La prestidigitación mediática impulsa un juego muy burdo sobre la conjunción de dos paradigmas comunicacionales, por la cual busca forzar la mutación del sentido común, tornándolo refractario a un rol activo del estado. La propaganda germanófila del III Reich sostenía la necesidad de reproducir la mentira hasta lograr inocular parte de ella en el tejido […]
La prestidigitación mediática impulsa un juego muy burdo sobre la conjunción de dos paradigmas comunicacionales, por la cual busca forzar la mutación del sentido común, tornándolo refractario a un rol activo del estado.
La propaganda germanófila del III Reich sostenía la necesidad de reproducir la mentira hasta lograr inocular parte de ella en el tejido social; yuxtapuesto con esta prostitución de los hechos, los think tank criollos, incorporan el ejercicio descripto por Ignacio Ramonet, a través del cual el acceso a mucha información nos impide acceder a la buena información, es decir, a aquella trascendente para los intereses de las grandes mayorías.
He sostenido que una de «las cuestiones» en juego en esta instancia son los márgenes de la tasa de ganancia del capital en Argentina, pero indudablemente debe adosársele aquella que intentan soslayar a través de las tácticas descriptas el rol del estado a favor de los sectores vulnerables y de los trabajadores. En ese sentido, existe una línea de instrumentación de dicha política que justifica todas las cortinas de humo espetadas: la desmarcación de un proceso de reprimarización de la economía como instrumento para el crecimiento. A contra corriente de las decisiones estratégicas asumidas por gran parte de la región, Argentina emprendió un camino alternativo, por el cual no concentró toda su energía productiva solo en los recursos naturales estratégicos con los que fue dotada, sino que apostó fuertemente a un proceso industrial sostenido desde el fortalecimiento de la demanda interna. La asunción de esta política solo pudo lograrse con un estado fuerte y presente, un estado que orienta y ordena.
Conjuntamente con la decisión política de proteger al consumidor, asegurándole niveles de calidad, diversidad, stock y precio de los productos, impulsó estratégicamente la creación de un más de un millón de Pymes, quienes motorizaron los altos niveles de empleo.
Al ritmo del apuntalamiento de este sector dinámico, y de la búsqueda para instituirlo y empoderarlo como actor político relevante, complementariamente el gobierno sancionó una legislación protectoria del sector. La norma recientemente votada, que tanto repudio generó en las élites empresariales, buscó mejorar las distorsiones del mercado en las cuales los peces gordos no dejan oportunidad a los pequeños, pero también se muestra con un gesto maduro al diagnosticar efectivamente la existencia de altos niveles de concentración empresarial.
Las insólitas declaraciones de los pre candidatos opositores en torno a la derogación de la ley de Defensa del Consumidor, en el caso de que asumieran la presidencia en 2015, se inscribe a contra pelo de una dinámica mundial por la cual la presencia conductora del Estado favoreció los procesos más significativos de crecimiento de la economía, a la vez que visibilizan los sectores productivos que representan. La racionalidad que los guía es la misma que lo ha llevado a ningunear y ocultar el proceso de desarrollo de innovación tecnológico aplicado a mejorar competitividad en áreas energéticas, véase el caso YPF o la proliferación de centrales nucleares, los avances en la cuestión aeroespacial, produciendo satélites y desarrollando lanzadores, ambas herramientas de rápida traducción en beneficios económicos para el país. Parecería que dichos sectores se resisten a aceptar que la competividad pueda emerger de la inversión tecnológica sostenida como la efectuada por el Estado argentino y liderado por CFK, y apuestan a conseguirla sin reinvertir un dólar fugado y equiparando regionalmente a la baja los salarios.
La coartada argumentativa hace foco sobre la supuesta intromisión del estado en la propiedad privada, sin embargo, rehusan aceptar la existencia de un principio jurídico por el cual ningún derecho es absoluto, todos son relativos, pero cuando estos tienen impacto social, lo son más aún, cuestión ampliamente reconocido en las legislaciones americana y europea.
Por último, también estimula la indignación los dichos de los máximos dirigentes empresarios, que ponen el acento, para oponerse a la ley de Defensa del Consumidor, en las implicanciones que ello tendrá a la hora de lograr inversiones en el país, mientras llevan años secando la plaza de divisas, pese a los altos niveles de rentabilidad.
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