Una nueva etapa de la lucha por refundar Bolivia mediante la aprobación de una nueva Constitución que incluya a las mayorías indígenas históricamente excluidas se inicia esta semana: la de lograr que el Congreso nacional, cuya cámara alta está dominada por la derecha, apruebe la ley de convocatoria a los referendos constitucional y dirimitorio para […]
Una nueva etapa de la lucha por refundar Bolivia mediante la aprobación de una nueva Constitución que incluya a las mayorías indígenas históricamente excluidas se inicia esta semana: la de lograr que el Congreso nacional, cuya cámara alta está dominada por la derecha, apruebe la ley de convocatoria a los referendos constitucional y dirimitorio para que finalmente sea la ciudadanía boliviana la que con su voto decida si acepta o rechaza el Proyecto de Nueva Constitución (PNC) aprobado por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007.
Con la movilización de unas 5 mil personas que arranca este lunes desde el poblado de Caracollo hasta la sede de gobierno -que estima recorrer los cerca de 200 kilómetros que las separan en una semana y llegar el lunes 20 a esta ciudad- se inicia la presión de los movimientos sociales aliados del gobierno del presidente boliviano Evo Morales para lograr que el Congreso, y específicamente el Senado controlado por la derechista alianza Poder Democrático y Social (Podemos) deje de bloquear la citada convocatoria.
Paralelamente al avance de esa marcha, que parlamentarios de Podemos han pedido que se cancele para que el Congreso «no trabaje bajo presión», se llevarán a cabo las negociaciones entre el gobierno, su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS) y las tres fuerzas opositoras representadas en el parlamento, para destrabar el que se ha denominado «cerco interno», que impide la culminación del proceso constitucional con la aprobación o rechazo, mediante el voto ciudadano, del mencionado proyecto de Constitución.
Esas negociaciones, en las que la oposición pretende revisar todo el texto del PNC, estarán siendo atestiguadas por representantes de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión de Naciones Suramericanas, a pedido de la oposición, que teme que mediante un «cerco» al Congreso, las organizaciones sociales los obliguen a aprobar esa convocatoria.
Es claro, sobre todo después del referéndum del 10 de agosto, cuando el gobierno de Evo Morales fue ratificado con 67.4 por ciento de los votos, que la oposición ha tomado de rehén el PNC porque si se somete a votación casi seguramente será aprobado, pese a una campaña mediática en su contra que ha alineado a la mayoría de los medios electrónicos y escritos.
Para llegar a esta etapa, hubo de superarse antes, también con una masiva movilización que convocó a unas 20 mil personas en lo que se denominó «el cerco a Santa Cruz», el golpe cívico-prefectural que entre agosto y septiembre llevó a la toma violenta y saqueo de una cincuentena de oficinas de instituciones estatales en los departamentos autonomistas de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que integran la denominada «media luna».
Esas acciones fueron perpetradas por grupos paramilitares prohijados por los comités cívicos de esos departamentos, homólogos del «brazo armado» del Comité Cívico cruceño, la Unión Juvenil Cruceñista, en una escalada de violencia que culminó el 11 de septiembre con la masacre de El Porvenir, en Pando, donde por lo menos 16 personas murieron a manos de un grupo de sicarios formado por el prefecto pandino, Leopoldo Fernández.
Luego del estado de sitio departamental y de la aprehensión y confinamiento de Fernández y 15 personas más involucradas en la masacre, los prefectos opositores de Santa Cruz, Tarija, y Beni, con el acompañamiento de la prefecta de Chuquisaca, se sentaron a negociar en Cochabamba con el gobierno, negociación que terminó el 5 de octubre sin que los prefectos aceptaran firmar los acuerdos a los que se había llegado en lo referente a modificaciones al capítulo de Autonomías del PNC conforme a las observaciones que ellos habían planteado.
Los prefectos regresaron a sus departamentos y el cruceño Costas, a quien por sentarse a negociar con el gobierno los radicales de su región lo acusaron de «traidor», llamó a una «resistencia civil» para evitar «la imposición del proyecto de Constitución del MAS «, que dicen, es «dictatorial», y atenta contra la democracia y sus «valores y forma de vida».
En la negociación con los prefectos se re-redactó el capítulo de autonomías, informó el constituyente Raúl Prada, quien estuvo en la mesa técnica respectiva. Se acordó que habrá cuatro niveles de gobierno autonómico: departamental, regional, indígena y municipal sin subordinación de ninguna especie entre sí.
Se acordaron, informó, 50 competencias a las autonomías departamentales pero no se cedió en lo que respecta al tema de la tierra ni en lo relativo a los recursos naturales, que Santa Cruz quería como de competencia exclusiva departamental y que quedaron como de competencia privativa del Estado.
En el caso de las autonomías indígenas el texto del proyecto constitucional no se modificó, indicó Prada, «es decir tienen gestión exclusiva, potestad exclusiva en los recursos renovables pero no en los recursos no renovables; de todas maneras los recursos estratégicos son propiedad del pueblo boliviano y cualquier destino y explotación que se haga de ellos tiene que hacerse a través de consultas» con los pueblos indígenas.
En lo electoral se mantiene la elección de autoridades indígenas por procedimientos y normas propias.
El tema de la justicia comunitaria quedó como una competencia de administración exclusiva de las autonomías indígenas por un lado, y en términos nacionales es competencia exclusiva del Estado.
Se le preguntó si esa competencia exclusiva de la justicia comunitaria no choca con la igualdad de las personas ante la ley y contestó: «no porque en el texto constitucional se plantea que la autonomía indígena respeta el derecho a la vida y los derechos fundamentales y fundamentalísimos, esos son los límites y los alcances de la autonomía indígena» en materia de justicia.
-¿Si yo, mestiza, cometo una falta en una zona indígena qué justicia se me aplica, la comunitaria o la justicia ordinaria?
-Si se hace en territorio indígena y afecta bienes comunitarios se aplica la justicia comunitaria, si no se afectan los bienes comunitarios, como persona ajena a la comunidad tienes acceso a la justicia ordinaria.
Se le cuestionó qué justicia se aplicaría en el caso de un asesinato dentro de una comunidad.
Contestó que ese es uno de los temas complicados que se han dejado a la ley secundaria o al Tribunal Constitucional porque «tienen que dirimirse en términos interculturales entre dos justicias, se han pensado tribunales que resuelvan conflictos entre dos justicias y además en el caso de asesinato puede más bien pasar a la justicia ordinaria y no la comunitaria».
Y añadió, «lo que hemos planteado en el texto constitucional es básicamente la dualidad de justicias, lo que no hemos resuelto en el texto constitucional es la interculturalidad entre las dos justicias».