La matanza indiscriminada de campesinos pandinos de septiembre de 2008, en Porvenir y en el río Tahuamanu, ha generado al menos cinco informes institucionales que trataron (no lograron aún) explicar lo que realmente ocurrió entre el 11 y 19 de septiembre de 2008 en la aquella región amazónica boliviana. Hasta hoy se han pronunciado sobre esta […]
La matanza indiscriminada de campesinos pandinos de septiembre de 2008, en Porvenir y en el río Tahuamanu, ha generado al menos cinco informes institucionales que trataron (no lograron aún) explicar lo que realmente ocurrió entre el 11 y 19 de septiembre de 2008 en la aquella región amazónica boliviana.
Hasta hoy se han pronunciado sobre esta herida boliviana, el Estado (informe presentado en octubre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos), Defensor del Pueblo, Unión de Naciones Sudamericanas-Unasur, Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y la Federación Internacional de Derechos Humanos-FIDH. La mayoría de esos documentos intenta (no logra) demostrar la masacre porque el sistema-mediático-privado-tradicional -apoyado por la débil prensa estatal- intenta (tampoco logra) convertir a los victimarios en víctimas, a fuerza de repetir falsedades.
Un sexto informe, cuya demorada presentación no tiene mayor explicación, pertenece a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia-OACNUDH-B a cuya versión preliminar tuvo acceso la Agencia de Noticias Chaco Amazonía-ANC.
Existen dos gruesos errores en ese informe firmado por Pedro Vera-Pineda, oficial a cargo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, de 29 de diciembre de 2008. Uno es el posicionamiento ideológico-político de ese organismo internacional (algo inexplicable al menos formalmente); el otro es la omisión de 10 «hechos objetivos y elementales».
Posicionamiento ideológico-político de la ONU
A continuación se detallan aspectos puntuales acerca del informe de la ONU sobre impune actuación de funcionarios de la Prefectura y dirigentes del Comité Cívico en Pando.
1. El informe de la ONU da por legalmente aprobados los referendos autonómicos de cuatro departamentos. En «Antecedentes» de su informe señala: «… todos estos (departamentos de Pando, Santa Cruz, Beni y Tarija) aprobaron sus respectivos estatutos de autonomía en referendos celebrados entre el 4 de mayo y 22 de junio de 1008». Está claro, para juristas y ciudadanos de a pie, que esos eventos se realizaron al margen de la Constitución y de la ley (en concepción y procedimiento) porque por ejemplo no fueron convocados por el Congreso. Con esto la ONU adopta una (primera) posición ideológica y política claramente identificada, fuera del marco de un organismo internacional inter-estatal.
2. La ONU omite en el contexto de la situación política boliviana, como antecedente para la masacre, a la disputa política expresada en tres sucesivas elecciones (diciembre 2005, julio 2006 y agosto 2008) en las que el partido de gobierno logró más del 51 por ciento de votos (inédito y poco dimensionado por los bolivianos). Esto es otra (la segunda) posición política de un organismo internacional.
3. La ONU alega que «el Comité Cívico (de Pando) asumió un papel protagónico en la promoción del Estatuto de Autonomía del departamento». En Pando (como en Beni, Tarija y Santa Cruz) el Comité Cívico es un grupo paralelo de poder, financiado por la Prefectura respectiva y está vinculada a grupos económicos y políticos que fueron reconocidos por Estado durante la Dictadura militar de Hugo Bánzer (1971-1978) cuando ese gobierno de facto necesitada «reconocimiento y legitimidad social», y el dictador acudió a militantes falangistas que dirigían los Comités Cívicos, como ocurrió con Carlos Valverde, por ejemplo.
4. El informe del OACNUDH omite el detalle de las «ejecuciones selectivas y extrajudiciales», o sea asesinatos simples y alevosos (violatorios de los esenciales derechos humanos) que en Pando, en Bangladesh o en China -y la ONU lo sabe- son crímenes de lesa humanidad.
5. La ONU prescinde de mencionar que el 3 de septiembre, funcionarios de la Prefectura junto a «dirigentes campesinos paralelos» tomaron el INRA, la Superintendencia forestal y otras dependencias estatales y omite mencionar el proceso de saneamiento de tierras (concluido el 2 de agosto de 2008) y que en el fondo es el motivo de la masacre.
6. La ONU subestima un hecho fundamental: el 10 de septiembre de 2008, funcionarios prefecturales y dirigentes cívicos (encabezados por Ricardo «Fushy» Shimokawa Ramos) cavaron dos zanjas profundas con maquinaria prefectural en Tres Barracas (carretera Puerto Rico-Porvenir) y en Cachuelita (camino Filadelfia-Porvenir) para impedir el paso de campesinos que iban a su ampliado legalmente convocado.
7. La ONU reconoce (pero relativiza) que «la camioneta del presidente de la Asociación de Ganaderos de Pando (Irán José Arab Salas) llegó con municiones y variedad de armas de fuego, gases lacrimógenos, metralletas, escopetas y rifles».
8. También, la ONU relativiza que los sicarios (denominación precisa) «desde la carrocería de una volqueta del SEDCAM dispararon ráfagas de metralla» a casi un centenar de campesinos que huían por el río Tahuamanu. Eso podría denominarse genocidio pero la ONU es (demasiado) tibia en su valoración.
9. Otro hecho subalternizado. Las 15 personas (13 varones y dos mujeres) tomados rehenes por los sicarios, trasladados a la oficina del Comité Cívico (en la Av. Tcnel. Cornejo de Cobija) donde fueron torturados y amenazados de muerte para que se auto-incriminen y acepten haber sido pagados para asistir a su ampliado, luego fueron llevados a la Policía (Av. 9 de febrero) donde el senador José Sebastián Villavicencio Amuruz les aplicó una tortura psicológica, posteriormente fueron remitidos a la Fiscalía (Av. 9 de febrero) y luego a la Corte de Justicia (en la Av. 16 de julio, barrio Miraflores) de cuya «audiencia judicial» ( cargo del fiscal Mario Mariscal y el juez Alejandro Flores) resultaron encarcelados por nueve días.
10. La ONU no menciona el papel de los medios de comunicación y de periodistas pandinos que (casi deliberadamente, o por orden de alguien) ocultaron (ocultan aún) imágenes de lo que realmente ocurrió en septiembre de 2008 en Porvenir, Cobija, el aeropuerto, en las comunidades de los municipios de Filadelfia, Puerto Rico y otros, o en el monte donde los sicarios conformaron un «estado de terror» con amedrentamientos, violencia extrema como la quema de la alcaldía de Filadelfia (la madrugada del domingo 14 de septiembre de 2008) violaciones y asesinatos, entre otros.
Este decálogo de «errores diplomáticos» (de los más 50 detectados en el informe preliminar del OACNUDH) son «arreglados» con excesiva demora. El informe definitivo saldrá el 23 de este mes, casi tres meses después del preliminar. Es un nuevo intento de esclarecer el genocidio pandino y van…
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(*) Edgar Ramos Andrade. Comunicador e investigador social. Autor del libro «aGONIa y Rebelión Social»; la historia de septiembre y octubre 2003 (La Paz, 2004). Tel. (00591) 77 22 07 36 E-mail: [email protected]