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La oposición boliviana insiste en que no dialogará antes del referéndum

Fuentes: Clarín

La hazaña que pretende lograr la OEA -que las partes enfrentadas se sienten a la mesa antes del referéndum autonomista del domingo- se parecía ayer a un milagro. Desde el gobierno boliviano se negaron a convocar a la mesa de negociaciones y dejaron esta misión imposible en manos del subsecretario del organismo continental, el ex […]

La hazaña que pretende lograr la OEA -que las partes enfrentadas se sienten a la mesa antes del referéndum autonomista del domingo- se parecía ayer a un milagro. Desde el gobierno boliviano se negaron a convocar a la mesa de negociaciones y dejaron esta misión imposible en manos del subsecretario del organismo continental, el ex canciller argentino Dante Caputo, quien postergó su arribo a La Paz para la madrugada de hoy.

Desde Santa Cruz ratificaron que «nada ni nadie» frenará la consulta que este 4 de mayo aprobará los estatutos autonómicos de este rico departamento del oriente boliviano.

Las quejas de Caputo, señalando que el gobernador cruceño Rubén Costas ni siquiera le atendía el teléfono, pese a la explicación de sus allegados indicando que estaba en el campo, muestran las dificultades que aguardan al ex canciller argentino para acercar a las partes.

En medio de un clima de tensión, incertidumbre -y cierta histeria- sobre lo que se viene el próximo 5 de mayo, predominan los discursos de campaña incendiarios: «Después de este 4 de mayo le vamos a enseñar al presidente cómo se lleva adelante un departamento. Trabajando y no pisando coca para vender droga», sostuvo el presidente de la Federación Juvenil de Juntas Vecinales, José Carlos Soruco en un meeting callejero.

«Evitemos que trasnochados centralistas y fracasados terroristas gobiernen este país», complementó Alfredo Saucedo, dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista en una indisimulada referencia al pasado guerrillero del vicepresidente Alvaro García Linera.

Y desde el gobierno de Evo Morales no se quedaron atrás. El director de Justicia Comunitaria, Petronilo Flores, lanzó la denuncia temeraria de que la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) proyecta un «plan de limpieza étnica» para después del plebiscito.

Y el alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, anunció que los ponchos rojos aymaras están reorganizando el «Ejército Indígena Popular» para respaldar a Evo Morales.

Pero detrás de las caras pintadas, todos hablan de relanzar las negociaciones el día después. El ministro de Defensa, Walker San Miguel, declaró que podría flexibilizarse un recorte de impuestos a las provincias que fue leído como una declaración de guerra por Santa Cruz. Y desde esta región buscan llegar a la mesa de diálogo con el bagaje de la «legitimidad de las urnas».

«Autonomía sí, pero no así», es la nueva consigna del MAS de Evo Morales y ya en el oficialismo se escuchan autocríticas. «Estamos pagando la factura de haber votado No en el referéndum autonómico del 2 de julio de 2006», confesó el diputado Gustavo Torrico. Y manifestaciones similares -pronunciadas en voz baja- recorren las filas gubernamentales.

El gobierno evaluaba ayer algunas medidas «fuertes» para este 1ø de mayo. La más importante se vincula con la nacionalización light de empresas petroleras privatizadas parcialmente en los años 90. Mediante la compra de acciones, se busca conseguir la mayoría estatal en Chaco (Panamerican Energy), Andina (Repsol-YPF) y Transredes (Ashmore) sin quitarle la gestión a las firmas transnacionales. También se baraja aprobar autonomías indígenas, al mismo nivel que las departamentales (provinciales).

Una encuesta de la firma privada Apoyo muestra que el presidente Evo Morales mantiene un respaldo ciudadano de 54%, el mismo porcentaje que lo llevó a la presidencia en diciembre de 2005. Y deja en evidencia la polarización regional de Bolivia: la aprobación presidencial asciende a 75% en La Paz frente a 25% en Santa Cruz.

La omnipresente campaña autonomista llegó hasta las escuelas. Y, como era de esperar, en todas arrasó el Sí. Pero, pese a ello, las encuestas dicen que solo el 15% de los electores leyó los estatutos.