Los terratenientes y la burguesía, con masivo apoyo popular, intentan formalizar el poder que ya de facto ejercen en cuatro de las nueve regiones de Bolivia. Alistan su propio Parlamento, su propia Policía y el control absoluto sobre la tierra, el gas, la educación y los impuestos. Evo, por ahora, sólo mira y amenaza. La clase obrera se pone en pie de combate
En abierta rebeldía contra el gobierno legalmente establecido del presidente indígena Evo Morales, las fortalecidas fuerzas de la oligarquía boliviana dieron anoche un nuevo paso en su intento por formalizar el poder que ejercen de facto en los valles y llanuras de Bolivia al aprobar su denominado «estatuto autonómico».
El texto de 155 artículos, que sienta las bases para la conformación de un gobierno independiente, con capacidad de legislar y definir el uso de sus recursos, fue aprobado por una autoconvocada Asamblea Provisional Autonómica, en Santa Cruz, la región más próspera del país, donde se concentra gran parte de la riqueza natural (gas, petróleo, tierras, bosques, hierro) y que es desde hace un año el bastión de la oligarquía terrateniente y de la burguesía comercial financiera local.
La carta autonómica fue recibida con júbilo por las clases medias, empresarios, vecinos y gran parte de los trabajadores urbanos del oriente, aunque con fuerte rechazo y críticas por los sectores campesinos e indígenas.
Tras la aprobación del estatuto «en grande», de inmediato en La Paz el gobierno del presidente Morales, que ejerce poder en el altiplano y que aún mantiene bajo control total al Ejército y la Policía, advirtió que la «autonomía de facto decretada por la oligarquía era ilegal, antidemocrática y conspirativa». E l ministro de Gobierno, Alfredo Rada, había advertido con una intervención policial y militar si Santa Cruz declaraba su autonomía y rompía la unidad del país.
Al margen de la ley
Como lo reconocen sus propios autores, la carta autonómica no se basa ni en la Constitución Política del Estado en vigencia ni en la que fue aprobada en Oruro por las fuerzas leales al presidente Morales el domingo pasado y que exacerbó el clima de enfrentamiento que vive Bolivia, virtualmente partida en dos, con dos poderes en pugna abierta por el control de territorio.
El texto autonómico establece que Santa Cruz es un departamento autónomo, una demanda de gran arraigo popular en casi todas las regiones del interior del país (excepto La Paz) y que ha permitido que la oligarquía tenga la dirección y control de un vasto movimiento popular, que tiene fuertes rasgos reaccionarios y racistas, profundos sentimientos regionalistas, un acendrado odio hacia los altiplánicos y duras expresiones fascistas.
El punto central del estatuto se encuentra en el artículo seis, en el cual se detallan las competencias exclusivas que tendrá el nuevo poder. Entre ellas se incluyen la competencia legislativa para tener su propio Parlamento, la organización de instituciones públicas autónomas, entre ellas de la Policía, que no dependan del poder central, un régimen electoral departamental, y el control, dominio y administración de la tierra, agricultura y ganadería, asuntos forestales, áreas protegidas, biodiversidad, gas, petróleo, tributos departamentales, hacienda, educación, ordenamiento territorial, transporte terrestre y reconocimiento de personerías jurídicas, entre otras.
Es un levantamiento
«Este es un levantamiento terrateniente, un levantamiento del gamonalismo más retrógrado y conservador contra democracia, contra la unidad y contra el proceso de cambio y revolución agraria», dijo en La Paz el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
Por ahora, el Ejército y la Policía, cuyos altos mandos responden a Morales, están en apronte, al igual que las organizaciones sindicales urbanas y campesinas que han comenzado a exigir que se corte de raíz la conspiración fascista y se liquide el creciente poder de la oligarquía. Algunos dirigentes, como Roberto de la Cruz de la combativa ciudad de El Alto, cuestionaron la extrema pasividad del gobierno de Morales para con los sediciosos. Otros más radicales, vinculados a mineros de Oruro y maestros de La Paz, plantearon como salida a la crisis la inmediata expropiación y reversión de todos los inmensos latifundios en los que concentra la tierra y que son la base del poder económico y político de la oligarquía.
Presión revolucionaria
En este escenario, la combativa Central Obrera de Oruro, timoneada por los mineros proletarios, la vanguardia revolucionaria de Bolivia, dijo a Econoticiasbolivia que «l as autonomías departamentales que se pretenden ejecutar de facto están al margen de la ley y sólo es un pretexto y argumento trillado para tener potestad regional de parte de la oligarquía de disponer de nuestros recursos naturales en su beneficio».
«Las autonomías departamentales no solucionarán el problema del desempleo y pobreza porque no altera la propiedad de nuestros recursos que continúan en manos de los mercenarios y trasnacionales. Sólo la aplicación de las Agendas del 2003 y 2005 (una verdadera nacionalización de los hidrocarburos y de la minería, expulsando a las transnacionales, y una nueva reforma agraria que liquide el latifundio) de la cual nunca hablan los oligarcas serán verdadero despegue hacia la construcción de una nueva sociedad».
Los mineros repudian, además, la política conciliadora de Morales. «Rechazar la convocatoria del Gobierno a una tregua y concertación con la minoría fascista que hoy convulsiona el país, utilizando millonarios recursos de las trasnacionales y el gobierno norteamericano. La clase trabajadora y el pueblo ha sufrido en carne propia los resultados de este tipo de concertaciones que siempre son un retroceso para el pueblo y ventajas para los opresores. El pueblo sabe que los cambios son con lucha decidida del pueblo que el gobierno no tiene el derecho de traicionar», agrega la arenga de la Central Obrera de Oruro que ha logrado burlar el control político e ideológico que ejerce el gobierno sobre los sindicatos.
Represión fascista
En Santa Cruz, el Estatuto autonómico fue aprobado bajo la atenta mirada de unos 700 huelguistas de hambre, instalados hace once días en carpas en la plaza central de Santa Cruz, donde son constantes las palizas y golpizas contra los altiplánicos que osan pasar por el centro de la ciudad. Allí operan con absoluta impunidad las bandas fascistas, las fuerzas que respaldan al presidente Morales lucen acorraladas.
«A cada hora, a cada dos horas nos llaman los compañeros, denunciando que los están pegando, que los están maltratando o robando, es increíble lo que está sucediendo, porque realmente ya no hay respeto a nada», dice Isaac Avalos, principal dirigente de la Confederación de Campesinos y parlamentario del partido de Morales.
En el sur del país, en las ciudades de Sucre y Tarija, como más al norte, en Beni y Pando, también operan las organizaciones juveniles fascistas para amedrentar a los partidarios de Morales y a los dirigentes sociales e indígenas. Allí también se realizan huelgas de hambre contra Morales y su cuestionado proyecto de nueva Constitución, que propugna, en los central, una economía mixta, el respeto a la propiedad privada y al latifundio y la convivencia entre la precaria economía campesina, la informalidad empobrecedora y una limitada participación estatal junto a los grandes terratenientes, la burguesía financiera comercial y los pulpos transnacionales.
Dos gobiernos
Desde las últimas semanas, en los hechos, en Bolivia hay dos gobiernos. Uno, el legal, del presidente indígena Evo Morales, tiene masivo apoyo campesino y el control del altiplano (La Paz, Oruro y Potosí). El Ejército y la Policía responden aún a su mando. Los sindicatos y las clases medias lo apoyan, aunque sin mucho entusiasmo. En los valles y llanuras del oriente y sur del país, pesa más, en cambio, la oligarquía latifundista y la burguesía financiera-comercial, que cuenta con la adhesión militante de las clases medias y la sumisión de los sindicatos y organizaciones cívicas y populares. Ellos conspiran y quieren escindir al Ejército para derrocar al «indio presidente».
Bolivia está partida en dos. En seis de las 10 más grandes ciudades bolivianas gobierna de facto la oligarquía. Allí, nadie respeta a Evo Morales y emerge con fuerza el racismo, el separatismo y las bandas fascistas. Allí, la izquierda indigenista no tiene discurso ni consignas y está arrinconada y perseguida