del 17 de mayo de este año. En el marco del […]
En las últimas semanas, México ha sido testigo de una enconada lucha entre el Frente Nacional por la Familia (FNF) y las diferentes organizaciones de la comunidad lésbica-gay-bisexual-transexual-intersexual-queer (LGBTIQ) por el tema del matrimonio igualitario, puesto a debate con motivo de la iniciativa presidencial del 17 de mayo de este año.
En el marco del Día Nacional contra la Homofobia y Transfobia (17 de mayo), el presidente Enrique Peña Nieto presentó una propuesta de reforma al artículo 4° de la Constitución con el fin de que el matrimonio sea contemplado como derecho humano sin importar, entre otras cosas, la orientación sexual de quienes busquen contraerlo, con la consecuente legalización de las adopciones homo y lesboparentales. Además, plantea modificaciones al Código Civil Federal para facilitar a las personas trans la expedición de documentos oficiales de acuerdo a su identidad de género.
Esta iniciativa vino de la misma persona que en 2010, siendo gobernador del Estado de México, dijo en televisión nacional que personalmente no compartía la idea de que dos personas del mismo sexo pudieran adoptar. Paradójicamente, el propio Peña Nieto impulsó la postulación de Eduardo Medina Mora, el ministro más conservador que tiene la Suprema Corte de Justicia, quien siendo procurador general de la República durante el gobierno de Felipe Calderón impugnó la Ley para la Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México. Además, la presentación de la iniciativa la hace de manera tardía, un año después de que la Suprema Corte emitiera una jurisprudencia en la que obliga a los jueces a celebrar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En medio de una crisis de legitimidad, acusado de represor, asesino e incompetente por la opinión pública nacional e internacional, Peña Nieto se quiso presentar ante la opinión pública como defensor de los derechos humanos y un gobernante progresista, intentando ganar para su causa a la comunidad LGBTIQ centrada en alcanzar el derecho a casarse, siguiendo el ejemplo del gobierno estadounidense. Sin embargo, no previó que iba a encontrar una férrea resistencia entre los sectores más conservadores de la sociedad mexicana.
Al día siguiente, el 18 de mayo, se fundó el Frente Nacional por la Familia como respuesta expedita a la iniciativa presidencial, el cual está liderado por personajes ligados a la Iglesia Católica, a la organización ultraderechista El Yunque y al Partido Acción Nacional (PAN)1. De la mano con el Consejo Nacional Cristiano, conformado por iglesias protestantes e impulsado por el Partido Encuentro Social (PES)2, se autoproclamó como el defensor del «diseño original de la familia» amenazada por el «lobby gay» y la «ideología de género».
La revuelta conservadora que estamos viviendo tiene como antecedentes recientes la creación en 2014 por parte del PAN en el Senado de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, que aglutina no solo a legisladores panistas, sino de otros partidos como el Partido Revolucionario Institucional (PRI)3 y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)4. También en febrero de este año, en plena visita del Papa Francisco, el Consejo Mexicano de la Familia (Confamilia) presentó la iniciativa de ley llamada «Reforma por la Familia, por los Niños y por Todos» acogida por el PAN y el PRI. Confamilia es una organización ultraconservadora, liderada por el empresario regiomontano Juan Dabdoub, que se opone a los derechos civiles de la comunidad LGBTIQ, a los derechos reproductivos de las mujeres y al uso y promoción de anticonceptivos.
La propuesta de Peña Nieto fue enviada a la Cámara de Diputados para su aprobación, aplazada de manera oportunista por la proximidad del periodo electoral. Ante la pérdida de 7 gubernaturas ostentadas por el PRI en los comicios de junio de este año, los sectores conservadores y algunos miembros del partido oficial atribuyeron la debacle electoral a esta iniciativa. Los malos resultados en las elecciones y la presión eclesial hicieron que los diputados del PRI enviaran la discusión del matrimonio igualitario a la congeladora, con el beneplácito de la fracción panista, bajo el argumento de que «no es un tema prioritario» y que es una cuestión «que divide» a la sociedad mexicana. No obstante, la ola reaccionaria continuó.
El 1 de agosto, los diputados del PAN, PRI, PVEM y PES realizaron el «Foro Nacional Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia», mientras que el FNF llamó, por boca del obispo de Veracruz, a una marcha nacional en defensa de la familia tradicional para el 10 de septiembre. Este llamado a la movilización le permitió al FNF organizar grupos de apoyo en más de 80 ciudades del país que sacaron a las calles a cerca de 300 mil personas en la primera convocatoria, y a 400 mil en la segunda marcha realizada en la Ciudad de México, en la que además se hicieron presentes grupos que se identifican como neonazis.
Después de esta demostración de fuerza, el secretario de gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong se reunió con representantes de las iglesias protestantes el 22 de septiembre y les afirmó que la reforma de Peña Nieto no pasaría. Dos días después, la misma Secretaría de Gobernación declaró que las manifestaciones de los ministros religiosos están amparadas en los artículos constitucionales que consagran la libertad de expresión y de culto. Esto es una clara capitulación del gobierno frente a las iglesias y la razón por la cual no ha hecho nada contundente por frenar la intromisión religiosa en la vida pública, ya que ante la deslegitimación del régimen, éste necesita volverse a congraciar con sus aliados de siempre.
¿Qué ha hecho la comunidad LGBTIQ para responder a estos ataques de la derecha conservadora?
Confiada en la vía legal que le otorga pasivamente algunos derechos civiles, la comunidad LGBTIQ ha actuado de forma meramente defensiva. Como respuesta a la convocatoria del FNF a la marcha nacional del 10 de septiembre, se organizaron contramarchas en lugares como la Ciudad de México y Guadalajara, mientras que en ciudades más pequeñas como Mérida y Colima hubo besadas públicas a manera de protesta. Sin embargo, las movilizaciones han sido muy reducidas en comparación con las personas que salen a la calle el Día del Orgullo. Por ejemplo, se calcula que asistieron a la marcha del 11 de septiembre en la Ciudad de México alrededor de 500 manifestantes, mientras que el Orgullo de este año en la misma ciudad congregó a 200 mil personas. Este vacío ha permitido que la organización llamada Frente Orgullo Nacional México (FONMX) capitalice la lucha contra la reacción.
El FONMX se originó en torno a la marcha del Orgullo de 2015 como una coalición de varias asociaciones pro-LGBTIQ dedicadas al trabajo institucional y ligadas al Estado. Forman parte del él también las secretarías de diversidad sexual de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena)5, Partido de la Revolución Democrática (PRD)6 y PRI. Entre las caras más visibles de este frente está Patria Jiménez, exdiputada del PRD y persona cercana al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Su plan de acción consiste en el llamado a la unidad de la comunidad LGBTIQ, entendida como la suma de las asociaciones civiles existentes, para la resistencia pacífica que logre la aplicación de la legislación dictada por los organismos de derechos humanos y por la Suprema Corte. El FONMX promovió una recolección de firmas por internet como respaldo a una carta dirigida Papa Francisco en donde piden la destitución del cardenal Norberto Rivera7 y solicitan el diálogo con el nuncio apostólico. Ahora convocan a una concentración afuera de la Cámara de Diputados en donde los representantes del frente se reunirán con una comisión de legisladores. Acciones cargadas de una ingenuidad manifiesta al buscar la solución en los mismos que promueven el odio (la iglesia) y en los que alientan y permiten los ataques homofóbicos y transfóbicos (el gobierno).
Como podemos ver, el FONMX no plantea la organización de la comunidad LGBTIQ que se encuentra dispersa, sino que confía en las instancias que han detenido la iniciativa del matrimonio igualitario, utilizando el cabildeo como su forma preferida de hacer política. Además, no alcanza a comprender que, aunque se ganen leyes que otorguen derechos civiles, estos se harán inaplicables al estar siendo minada, la base material que se necesita para garantizarlos, por medio de las contrarreformas neoliberales, e incluso se alían con los partidos que las han votado y aplicado como el PRI y el PRD. En resumen, la política del FONMX tiene un carácter de continuidad con el sistema e intenta encausar la movilización callejera por la vía institucional y de confianza absoluta en la legalidad burguesa.
Sin embargo, la existencia de direcciones reformistas como el FONMX no es en sí misma la causa de la pasividad y desorganización de la comunidad LGBTIQ, sino una de sus consecuencias. Con la aplicación de las contrarreformas neoliberales en México, a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, el Estado comenzó a recortar los apoyos sociales y a atacar las conquistas históricas del movimiento obrero. El estancamiento y retroceso de los salarios, la degradación del empleo y la disminución del gasto público en vivienda y salud, condiciones todas estas necesarias para que las personas LGBTIQ puedan tener una vida autónoma, han hecho que la dependencia a su hogar de origen se incremente, inhibiendo la salida del clóset y por lo tanto la identificación con una comunidad y la participación política. El reforzamiento de la familia como institución sobre la cual descargar el peso de la asistencia social, y la estigmatización de las familias no tradicionales como las responsables de la violencia creciente por no encajar en el modelo de «funcionalidad», ha conferido nuevas fuerzas a las ideologías ultraconservadoras.
También, la aparición de la pandemia del VIH-SIDA volvió a poner a esta comunidad como blanco de ataque de las posturas reaccionarias, llevándola de una actividad política pujante desde el movimiento por la liberación sexual de los setenta, a estar de nuevo a la defensiva y contentarse con labores asistencialistas para palear los estragos de la nueva enfermedad, tejiendo alianzas con los gobiernos para poder llevar a cabo este trabajo. Se suma a esto la crisis de la izquierda revolucionaria, aturdida por la desaparición del bloque «socialista» y la globalización capitalista, la cual no pudo presentarse como referente político para el movimiento LGBTIQ, inclinándose entonces por los partidos de la izquierda institucional, en nuestro caso, el PRD. Además, el impulso al mercado rosa, que en México deja la nada despreciable cifra de 71 millones de dólares al año, ha abierto un espacio artificial en el que, sobre todo la población gay masculina de clase media y alta, se siente incluida en medio de un mundo amenazante. El mercado rosa es la manera en que el capitalismo responde a la comunidad LGBTIQ, alentando el consumo que grandes ganancias a los empresarios y, al mismo tiempo, desmovilizando a un posible sujeto político de ruptura.
No existen fórmulas mágicas para enfrentar estos problemas, sin embargo, la tarea de la izquierda revolucionaria pasa por la reconstrucción de un movimiento LGBTIQ de ruptura tanto con el cis-hetero-patriarcado como con los intentos del sistema de normalizarlo y cooptarlo. Para ello, se debe alentar la crítica a las respuestas legalistas a la ola reaccionaria, señalando la complicidad del Estado y sus instituciones con las iglesias. Además, es necesario organizar a la comunidad LGBTIQ que se encuentra dispersa, fragmentada y apartada de la arena política por desconocimiento o porque no encuentra un espacio convincente para participar, esto quiere decir que no basta con hacer coaliciones entre las asociaciones civiles pro-LGBTIQ que ya existen, sino tener una vocación de mayorías e ir a donde el trabajo asistencialista no ha llegado, en clave de auto-organización e independencia del aparato estatal.
La ofensiva del FNF contra cualquier otro tipo de familia distinta a la tradicional ataca también los derechos de las mujeres, base de una alianza estratégica con el movimiento feminista que lucha por erradicar las violencias sexistas. Los recientes asesinatos de mujeres trans urgen a una movilización conjunta para frenar el odio transfóbico y los feminicidios. Esta alianza no será posible sin una revisión de las conductas sexistas al interior de la comunidad LGBTIQ, que invisibilizan las demandas propias de las lesbianas y las trans y reproduce la dominación machista privilegiando la agenda de los hombres homosexuales.
Por último, es imprescindible destacar que si no se revierte el proceso de privatización y despojo impuesto por la aplicación de las contrarreformas neoliberales, los derechos democráticos y sociales alcanzados no podrán ser garantizados. Para muestra un botón: el presupuesto destinado al combate del VIH-SIDA para 2017 se redujo en un 13.3%, afectando a las personas LGBTIQ seropositivas de bajos recursos, mientras que la violencia aumenta y cobra víctimas entre la población trans dedicadas al trabajo sexual. La lucha por frenar la profundización de las políticas neoliberales implicará la confluencia con otros sectores golpeados por éstas como los trabajadores, los campesinos, los indígenas y los estudiantes.
La campaña del FNF continuará en los siguientes meses. Veremos si la comunidad LGBTIQ lograr poner en marcha un movimiento que, organizado y en las calles, consiga detener el odio de las iglesias y los conservadores.
Notas:
1 Partido Acción Nacional (PAN). De ideología democristiana, es el partido de la iglesia católica y el empresariado mexicano por excelencia. Gobernó el país de 2000 a 2012 desatando la «Guerra contra el narco», aplicando la Contrarreforma Laboral y deteniendo el avance de la agenda de mujeres y LGBTIQ.
2 Partido Encuentro Social (PES). De reciente creación, conformado por ministros de culto protestantes y evangélicos.
3 Partido Revolucionario Institucional (PRI). Gobernó el país desde el final de la Revolución Mexicana hasta 2000, retomando la presidencia en 2012. Desde los años ochenta ha sido, con el PAN, el principal impulsor de la agenda neoliberal.
4 Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Fundado en los años noventa y de orientación neoliberal, es uno de los principales aliados del PRI.
5 Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Partido nacionalista y populista de izquierda cuyo máximo líder es el dos veces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
6 Partido de la Revolución Democrática (PRD). Autonombrado como de «izquierda moderna», es de ideología socialiberal. En 2012 firmó el Pacto por México con el PRI y el PAN para impulsar las contrarreformas neoliberales faltantes.
7 Norberto Rivera. Cardenal y arzobispo primado de México, sumamente conservador y beligerante. Cercano a las élites políticas, ha sido acusado de corrupción y de encubrir a sacerdotes pederastas, entre ellos, a Marcial Maciel.
Irving Radillo Murguía es miembro de la Coordinadora Socialista Revolucionaria
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.