El relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rodolfo Stavenhagen manifestó hoy que el referendo del próximo 4 de mayo es unilateral y al margen de la Constitución Política del Estado, por lo que pidió a las autoridades y políticos cruceños preservar la democracia boliviana.«Observo con preocupación la intención de las autoridades […]
El relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rodolfo Stavenhagen manifestó hoy que el referendo del próximo 4 de mayo es unilateral y al margen de la Constitución Política del Estado, por lo que pidió a las autoridades y políticos cruceños preservar la democracia boliviana.
«Observo con preocupación la intención de las autoridades del departamento de Santa Cruz de proceder a un referéndum unilateral sobre la autonomía departamental al margen de la Constitución Política del Estado», aseguró Stavenhagen.
El Relator de la ONU denunció que ese estatuto incluye algunas disposiciones de tinte racista altamente lesivas para los derechos humanos de los pueblos indígenas de ese departamento, concretamente en el proyectado artículo 161.
El artículo en cuestión señala que «de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y el Convenio de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el pueblo cruceño reconoce con orgullo su condición racial mayoritariamente mestiza, y, en esa medida, su obligación de conservar la cultura y promover el desarrollo integral y autónomo de los cinco pueblos indígenas oriundos del departamento: Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo y Mojeño, de conformidad a lo establecido en este Estatuto».
Sin embargo, los derechos humanos de los pueblos indígenas están garantizados por las leyes del país que incluyen el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que deben ser respetados por todos los niveles de gobierno, especialmente en el marco del debate sobre las autonomías.
«Hago un llamado a las autoridades y al pueblo cruceño para que no permitan que en el nombre de la legítima aspiración a la autonomía departamental se vulneren los derechos humanos de los pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz», emplazó Stavenhagen.
INFORME SOBRE BOLIVIA
En ese contexto, informó que terminó el informe sobre su misión en Bolivia, documento donde también denuncia la violencia que sufrieron funcionarios públicos y miembros de las comunidades guaraníes por parte de un grupo de hacendados y políticos que se oponen al saneamiento de tierras en Alto Parapetí.
Stavenhagen indicó que «observó con preocupación y condenó las agresiones que en días pasados sufrieron en la región del Chaco cruceño algunos funcionarios públicos y miembros de comunidades guaraníes en el marco de la aplicación del proceso de saneamiento de los territorios ancestrales de este pueblo».
Muchos guaraníes continúan viviendo en situación de servidumbre. «Estas condiciones las he denunciado en el informe sobre mi misión a Bolivia», aseguró.
Dijo que «las autoridades del departamento de Santa Cruz tienen la obligación de velar por mantener el estado de derecho y evitar y castigar todo acto de violencia que vulnera la solución pacífica de los ancestrales problemas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas a su libertad, autonomía y tierras».
El Relator Especial de la ONU visitó Bolivia entre el 4 y el 25 de noviembre del 2007 para observar sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.
Durante su visita el Relator viajó al departamento de Santa Cruz entrevistándose con miembros de comunidades guaraníes recientemente liberados de su condición de servidumbre.
El informe completo de la misión será público próximamente y el cual será presentado al Consejo de Derechos Humanos en su próxima sesión.
RECUENTO
El 29 de febrero, el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz; el director Nacional del INRA, Juan Carlos Rojas; el director departamental del INRA Santa Cruz, Miguel Aragón; y el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Wilson Changaray, entre otros, fueron interceptados en la puerta de entrada de la hacienda «Caraparicito», de propiedad del ciudadano norteamericano Ronald Larsen cuando se dirigían a la comunidad de Iviyeka para comenzar el saneamiento.
Los hacendados los tomaron como rehenes durante varias horas y les amenazaron de muerte.
El 4 de abril, otra comisión oficial integrada por 40 funcionarios del INRA y del Viceministerio, resguardada por un contingente policial de 40 efectivos, volvió a la zona para comenzar el saneamiento en la región de Alto Parapetí, y otra vez encontró la resistencia violenta de los hacendados.
La caravana fue detenida en la localidad de Ipati por un grupo de gente a bordo de más de una decena de vehículos que amenazó con incendiar los vehículos que transportaban a los funcionarios de gobierno.
Sin embargo, el contingente venció la resistencia, rompió el bloqueo y continuó su camino, aunque bajo asedio permanente de amenazantes ganaderos que los perseguía a bordo de seis vehículos.
A las 15.30, los representantes del gobierno llegaron a la hacienda «Caraparicito».
La vía estaba totalmente bloqueada por un remolque sin llantas de ocho metros de largo, varios troncos y piedras. Detrás de estos obstáculos los hacendados levantaron una barricada y más atrás plantaron una cisterna de agua en medio del camino.
«UNOS DÍAS MÁS»
Entonces comenzó una fuerte discusión seguida de insultos y empujones. Los ganaderos apostados en el punto de bloqueo vociferaron contra la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y desconocieron al gobierno de Evo Morales.
«Esto les va a durar unos días más porque ya no estarán ustedes», dijo uno de los propietarios, en alusión al estatuto autonómico que el empresariado cruceño pretende aprobar el 4 de mayo.
Los ganaderos gritaban que no había cautivos en sus haciendas, aunque los guaraníes que acompañaban a la comisión oficial les desmentían.
Los periodistas que cubrían estos incidentes les preguntaron por qué impiden el saneamiento si no existen indígenas cautivos en sus predios, pero los hacendados no respondieron.
Luego de un breve forcejeo se logró retirar el primer remolque y la comisión avanzó con la Policía. En ese momento salió Larsen de su hacienda, gritando y amenazando directamente al viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
Trascendió que los hacendados de la provincia Cordillera contrataron gente armada en Santa Cruz para reforzar los puntos de bloqueo y cerrar todas las trancas de la zona.
El jueves, estos comandos civiles impidieron el ingreso a la zona a una ambulancia de la Cruz Roja internacional. Se informó que están reteniendo a todos particulares para requisarlos.