Las últimas noticias de Bolivia dan cuenta de que el presidente Evo Morales le tomó la palabra al alcalde de La Paz, Juan del Granado, y planteará a sus opositores regionales una tregua de 60 días, para que todos se concentren en la atención de las zonas asoladas por las inundaciones, que hasta hace unas […]
Las últimas noticias de Bolivia dan cuenta de que el presidente Evo Morales le tomó la palabra al alcalde de La Paz, Juan del Granado, y planteará a sus opositores regionales una tregua de 60 días, para que todos se concentren en la atención de las zonas asoladas por las inundaciones, que hasta hace unas horas habían causado en el país la muerte de cincuenta y una personas.
Tregua, solo tregua en una lucha en que los prefectos (o gobernadores) y cívicos de seis departamentos acaban de dar un plazo al Gobierno hasta mañana, 13 de febrero, para que este retroceda en la aplicación de varios de sus medidas, como el recorte al Impuesto Directo a los Hidrocarburos para pagar la Renta Dignidad – o sea, una pensión vitalicia a los ancianos-, así como el tratamiento de una constitución que, de ser aprobada, garantizaría la propiedad estatal sobre los recursos naturales, la seguridad social, la gratuidad de la salud y la educación, y el nivel de autonomía a que pueden aspirar los nueve departamentos y las seis etnias, que configurarían un Estado descentralizado pero UNITARIO.
UNITARIO, si, porque, al decir del diario mexicano La Jornada, la oligarquía desea mantener su poder en una suerte de extraterritorialidad tolerada por el gabinete, e imponer a este una redistribución del poder político nacional, una especie de coexistencia entre los terratenientes (ligados al imperialismo) y los sectores populares e indígenas, que constituyen mayoría en el Altiplano, a una parte de los cuales la oligarquía espera corromper con prebendas, privilegios locales, regionalismo, corporativismo.
Ahora, como ya hemos comentado aquí, en Bolivia reina una especie de empate entre el Gobierno y la oposición. Ni la oligarquía está en condiciones de derrotar al Gobierno, ni el Gobierno de neutralizar a su enemiga natural sin el uso de la fuerza. Situación que podría deberse, principalmente, a que, si bien la convocatoria a la Asamblea Constituyente representó un reclamo democrático, desde abajo, quizás no haya sido tan conveniente la forma legal en que se le dio curso a ese reclamo, pues un complejo procedimiento terminó subordinándolo al existente sistema de partidos. Otro problema, decíamos: el sistema de mayorías cualificadas (dos tercios) confiere un notable poder de veto a la oposición.
De ahí que el gabinete de Evo haya tenido, ahora, que plantear una tregua, justificada por las inundaciones, y, antes, que pactar con los prefectos departamentales para la revisión del proyecto de Constitución… Aunque, de acuerdo con el vicepresidente, Álvaro García Linera, serán mínimos los cambios, y no estructurales, sino de aplicación de los principios básicos; a saber: respeto a la unidad, a la democracia, a los resultados de la consulta autonómica; y el apoyo al protagonismo del poder ejecutivo en la economía nacional y el proceso de transformaciones sociales. Ojalá.
Claro que no se osará discutir el derecho -o la obligación- del Gobierno de Evo Morales a buscar hasta el fin una solución pacífica, política, a los conflictos con la oligarquía, entre otras razones porque esta no es homogénea en sus demandas, y la táctica sería dividirla, siquiera en el terreno del respeto a la legalidad constitucional. Solo que la tarea resulta harto difícil, pues la oligarquía sigue empecinada en rechazar la distribución de los recursos energéticos, y se empeña en la revisión de proyecto de Carta Magna aprobado por la Constituyente, así como en la realización de sendos referendos, sobre la sede de los poderes estatales y las autonomías.
Nada, que al parecer continuará la puja entre una oligarquía renuente a perder sus dividendos históricos y el primer presidente indígena de Bolivia, cuya asunción, en diciembre de 2005, ocurrió con el 53,7 por ciento de respaldo, lo cual le permitió acceder al Palacio Quemado sin necesidad de alianzas, y cuya popularidad ascendió a un inédito 80 por ciento en mayo de 2006, cuando cumplió su principal eje programático, al nacionalizar los hidrocarburos.
Aquí salta la liebre, por supuesto. ¿Cómo caería a la oligarquía la limitación de su protagonismo, precisamente con la superación del modelo neoliberal y la consolidación de una economía mixta con fuerte presencia estatal, socializadora? Sin duda, sobre todo para los cien poderosos clanes familiares dueños de haciendas, y de buena porción de la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación, Evo continuará siendo un indito advenedizo. Nada más. Por eso, la unión de la burguesía antinacionalista con un poder extranjero, Washington, que según creíbles denuncias ha puesto su embajada en función del espionaje sobre las fuerzas progresistas.
En nuestro criterio, aun cuando la oposición aceptara y cumpliera la tregua planteada por Evo, el indito advenedizo, seguro la tregua sería no más que eso: un alto en el camino de ataques contra el proceso de transformaciones sociales. Ataques que incluyen la posibilidad de un golpe de Estado, ante el cual el pueblo tendrá que dormir, si duerme, con un ojo enteramente abierto.
Y así anda el mundo hoy. Tengan todos un buen día